El sistema público de pensiones se enfrenta a significativos desafíos en numerosas economías, caracterizados por un delicado equilibrio entre el número de trabajadores activos y la creciente población de jubilados. Este desajuste demográfico, acentuado por la baja natalidad y el aumento de la esperanza de vida, ejerce una considerable presión sobre las finanzas públicas.
La ecuación es clara: cada vez hay menos contribuyentes sosteniendo a un mayor número de beneficiarios. Esta realidad ha impulsado un debate constante entre expertos y responsables políticos sobre las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo, explorando diversas vías de reforma.
La Visión de Gonzalo Bernardos: Pensiones Más Bajas en el Futuro
El economista Gonzalo Bernardos defiende la tesis de que las pensiones del futuro, si bien no desaparecerán, sí se reducirán de forma considerable respecto a las cuantías actuales. Para abordar este delicado asunto, Bernardos ha puesto sobre la mesa el ejemplo de Alemania, cuyo gobierno destina 10 euros mensuales a todos los niños y jóvenes de entre 6 y 18 años.
El objetivo del gobierno alemán es claro: fomentar el ahorro desde edades tempranas y preparar a las generaciones futuras ante la posibilidad de que sus pensiones sean inferiores a las que perciben los jubilados de hoy en día. Bernardos, sin embargo, considera que esta medida es más simbólica que pragmática y la califica de "parche", cuyo impacto real es limitado debido a que el dinero acumulado acaba siendo verdaderamente bajo.
Para Bernardos, el mensaje real subyacente es otro muy distinto: hacer calar poco a poco la idea de que las pensiones del futuro serán más bajas que en el presente, y por ello los ciudadanos deben aprender a ahorrar por su cuenta, cuanto antes mejor.
El Sistema Español de Pensiones: Retos y Desequilibrio Actuarial
Aunque España cuenta con un sistema de pensiones más generoso que el alemán, la realidad es que el país también se enfrenta a problemas a largo plazo. El envejecimiento de la población hace que la sostenibilidad de las pensiones sea una tarea cada vez más compleja. Bernardos indica que las señales en cuanto a que las pensiones perderán valor con los años son una obviedad.
El sistema de pensiones español se enfrenta a varios retos en el corto, medio y largo plazo que, por ahora, están siendo "parcheados" a través de la deuda pública. Las transferencias del Estado para que las pensiones 'cuadren' en 2026 superarán ya los 50.000 millones de euros (en 2025 fueron 48.000 millones de euros). Esto revela el tamaño del agujero que sufre el sistema, que no para de crecer.
Muchos pensarán directamente en la inversión de la pirámide demográfica como la principal causa. Si bien este desequilibrio importa, el problema de fondo es de otra naturaleza: este sistema promete y entrega a cada generación de jubilados bastante más de lo que esos mismos jubilados aportaron a lo largo de su vida laboral. En lenguaje técnico, esto se llama desequilibrio actuarial.
Un estudio titulado 'Cómo reformar el sistema de pensiones', realizado por Daniel Fernández Méndez y Santiago Calvo López, profesores de Economía e investigadores del Centro Ruth Richardson de la Universidad de las Hespérides, revela que el principal problema del sistema de pensiones español no es coyuntural ni exclusivamente demográfico, sino actuarial. Esto significa que, incluso si la natalidad aumentase, la inmigración fuese mayor o el empleo se disparara, el desequilibrio seguiría presente, porque está inscrito en las propias reglas del sistema.
Según Fernández y Calvo, los jubilados reciben un 62% más de lo aportado a lo largo de su vida laboral. El sistema está ofreciendo una generosidad extra que se tiene que financiar a través de deuda pública o con más impuestos, lo que detrae recursos para otras partidas de gasto que podrían incentivar la productividad. Estos expertos aseguran que si no se reforma nada, la situación empeorará.
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Medición del Desequilibrio: Tasa Interna de Retorno (TIR) y Factor de Equidad Actuarial (FdEA)
La herramienta técnica que los economistas utilizan para medir este desequilibrio se llama tasa interna de retorno (TIR), que es la rentabilidad implícita que obtiene un trabajador por su participación en el sistema de pensiones. Un sistema de reparto solo puede ser sostenible si esa rentabilidad no supera el ritmo de crecimiento de la economía.
