Desde finales del año 2015, se han documentado diversas y graves irregularidades en una residencia para adultos mayores en Chile. Estas deficiencias salieron a la luz poco después de que la fundación Agrupación Médica y Social Chile Ayuda (AMSCA) firmara un convenio con el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) ese mismo año.
Deficiencias en Atención y Nutrición
En el período inicial de la investigación, se alertó a la Dirección Nacional del SENAMA, entonces a cargo de la militante DC Rayén Inglés, sobre serias deficiencias en la alimentación de los ancianos residentes. Algunos de ellos se encontraban en un evidente estado de desnutrición y, además, no contaban con las sondas necesarias para su alimentación, a pesar de requerirlas.
Posteriormente, otra denuncia, respaldada con registros fotográficos, mostró a tres ancianos residentes con lesiones. Esta situación implicó una supervisión urgente al hogar, donde se verificó que, además de lo investigado, no existía un registro fidedigno de las fichas clínicas de los residentes, ni de las personas fallecidas.
Alta Tasa de Mortalidad y Falta de Regulación
Durante el período investigado, entre 2015 y 2016, de un total de 82 adultos mayores residentes, fallecieron 31. Esta cifra se dio sin un mínimo de regulación y control efectivo por parte del servicio público responsable.
Mientras se vulneraba la dignidad y la vida de los ancianos, el jefe del programa que controla los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) era el actual Director del SENAMA, Rubén Valenzuela, también militante DC. Efectivamente, el recinto sumariado dependía directamente del control de dicho programa.
Incumplimientos y Cuestionamientos Financieros
A pesar de que el derecho de los abuelos estaba siendo sistemáticamente violado -evidenciado en la falta de higiene y el cuidado por parte de alumnos inexpertos en práctica- el convenio firmado por un total de $517.448.676 se pagó en su totalidad.
Investigación de Contraloría
La Contraloría General de la República ha cuestionado el uso de $117 millones de esta cifra. Dentro de este monto, más de $14 millones están detallados como “almuerzo de los funcionarios” y el arriendo de un chofer, generando dudas sobre la correcta administración de los recursos.
Cabe señalar que el hogar recibe $450.000 por residente y puede retener el 85% de sus pensiones, lo que supuestamente está destinado al cuidado de estos pacientes. Estos adultos mayores, a menudo, forman parte de la generación más vulnerada por la precariedad y la desprotección social en el país.