El Edificio Mirador Barón, ubicado en Valparaíso, ha sido objeto de diversas controversias, demandas y cuestionamientos desde su concepción hasta su desarrollo. Este complejo habitacional, que en un momento fue reconocido con un premio urbano, ahora enfrenta acusaciones de fallas estructurales, irregularidades en sus permisos de construcción y un prolongado conflicto entre la comunidad, la inmobiliaria y las autoridades municipales.
Antecedentes y Reconocimientos del Proyecto
En 2019, el edificio Mirador Barón, en Valparaíso, ganó una de las categorías del Premio Aporte Urbano. Esta instancia reconoce iniciativas que mejoran la calidad de vida en las ciudades y sus habitantes y en ella participan entidades como la Cámara Chilena de la Construcción, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Colegio de Arquitectos.
El inmueble premiado es un conjunto de edificios, con 211 departamentos, construidos en lo que era el Hospital Ferroviario de Valparaíso, en el cerro del mismo nombre. A su cargo estuvo el reconocido arquitecto Mathias Klotz. El proyecto fue descrito como un conjunto de seis edificios construidos en el terreno del antiguo hospital. "El proyecto reconstruye el antiguo Hospital, transformándolo en departamentos, y edifica, en los terrenos hacia el mar, cuatro edificios traslapados, bajo la cota del antiguo hospital, creando un paseo público en su cubierta, que es la extensión del paseo mirador del Ascensor Barón", se puede leer. A un costado del hospital y a nivel de la calle, se instalaría el último edificio, que serviría de acceso y contaría con un "programa de restaurante que sirve de articulador y que separa la circulación pública de la de los residentes".
En marzo de 2014, en la calle Portales del Cerro Barón, en Valparaíso, había un cartel que invitaba a ser parte de un proyecto con "la mejor vista de Valparaíso". La página, que hoy ya no está en funcionamiento, entregaba la información ahora contenida en la web de Mirador Barón, el proyecto inmobiliario de Mathias Klotz que inició su construcción en esa zona en octubre de 2014.
Problemas de Construcción y Demandas de la Comunidad
A fines del año pasado, la denominada Comunidad del Condominio Edificio Mirador Barón presentó una demanda de acción de responsabilidad civil e indemnización de perjuicios en contra de la Inmobiliaria Mirador Barón. La empresa, vinculada a la Inmobiliaria Nueva Costanera, de Gerardo Valdés y otros inversionistas, solicitó rechazar la acción judicial, con costas.
Los denunciantes acusaron fallas o defectos de construcción estructural y en las terminaciones de los espacios comunes del inmueble, ubicado en Avenida Diego Portales 449, Valparaíso. "Después de las ventas, y las entregas de las unidades a cada propietario, y de los espacios comunes, mediante los correspondientes contratos de compraventa de los inmuebles, unidades, y bienes comunes, se constituye el Comité de Administración de Edificio, y es cuando, mis representados se percataron de un sinnúmero de fallas, desperfectos e incongruencias constructivas, las que hicieron presente a los primeros vendedores, por tanto responsables", dijo el abogado Hernán Huber en la demanda. En la demanda se acusaron filtraciones de agua, problemas con los ascensores y la piscina, y en los estucos de algunas fachadas.
"Mis representados han actuado de buena fe, generando todos los espacios de negociación disponibles para evitar llegar a esta instancia; los problemas no han sido subsanados, se reconoce actividades desplegadas en este sentido por la inmobiliaria, con el fin de reparar los defectos, pero no ha dado solución real a las fallas, solo objetarlas, lo que implica en sí mismo, de todas formas, un reconocimiento de las fallas del edificio por parte de la inmobiliaria demandada", señaló la comunidad. Por concepto de daño material y costo de reparación, exigen el pago de $950 millones, además de $280 millones por daño moral. "Es evidente que todos los copropietarios han padecido daño moral por la imposibilidad de obtener un descanso adecuado al llegar al hogar, una propiedad nueva, que después de ser adquirida, prontamente ha manifestado los problemas señalados", afirmaron.