En España, la brecha es notable, puesto que la TIR del sistema español es, como mínimo, del 2,6% anual, mientras que el crecimiento esperado del PIB es del 1,2%. Otra forma de expresar el mismo problema es a través del Factor de Equidad Actuarial (FdEA), un indicador que mide cuántos euros en pensiones recibe el jubilado por cada euro aportado al sistema. El equilibrio perfecto sería un factor igual a 1. Sin embargo, en España ese factor es muy superior.
El Instituto de Actuarios Españoles estima que, en promedio, cada euro cotizado se transforma en 1,62 euros de pensión, lo que supone un 62% más de lo que correspondería en un sistema actuarialmente equilibrado. Las proyecciones son todavía más sombrías, puesto que, bajo los supuestos demográficos de la Comisión Europea, el FdEA medio ponderado pasaría de 1,62 en 2025 a 2,14 en 2045 y 2,20 en 2065.
Reformas Políticas y sus Consecuencias
Lo que hace especialmente urgente la situación es que las últimas reformas políticas han ido en la dirección opuesta. En lugar de corregir el desequilibrio, lo han agravado. La reindexación de las pensiones al IPC y el aumento de las cotizaciones pueden parecer medidas prudentes, pero si la rentabilidad implícita del sistema sigue siendo superior a lo que la economía puede sostener, subir salarios o cotizaciones no resuelve el fondo del problema: simplemente genera más derechos futuros en la misma proporción.
La consecuencia directa de todo esto es un déficit contributivo estructural que el Estado cubre cada año con transferencias del presupuesto general. Esas transferencias compiten con el gasto en sanidad, educación, infraestructuras e investigación, generando una acumulación de deuda implícita que compromete la equidad intergeneracional y la sostenibilidad fiscal a largo plazo.
Propuestas de Reforma por Expertos de las Hespérides
Aunque quizá ya sea demasiado tarde, los expertos de las Hespérides proponen una reforma articulada en tres pilares complementarios:
- Transformar el sistema de reparto actual en uno de cuentas nocionales: Un modelo donde cada trabajador acumula a lo largo de su vida laboral un saldo virtual equivalente a sus cotizaciones, revalorizado al ritmo del crecimiento económico. Al jubilarse, ese saldo se convierte en pensión dividiéndolo por la esperanza de vida de su generación. Este sistema garantizaría la proporcionalidad estricta entre cotizaciones y prestaciones, introduciría mecanismos automáticos de ajuste ante cambios demográficos y reforzaría la transparencia.
- Crear un sistema de capitalización ocupacional obligatorio: Una parte de las cotizaciones iría a cuentas individuales reales, invertidas en una cartera diversificada de activos financieros. Se critica que el Fondo de Reserva español, al estar invertido íntegramente en deuda pública nacional, no constituye diversificación alguna del riesgo soberano.
Los investigadores de las Hespérides señalan que cuanto más se retrase la corrección del desequilibrio, más abruptas serán las medidas necesarias y menor el margen para repartir los costes de manera equitativa.
Debate sobre las Pensiones en Chile: Críticas a las AFP y Propuestas Alternativas
En Chile, la economista jefa de Quiñenco, Andrea Tokman, critica el avance del proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos de pensiones. Si bien afirma que hace tiempo que el sistema previsional debió haber tenido una reforma estructural, avanzar en esta dirección no es la mejor opción.
Tokman indica que "a nadie le gusta ahorrar para la vejez, por eso es obligatorio, y por lo mismo las propuestas para evitarlo son populares". Considera que el avance de esta iniciativa poco tiene que ver con la necesidad actual de las personas, sino que es el reflejo del deterioro de la institucionalidad política. Además, sostiene que una reforma estructural del sistema de pensiones es urgente y que la capitalización individual debería mantenerse, fortaleciendo el sistema mixto y evitando que se agraven los duros efectos de la crisis, condenando a las personas a recibir pensiones más bajas.
