Tras cuatro décadas de funcionamiento y 46 años a cargo de la protección de niños, niñas y adolescentes (NNA) en situación de vulnerabilidad y de jóvenes que infringieron la ley, el Servicio Nacional de Menores (SENAME) marcó su cierre definitivo en Chile. El SENAME inició sus funciones en 1980, en plena dictadura militar, como un organismo gubernamental centralizado, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Su rol consistía en colaborar con el sistema judicial y administrar tanto la protección de NNA vulnerados como las medidas de justicia juvenil.
Frente a este escenario y las crecientes críticas, el Estado impulsó una transformación institucional. En 2021 se creó el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, conocido como Mejor Niñez, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, con el objetivo exclusivo de proteger a NNA gravemente vulnerados en sus derechos. De esta manera, el SENAME cesó definitivamente sus funciones para dar paso a las nuevas instituciones especializadas: Mejor Niñez y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, ambas ya operativas a nivel nacional.
Críticas Sistemáticas y Casos Emblemáticos
Las críticas al SENAME se intensificaron tras diversos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado de Chile, los cuales acreditaron graves vulneraciones al interior de los centros del servicio. Esto se sumó a una serie de reportes que revelaron la compleja realidad que vivían los menores bajo la tutela del Estado.
La Tragedia de Lissette Villa
Uno de los hechos que más impactó a la opinión pública fue la muerte de Lissette Villa, ocurrida el 11 de abril de 2016 en el CREAD Galvarino, en la Región Metropolitana. Las investigaciones judiciales y pericias forenses concluyeron que Lissette murió por asfixia por sofocación, producto de una compresión mecánica externa. Personal del centro la inmovilizó boca abajo en el suelo y una cuidadora se sentó sobre su espalda para “controlarla”, impidiéndole respirar. Este suceso conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos contra niños y adolescentes en los hogares del SENAME, aunque las acciones posteriores no lograron el impacto esperado.
El Incendio de Puerto Montt
Otro episodio emblemático ocurrió en 2007 en un centro del SENAME en Puerto Montt, cuando jóvenes residentes se amotinaron contra las autoridades del recinto. Durante los disturbios, uno de los adolescentes encendió una fogata con colchones en uno de los accesos, provocando un incendio de gran magnitud. Tras ser controlado por Bomberos, se trasladó a los afectados a centros asistenciales, donde se confirmó la muerte de ocho adolescentes y otros dos con muerte cerebral, quienes fallecieron posteriormente. En total, diez jóvenes perdieron la vida: tres de 14 años, tres de 16, tres de 17 y uno de 18 años.
Informes Lapidarios sobre la Violencia Institucional
El Estado de Chile ha sido acusado de violar sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela. Esta es la conclusión de un lapidario informe de la PDI de 2017 que investigó 240 hogares de menores.
El Informe de la PDI (2017)
El mismo documento de la PDI, al cual CIPER accedió y que consta de 257 páginas (resumen de 28 tomos), indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del SENAME se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. En el 100% de los centros que administra el SENAME y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. Tan grave como lo anterior es que el informe policial fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público.
Este reporte fue resultado de una extensa investigación a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien investigaba las 1.313 muertes en centros del SENAME (entre 2005 y 2016) reportadas tras el deceso de Lissette Villa. La Fiscalía solicitó al equipo de la PDI concurrir a cada uno de los centros dependientes del SENAME, visitando 240 de las 241 residencias existentes.
Desglose de Vulneraciones según la PDI:
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños constatados por la PDI se desglosan en:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
El informe detalla que buena parte de los maltratos hechos por adultos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), que son los lugares donde van los adolescentes procesados por la justicia. En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa, del área de protección), hubo 105 maltratos de adultos hacia menores. Y en los hogares de organismos colaboradores que atienden a adolescentes se produjeron otros 137 casos similares.
