La situación de los niños, niñas y adolescentes en el Servicio Nacional de Menores (SENAME) de Chile ha sido objeto de profunda preocupación y debate a lo largo de los años. Este sistema, diseñado para proteger a los menores en situación de riesgo, ha enfrentado graves acusaciones de negligencia, abuso y vulneración de derechos. La experiencia de Paulina Figueroa y las investigaciones revelan una dura realidad que exige atención urgente.
Paulina Figueroa y su Experiencia en el SENAME
Paulina Figueroa, una de las concursantes más populares del programa de cocina "El Discípulo del Chef", ha compartido públicamente su dolorosa infancia en el SENAME. Relata que, siendo muy golpeada por su propia familia, unos abuelos la llevaron a su casa para cuidarla tras verla "muy golpeada" y con la "cara muy hinchada". Sin embargo, un auto del SENAME la recogió y la llevó a un hogar. Paulina no sabía qué iba a pasar con ella y creció con desconfianza. En el SENAME, la concursante explica que no se podían demostrar las emociones, era necesario "hacerse la dura" porque, si no, "te comen".
Sobre los funcionarios a cargo, Figueroa sostiene que "no hay pauta de evaluación para los que están a cargo" y, basándose en su experiencia, sintió que "las tías gozaban viendo todo esto (abusos) de manera morbosa". Además, afirmó que "las tías abusaban de niños" y "existían abortos". A pesar de su sufrimiento, Paulina ha logrado salir adelante, mirando hacia atrás sin rencor.
El Marco Legal y las Vulneraciones en el SENAME
En la actualidad, los menores de 16 años son inimputables ante la ley penal, mientras que los adolescentes de entre 16 y 18 años deben someterse a un juicio previo sobre su discernimiento. Si son considerados con discernimiento, son juzgados como adultos con una mínima rebaja en la pena, sin considerar su especificidad como adolescentes. Si no tienen discernimiento, pueden ser sometidos a una medida de protección, a menudo privativa de libertad, sin las debidas garantías. Estos cambios legales impactan directamente la vida de los adolescentes, tanto imputados como sancionados.
Principio de Separación de Vías y Protección Integral
El principio de separación de vías exige distinguir la reacción del Estado ante infracciones penales de adolescentes y la respuesta a la protección de sus derechos vulnerados. No obstante, los adolescentes que infringen la ley penal también han sido vulnerados en sus derechos. Por ello, una protección integral exige no solo garantías frente al poder punitivo del Estado, sino también alternativas proteccionales complementarias que permitan el acceso a la reparación especializada de derechos de forma voluntaria.
Sanciones y Medidas Cautelares
La ley faculta a los jueces de garantía a aplicar la privación de libertad como medida cautelar frente a crímenes, y contempla como sanciones la privación de libertad en régimen cerrado y semicerrado. Un Juez de Garantía es un juez unipersonal cuyo rol es cautelar los derechos del imputado y la legalidad del proceso investigativo.
El sistema de penas de esta ley se basa en el código penal. El artículo 21 permite la rebaja inmediata de un grado a partir del mínimo penal para el ilícito correspondiente, pudiendo el juez rebajar o aumentar grados según atenuantes y agravantes. La ley ofrece un abanico de penas, privativas y no privativas de libertad, según la gravedad del delito.
Las sanciones no privativas de libertad incluyen: amonestación, multa, reparación del daño causado, servicios en beneficio de la comunidad, libertad asistida y libertad asistida especial.
Desafíos en la Implementación de la Ley
La postergación de la ley se debió a la falta de una oferta programática completa, especialmente la infraestructura necesaria para el cumplimiento de la sanción de privación de libertad en régimen semicerrado. Además, no existía una oferta intersectorial adecuada para adolescentes, tanto privados como no privados de libertad, que permitiera cumplir con los estándares de acceso a la educación regular, capacitación laboral y tratamiento especializado de salud mental y desintoxicación.
El Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (CONACE) instalará en los centros de cumplimiento de sanciones privativos de libertad, centros de corta estadía y equipos de tratamiento para el consumo problemático de drogas, así como, en coordinación con el Ministerio de Salud, para trastornos severos de salud mental. Una oferta similar se instalará en el medio libre para adolescentes cumpliendo sanciones no privativas de libertad.
