La historia de Guillermina, una adolescente de 16 años, que llegó al Centro de Protección Alborada del Servicio Nacional de Menores (Sename) en agosto de 2012, es un sombrío ejemplo de las profundas fallas que han marcado esta institución estatal en Chile, encargada de proteger a niños y adolescentes vulnerables y en riesgo social.
El caso de Guillermina: un reflejo de la negligencia
Guillermina arribó al centro a las 04:19 de la mañana, traída por un policía, "a medio vestir" y con dinero. Según la querella por cuasi delito de homicidio presentada por su familia, la joven se resistió violentamente al reingreso, forcejeando y arrojando objetos al personal. Tras lograr calmarla, la acostaron en la parte baja de un camarote. Menos de media hora después, Guillermina fue encontrada colgada con sus propios cordones. No era la primera vez que intentaba suicidarse.
Contrario a todo protocolo internacional de manejo de menores vulnerables, Guillermina no fue llevada a un hospital para determinar la sustancia que la tenía en ese estado, estabilizarla o realizarle un chequeo completo. La única lesión constatada por la policía fue una herida en su rodilla, según el abogado querellante Oliver Pérez.
La querella por la muerte de Guillermina, ocurrida en agosto de 2012, no prosperó, y su fallecimiento fue registrado como un "egreso" más del sistema, un término que equipara el fin de la vida de un niño con su escape o su reinserción familiar. Este caso no fue una excepción en un sistema que María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, describió como "en estado terminal".
El caos estadístico y la invisibilización de las muertes
Uno de los problemas más graves del Sename ha sido la falta de claridad en las cifras de menores fallecidos bajo la tutela del Estado. Un informe del Ministerio de Justicia, solicitado por el diputado René Saffirio, reveló que 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016. Sin embargo, un reporte de Unicef indicó que el número de fallecimientos durante 2010 era cinco veces mayor al reportado por el informe oficial.
El gobierno chileno aclaró que la cifra solo incluía a menores del área de "protección", una de las dos grandes divisiones del sistema, junto con la de "infractores de ley". Un análisis de los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014, sumado a los datos del Ministerio de Justicia, arrojó un total de 395 fallecimientos, pero la fiabilidad de estas cifras ha sido cuestionada incluso por quienes las publicaron.
"Hay un problema de cifras, esa es una realidad. Pero es parte de la complejidad del servicio", explicó Ortiz. El diputado Saffirio, quien presidió la primera comisión investigadora del Congreso sobre las irregularidades del Sename, denunció que "el Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales".
Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, ha señalado que "no tengo ninguna confianza en las cifras. Es posible que esté replicada la información". Más allá de los números exactos, las investigaciones han expuesto un sistema donde los niños vulnerables son atendidos por personal sin capacitación, sin siquiera conocimientos en primeros auxilios, y donde se han reportado maltratos, sobremedicación y negligencia.
El factor "Lissette": un punto de quiebre
Actualmente, más de 8.000 niños han sido separados de sus familias y están internados en centros del Sename, representando los casos más "críticos". Las causas de muerte determinadas por autopsias, según información del Servicio Médico Legal requerida por el diputado Saffirio, incluyen ahogamientos con fluidos, golpes en la cabeza por caídas, homicidios y suicidios por ahorcamiento.
La muerte de Lissette, una niña de 11 años, cuya causa fue inicialmente "indeterminada", detonó la crisis por los fallecimientos en el Sename. Lissette pasó más de la mitad de su vida entrando y saliendo de centros del Sename, luego de que la justicia determinara que sus padres no estaban capacitados para hacerse cargo de ella, debido a maltrato físico y psicológico, abuso sexual y abandono. A pesar de esto, Lissette seguía escribiendo cartas a su madre pidiéndole volver a casa.
El 11 de abril de 2016, Lissette sufrió una crisis en el Centro Galvarino. Según el testimonio de una cuidadora, la niña se golpeó la cabeza y comenzó a sangrar, desvaneciéndose. Ni ella ni su compañera a cargo de 20 niñas tenían conocimientos en primeros auxilios. Para cuando se dieron cuenta de la gravedad, ya era tarde. Nuevamente, no se aplicó ningún protocolo acorde con los parámetros internacionales, evidenciando que "la institución no tiene protocolos ni normas de primer nivel", como indicó Ortiz.
La entonces directora del Sename, Mariela Labraña, atribuyó el fallecimiento a una "crisis emocional" porque un familiar no la visitó, una explicación que le costó el puesto por su insatisfacción y falta de ética.
Sobremedicación y falta de atención psiquiátrica
El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, sugirió que la niña estaba "sobremedicada". Se le suministraba benzodiazepina en dosis que actuaban como antipsicótico y estuvo expuesta a antidepresivos por años, a pesar de que la mayoría no tienen efecto demostrado en niños y algunos, como la sertralina, pueden tener efectos adversos, volviéndolos "más agresivos, impulsivos e irritables".
Francisco Estrada asegura que la "poca prolijidad" en el manejo de medicamentos en los centros es "generalizada". El problema es grave, ya que el senador Alejandro Navarro señaló que "el 63% de los niños están con tratamiento farmacológico y más de 3.000 niños están sin la debida atención medica de personal especializado".
Esta situación se agrava con la falta de recursos en el sistema de salud mental. "Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región [América Latina] y no tiene camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil", afirma Estrada.
Guillermina, por ejemplo, tenía un historial de consumo de alcohol, drogas y depresión, además de un embarazo adolescente, pero nunca fue diagnosticada con una patología psiquiátrica grave. Ortiz explica que "hay pocos psiquiatras infantojuveniles y, de esos pocos, la gran mayoría prefiere trabajar en el sector privado; entonces tenemos regiones donde simplemente no hay".
