Desafíos y Avances en la Inclusión de Personas con Discapacidad en Chile

En Chile, la inclusión de la población con discapacidad, que representa un 20% del total y asciende a más de 2.600.000 personas, sigue enfrentando grandes desafíos. A pesar de que existen políticas públicas para terminar con la discriminación, estas no han sido suficientes para disminuir totalmente la brecha.

La sociedad chilena conmemoró el pasado 3 de diciembre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha clave para reflexionar sobre los desafíos y avances en la inclusión de este grupo. Según la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia de 2022, más de 2,7 millones de adultos en Chile presentan algún tipo de discapacidad. A pesar de los esfuerzos legislativos y sociales, estas personas se siguen enfrentando a desigualdades en el acceso a diversos ámbitos de la vida.

Marco Legal y Políticas de Inclusión en Chile

El país ha avanzado en la promulgación de leyes destinadas a fomentar la igualdad de condiciones. Desde la promulgación de la Ley Nº 21.015 en 2017, conocida como la Ley de Inclusión Laboral, se implementaron medidas para fomentar la igualdad de condiciones en el trabajo. Esta norma prohíbe la discriminación por discapacidad y obliga a las empresas con más de 100 trabajadores a destinar al menos el 1% de sus contrataciones a personas con discapacidad.

En los últimos años, Chile ha seguido fortaleciendo estas medidas con normativas como la Ley N° 21.275, que promueve políticas inclusivas dentro de las empresas, y la reciente Ley N° 21.690, publicada en agosto de este año. Esta última, considerada una actualización de la Ley de Inclusión Laboral, introdujo importantes cambios, como el aumento de la cuota de contratación a un 2% en empresas con más de 100 empleados, aunque su aplicación efectiva depende del cumplimiento previo del 1%.

La efectividad de estas políticas aún está en discusión, especialmente considerando la brecha entre la normativa y su cumplimiento. Cerca de 7.600 empresas deberán cumplir con la Ley de Inclusión Laboral para personas con discapacidad, la cual comenzó a regir el 1 de abril del 2018.

Iniciativas para la Participación Ciudadana y Educación

Actualmente existe una iniciativa que está siendo discutida en la Comisión Mixta, la cual busca que exista una cuota de personas con discapacidad en las listas de la Convención Constitucional. Esta indicación propone que tiene que haber un porcentaje de un 5% del total de candidaturas de las listas para estas personas, con el objetivo de que se hable "desde la discapacidad".

En el ámbito educacional, según datos entregados por la Fundación Tacal, actualmente una de cada dos personas con discapacidad termina la enseñanza básica. Para abordar esta situación, la entidad busca entregar los implementos necesarios para poder capacitarse, sean computadores, tablets e incluso la conexión a internet.

Obstáculos Persistentes y Barreras Comunes

A pesar de los avances legislativos, expertos señalan que los esfuerzos no son suficientes y que aún queda pendiente derribar barreras culturales, de accesibilidad y los prejuicios que limitan la participación plena de las personas con discapacidad en el mercado laboral y la sociedad en general.

Obstáculos en la Inclusión Laboral

Matías Poblete, presidente fundador de la Fundación Chilena para la Discapacidad (FCHD), subraya que "los prejuicios y la falta de accesibilidad son los mayores desafíos. Los empleadores tienden a reducir a las personas con discapacidad a estereotipos negativos, ignorando sus talentos y competencias. Esto genera discriminación y una percepción errónea de sus capacidades".

Poblete añade que la falta de infraestructura adecuada, desde veredas hasta transporte público, dificulta el acceso de estas personas a sus lugares de trabajo, incluso si cumplen con todos los requisitos profesionales. Desde una perspectiva empresarial, María José Bachelet Piera, consultora en diversidad e inclusión de Michael Page, comenta que, aunque algunas empresas han logrado avanzar en implementar ajustes y políticas inclusivas, muchas iniciativas se quedan "en el discurso". Según Bachelet, "la inclusión laboral no debe ser una estrategia publicitaria, sino un compromiso genuino que permita a las personas desarrollarse plenamente en un entorno respetuoso y libre de prejuicios".

Poblete advierte que, sin una fiscalización rigurosa, leyes como la N° 21.690 corren el riesgo de quedarse en el papel. "La falta de mecanismos de supervisión genera desconfianza entre las personas con discapacidad, quienes sienten que sus derechos no se están garantizando", añade. Para el vocero de la FCHD, a pesar de que Chile cuenta con una de las legislaciones más avanzadas de América Latina, la falta de cumplimiento y fiscalización efectiva dan cuenta de la necesidad de combinar las normativas con incentivos y sanciones claras. Poblete insiste en que es fundamental crear entornos laborales accesibles y fomentar una cultura de igualdad de oportunidades para que las contrataciones impulsadas por ley sean sostenibles.