La Defensa de la Inmobiliaria
En su respuesta, la inmobiliaria solicitó rechazar la acción judicial. "No hay nada concreto en la demanda -sino tan solo amenazas- que ponga en duda que el proyecto se ejecutó en cumplimiento de todos los requerimientos técnicos y normativos aplicables a la obra", dijo en su presentación ante la justicia Jorge Derpich, de Urenda & Cía. Abogados. La inmobiliaria dijo que las supuestas fallas que reclama la demandante, en ningún caso ponen en peligro la obra o constituyen un desperfecto estructural de la misma.
"Se insiste en las supuestas filtraciones que se denuncian, no sólo son aisladas y menores, sino que, además, no comprometen a la estructura. La eventual filtración de menor entidad en el muro subterráneo es de fácil control y solución, cuyo costo se aleja totalmente a lo irrisoriamente demandado por la actora", sostuvo la empresa. Sobre esto, apuntó a una posible rotura de matriz desde el exterior que generaría una filtración de agua. "Se hace presente que mi representada ha gestionado reclamos contra Esval por estos hechos aislados. Asimismo, algunas de las filtraciones que se denuncian, de existir, se dieron en el contexto de los fuertes temporales de este año 2024", destacó la inmobiliaria.
Con todo, se afirmó que en los hechos denunciados "concurre la culpa de la administración" por no ejercer de manera diligente, aseguró, sus obligaciones relativas a la información y mantención de los espacios comunes. "En concreto, nos referimos a la falta de limpieza periódica de las canaletas y sistemas de drenaje del Edificio Mirador Barón, circunstancia que contribuiría al eventual anegamiento de algunas zonas comunes", dijo la empresa. Además, se refirió a una "falta de información" del correcto funcionamiento de las puertas de los ascensores, como también el mantenimiento de los estanques y sus puertas. "Lo mismo ocurre con lo que se denuncia respecto de la piscina, pues las supuestas fallas que denuncia se originarían precisamente por la intervención de la administración en su tardía mantención", añadió la inmobiliaria, puntualizando que los desperfectos se originaron en una mantención que la propia administración realizó en noviembre de 2024, fuera de la época recomendada, exponiendo la piscina vacía al sol.
El Origen de la Polémica: Demolición y Permisos
El primer episodio en la serie de problemas que ha enfrentado el proyecto Mirador Barón ocurrió siete meses después de ese marzo. La mañana del sábado 4 de octubre, la comunidad de vecinos del cerro despertó para encontrarse con una serie de máquinas que empezaban a trabajar en la demolición del edificio que albergó al Hospital Ferroviario. Construido en 1926, el recinto ayudó a mejorar la calidad de la atención médica de los funcionarios de Ferrocarriles de forma gratuita, y fue durante muchos años uno de los mejores hospitales de Chile en materia de traumatología.
Impacto en Vecinos y el Caso de Juan Silva
Los vecinos, movilizados como "Cerro Barón Organizado", empezaron entonces a denunciar "prácticas condenables", como la no contemplación de "medidas de seguridad correspondientes" durante la demolición. Estas prácticas afectaron la estructura de la casa de Juan Silva, uno de los miembros de la comunidad cuya casa colindaba con la obra. "Ellos me llamaban todos los días para que vendiera mi terreno, como no pasó nada, comenzaron con las obras, las cuales provocaron grietas en mi casa y un gran desnivel, eso actualmente me tiene con un tratamiento médico", indicó Juan Silva, quien en ese momento tenía 84 años.
"La inmobiliaria ha solicitado al tribunal la demolición del inmueble, lo cual, obviamente, nos parece muy extraño, porque la empresa señala que está en un estado de ruina, pero se les olvida que ese supuesto estado se debe a los movimientos de tierra y a las obras que ellos mismos han realizado en el sector", detalló entonces el abogado John Parada a El Mercurio de Valparaíso. Marlene Orrego, vocera de la comunidad Ex Hospital Ferroviario, explica en la página de la organización que finalmente, en diciembre de 2016, Juan Silva falleció de causas naturales, antes de que se le informara que "debía construir un muro de contención".