Hacia una solución: los pilares para el cambio
Según Estrada, una solución definitiva se basa en tres pilares: apoyo y seguimiento psiquiátrico adecuado, con "unidades polivalentes, con niños adecuadamente medicados, con personal dedicado que también trabaje con las familias y no que las aísle".
El segundo pilar es que el objetivo final sea que los niños regresen con sus familias de origen. "Los niños son internados por pobreza. Vienen de padres que en su infancia también fueron maltratados y la solución no es quitárselos, sino que romper el círculo. Entregarles herramientas, acompañarlos", explica Estrada. Sin embargo, quienes toman las decisiones a menudo tienen "muy baja formación" y optan por internar al niño como la solución más fácil. Estela Ortiz añade: "¿Por qué no hay ningún niño en la institución Sename del 50% del nivel económico más alto del país, a pesar de que el abuso sexual y la violencia es algo transversal? ¿No hay una estigmatización de la pobreza también?".
Finalmente, Estrada enfatiza la necesidad de que los niños cuenten con una defensa jurídica adecuada. Existe una "diferencia sustancial" entre los menores "infractores de ley", que tienen "muy buenos defensores", y aquellos vulnerados que llegan a los tribunales de familia, que a menudo son vistos por abogados jóvenes para quienes el niño es más un "trámite burocrático que un sujeto de derecho".
El cierre del Sename y el camino hacia "Mejor Niñez"
El 12 de enero de 2026 Chile cerró oficialmente el Servicio Nacional de Menores (Sename), marcando el fin de una institución que operó por 46 años y que fue objeto de múltiples denuncias por vulneraciones de derechos. Este hito es la culminación de un proceso de reestructuración estatal iniciado en 2021, cuyo objetivo fue separar la protección de niños vulnerados de la administración de justicia para adolescentes infractores.
La clausura operativa se aceleró a partir de enero de 2024, enfocándose en el traspaso de competencias vinculadas a los adolescentes en conflicto con la ley, ejecutándose de manera escalonada en las zonas norte, sur y central del país. Todas las funciones restantes fueron asumidas por el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia ("Mejor Niñez"), este último dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y encargado exclusivo de resguardar a los menores gravemente vulnerados.
Critican gestión de Mejor Niñez: El reemplazo del Sename
María Eugenia Fernández, directora del servicio durante el periodo 2024-2025, reconoció el trabajo de "miles de funcionarias y funcionarios" pese a la carga histórica negativa asociada al Sename.
Sin embargo, a pesar de la creación de esta nueva institucionalidad, la Defensoría de la Niñez reporta que persisten problemas como sobrecupos en residencias, listas de espera para ingresos y programas reparatorios, dificultades para recibir a menores con perfiles complejos, y denuncias reiteradas de vulneraciones de derechos, incluyendo violencia y abuso sexual. Esto demuestra que "los problemas de vulneración de derechos que motivaron esta reforma todavía no logran ser superados", lo que denota "graves fallas de gestión por parte del Estado".
En 2024, por primera vez, los menores que ingresaron a algún programa de Mejor Niñez (156 mil) superaron el total de niños nacidos ese año. Además, si en 2020 los menores atendidos representaban el 3,9% de la población menor de 18 años, actualmente superan el 5%. La violencia física y psicológica también es un problema extendido, con un aumento del 35% en 2017 al 39% en 2023, según la Segunda Encuesta Nacional de Polivictimización. Esto reitera que en Chile "se violan sistemáticamente los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes que, supuestamente, deberían estar protegidos por el Estado".
Perspectiva histórica y desafíos pendientes
La crisis del Sename ha sido abordada desde diversas disciplinas, incluyendo la psicología, el trabajo social, la psiquiatría y la economía, que han analizado la calidad de los programas, la carencia de lugares capacitados para tratar trastornos de personalidad y la falta de recursos. La académica Ximena Illanes y el psicólogo Miguel Morales han aportado una perspectiva histórica, señalando que "los casos de menores fallecidos en este contexto, que llegan a 1.313 desde 2005, continúan, parece tratarse de hechos sistemáticos y prolongados en el tiempo".
Los historiadores resaltan que los menores vulnerados e institucionalizados son "verdaderos espejos de una sociedad y su historia", no solo en Chile. Remiten a la práctica medieval de acoger a miles de criaturas abandonadas en espacios urbanos, donde "las pequeñas cartas, ropas y abrigos, medallas partidas por la mitad y señales de identificación, reflejaron un doloroso proceso de separación momentánea o definitiva". Estos registros también mencionaban historias de maltratos y abusos, dificultando la creación de lazos afectivos y la integración a la comunidad.
Illanes y Morales advierten que el uso del concepto de abandono puede "invisibilizar la precariedad y desigualdad social de los niños, niñas y sus familias". Sugieren que las estrategias futuras deben relacionarse con "la conservación de los vínculos existentes, ya sea, haciendo partícipes a sus familias cuando sea posible, o a través del diverso personal que convive diariamente con los niños y niñas".
El cierre del Sename, aunque es una "reparación tardía" y un reconocimiento de que el modelo fracasó, no es una victoria. Los nuevos servicios heredan una "responsabilidad histórica enorme", que implica "garantizar estándares reales de cuidado, supervisión efectiva, condiciones laborales dignas para quienes intervienen y, sobre todo, una comprensión profunda de que niños, niñas y adolescentes no son 'casos', 'cupos', 'asignación mensual', ni 'trayectorias administrativas', sino sujetos de derechos cuya vida y dignidad no admiten margen de error".