Un estudio realizado por UNICEF y el Poder Judicial ha develado nuevamente los abusos en residencias de protección, recordando que anualmente cerca de quince mil niños son atendidos en estos centros en Chile. Paradójicamente, la solución legal frente al maltrato grave y la negligencia parental trae aparejada otras formas de vulneraciones: la ruptura parcial o total de los vínculos con la familia de origen y la violencia institucional representada por las prácticas de las residencias.
La Paradoja de la Protección y sus Consecuencias
La separación protege a los niños del maltrato de los padres, pero en sí misma no cambia a los padres. Se entiende que la separación de un niño con su familia de origen es una situación excepcional y transitoria, dados los graves efectos psicológicos, estudiados hace más de 60 años, que tienen este tipo de acontecimientos. En Chile, la internación de niños ha sido un medio frecuente de protección a la infancia gravemente vulnerada y se ha mantenido vigente desde 1758, con la fundación de la primera casa de expósitos de Santiago.
Un estudio de 2010, encargado por UNICEF y SENAME, reveló que el tiempo promedio de permanencia en las residencias es de 2,7 años, lo que transforma una situación provisoria en prolongada e incluso permanente.
Ruptura de Vínculos Familiares y Violencia Institucional
El diseño del sistema de visitas al interior de las residencias habitualmente carece de condiciones mínimas para encuentros que permitan la promoción de relaciones familiares. Esto se manifiesta en horarios de visitas restringidos, espacios inapropiados para compartir con los niños o la distancia excesiva entre la residencia y la casa de la familia. Desde esta perspectiva, la separación que busca proteger es experimentada por los niños como un castigo, antes que como una oportunidad para modificar un problema en las relaciones entre padres e hijos.
En este contexto de gran adversidad, se presenta una tremenda dificultad para los niños, las familias y los equipos de las residencias: la imposibilidad de desarrollar lazos de confianza, apoyo o solidaridad en función de la restitución de los derechos vulnerados. Este desencuentro, prácticamente cotidiano, es el síntoma más evidente de un sistema de protección que en sus cimientos hace inviable la posibilidad de reconstruir los vínculos fragmentados.
El problema de la separación y la internación residencial, como mecanismo de protección de los derechos, no elude el problema del maltrato infantil o de la negligencia parental. Describir los efectos de la protección residencial nos muestra la complejidad y la desarticulación con la que opera un sistema que, en su afán por proteger, repite y actualiza la violencia sobre los niños, las familias y los profesionales.
VIDEO Reportajes T13 El negocio de los niños del Sename reportaje
La Crisis del Sistema SENAME: Un Análisis Profundo
La frecuencia con que en Chile se destapan situaciones de vulneración en residencias de protección, seguidas de la negación y el silenciamiento de las historias de los niños y niñas internados, es alarmante. Se ha creado y legitimado un sistema de protección de la infancia segregado, donde la desconfianza circula entre los organismos colaboradores, el SENAME y el Poder Judicial.
Caos Estadístico y Muertes Bajo Tutela Estatal
Lo único claro respecto del número de menores vulnerables muertos cada año bajo la tutela del Estado es que no se sabe. Según un informe del Ministerio de Justicia, solicitado por el diputado René Saffirio, 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016. Sin embargo, un reporte de UNICEF reveló que el número de fallecimientos durante 2010 era cinco veces el reportado por dicho informe.
El gobierno chileno aclaró que la cifra oficial solo incluye a los menores del área de "protección". El sistema chileno, como la mayoría de los brazos estatales a cargo de niños vulnerables, se divide en dos grandes áreas: "protección", que vela por los derechos de menores vulnerados; y una segunda parte que se encarga de recibir a niños infractores de la ley. Un análisis de BBC Mundo de los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014, sumando los datos de Justicia, arrojaría un total de 395 fallecimientos. No obstante, el número oficial no parece confiable ni siquiera para quienes lo publicaron. María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, reconoce que "hay un problema de cifras" y que es "parte de la complejidad del servicio".
El diputado Saffirio, quien presidió la primera comisión investigadora del Congreso chileno sobre las irregularidades del Sename, asegura que "el Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales". A pesar de un informe con 200 medidas urgentes presentado por Saffirio, "ninguna se han cumplido".
Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, señala que no tiene "ninguna confianza en las cifras", debido a la posibilidad de información replicada, como cuando la muerte de un niño ingresado en distintos programas es contabilizada como egreso en todos ellos.
El Caso de Guillermina: Un Reflejo de la Crisis
El caso de Guillermina, una adolescente de 16 años, ilustra la gravedad de la situación. Llegó al Centro de Protección Alborada del Sename a "medio vestir" y con dinero a las 04:19 de la mañana, traída por la policía. Según la querella por cuasi delito de homicidio presentada por su familia, Guillermina se resistió violentamente al reingreso. Menos de media hora después de ser acostada, fue encontrada colgada con sus propios cordones. No era la primera vez que intentaba suicidarse.
Contrario a todo protocolo internacional de manejo de menores vulnerables, Guillermina no fue llevada a un hospital para estabilizarla o para un chequeo completo. La querella no prosperó y su muerte en agosto de 2012 quedó registrada como un "egreso", un término que el organismo utiliza para equiparar el fin de la vida de un niño con su escape o reinserción familiar.
Deficiencias en la Atención y Capacitación del Personal
Más allá de los números exactos, las investigaciones han puesto en evidencia un sistema en el que los niños vulnerables son cuidados por personal sin ninguna capacitación, ni siquiera en primeros auxilios, y que ha recibido quejas por maltratos, sobremedicación y negligencia. Ortiz enfatiza que "este no es un tema sólo del servicio, sino del conjunto de la sociedad", pues el gobierno, el Legislativo, el Poder Judicial y la sociedad en su conjunto no se han hecho cargo de los niños más pobres.
Este año, por primera vez y a partir de una seguidilla de muertes cuestionadas, esos niños comenzaron a tener rostro.
El Factor Lissette y la Negligencia en la Atención
Actualmente, más de 8.000 niños que han sido separados de sus familias y están internados en centros del Sename son considerados los casos más "críticos". Según el Servicio Médico Legal, las causas de muerte de algunos menores son variadas y sorprenden por su grado de violencia: lactantes o preescolares ahogados con sus propios fluidos (gástricos o respiratorios), menores muertos por golpes en la cabeza, homicidios y suicidios por ahorcamiento.
La muerte de Lissette, de 11 años, con una causa "indeterminada", detonó la crisis por los fallecimientos. Lissette pasó más de la mitad de su vida entrando y saliendo de centros del Sename desde los 5 años, debido a maltrato físico y psicológico, abuso sexual y abandono. A pesar de esto, escribía cartas a su madre pidiéndole volver a casa, expresando su pena y la falta de un "pedacito de [su] corazón".
En el centro donde estaba internada, Lissette era conocida por sus episodios de rabia. El día de su muerte, el 11 de abril, las cuidadoras pensaron que su crisis era otra "pataleta". Una de ellas testificó que "ya es parte de la pega (trabajo) que lo que no es normal pasa a ser normal", lo que llevó a no tomar el peso a la gravedad de la situación. Ni ella ni su compañera, a cargo de 20 niñas, tenían conocimientos en primeros auxilios o estudios superiores. Cuando se dieron cuenta de la gravedad, Lissette ya estaba muerta. Nuevamente, no se aplicó ningún protocolo acorde con los parámetros internacionales.
Mariela Labraña, entonces directora del Sename, atribuyó inicialmente el fallecimiento a una "crisis emocional" por la ausencia de un familiar, una explicación que fue considerada tan poco satisfactoria como ética y terminó costándole el puesto.
La Problematíca de la Sobremedicación y Falta de Especialistas
El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, sostiene que la niña estaba sobremedicada. Se le suministraba un fármaco (benzodiazepina) en dosis que actuaban como antipsicótico, y estuvo expuesta a antidepresivos por años, a pesar de que no está demostrado que hagan efecto en niños. La sertralina, otro fármaco que tomaba, puede generar efectos adversos como agresividad o irritabilidad en menores.