Siete Barreras Comunes para las Personas con Discapacidad

A menudo existen múltiples barreras que pueden dificultar extremadamente el desempeño de las personas con discapacidades, y hasta hacerlo imposible. A continuación, se detallan las siete barreras más comunes:

1. Barreras de actitud: Estas son las más básicas y contribuyen a otras barreras. Por ejemplo, algunas personas pueden no ser conscientes de que las dificultades para llegar o entrar a un lugar pueden limitar la participación de una persona con una discapacidad en las actividades comunes y de la vida cotidiana. Estigma, prejuicio y discriminación: Dentro de la sociedad, estas actitudes pueden provenir de las ideas que las personas tienen acerca de la discapacidad. Actualmente está mejorando el entendimiento que tiene la sociedad acerca de la “discapacidad” al aceptarla como algo que ocurre cuando las necesidades funcionales de una persona no son abordadas en su entorno físico y social.
2. Barreras de comunicación: Son las que experimentan las personas que tienen discapacidades que afectan la audición, el habla, la lectura, la escritura o el entendimiento, y que usan maneras de comunicarse diferentes a las utilizadas por quienes no tienen estas discapacidades. Ejemplos incluyen mensajes de promoción de la salud escritos con barreras que impiden que las personas con deficiencias de la visión los reciban, o mensajes de salud auditivos que puedan ser inaccesibles para las personas con deficiencias de audición.
3. Barreras físicas: Son obstáculos estructurales en entornos naturales o hechos por el hombre, los cuales impiden o bloquean la movilidad (desplazamiento por el entorno) o el acceso.
4. Barreras políticas: Con frecuencia están ligadas a la falta de concientización o a no hacer cumplir las leyes y regulaciones existentes que exigen que los programas y las actividades sean accesibles para las personas con discapacidades.
5. Barreras programáticas: Limitan la prestación eficaz de un programa de salud pública o atención médica a personas con diferentes tipos de deficiencias.
6. Barreras de transporte: Se deben a la falta de transporte adecuado que interfiere con la capacidad de una persona de ser independiente y de funcionar en sociedad.

La Inclusión como Compromiso Ético y Cultural

Superar estos obstáculos requiere un cambio cultural profundo. Poblete y Bachelet coinciden en que las empresas deben adoptar la inclusión como un valor intrínseco y no solo como una obligación legal. Esto implica no solo contratar a personas con discapacidad, sino también garantizar que sus entornos laborales sean accesibles y respetuosos. Bachelet señala que uno de los mayores retos es vencer los prejuicios y el temor a lo desconocido. Además, alerta sobre el impacto negativo que las pruebas tecnológicas mal adaptadas pueden tener en los procesos de selección, insistiendo en que "es clave que estas herramientas sean inclusivas para garantizar igualdad de oportunidades".

Un aspecto que aún está en deuda es la presencia de personas con discapacidad en cargos de liderazgo. Bachelet insiste en que se debe fomentar su desarrollo en posiciones estratégicas, ya que esto enriquece la diversidad organizacional.

Derechos Reconocidos y Apoyos Existentes para Personas con Discapacidad

En Chile, las personas con discapacidad son sujetos de derecho y cuentan con diversas garantías legales:

• Reconocimiento de la discapacidad: Tienen derecho a ser evaluadas médicamente, tanto en el sector público como en el privado, para obtener la calificación de la discapacidad.
• Subsidio de vivienda: Existen subsidios especiales del Ministerio de Vivienda para adquirir viviendas que serán permanentemente habitadas por personas con discapacidad.
• Votar sin presiones: Existen sanciones penales para quienes impidan, obstaculicen o dificulten maliciosamente el voto de un elector con discapacidad.
• Edificios: Los usuarios de sillas de ruedas tienen derecho al fácil acceso y tránsito en edificios de uso público o que presten servicios a la comunidad.
• Inclusión educativa: Las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a los establecimientos públicos y privados de enseñanza regular o de educación especial, que reciban subvenciones del Estado. Los establecimientos de educación parvularia, básica y media deben tener planes para alumnos con necesidades especiales e implementar adecuaciones de currículum, infraestructura y materiales de apoyo para permitir el acceso.
• Reconocimiento de lengua de señas: El Estado de Chile reconoce la lengua de señas como medio de comunicación natural de la comunidad sorda.
• Prevención y rehabilitación: Las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a programas estatales o a prestaciones en la salud pública destinadas a su rehabilitación. En el país existen 10 Centros Comunitarios de Rehabilitación (CCR) ubicados en zonas rurales y 96 Centros de Rehabilitación Integral, aunque muchas comunas en Chile no disponen de estos centros, lo que dificulta el acceso físico a los centros de salud, especialmente en zonas aisladas.
• Ficha clínica: Las personas con discapacidad psíquica o intelectual tienen derecho a que se resguarde la reserva de su ficha clínica.
• Contratos de aprendizaje: Las personas con discapacidad tienen derecho a celebrar el contrato de aprendizaje contemplado en el Código del Trabajo.

Es importante destacar que las empresas o servicios no pueden optar por una discapacidad en particular en la contratación, garantizando la igualdad de oportunidades.

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