Deslizamiento de Tierra y Paralización de Obras
La tarde del viernes 29 de enero, se produjo un segundo problema: con un gran estruendo que quedó registrado en video, el terreno sobre el cual se construía el proyecto cedió, deslizando una gran cantidad de tierra sobre la obra y botando por completo cinco postes de alambrado público. En la oportunidad, Chilquinta Energía confirmó que se trató de cuatro postes de baja tensión y uno de mediana, que afectaron a 701 hogares y a un centro de salud. El incidente obligó al entonces alcalde de Valparaíso, Jorge Castro, a paralizar las obras de construcción. A pesar de que los vecinos aseguran que tanto informes del Serviu como del Minvu señalaban como "no aconsejable" la reapertura de la calle, esta se llevó a cabo en junio de 2016.
Requerimiento en Contraloría y Permisos Irregulares
Seis meses después, la comunidad entregó una solicitud de impugnación del permiso de edificación en Contraloría y en la alcaldía, ahora con el frenteamplista Jorge Sharp como nuevo edil. El documento fue acompañado de un informe técnico del arquitecto Cristian Leiva, miembro de la Coordinadora de Defensa de Laguna Verde, Valparaíso y Placilla. El 5 de abril de ese año, cuatro meses después, la Contraloría respondió, asegurando que detectó irregularidades en el otorgamiento de los permisos de la Dirección de Obras Municipales (DOM).
“Es dable concluir que tanto los certificados de informaciones previas, como el informe del revisor independiente y el proyecto aprobado, no se ajustan a la normativa urbanística aplicable en la especie”, afirmó el organismo. La Contraloría pidió a la alcaldía disponer medidas para evitar lo descrito, ordenando que “el municipio deberá iniciar el correspondiente sumario administrativo" al director de Obras Municipales, Matías Valdés, además de solicitar que se invaliden los permisos de construcción. El municipio inició el sumario el 13 de abril.
Batalla Legal y Reacción Municipal
El 18 de mayo, la DOM emitió un oficio que señalaba que "habiendo transcurrido más de dos años, desde la fecha en que se dictó dicho permiso de edificación, no es posible comenzar el procedimiento" de invalidación. Esto, de acuerdo a la Ley 19.880, establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de la administración del Estado. Según esta ley, la autoridad administrativa puede invalidar los "actos contrarios a derecho" siempre que se haga dentro de los dos años siguientes desde la notificación o publicación de dicho acto.
La Ofensiva del Alcalde Jorge Sharp
Poco después, a comienzos de agosto, el alcalde Jorge Sharp se reunió con los vecinos de Cerro Barón, declarando que lo que allí pasaba era "una situación de emergencia". "Venimos trabajando con los vecinos y vecinas la situación del sector Mirador Barón hace ya meses, pero los problemas se siguen produciendo y el problema de fondo es que tiene un permiso ilegal", afirmó el edil a El Desconcierto en ese entonces. "Nosotros vamos a agotar todos los medios que estén a nuestro alcance, tanto administrativos como judiciales, para poder cumplir con el mandato de la Contraloría de la República”, añadió, asegurando que fue la administración anterior la que "le otorgó a este empresario inmobiliario un permiso ilegal".
Reclamo de Ilegalidad y Demanda de Trabajadores
El 14 de agosto, una vecina del sector llamada Rosa Saa, de 85 años, interpuso un reclamo de ilegalidad contra el proyecto. Sin embargo, de acuerdo a lo informado por El Mercurio, la mujer formalizó una denuncia ante la PDI el pasado miércoles, consignando que el reclamo original no fue interpuesto por ella. "Esto que dice aquí jamás lo he visto. Soy profesora, no soy tonta, y vivo en el hospital, no tengo tiempo para nada más", afirmó a ADN la mujer, quien padece cáncer y se somete regularmente a un tratamiento de quimioterapia.
