La protección institucional de la infancia representa un desafío complejo para cualquier sociedad. A pesar de los esfuerzos por implementar políticas públicas, diversos informes han revelado una realidad alarmante: la existencia de una cultura de malos tratos y vulneraciones sistemáticas hacia niños, niñas y adolescentes (NNA) bajo la tutela del Estado. Esta situación, lejos de ser excepcional, responde a problemas estructurales en el sistema de protección.
Análisis de las denuncias y violencia institucional
El Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez ha analizado las denuncias informadas por el Servicio de Protección Especializada entre 2021 y 2023. Los datos evidencian que, en la línea de cuidado alternativo residencial, existe un promedio de tres denuncias por cada víctima. Los centros residenciales presentan una tasa de victimización significativamente mayor que otros programas, registrando 360 víctimas por cada 1.000 atendidos.
El informe de la Policía de Investigaciones (PDI) y diversas misiones de observación han confirmado una violencia sistemática. En el 100% de los centros administrados directamente por el Estado se han constatado acciones que lesionan los derechos de los menores. Esta violencia no solo ocurre entre pares, sino que incluye maltratos por parte de adultos, abusos sexuales y negligencias graves.
Factores estructurales y precariedad en el cuidado
La institucionalización se produce, paradójicamente, ante vulneraciones de derechos de alta gravedad, contexto en el cual se genera una revictimización. Entre los factores que perpetúan este drama se encuentran:
- Falta de capacitación: Gran parte del personal, denominado "educadores de trato directo", no cuenta con formación técnica o profesional, incluso en áreas críticas como primeros auxilios o administración de fármacos.
- Sobremedicación: El uso de fármacos controlados, como benzodiazepinas, se ha reportado como una práctica común para la contención conductual, muchas veces sin supervisión médica adecuada.
- Deficiencias en protocolos: Un alto porcentaje de centros carece de protocolos básicos ante conductas suicidas, fallecimientos o crisis de desajuste conductual.
- Infraestructura inadecuada: Se han detectado sobrecupos severos, falta de calefacción y carencia de espacios que garanticen la privacidad y la identidad de los niños.
El impacto en la vida de los niños y adolescentes
Los testimonios de quienes han crecido bajo el sistema revelan historias de torturas, abusos y una profunda soledad. El daño producido por la vulneración de derechos se ve agravado por la separación afectiva y la ruptura de vínculos. Muchos de estos niños son invisibles para el sistema, y su paso por la institucionalización se registra únicamente a través de cifras de "egresos" que a menudo ocultan negligencias mortales.
El caso de Lissette Villa, fallecida en 2016, se convirtió en un símbolo de esta crisis. Su historia, marcada por la sobremedicación y la falta de contención adecuada ante crisis emocionales, puso de relieve cómo la falla del Estado impide la protección efectiva de quienes más lo necesitan.
La paradoja del cuidador: violencia y precariedad laboral
Es importante reconocer que la violencia no es solo unidireccional. La estructura de cuidado infantil en Chile es una tarea feminizada y altamente externalizada. Un estudio sobre violencia contra trabajadoras del cuidado mostró que el 94% de ellas han sido víctimas de alguna forma de agresión por parte de los NNA. Esta realidad pone de manifiesto la necesidad de:
- Mejorar las condiciones laborales, incluyendo salarios adecuados y desarrollo profesional.
- Proveer apoyo técnico y emocional para que los cuidadores puedan realizar su labor de manera sensible y protegida.
- Reforzar las estructuras de supervisión para que el cuidado no dependa de la improvisación.
Documental "Trabajo infantil"
Hacia una nueva política de protección
La creación de un nuevo servicio especializado debe ir más allá de los cambios de nombre o la mejora de la infraestructura. Se requiere un enfoque que remueva la cultura de los malos tratos y se centre en el bienestar integral. Las políticas de infancia deben ser respetuosas de los niños, sus familias y comunidades, evitando la estigmatización de la pobreza y priorizando la re-vinculación familiar siempre que sea posible.
Desconocer la crisis de confianza que afecta a las instituciones es perpetuar el temor y el desamparo. Sin un proceso que permita comprender y reconocer la negligencia normalizada, cualquier avance será insuficiente para garantizar una vida digna a los niños que el Estado tiene el deber de proteger.