Investigaciones y Falencias Institucionales
Una investigación del Poder Judicial y UNICEF, sobre cómo viven los 15.000 niños supuestamente protegidos por el Estado, no solo reveló la presencia extendida de abuso sexual y violencia. Cada vulneración de derechos detectada está ligada a un fallo de los organismos que deben proteger a esos niños: el SENAME y el Poder Judicial. En 2011, el SENAME, en una encuesta a 4.000 niños del sistema residencial, registró que más de 200 niños reportaron tocamientos genitales y más de 150 fueron obligados a tocar partes íntimas de otros.
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A medida que la discusión avanza y se suman nuevas instituciones a investigar la vida, usualmente invisible, de los niños en el sistema de protección, queda claro que hay un enorme problema de presupuesto; el Fisco entrega un tercio de lo que se necesita para mantener a un niño en el sistema. Si la situación de los niños bajo protección del Estado no cambia, sería un fracaso institucional de nivel nacional.
La Comisión Jeldres y sus Hallazgos
La investigación que provocó este remezón es el resultado de un convenio entre UNICEF y el Poder Judicial, encabezado por la jueza Mónica Jeldres. El estudio en terreno abordó las condiciones de vida de 6.500 niños en 10 regiones e identificó los principales nudos críticos del sistema de protección. La Comisión Jeldres detectó la presencia constante de abuso sexual, a veces por parte de guardadores, pero mayoritariamente por otros jóvenes internos. En las Aldeas Infantiles SOS, un 10% de los niños bajo cuidado de esa institución participaron en algún tipo de abuso sexual como víctima o agresor.
También se registró violencia física y verbal por parte de guardadores o niños mayores, y castigos como el encierro o privación de alimentos. La Comisión identificó 28 hogares con antecedentes de violencia de adultos contra niños; 45 hogares con datos de violencia entre menores; nueve hogares con antecedentes de abusos sexuales cometidos por un adulto contra un niño; y 10 hogares con datos de abuso sexual entre niños internos.
Ocultamiento y Críticas al Poder Judicial
A fines de 2012, cuando los resultados de la Comisión Jeldres estaban por ordenarse, el equipo fue intervenido por el ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño. La jueza Jeldres renunció y su puesto fue ocupado por la magistrada Gloria Negroni. Administrado por Carreño y el SENAME, el informe fue cuestionado metodológicamente y olvidado. El SENAME ha recibido la mayor parte de las críticas por su reacción tardía, pero las acusaciones más graves se han dirigido al Poder Judicial, coautor de la investigación e inversor de 200 millones de pesos, por su intento de mantener en reserva los resultados.
Según la socióloga Carolina Bascuñán, Carreño se opuso a la difusión para proteger la identidad de los niños y evitar la alarma pública. Sin embargo, ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Carreño ofreció otra explicación. La vocera de UNICEF, Francisca Palma, explicó que el Poder Judicial, como mandante del estudio, decidía qué hacer con la información. Fuera de duda, fue Héctor Carreño quien decidió que los datos de la encuesta no fueran investigados por los Tribunales de Familia, a pesar de que los jueces tienen amplias facultades para intervenir hogares y terminar con los abusos.
La Lógica Institucional y las Metas de Gestión
La abogada Paulina Gómez, miembro de la Comisión Jeldres, criticó ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados que, además de la falta de recursos, existe una lógica institucional que hace que los jueces no se preocupen por la suerte de los niños en el sistema. Los jueces, al enviar a un niño a un hogar, suelen cerrar la causa, como si el problema estuviera resuelto. Sin embargo, la internación en un hogar no es una solución, sino un lugar de paso para apoyar a la familia o buscar una nueva. Mientras tanto, el niño debe recibir tratamiento para superar lo vivido. En un sistema con 15 mil niños, debería haber 15 mil causas abiertas.
