En el ámbito social actual, el paradigma ha cambiado significativamente, defendiendo cada día más la igualdad de oportunidades. Si aspiramos a que esta tendencia se mantenga y la inclusión crezca, es fundamental abordar el ámbito laboral. Está claro que el trabajo es la gran herramienta de inclusión social para las personas con discapacidad intelectual.
El Desafío del Artículo 16 y la Discriminación Salarial
Una campaña contra la discriminación laboral busca eliminar el artículo que permite que personas con discapacidad intelectual ganen menos del sueldo mínimo. Luego de un año y medio de grabación, se decidió crear la campaña "Súmate ya: 'Los Niños' contra la discriminación laboral", la cual busca comprometer a las comunidades para presionar a las autoridades a que se elimine el artículo 16 de la Ley 18.600. Este artículo ha sido un impedimento para una integración real, ya que es imposible si las personas con discapacidad no pueden acceder al sueldo mínimo.
La expresidenta Michelle Bachelet se refirió a este tema en su último discurso, afirmando que "nada justifica que discapacitados reciban menos que el salario mínimo como remuneración". El Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) asegura que es necesario acelerar este proceso. Además, incorporar a personas con discapacidad ofrece varias ventajas para las empresas u organizaciones.
El artículo 16 es hoy un impedimento para poder cumplir con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y ser un país realmente inclusivo. Se refuta la creencia de que eliminar este artículo reduciría la contratación, pues "el artículo va asociado a la ley de cuotas similar a la de todos los países. Donde las grandes empresas están obligadas a tener contratado al menos un 2% de personas con discapacidad, por lo tanto, tienen que generar trabajo y salarios dignos". Se enfatiza que para que un país sea realmente inclusivo, se debe "dejar de ver a las personas con discapacidad como sujetos de caridad".
Panorama de la Discapacidad y el Empleo en Chile
Según datos del Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad del año 2015 (ENDISCII, 2015), 2.600 mil personas mayores de 18 años, correspondientes al 20% de la población en Chile, tienen algún tipo de discapacidad. De ellos, el 8,3% se encuentra en situación de discapacidad severa, el 11,7% en situación de discapacidad leve a moderada, y solo el 39,3% de las personas mayores de 18 años con discapacidad está trabajando.
En la región de Arica y Parinacota, el 28,9% (34.780 personas) de la población adulta se encuentra en situación de discapacidad, una proporción más alta que el promedio nacional. Según cifras entregadas por el Senadis, en el sector privado actualmente hay más de 7.600 empresas con más de 100 trabajadores, lo que podría habilitar más de 25 mil cupos laborales para personas con discapacidad.
La Nueva Ley de Inclusión Laboral: Avances y Desafíos
Todo sobre la Ley 21.015 de Inclusión laboral Chilena
Daniel Concha, director nacional de Senadis, explicó detalles de la nueva Ley de Inclusión Laboral, la cual establece una reserva de empleos del 1% para personas en situación de discapacidad en organismos del Estado (civiles y militares) y empresas privadas con 100 o más trabajadores o funcionarios. Además, la ley incluye la derogación del artículo número 16 de la Ley 18.600, que permitía a las personas con discapacidad mental percibir salarios menores que el sueldo mínimo.
Esta iniciativa legal será más rigurosa en el sector público y contempla fomentar una cultura laboral que valore la diversidad en la sociedad, incentivando un clima de respeto que contribuya a un desarrollo del país más inclusivo. Así, se consagra legalmente un sistema de inclusión laboral, tanto en el ámbito público como en el privado. Concha destacó que lo más importante de esta ley fue recoger muchas mociones parlamentarias que venían desde el 2006 y ser fruto de una discusión ciudadana en democracia, a pesar de que "había sectores que no querían Ley de Inclusión y otros que querían una Ley de Inclusión con un porcentaje más alto."
Implementación y Fiscalización
Respecto de la implementación de la ley, el director del Trabajo, Mauricio Peñaloza, señaló que "durante el primer año de implementación de la ley, la Dirección del Trabajo (DT) realizará una fiscalización colaborativa con las empresas, con el fin de que estas se sumen a la iniciativa de inclusión". También se agregó que "hay dos años para que las empresas puedan cumplir en forma directa con medidas alternativas, que es contratando personas con discapacidad o efectuando donaciones a fundaciones vinculadas con ello".
En el sector privado, la fiscalización del cumplimiento de la nueva normativa le corresponde a la Dirección del Trabajo, quien debe llevar un registro actualizado de los contratos de trabajo, sus modificaciones y términos, celebrados por las empresas con las personas con discapacidad o pensionados por invalidez. Para los órganos de la Administración del Estado, un reglamento establecerá los parámetros y procedimientos para dar cumplimiento a las obligaciones.
Es fundamental recalcar que las empresas o servicios no pueden optar por una discapacidad en particular en la contratación. En el caso de que no sea posible el cumplimiento total o parcial de la dotación del 1%, las entidades deberán remitir un informe fundado a la Dirección Nacional del Servicio Civil y al Servicio Nacional de la Discapacidad, explicando las razones para ello. Además, las personas con discapacidad no pierden su Pensión Básica Solidaria de Invalidez al ser contratadas por algún organismo del Estado o por una empresa, y el afiliado acogido a Pensión de Invalidez parcial transitoria que continúa trabajando, está obligado a efectuar las mismas cotizaciones de un trabajador activo.
Compromiso Gubernamental y Llamado a la Calidad del Empleo
La seremi (s) de Desarrollo Social, Denissa Donaire, expresó que "nuestro Gobierno está trabajando arduamente para avanzar en una sociedad más inclusiva y que respete los derechos de las personas con discapacidad". Por su parte, el seremi del Trabajo, José Zúñiga, destacó que "nuestro Gobierno tiene un sello marcado en el tema de la inclusión de las personas con discapacidad en cada una de sus políticas públicas".
"Nosotros queremos que esta ley se implemente lo antes posible, que cuanto antes las empresas y el Estado tengan contratos realizados de esta índole, y que esa cifra vaya mucho más allá del 1%, con empleos de calidad, donde se desarrollen y crezcan tanto profesional como personalmente", indicó el jefe de la cartera. Se hace un llamado a todas las empresas y servicios de Chile a cumplir esta ley "bien" y que los empleos entregados a las personas con discapacidad sean de calidad, donde ellos se desarrollen, "que les paguemos lo justo, que les subamos el sueldo cuando lo hacen bien, que seamos capaces de corregir para que las cosas anden mejor". El futuro portal "IncluyEmpleo" busca generar trabajos de forma efectiva y duradera, no siendo simplemente un mercado abierto de ofertas laborales.
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