Las personas que viven en hogares con algún miembro con discapacidad presentan menores niveles de renta y una mayor incidencia de la pobreza que el resto de la población. Esta brecha por discapacidad tendió a incrementarse durante la última etapa de recuperación económica, lo que evidencia su carácter estructural. Las personas en estos hogares tienden a participar de la recuperación en menor medida que el resto.
El Banco Mundial ha estimado que la mitad de la población con discapacidad en la región no participa en el mercado laboral; y que en 1 de cada 3 hogares vive con una persona con algún tipo de discapacidad. El 15 % de la población mundial, es decir, 1000 millones de personas, sufren algún tipo de discapacidad, y la prevalencia de la discapacidad es mayor en los países en desarrollo.
Impacto Económico y Vulnerabilidad
Las personas con discapacidad tienen más probabilidades de experimentar resultados socioeconómicos adversos, como menos educación, resultados de salud más deficientes, menores niveles de empleo y mayores tasas de pobreza. La pobreza puede aumentar el riesgo de sufrir una discapacidad a través de la malnutrición, el acceso inadecuado a educación y atención de salud, condiciones laborales inseguras, un ambiente contaminado y la falta de acceso a agua potable y saneamiento.
La discapacidad también puede aumentar el riesgo de pobreza por la falta de oportunidades de empleo y educación, los salarios más bajos y el mayor costo de vida que supone vivir con una discapacidad. Una situación de tensión económica o crisis económica, puede generar más exclusión entre aquella parte de la población que, ya sea por su condición laboral o, por ejemplo, por su discapacidad, ya la padecen.
Gastos Adicionales Asociados a la Discapacidad
Además de la inversión en educación, tratamientos médicos, asistencia personal y sesiones de rehabilitación y terapia a los que tiene que hacer frente la familia, hay que sumarle el hándicap que los jóvenes con discapacidad tienen en el entorno laboral.
Un estudio, basado en una muestra significativa de hogares españoles en los que hay un miembro con discapacidad, informa que el principal gasto, en el 41,1% de las personas estudiadas, recae en los medicamentos. El transporte o la ropa, y otros útiles de tipo personal, representan el 14,2% y el 10,7% del gasto, respectivamente. El 35% de los entrevistados asegura que el desembolso extra que conlleva la discapacidad, más allá de los gastos comunes, oscila entre los 100 y los 500 euros al año. El salario bruto anual que percibe una persona con discapacidad es de 20.574 euros.
Barreras al Empleo y Marcos Regulatorios
Las personas con discapacidad enfrentan barreras significativas en el acceso al empleo, la educación y los servicios sociales, las que limitan su plena participación en la sociedad. Entre los obstáculos a la plena inclusión social y económica de las personas con discapacidad se encuentran los entornos físicos y el transporte inaccesibles, la falta de disponibilidad de dispositivos y tecnologías de apoyo, los medios de comunicación no adaptados, las deficiencias en la prestación de servicios, y los prejuicios y estigmas discriminatorios en la sociedad.
Regulación en el Sector Público y Privado (Caso España)
En el sector privado, la fiscalización del cumplimiento de la nueva normativa le corresponde a la Dirección del Trabajo, quien debe llevar un registro actualizado de los contratos de trabajo, sus modificaciones y términos de trabajo, celebrados por las empresas con las Personas con Discapacidad o pensionados por invalidez. Para los órganos de la Administración del Estado, un reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y suscrito por los Ministros de Hacienda y Desarrollo Social, establecerá los parámetros, procedimientos y demás elementos necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones consignadas o para justificar su excusa.
Las empresas o servicios no pueden optar por una discapacidad en particular en la contratación. En el caso que no sea posible el cumplimiento total o parcial de la dotación del 1%, las entidades deberán remitir, a través del jefe superior o jefatura máxima del órgano, servicio o institución, un informe fundado a la Dirección Nacional del Servicio Civil y al Servicio Nacional de la Discapacidad, explicando las razones para ello.
Por tanto, las personas con discapacidad no pierden su Pensión Básica Solidaria de Invalidez al ser contratadas por algún organismo del Estado o por una empresa. El afiliado acogido a Pensión de Invalidez parcial transitoria que continúa trabajando, está obligado a efectuar las mismas cotizaciones de un trabajador activo.
Conciencia Global y Marcos Legales Internacionales
Cada vez es mayor la conciencia mundial sobre el desarrollo inclusivo de personas con discapacidad. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CPRD), ratificada por 185 países, promueve la plena integración de este grupo en la sociedad. Este documento se refiere específicamente a la importancia del desarrollo internacional en la protección de los derechos de las personas con discapacidad.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establece claramente que la discapacidad no puede ser un motivo ni criterio para privar a las personas del acceso a programas de desarrollo y el ejercicio de los derechos humanos. El marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) contiene siete metas referidas explícitamente a las personas con discapacidad y otras seis que se focalizan en las personas en situaciones vulnerables, entre ellas las personas con discapacidad.