Esto se debe a que "se afectan las estadísticas de causas terminadas y las metas de gestión del Poder Judicial", fijadas por el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema y el Ministerio de Hacienda. La meta de este año es que el 85% de las causas deben estar terminadas en 120 días. Estas metas impulsan a los jueces de familia a cerrar causas a toda costa, afectando principalmente las causas de protección de niños y violencia intrafamiliar, donde las personas sin recursos acuden sin abogado. Esas causas se cierran sin siquiera abrir un juicio, para subir las estadísticas. Ante los diputados, la abogada Gómez defendió que los jueces están obligados a exigir el cumplimiento de los derechos de los niños, según los convenios internacionales. Si la autoridad no cumple, se le decreta el pago de una multa o el arresto. Este mensaje, que transforma a los jueces en agentes activos de protección, fue transmitido en las "jornadas de transferencia técnica" de la Comisión Jeldres, suspendidas cuando Carreño intervino la comisión.
El diputado Ricardo Rincón afirmó que la Comisión Jeldres actuó siguiendo la Convención de los Derechos de los Niños, "y parece que a la Corte Suprema no le agradó". Ejemplificó con dos casos en la Región de O’Higgins: un juez apremió a la autoridad con arresto, logrando atención psiquiátrica para un niño violado de siete años. En contraste, una niña de 13 años violada por su padrastro en el hospital de Rengo, sin que el juez apremie, está siendo dopada sin atención psiquiátrica por falta de recursos.
Reacción Tardia del SENAME
Otra autoridad en una posición delicada es el director del SENAME, Rolando Melo, quien en marzo recibió los datos de la Comisión Jeldres sobre graves situaciones detectadas. Se cuestiona por qué la publicación de CIPER fue necesaria para que los hechos fueran canalizados a través de un fiscal, y por qué lo que se está haciendo ahora no ocurrió en marzo. Entre los datos recibidos por SENAME están 12 casos de abusos sexuales de la encuesta de UNICEF. Rolando Melo señaló que la encuesta no identificaba a los niños, dificultando la protección de los denunciantes. La jefa del departamento de Protección de Derechos del SENAME, Angélica Marín, explicó que, tras cinco meses de trabajo, solo pudieron identificar cinco situaciones similares. Tanto Melo como Marín insistieron en que UNICEF se equivocó al hacer encuestas anónimas. Sin embargo, estas críticas resultan contradictorias, ya que la encuesta de UNICEF es una continuación de otra encuesta de 2011 del propio SENAME con las mismas características de anonimato, donde surgieron más de 200 casos de abuso sexual.
En el grupo de niños de 7 a 12 años, el 7,8% (157 niños) afirmó que alguien les había tocado partes íntimas de su cuerpo. Si se consideran solo los niños que acusan haber sido tocados, hay 238 casos que SENAME conoció en 2011, pero solo hubo 35 denuncias a la fiscalía ese año, y 48 en 2012. El SENAME distribuyó la circular Nº 18, estableciendo procedimientos para quienes detecten maltrato o delitos contra menores, con obligación de denunciar en no más de 24 horas. Sin embargo, no hay un registro nacional de la aplicación de estas circulares, y la institución no maneja las cifras de denuncias llegadas a tribunales por parte de sus funcionarios o colaboradores.
UNICEF ha reconocido que era posible mejorar el mecanismo de la encuesta para acelerar la protección de los niños abusados, pero la encuesta no se diseñó para recoger denuncias específicas. Además, la encuesta "Mi derecho a ser escuchado" del SENAME también muestra niveles similares de violencia: 15,7% de los niños menores de 13 años (313 casos) relata haber sido golpeado por adultos de la residencia y un 19,9% ha visto a adultos golpear a otros niños. La reacción del SENAME es lenta e ineficaz, como constató la Comisión Jeldres en Arica al denunciar la situación de dos hogares, Ajllasga y Sariri. Seis meses antes de su visita, una comisión del Ministerio de Justicia ya había entregado un duro informe sobre ambas residencias.
Historias de Abandono y Maltrato
Uno de los problemas más grandes que enfrenta una familia cuyo hijo es arrebatado por el SENAME es la distancia hacia las residencias, especialmente en regiones extremas con hasta 700 kilómetros entre ciudades, lo que provoca un irreversible desarraigo en los niños. Madres que deben recorrer 100 kilómetros para visitar a sus hijos difícilmente podrán recomponer los lazos. Una investigación de Ciper Chile, basada en el informe Jeldres, reveló que en la Aldea SOS de Ancud, el 69% de los niños estaban a más de 100 kilómetros de su comuna de origen y un 33% en "completo abandono". En Malleco, el 35% de los niños estaba a más de 100 kilómetros y el 17% en "completo abandono". En Antofagasta, un 31% de los niños está en "completo abandono".