En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales, con un total de 310 casos. De ellos, 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en los Cread administrados por el Sename y 10 en otros centros). También se constataron 187 abusos sexuales cometidos por otros menores, la mayor parte de ellos en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total).
El informe policial es categórico al señalar que “Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”. Además, un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de “deserciones del sistema”, cifra que crece hasta un 76,2% si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados.
Otros Informes y la Negación de las Autoridades
Lo grave del informe PDI es que constata una violencia sistemática, tal como ya lo había hecho otro documento de la ONU el año pasado. El reporte de la PDI es mucho más completo que el de la ONU, pues el organismo internacional visitó solo cuatro residencias, mientras que la policía consideró 240 de un total de 241 que hay en todo el país, dando cuenta de los cerca de 6.500 niños que el SENAME tenía en el sistema de residencias.
El documento de la PDI es el último eslabón de una cadena siniestra de reportes elaborados por media docena de instituciones a lo largo los últimos siete años. En esa cadena destaca el Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y la Unicef que encabezó la jueza de familia Mónica Jeldres. La brutalidad de los hallazgos expuestos por el informe Jeldres dieron pie a media docena de investigaciones: dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría. Tras cada informe, la autoridad ha anunciado medidas, sanciones y reformas que no fueron suficientes.
El diputado Rene Saffirio, quien reveló la existencia del informe PDI el 2 de julio de 2019, cuestionó la falta de divulgación. A su juicio, era muy grave que ni la Fiscalía ni el gobierno hubieran dado a conocer este documento en diciembre del año anterior. Sin embargo, el entonces ministro de Justicia, Hernán Larraín, descartó haber conocido el documento, afirmando que su ministerio no había recibido ningún informe de la PDI ni de otro organismo referido a una investigación en el SENAME, y que el estudio era parte de un proceso judicial del que el Ejecutivo no era parte.
Deficiencias Operacionales y en la Atención
El informe de la PDI también arrojó luz sobre profundas deficiencias en los protocolos y la fiscalización, así como en la salud de los residentes.
Fallas en Protocolos y Fiscalización
El equipo policial estableció que “el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el SENAME”. Los resultados son aterradores:
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas.
- Un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”. Esto, a pesar de que la muerte de Lissette Villa, que gatilló la investigación judicial, fue justamente por errores en la contención de una crisis de la menor.
- La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
Aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del SENAME, la policía determinó que “en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa”. Los centros del SENAME también deben ser fiscalizados por los tribunales de familia al menos cada seis meses; sin embargo, la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales.
Salud y Condiciones Estructurales
La cifra de menores a cargo del SENAME que padecían alguna enfermedad psiquiátrica, según el reporte de la PDI, era altísima: 37,3% de los residentes. Más allá de los problemas de salud mental, un 14,2% de los residentes presentaba alguna patología médica, el 13,9% sufría una enfermedad crónica, y el 0,4% estaba en estado terminal o en evidente riesgo vital. Otro 19,8% presentaba algún tipo de discapacidad.
El desglose de esta afirmación sorprende aún más:
- 42 centros no tenían un encargado de salud.
- De los 198 centros que sí contaban con uno, la función era ejercida por funcionarios que no cumplían el perfil necesario.
- En 55 centros que sí contaban con un responsable, la labor la realizaba un técnico de un área distinta a la salud.
Lo mismo ocurría con los funcionarios a cargo de suministrar los medicamentos: en 159 centros (el 66,3% del total) “la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud”. Un educador es un funcionario al que solo se le exige cuarto medio rendido para ser contratado. Una investigación de CIPER de 2016 constató cómo los fármacos se suministraban sin ningún control a los niños y adolescentes del SENAME, muchas veces como paliativo para contenerlos.
Esta dramática situación se acrecentaba, si se considera que el 93,8% de los centros del SENAME “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.