Desafíos y Adaptaciones ante Crisis: El Caso de la COVID-19
Los impactos considerables de la COVID-19 siguen afectando a las personas con discapacidad, incluso a nivel de consideraciones relacionadas con los sectores de la salud, la educación y el transporte. En el ámbito de la salud, muchas personas con discapacidad tienen necesidades sanitarias subyacentes adicionales que las hacen especialmente vulnerables a los síntomas graves de la COVID-19, si la contraen.
Las personas con discapacidad también corrieron un mayor riesgo de contraer el virus porque la información sobre la enfermedad, incluidos los síntomas y las formas de prevención, no se proporcionó normalmente en formatos accesibles como materiales impresos en braille, interpretación de lenguaje de señas, subtítulos, contenidos audibles y materiales gráficos. Debido al cierre generalizado de las escuelas, los niños con discapacidad no tuvieron acceso a servicios básicos, como programas de alimentación, tecnologías de asistencia, personal de apoyo, programas de recreación, actividades extracurriculares, y programas de agua, saneamiento e higiene.
Cómo enfrentan el COVID-19 las personas con discapacidad
Estrategias para la Inclusión Económica y Cadenas de Valor Diversas
La discapacidad, como una de las tantas dimensiones de la sostenibilidad, puede incorporarse en procesos bajo un enfoque basado en valores, adoptando prácticas de equidad, promoción de la igualdad de oportunidades y no discriminación. Como vector integrado en los procesos de adquisición, la discapacidad también habilita a las organizaciones a convertirlos en motores clave para promover el respeto y la protección de los derechos humanos en sus propias actividades y, también, su trazabilidad a toda la cadena de valor.
Las compras o contrataciones con una clara y definida orientación a tener un impacto positivo en las personas con discapacidad, representan una de las tantas formas que existen para promover su inclusión y empoderamiento. Al ser procesos ya conocidos por las organizaciones, se presentan como un medio para ejercer una influencia positiva que ofrecen soluciones concretas con múltiples beneficios también para quienes los implementan. De ese modo, además de promover la innovación y colaboración entre los compradores y sus proveedores, contribuye a una mejor gestión de los riesgos asociados y desarrollo de mayor resiliencia.
Este tipo de prácticas demandan un trabajo articulado con proveedores para conocer el estadio de su madurez y desarrollo del mercado. Al mismo tiempo, dentro de las organizaciones implica llevar a cabo sinergias entre todas las áreas capitalizando su interdisciplinariedad. El uso de diferentes términos para conceptualizar sobre estos procesos muchas veces dificulta su implementación y escala en las organizaciones.
Compras Sostenibles e Inclusivas
Una compra sostenible es el proceso por el cual una organización busca satisfacer la necesidad de un bien, servicio u obra generando valor por dinero y basado en un análisis de ciclo de vida, con el fin de obtener beneficios para ésta, la sociedad y el ambiente, reduciendo activamente los impactos negativos sobre el medio ambiente. La oportunidad más significativa de las compras con perspectiva de discapacidad en términos de inclusión y equidad es que emergen como mecanismos de empoderamiento para ellas.
Debido a las características particulares de estos proveedores sociales, sea por su tamaño, recursos o capacidades, los procesos de compras inclusivas requieren de mayor flexibilidad y adaptabilidad. Ese cambio requiere de una perspectiva estratégica que aborde tanto las prácticas internas como las relaciones externas de la organización con sus proveedores y demás actores en la cadena de suministro. La clave para integrarla en forma sistemática está en disponer de datos sólidos que orienten las decisiones.
Es fundamental desarrollar proveedores que hayan adoptado el enfoque de discapacidad a través de programas específicos para fortalecer sus capacidades y fomentar su contratación sistemática.
Alianzas y Colaboración
La Alianza de Compras y Contrataciones de Impacto (Procurement Impact Alliance) es otra iniciativa que busca promover cadenas de suministro inclusivas y accesibles, alentando a las empresas a integrar prácticas que beneficien a las personas con discapacidad. Esta alianza, respaldada por organizaciones como G3ict (Global Initiative for Inclusive ICTs), proporciona herramientas y recursos para que los proveedores, especialmente en mercados emergentes, mejoren su desempeño en materia de discapacidad.
Desafíos en América Latina y el Caribe
En este documento se analizan los principales retos de los sistemas de protección social en América Latina y el Caribe en relación con la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, con un especial enfoque en materia de inclusión laboral. Entre las diversas problemáticas que impiden el cumplimiento regional de los compromisos de inclusión asumidos a nivel internacional, en particular de los que surgen de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se encuentran los escenarios de pobreza y desigualdad, las barreras en el acceso a los sistemas de protección social y a la fuerza laboral formal.
Si bien los sistemas de protección social en la región han generado diversas herramientas para promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad, aún quedan por fortalecer diversos espacios que permitan garantizar el derecho de esta población a la protección social y al trabajo decente. El estudio analiza en qué medida las distintas prestaciones monetarias garantizan, o no, un nivel de renta que permita a los hogares con discapacidad aliviar su situación de vulnerabilidad económica y su riesgo de pobreza.
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