El Drama de Silvana y Otros Casos
El drama de Silvana, quien llevó a investigar este tema, ilustra el problema. Con apenas dinero para comer, Silvana debía recorrer unos 100 kilómetros diarios para ver a sus hijos pequeños en Rengo y a los mayores en otra ciudad. En una ocasión, mostró fotos de su hijo menor con la piel irritada por no ser cambiado a tiempo, además de magulladuras y picadas de insectos. Todo esto sucedió porque una vecina prefirió llamar a Carabineros en lugar de ofrecer ayuda, y los niños fueron llevados a la vista de todos los vecinos que no hicieron nada. El día que Silvana perdió a sus hijos, había salido a vender ropa usada en la feria para obtener dinero.
La historia de Silvana hace pensar que en Chile no se ha avanzado en la protección de niños en riesgo social. Es imposible olvidar la descripción que hizo Sebastián, el hijo de Paulina (otra mujer conocida en uno de los hogares a quien le habían dado en adopción a sus dos hijas). Este pequeño caminaba solo por la línea del tren para ir de la desaparecida residencia El Olivar a un colegio en Rancagua. Había sido alejado de su madre porque supuestamente el padrastro era un abusador, pero tenía abuela y tías dispuestas a cuidarlo. Había un exceso de indolencia en quienes enviaban a estos niños al sistema de protección. Su profesora contó que pasaba hambre y frío, pero el sistema estaba por encima de lo que el colegio pudiera resolver. Tiempo después, tras ser recuperado por su madre gracias al compromiso de su abuela, Sebastián relató que los niños mayores lo obligaban a servirles y lo golpeaban cuando no hacía su voluntad. A veces se orinaba, lo que provocaba burlas y castigo de las guardadoras, e incluso lo aislaban y le negaban comida.
Otro caso impactante fue el de dos niñas de 12 y 14 años que escaparon de un hogar en Rancagua, dejando una carta en la que indicaban que se iban porque estaban cansadas de abusos y malos tratos. La Policía de Investigaciones montó un operativo como si buscaran delincuentes. Tras semanas de búsqueda, fueron encontradas en Pelequén, en casa de parientes. Las sacaron como si fuesen fugitivas de gran prontuario.
Yancarla: Un Caso Emblemático
La historia de estas menores recordaba a Yancarla, una niña que murió a los 16 años en Purén en 2012, tras años de deambular por hogares y casas de acogida supervisadas por el SENAME. Yancarla, que sufrió insuficiencia hepática y tres trasplantes, reveló en su primera estadía hospitalaria haber sido abusada por un familiar, hecho confirmado por informes médicos. De ahí ingresó al sistema de protección. Los jueces de familia hicieron lo posible por salvarla, pero ella no quería vivir. Tras el tercer trasplante, los especialistas dijeron que no resistiría uno más. Mientras, el sistema la "pasaba como un objeto caliente entre una y otra institución". Los jueces debían mendigar cupos para ella. Yancarla falleció el 30 de junio de 2012. Una intervención real, como una internación en una clínica psiquiátrica especializada, hubiera sido oportuna. En otros países desarrollados y en estratos altos de la sociedad se procede así, pero cuando Yancarla podía salvarse, el subsidio del Estado para casos complejos como el de ella no superaba los 170 mil pesos mensuales.
Es fundamental que la protección a menores en situación de riesgo sea garantizada por el Estado, más allá de organismos colaboradores privados.
Supervivientes y la Resistencia
A pesar de estas desgarradoras historias, se han conocido casos de jóvenes que lograron sobrevivir al SENAME. Hoy, varios de ellos son profesionales y padres de familia. Sorprende cómo personas que crecieron en tal vulnerabilidad, sin ejemplos ni modelos a seguir, pueden formar una familia. Ellos mismos decían no saber comprar en un supermercado, elegir un cuaderno o zapatos, pero se las arreglaron para criar a sus hijos sin ataduras ni traumas. Quienes más han contribuido a la inserción de estos jóvenes han sido ciudadanos comunes y corrientes.
