La situación de los niños, niñas y adolescentes (NNA) bajo la tutela del Estado ha sido objeto de múltiples investigaciones en la última década. La evidencia recopilada por diversos organismos, incluyendo la Policía de Investigaciones (PDI) y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), revela una realidad crítica en los centros del Servicio Nacional de Menores (Sename).
El contexto del sistema de protección y gestión territorial
Para comprender el funcionamiento del sistema, es necesario considerar el Programa 24 Horas, diseñado en 2009 e implementado en 2010. Este programa intersectorial, que involucra a la Subsecretaría de Carabineros, el Sename y la Subsecretaría de Prevención del Delito, actúa como puerta de entrada en diversas comunas del país. Su objetivo central es la gestión territorial intersectorial, buscando generar sinergias entre las distintas modalidades de intervención y los programas locales.
Paralelamente, desde la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente el 18 de junio de 2007, se han identificado dificultades prácticas en el sistema sancionatorio diferenciado para menores entre 14 y 18 años. Estas condiciones han sido contrastadas con la Convención Internacional de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, ratificada por Chile en 1990.
Hallazgos sobre la vulneración sistemática de derechos
El Estado de Chile ha sido señalado por la violación sistemática de los derechos de los niños bajo su tutela. Un informe de la PDI de 2017, que analizó 240 hogares, constató 2.071 casos de vulneraciones graves, incluyendo 310 abusos de connotación sexual. El documento indica que en el 100% de los centros administrados directamente por el Sename se han cometido acciones que lesionan los derechos de los NNA de manera permanente.
Desglose de las vulneraciones detectadas
| Tipo de maltrato | Cantidad de casos |
|---|---|
| Maltrato por parte de adultos | 432 |
| Maltrato entre pares | 1.265 |
| Maltrato por parte de familiares | 53 |
| Abusos sexuales por adultos | 123 |
| Abusos sexuales entre menores | 187 |
Deficiencias en protocolos y salud
El informe policial determinó que el 44,5% de los centros no cumple con los protocolos mínimos exigidos. Específicamente, el 72,9% carece de protocolos ante conductas suicidas y el 76,7% no cuenta con procedimientos para la sujeción y contención física. Esta falta de control se extiende al área de salud:
- El 37,3% de los residentes padece alguna enfermedad psiquiátrica.
- 42 centros no cuentan con un encargado de salud.
- En 159 centros, la administración de fármacos es realizada por educadores de trato directo sin formación en salud.
- El 93,8% de los centros no posee condiciones estructurales para el cuidado de casos complejos.
Observaciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)
Entre enero y abril de 2017, el INDH realizó una misión de observación en 171 centros. Los resultados subrayaron problemas graves en la vida cotidiana de los NNA:
- Violencia institucionalizada: 8 de cada 10 NNA declararon haber recibido algún tipo de castigo por parte del personal en los últimos 12 meses.
- Salud mental: El 69% de los adolescentes mayores de 14 años presenta sintomatología depresiva, y la mayoría no accede a tratamiento especializado.
- Derecho a la educación: El 20% de los residentes presenta retraso escolar, y existe una falta de garantías para su progreso educativo.
- Vínculos familiares: El 57% de los centros se encuentra fuera de la comuna de origen familiar, dificultando el mantenimiento de los lazos afectivos y potenciando el desarraigo.
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Recomendaciones para la protección integral
Las investigaciones concluyen que es imperativo generar cambios estructurales. Entre las medidas propuestas destacan:
- Prohibir el uso de la restricción de visitas como sanción disciplinaria.
- Desarrollar mecanismos efectivos para que los niños puedan denunciar abusos y ser escuchados por las autoridades.
- Capacitar al personal en habilidades de escucha efectiva y prevención de abuso sexual.
- Establecer criterios uniformes para la revinculación familiar y la preservación de la identidad de los NNA.
Si se tiene conocimiento de alguna vulneración de derechos, es fundamental realizar la denuncia ante los órganos competentes, como la Superintendencia de Educación o la Superintendencia de Salud, dependiendo del área donde ocurra la transgresión.