La discapacidad forma parte del ser humano y es consustancial a la experiencia humana. Es el resultado de la interacción entre afecciones como la demencia, la ceguera o las lesiones medulares, y una serie de factores ambientales y personales. Se calcula que 1300 millones de personas, es decir, el 16% de la población mundial, sufren actualmente una discapacidad importante. Las desigualdades que enfrentan las personas con discapacidad se pueden exacerbar por factores como la orientación sexual, la religión, la raza, la etnia y la situación económica.
Desafíos y Desigualdades en Salud para Personas con Discapacidad
Factores Estructurales y Sociales
Las desigualdades en materia de salud se derivan de las situaciones injustas a las que se enfrentan las personas con discapacidad. Estas personas experimentan el capacitismo, la estigmatización y la discriminación en todas las facetas de su vida, lo que afecta directamente a su salud física y mental. Esta situación no solo las perjudica a ellas, sino también a las personas que las atienden (en su mayoría mujeres y niñas).
Además, las personas con discapacidad suelen quedar al margen de las intervenciones de salud pública, lo que impacta negativamente su acceso a la actividad física y otros servicios esenciales. Un ejemplo de estas disparidades se observó durante la pandemia de COVID-19, donde se registraron tasas de mortalidad más elevadas entre las personas con discapacidad intelectual, quienes también tuvieron menos probabilidades de recibir servicios de cuidados intensivos.
Barreras en el Sistema de Salud
Las personas con discapacidad se enfrentan a barreras significativas en todos los aspectos del sistema de salud. Estas incluyen la inaccesibilidad de las instalaciones y la información, así como la falta de datos y análisis sobre discapacidad que impiden una planificación adecuada y una atención inclusiva.
Marcos y Estrategias para la Inclusión en Salud
Existen dos marcos internacionales importantes en relación con la equidad en la salud para las personas con discapacidad. La inclusión de las personas con discapacidad es fundamental para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible y abordar las prioridades mundiales de la estrategia para hacer realidad la salud para todos.
La cobertura sanitaria universal no se logrará si las personas con discapacidad no reciben servicios de salud de calidad en condiciones de igualdad con las demás personas. La inversión en la inclusión de la discapacidad supondrá un beneficio no solo en el plano individual, sino también en el comunitario. Se estima que por cada US$ invertido en la aplicación de medidas de prevención y atención de las enfermedades no transmisibles que incluyan a las personas con discapacidad, se podría obtener un rendimiento de casi US$ 10.
Organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proporcionan a los Estados Miembros y los asociados para el desarrollo datos empíricos, análisis y recomendaciones actualizados en relación con la inclusión de la discapacidad en el sector de la salud, buscando asegurar servicios de salud eficaces como parte de la cobertura sanitaria universal, igual protección ante las emergencias y acceso igualitario a las intervenciones de salud pública intersectoriales.
QUE SON los17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE what are the 17 sustainable development goals
Derechos y Beneficios Fundamentales para Personas con Discapacidad
Reconocimiento y Evaluación de la Discapacidad
La persona con discapacidad tiene derecho a ser evaluada médicamente, tanto en el sector público como en el privado, para obtener la calificación oficial de su discapacidad.
Beneficios Económicos y Sociales
Las normas legales y reglamentarias que regulan los sistemas de pensiones no suelen contemplar incompatibilidad legal entre una pensión de invalidez, ya sea total o parcial, y un trabajo remunerado, permitiendo la autonomía económica.
Pensión de Invalidez y Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS)
El monto de la pensión de invalidez se financia con los recursos previsionales acumulados por el propio trabajador o trabajadora en su AFP, complementados con el aporte del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), siempre que se cumplan los requisitos para acceder a dicho seguro. Dado que todas las personas trabajadoras enfrentan el riesgo de invalidez o fallecimiento, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) están obligadas a contratar, de manera conjunta, un seguro que proteja a sus afiliados.
Este seguro, denominado Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), tiene por objetivo complementar los fondos acumulados en la cuenta de la AFP para financiar una pensión de invalidez o sobrevivencia. En el caso de las y los trabajadores dependientes, el SIS es financiado íntegramente por los empleadores durante toda la vida laboral activa, correspondiendo a un porcentaje de la remuneración imponible de cada trabajador o trabajadora. Para las personas trabajadoras independientes obligadas a cotizar, el pago se efectúa con las retenciones aplicadas a las boletas de honorarios.
Este sistema puede presentar particularidades, por ejemplo, cuando las mujeres presentan una menor siniestralidad que los hombres y la prima del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia es uniforme para todas las personas afiliadas.
Es importante destacar que el accidente del trabajo es toda lesión que sufra un trabajador a causa o con ocasión del trabajo o de sus cometidos gremiales, y que le produzca incapacidad o muerte, siendo una de las causales para acceder a estos beneficios.
Pensiones y Aportes Solidarios
La Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) es un beneficio dirigido a personas entre 18 y 64 años. En tanto, el Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APSI) es un complemento monetario financiado por el Estado, destinado a personas entre 18 y 64 años que perciban una pensión de invalidez.
Subsidio de Vivienda
Existen subsidios especiales del Ministerio de Vivienda, en diversos países, para adquirir viviendas que serán permanentemente habitadas por personas con discapacidad, facilitando su autonomía e integración.
Inclusión y Accesibilidad
Accesibilidad en Edificios
Los usuarios de sillas de ruedas tienen derecho al fácil acceso y tránsito en edificios de uso público o que presten servicios a la comunidad, garantizando su participación plena en la sociedad.
Educación Inclusiva
Las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a los establecimientos públicos y privados de enseñanza regular o de educación especial, que reciban subvenciones del Estado. Los establecimientos de educación parvularia, básica y media, deben tener planes para alumnos con necesidades especiales. Asimismo, los establecimientos de enseñanza regular deben implementar adecuaciones de currículum, infraestructura y materiales de apoyo para permitir el acceso de personas con discapacidad.
Reconocimiento de la Lengua de Señas
El Estado de Chile, entre otros países, reconoce la lengua de señas como medio de comunicación natural y oficial de la comunidad sorda, promoviendo su uso y difusión para garantizar el acceso a la información y la comunicación.
Participación Cívica
Existen sanciones penales para quienes impidan, obstaculicen o dificulten maliciosamente el voto de un elector con discapacidad, asegurando su derecho fundamental a la participación democrática.
Salud y Privacidad
Las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a programas estatales o a prestaciones en la salud pública destinadas a su rehabilitación. Además, las personas con discapacidad psíquica o intelectual tienen derecho a que se resguarde la reserva de su ficha clínica, garantizando la privacidad y confidencialidad de su información personal de salud.
Inclusión Laboral
En el marco de la Ley de Inclusión Laboral para personas con discapacidad, que comenzó a regir el 1 de abril del 2018 en Chile, cerca de 7.600 empresas deben cumplir con esta normativa. Es fundamental destacar que las empresas o servicios no pueden optar por una discapacidad en particular en la contratación, garantizando un trato equitativo y sin discriminación.
Asimismo, las personas con discapacidad tienen derecho a celebrar el contrato de aprendizaje contemplado en el Código del Trabajo, facilitando su inserción y desarrollo profesional en el mercado laboral.
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