La Esperanza y la Dura Realidad de la Institucionalización
Mariana (nombre ficticio), una niña que vivía en Lautaro, vio cómo muchos de sus hermanos de residencia, incluido su hermanito biológico, fueron llevados en adopción a Italia. Ella vivía con la esperanza de ser la elegida, pero nunca sucedió. "Cuando éramos muy pequeñas soñábamos que iba a llegar nuestra madre a rescatarnos. Apenas teníamos vagos recuerdos de ella, pero sabíamos que las madres amaban a sus hijos y que algo muy malo debió sucederles para que estuviéramos ahí. Pero eso nunca pasó. Luego nuestra esperanza era que nos adoptaran, y nos cruzábamos ante esas familias que iban a "vitrinear" a ver si nuestra mejor cara lograba conquistarlas. Un día y ya con resignación nos pusimos a pensar en qué iba a ser de nuestras vidas cuando nos abrieran la puerta y nos dijeran que ya éramos mayores y que debíamos partir. Claro, antes nos harían un par de talleres para hablarnos de la vida fuera del cautiverio, pero eso era todo. Yo me acostaba con mis compañeras de "prisión" a mirar el techo y pensar en cómo nos íbamos a quitar la vida cuando eso sucediera. Porque no imaginaba mi existencia sin saber dónde ir ni de qué vivir. Gracias a Dios un profesor de la Universidad de la Frontera que ya había apadrinado a otra chica antes, me ayudó a encontrar un hogar junto a una mujer sola quien me adoptó por unos meses. De ahí salí a buscar mi propio rumbo y con el firme propósito de estudiar”.
Pero existe otra realidad para quienes crecen institucionalizados, la más dura de todas, que intentan ocultar con la excusa de que son niños egresados. Lo más tremendo no es llegar a los 18 años en un hogar, sino el factor que hace que otra posibilidad sea la más temida por todo el sistema: le ocurre principalmente a aquellos niños que crecen violentados en las residencias. Esos que fueron sacados del nido familiar donde eran vulnerados, para ser protegidos, y terminan violados, torturados y abusados en el sistema que debía velar por su integridad. Aquellos que son castigados brutalmente por orinarse en la cama, e incluso privados de alimentos durante largas jornadas. Esos pequeños que son usados como empleados de los más grandes y que viven la violencia sexual intraresidencial, algo muy frecuente entre niños que vivieron altos niveles de promiscuidad en sus hogares. Estos son los que escapan y viven en la clandestinidad, convirtiéndose en presa fácil de delincuentes, proxenetas y narcotraficantes. Estos últimos los usan como soldados de primera línea en guerras entre pandillas y carteles de droga. Cuando son detenidos por robo u otros delitos, son abandonados a su suerte por los cabecillas, quienes los usaron principalmente por ser inimputables. Ahí conocen la otra cara del SENAME, la peor de todas: los centros de encierro o cárceles de menores. Algunos logran la libertad al poco tiempo, y otros simplemente escapan. De ahí comienza un peregrinaje de centro en centro hasta que finalmente son adultos y conocen la cárcel. Ese es el otro camino.
Hacia una Solución y el Informe Rettig para la Infancia
Reconocer abiertamente la situación y pedir perdón es el primer paso. Luego, se debe actuar para cambiar el destino de estos niños, para lo cual es necesario conocer la verdad. Por ello, junto a un profesor de la Universidad de la Frontera, se planteó la elaboración de un Informe sobre los crímenes cometidos en Chile contra menores de edad bajo protección del Estado, indagando hacia atrás y buscando testimonios de supervivientes de este inhumano sistema de crianza masiva de seres humanos, similar al Informe Rettig. Esto se planteó a la diputada Sabat antes de interpelar a la ministra de justicia, con el fin de evitar que este gran problema, que ya es una violación de los derechos humanos de niños en democracia y por parte del propio Estado, se convirtiera en una guerrilla política. Es un tema mucho más amplio que debe ser tomado en serio. La principal conclusión de la investigación es que la mayoría de quienes sobrevivieron al SENAME fueron jóvenes que recibieron una mano auxiliadora desde la propia sociedad, no del Estado.