El economista del Cenda, Manuel Riesco, propone terminar con las AFP y volver al sistema de reparto, argumentando que uno de cada tres pesos cotizados quedan en manos de las AFP o compañías de seguros y el resto del dinero termina financiando a 12 grandes grupos económicos. Riesco acusa que la privatización de las pensiones ha significado la expropiación de más de un 13 por ciento de los salarios a lo largo de tres décadas. Además, calcula que durante la crisis económica de 2008, los fondos de pensiones chilenos perdieron un tercio de su valor y el fondo A casi la mitad.
Riesco sostiene que ningún país tiene el sistema chileno de capitalización individual puro y que la supuesta quiebra de los sistemas de reparto es un tópico de la propaganda impulsada por los conglomerados financieros. Afirma que todos los sistemas de reparto dejan anualmente cuantiosos superávits.
El economista y presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo (Ciglob), Andrés Solimano, conversó sobre el rol del Banco Central y el proyecto de cuarto retiro de las AFP. Afirmó que una nueva extracción de fondos previsionales, aunque retiraría una cifra considerable, no la ve "tan como una cuestión catastrofista". Solimano agregó que el sistema de pensiones en Chile "está en crisis", ya que la gente no confía en él después de 40 años debido a las bajas pensiones que ofrece. Subrayó que el sistema actual es un elemento que hace una "redistribución del ahorro asalariado a la financiación de los grupos económicos", lo que se traduce en una "redistribución trabajo-capital muy regresiva" que cimenta la concentración económica.
Solimano también destacó que el sistema "exporta fuera de Chile US$100.000 millones en un país en que falta el ahorro", impactando directamente en las bajas pensiones que perciben los ciudadanos.
Debate Intergeneracional en España: Salarios Jóvenes vs. Pensiones de Jubilados
Santiago Carbó, catedrático del Departamento de Economía en CUNEF Universidad, afirma que el sueldo que cobran los jóvenes es menor que las pensiones que reciben los jubilados, por lo que considera necesario llevar a cabo medidas que reduzcan esa desigualdad.
Carbó valora la polémica intergeneracional, indicando que las finanzas públicas en España y el futuro del gasto público necesitan un análisis profundo, sobre todo en materia de pensiones, con el objetivo de conseguir un mayor equilibrio intergeneracional. Actualmente, existe una brecha entre la situación de los jubilados y la de los jóvenes menores de 30 años, que, según él, debe corregirse.
El economista subraya que la sostenibilidad de las pensiones debe analizarse, ya que cuando los salarios crecen de una manera y las pensiones crecen más, la situación empieza a no ser sostenible. Los jubilados no han notado prácticamente la crisis financiera de 2008 ni ninguna otra, y desde hace 15 años no han tenido una corrección en sus rentas, a diferencia de otros grupos.
Para equilibrar esta situación y que los jóvenes mejoren sus ingresos, Carbó propone crear programas más efectivos de apoyo a los jóvenes, destacando las ayudas dirigidas a la vivienda y la potenciación de servicios sociales como guarderías. Argumenta que las iniciativas y programas dirigidos a los mayores tienen más recursos que los destinados a los jóvenes, a pesar de que estos últimos son quienes mantendrán la maquinaria productiva y los ingresos del Estado.
Carbó sugiere que los pensionistas deben recibir una parte de la carga que los jóvenes han soportado desde la crisis financiera, el COVID y la guerra de Ucrania, aunque esto no significa bajar las pensiones no contributivas. Sin embargo, considera que las pensiones más altas pueden no crecer tanto cada año, y la decisión del Gobierno socialista de vincular la subida de las pensiones al incremento del IPC ha sido una medida cuestionable en este contexto.
Finalmente, Carbó destaca que la vivienda tiene muchísimo que ver con la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, ya que una parte muy importante del salario se la lleva el coste de la vivienda, superando ampliamente el porcentaje recomendado del 30% de los ingresos. Esto dificulta el acceso a una vivienda asequible para muchas familias y resta recursos para desarrollar sus proyectos de vida.
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