Francisco Estrada asegura que la "poca prolijidad" en la manipulación de medicamentos en los centros es "generalizada", con problemas graves en la dosificación y la administración. Los adolescentes, además, "ya saben simular, dejar la pastilla debajo de la lengua" si no hay personal especializado. El senador Alejandro Navarro indicó que el 63% de los niños bajo tutela están con tratamiento farmacológico y más de 3.000 carecen de atención médica especializada urgente.
La situación se agrava al considerar que "Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región [América Latina] y no tiene camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil", según Estrada. Casos como el de Guillermina, con historial de consumo de alcohol, drogas y depresión, además de un embarazo adolescente (cuyo bebé fue a proceso de adopción), nunca recibieron un diagnóstico psiquiátrico grave. Esto se debe a la escasez de psiquiatras infantojuveniles, quienes en su mayoría prefieren trabajar en el sector privado, dejando regiones sin especialistas, explica Ortiz.
Hacia una Solución Integral y la Reparación de Derechos
Para abordar el maltrato infantil y las vulneraciones institucionales, es crucial considerar a los niños como sujetos plenos de derechos, evitando infantilar la infancia al reducir el problema a una cuestión de eficiencia o voluntarismo. La discusión debe ir más allá de las prestaciones de servicios y pensar en el lugar de los niños en la sociedad y el contexto en el que se desarrolla y reproduce la violencia.
Pilares para una Reforma Profunda
Francisco Estrada propone tres pilares para una solución definitiva:
- Apoyo y seguimiento psiquiátrico adecuado: Se necesitan unidades polivalentes, con niños adecuadamente medicados y personal dedicado que también trabaje con las familias, en lugar de aislarlas.
- Reintegración familiar como objetivo final: Reconocer que muchos niños son internados por pobreza y que la solución pasa por romper el círculo de maltrato a través de herramientas y acompañamiento a las familias, en lugar de la internación fácil. Estela Ortiz cuestiona la estigmatización de la pobreza, señalando la ausencia de niños de niveles socioeconómicos altos en el Sename, a pesar de que el abuso sexual y la violencia son fenómenos transversales. La baja formación de quienes toman las decisiones contribuye a que la internación sea la opción más fácil.
- Defensa jurídica adecuada: Garantizar que los niños vulnerados cuenten con defensores que velen porque todos los actores del proceso hagan su trabajo, a diferencia de la disparidad existente con los menores infractores de ley, quienes tienen "muy buenos defensores", mientras que los niños vulnerados suelen ser vistos por abogados jóvenes para quienes el caso es más un trámite burocrático que un sujeto de derecho.
Al mediano plazo, el Consejo para la Infancia pretende cerrar el Sename y realizar una transición a un nuevo servicio, que Ortiz espera "dejar instalado" en este gobierno, es decir, antes de 2019. Sin embargo, "los niños no pueden esperar". No existen cifras claras del total de menores que están bajo la tutela del Sename, ya que el 90% de las instituciones que los acogen son administradas por privados y las de administración directa no están protocolizadas. Se plantea que, al menos, se pueden tomar medidas como un vehículo equipado para el transporte.
Enfoques Intersectoriales: El Programa 24 Horas
El Programa 24 Horas, diseñado en 2009 e implementado en 2010, es un ejemplo de programa intersectorial para la atención a la infancia. Opera como una puerta de entrada para la intervención, involucrando a la Subsecretaría de Carabineros, el Servicio Nacional de Menores (SENAME) y la Subsecretaría de Prevención del Delito. Se caracteriza por su focalización barrial o comunal y su modelo de gestión territorial intersectorial, buscando generar sinergia y complementariedad con otros programas.
La Verdadera Reparación de Derechos
La reparación de los derechos vulnerados no se reduce a la conformación de un ambiente que supla o compense las carencias afectivas y materiales del niño. No se resuelve por la sustitución de un adulto deficiente por otro mejor o de una familia que se considera "inmoral" por otra con "valores". La restitución de los derechos requiere la participación activa de otros: de la familia (si es posible), de las educadoras de trato directo, de los profesionales, directores y directorios de las fundaciones; en suma, requiere de la comunidad.
De esa forma, la posibilidad de que un niño recupere la confianza en otro, en particular de un adulto, se sostiene en que pueda ser reconocido como un sujeto más allá de sus antecedentes, de su historial de vulneraciones y del estigma de su historia previa.