El 15 de septiembre, fueron los trabajadores del proyecto quienes ingresaron una demanda de juicio ordinario de mera certeza ante el 1er Juzgado Civil de Valparaíso, en contra del municipio. En ella, denunciaron que el alcalde “se ha pronunciado más allá de sus facultades y de su competencia” al dictar un decreto en el que se ordena dar el inicio de un procedimiento invalidatorio del permiso de edificación. Señalaron, además, que “las diversas declaraciones públicas vertidas por él, amenazan la confianza legítima, buena fe y/o certeza jurídica de los trabajadores”. Seis días después, en efecto, el Diario Oficial publicó que el alcalde pidió iniciar el proceso de invalidación.
Respuesta de la Inmobiliaria
Una semana después de ese anuncio, la inmobiliaria Mirador Barón presentó ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso un recurso de protección en contra del municipio, con el fin de frenar el proceso invalidatorio. El documento, al que tuvo acceso el diario Pulso, acusa que el alcalde dejó sin efecto el oficio del 18 de mayo que indicaba que no se podía invalidar por haberse iniciado el proyecto hace más de dos años. Para la empresa, la decisión del alcalde "constituye un acto ilegal y arbitrario", por lo que solicita a la justicia decretar orden de no innovar respecto del procedimiento invalidatorio.
La Mirada Crítica de la Junta de Vecinos
La carta enviada por la Junta de Vecinos N°4 Cerro Barón a la alcaldesa Camila Nieto Hernández no es un simple reclamo: es un grito de alerta frente a un deterioro que amenaza la seguridad y la dignidad de la ciudad. El Mirador Barón, símbolo de memoria ferroviaria y un balcón urbano, se encuentra hoy fracturado, con barandas sueltas y rotas, veredas colapsadas y cimientos dañados. La comunidad exige respuestas inmediatas.
Este problema no nació ayer. Su raíz está en la demolición del antiguo Hospital Ferroviario en 2017, bajo la administración de Jorge Castro. Esa demolición dejó heridas en los cimientos del mirador, nunca reparadas. La gestión de Jorge Sharp heredó el daño, impulsó un proyecto de remodelación con participación ciudadana, gastó recursos, pero nunca su equipo ejecutó la obra. Hoy, la alcaldesa Nieto recibe la herencia del abandono y debe decidir si perpetúa la negligencia o rompe el ciclo.
Lo más grave es la sombra de ilegalidad que rodea al edificio levantado en el terreno del antiguo hospital ferroviario. El proyecto fue diseñado por el arquitecto Mathias Klotz Germain, apellido que coincide con el de la entonces directora de Obras Municipales (DOM) de Valparaíso, Adriana Germain. La coincidencia nunca fue investigada como posible conflicto de interés. La Dirección de Obras otorgó permisos y recepcionó la obra, pero jamás se fiscalizó si la volumetría y altura del edificio excedían lo permitido por el Plan Regulador Comunal, como denuncian vecinos y especialistas.
La Ley General de Urbanismo y Construcciones es clara: la recepción municipal no convalida ilegalidades. Si un edificio vulnera normas de altura, densidad o volumetría, la DOM debe invalidar el permiso y sancionar. Nada de eso ocurrió. Tampoco se investigó la responsabilidad de la demolición en las fracturas del mirador, pese a que la evidencia comunitaria y las imágenes son contundentes.
Estamos frente a un caso paradigmático de complicidad institucional: un edificio privado premiado como “aporte urbano” mientras el espacio público se derrumba. Una obra recepcionada sin fiscalización, con sospechas de vínculos familiares nunca aclarados. Un mirador convertido en ruina por la negligencia de tres administraciones municipales.
La carta de los vecinos a la alcaldesa es más que justa: exige inspección técnica inmediata, medidas correctivas urgentes y transparencia. Se espera que la alcaldesa pida a Contraloría General de la República un informe específico sobre la demolición del hospital, los permisos otorgados por la DOM de ese entonces y la volumetría del edificio. Se espera que asuma que la seguridad y la memoria de Valparaíso no se negocian, como lo han hecho sus antecesores.
Se espera que la alcaldesa no repita el silencio de Castro ni la postergación y venta de humo de Sharp. No herede la complicidad y el silencio ante los poderosos. Se espera que sea rupturista frente a esa tendencia, y su municipio sea fiscalización y reparación, ante tanto abuso a los vecinos. El Mirador Barón no es solo concreto: es memoria viva.