La Paradoja de la Protección Residencial y la Necesidad de un Nuevo Enfoque
Un estudio realizado por UNICEF y el Poder Judicial ha vuelto a develar los abusos en residencias de protección, recordándonos que cerca de quince mil niños son atendidos anualmente en estos centros. Paradójicamente, la solución legal frente al maltrato grave y la negligencia, trae aparejada otras formas de vulneraciones: la ruptura parcial o total de los vínculos con la familia de origen y la violencia institucional representada por las prácticas de las residencias.
La separación de un niño con su familia de origen es una situación excepcional y transitoria, dados los graves efectos psicológicos, estudiados hace más de 60 años, que tienen este tipo de acontecimientos. Sin embargo, en Chile, la internación de niños ha sido un medio frecuente de protección a la infancia gravemente vulnerada y se ha mantenido vigente desde 1758, cuando se fundó la primera casa de expósitos de Santiago. Un estudio de 2010 -encargado por UNICEF y SENAME- señala que el tiempo promedio de permanencia en las residencias es de 2,7 años, lo que convierte la situación provisoria en prolongada e incluso permanente.
Lo anterior se puede observar en la forma en que está diseñado el sistema de visitas al interior de las residencias. Habitualmente no existen condiciones mínimas para encuentros que permitan la promoción de relaciones familiares: horarios de visitas restringidos, espacios inapropiados para compartir con los niños, o la distancia excesiva entre la residencia y la casa de la familia. Desde esta perspectiva, la separación que busca proteger es experimentada como un castigo antes que constituirse como una oportunidad para modificar un problema en las relaciones entre padres e hijos. La separación protege a los niños del maltrato de los padres, pero en sí misma no cambia a los padres.
En este contexto de gran adversidad se presenta una tremenda dificultad para los niños, las familias y los equipos de las residencias: la imposibilidad de desarrollar lazos de confianza, apoyo o solidaridad en función de la restitución de los derechos vulnerados. Aquel desencuentro, prácticamente cotidiano, es el síntoma más evidente de un sistema de protección que en sus cimientos hace inviable la posibilidad de reconstruir los vínculos que se han fragmentado a través de la historia.
La reunificación familiar para migrantes, ¿ahora más fácil?
Describir los efectos de la protección residencial nos muestra la complejidad y la desarticulación con la que opera un sistema que en su afán por proteger repite y actualiza la violencia sobre los niños, las familias y los profesionales. Si no, ¿cómo comprender la frecuencia con que en Chile se destapan situaciones de vulneración en residencias de protección, seguidas de la negación y el silenciamiento de las historias de los niños y niñas internados? Hemos terminado por crear y legitimar un sistema de protección de la infancia segregado, donde la desconfianza circula entre los organismos colaboradores, el SENAME y el Poder Judicial.
Si se quiere llevar adelante un proyecto que considere realmente a los niños como sujetos plenos de derechos, es crucial no infantilizar la infancia negando su dimensión política y proponiendo sencillamente que este es un problema de eficiencia o voluntarismo que se resuelve entregando mejores prestaciones y servicios a los usuarios. Abordar el maltrato infantil por parte de la familia o las vulneraciones y abusos en manos de instituciones que tienen por principal tarea la protección, no puede desligarse de una discusión que pueda pensar el lugar de los niños y niñas en nuestra sociedad, así como el contexto en el que se desarrolla y reproduce la violencia.
La reparación de los derechos vulnerados no se reduce a la conformación de un ambiente que supla o compense las carencias afectivas y materiales del niño. No se resuelve por la sustitución de un adulto deficiente por otro mejor; de una familia inmoral por otra con valores y ganas de entregar amor. La restitución de los derechos requiere de otros, de la familia si es posible, de las educadoras de trato directo, de los profesionales, directores y directorios de las fundaciones; requiere de la comunidad. De esa forma, la posibilidad de que un niño recupere la confianza en otro, en particular de un adulto, se sostiene en que pueda ser reconocido como un sujeto más allá de sus antecedentes, de su historial de vulneraciones y del estigma de su historia previa.