El sistema de pensiones en España, basado en un modelo de reparto, se encuentra en un constante debate sobre su sostenibilidad. Este sistema, que se fundamenta en la solidaridad intergeneracional, implica que las cotizaciones de los trabajadores activos en un momento dado financian las pensiones de los jubilados en ese mismo periodo. Para su correcto funcionamiento, es esencial que exista una proporción favorable entre el número de cotizantes (afiliados a la Seguridad Social) y el de pensionistas.
La tasa de crecimiento anual de la afiliación media a la Seguridad Social (4,7%) supera significativamente el crecimiento del número de pensiones (1,02%). Sin embargo, la relación entre cotizantes ocupados y pensionistas se ha mantenido relativamente estable en la última década. Este equilibrio se ha logrado gracias a que el incremento en casi un millón de perceptores de pensiones ha sido compensado por un aumento de casi dos millones de trabajadores cotizantes.
En cuanto a la distribución de los cotizantes, el régimen general agrupa a la mayoría, con 14,7 millones de afiliados. A estos se suman 3,3 millones de autónomos, 64.681 trabajadores del régimen del Mar y 1.068 del Carbón. En total, se registran seis millones de pensiones de jubilación.
El desafío demográfico y la tasa de dependencia
Uno de los principales indicadores de la sostenibilidad del sistema de pensiones es la tasa de dependencia, que mide la cantidad de afiliados a la Seguridad Social por cada pensionista. Actualmente, esta ratio se sitúa en 2,42, el nivel más bajo desde 2002. Tradicionalmente, se considera que un sistema de reparto está financieramente saneado y es sostenible cuando la tasa de dependencia se encuentra en torno a 2,5 cotizantes por pensionista, y en condiciones óptimas a partir de 3.
España llegó a registrar una tasa de 2,7 en 2007. Si bien el Ministerio de Empleo cifra la ratio actual en 2,4, este cálculo incluye a los 2,7 millones de desempleados por los que el Estado cotiza. Si se excluyeran, la tasa descendería a 2, rozando el límite de sostenibilidad.
La situación se agrava si se considera el número de pensiones abonadas en lugar del número de pensionistas, dado que cerca de un millón de beneficiarios perciben más de una pensión. En julio, con 17.031.738 afiliados cotizando, se abonaron 8.918.804 pensiones, lo que resulta en menos de dos cotizantes (1,9) para financiar cada pensión.
A pesar de estas cifras, la existencia de una caja única en el sistema de Seguridad Social español, donde el Estado centraliza la recaudación y el pago de pensiones, mitiga las diferencias territoriales. Sin este mecanismo, comunidades como Asturias o Galicia, con tasas de dependencia cercanas a 1, tendrían dificultades para financiar sus pensiones. La provincia de Orense, con una tasa de dependencia de 0,93, presentaría una quiebra técnica.
Esta disparidad se explica, en parte, por el movimiento de jubilados: muchos trabajadores que cotizaron en comunidades económicamente más dinámicas, como Cataluña o Madrid, regresan a sus provincias de origen al jubilarse, figurando allí como pensionistas.
Evolución histórica y reformas del sistema de pensiones
La Seguridad Social en España tiene sus raíces en la Comisión de Reformas Sociales de 1883 y el posterior Instituto de Reformas Sociales en 1905. En 1908 se creó el Instituto Nacional de Previsión, sentando las bases de un sistema de jubilación voluntario auspiciado por el Estado. Posteriormente, el Fuero del Trabajo (1938) y el Seguro Obligatorio de Enfermedad (1942) marcaron hitos en la configuración de los seguros sociales.
La Constitución de 1978 consolidó el régimen público de Seguridad Social, garantizando la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad. El artículo 41 de la Constitución reconoce este derecho, y el Real Decreto Legislativo 8/2015 refundió la Ley General de la Seguridad Social.
En la década de los ochenta, se implementaron medidas para mejorar la acción protectora, como la equiparación de bases de cotización a salarios reales, la revalorización de pensiones según el IPC y la ampliación de los periodos de cotización. También se inició la separación de funciones de financiación, destinando las cotizaciones a prestaciones contributivas y la cobertura financiera de las no contributivas a la ampliación general.
Desde 1986, España se adhiere a la normativa de la Unión Europea para la coordinación de los sistemas de seguridad social, garantizando que un ciudadano solo cotice en un país y pueda percibir prestaciones en otro.
Reformas recientes y medidas de sostenibilidad
Ante el envejecimiento de la población y la inversión de la pirámide poblacional, España ha implementado reformas para asegurar la sostenibilidad del sistema. Entre 2011 y 2013 se retrasó la edad de jubilación de los 65 a los 67 años (con un periodo de transición hasta 2027) y se modificó el cálculo de las pensiones, ampliando las bases de cotización consideradas para el mismo (de las 15 a las 25 últimas años).
Asimismo, se introdujeron el factor de revalorización (que prevé un aumento mínimo del 0,25%) y el factor de sostenibilidad (para ajustar la pensión en función de la esperanza de vida). Estas medidas buscan reducir el coste de las pensiones para el sistema, cuyo déficit se ha mantenido en torno al 1,6-1,7% del PIB en los últimos años, alcanzando máximos históricos en cifras absolutas.
El gasto público en pensiones en España es ligeramente superior a la media de la OCDE, y la tasa de reposición (porcentaje que representa la pensión respecto al último salario) es también mayor en España (alrededor del 82%) que en la OCDE (algo más del 55%). A pesar de las reformas para retrasar la edad de jubilación, la edad real de retiro se sitúa por debajo de los 65 años, en 62,2 años.
Sistemas de pensiones en otros países
La presión demográfica sobre los sistemas de pensiones es un fenómeno global. Muchos países han implementado reformas para garantizar su sostenibilidad, incluyendo el retraso progresivo de la edad de jubilación. Se estima que en 2030, la edad de jubilación se situará en los 67 años en la mayoría de los países de la UE.
Los sistemas de pensiones más comunes son los de reparto, que pueden ser asistenciales (cubren necesidades básicas) o contributivos (dependen de las cotizaciones). Algunos países europeos han adoptado sistemas de cuentas nocionales (como Suecia e Italia), donde las cotizaciones virtuales se acumulan en cuentas individuales para calcular la pensión. Otros optan por sistemas de capitalización, donde cada individuo cotiza para su propia pensión, combinando a menudo sistemas públicos y privados.
En cuanto al cálculo de las pensiones, mientras España utiliza los últimos 25 años de cotización, 19 de los 28 países de la UE consideran la etapa laboral completa. Respecto a la revalorización, algunos países aplican la evolución de los precios (IPC), otros la de los salarios, y algunos incluyen el PIB o factores de sostenibilidad.
Debate sobre la sostenibilidad y el modelo de "mochila"
El sistema de pensiones español se enfrenta a un déficit estructural, exacerbado por el envejecimiento de la población y la disminución de los salarios reales. Algunos expertos, como el abogado Ignacio de la Calzada, proponen un sistema de "mochila", donde las aportaciones individuales se acumulen en un fondo personal que pueda rentabilizarse, garantizando un capital basado en las propias contribuciones.
De la Calzada argumenta que el sistema actual, basado en la afiliación, es frágil, ya que la falta de afiliados compromete el pago de las pensiones. "Tú no estás pagando tu jubilación", explica, "las cotizaciones que estás abonando se utilizan para pagar las jubilaciones de hoy a los pensionistas".
Sin embargo, el Gobierno y la mayoría de los expertos recalcan que el sistema de reparto, si bien enfrenta desafíos, se planteó como una solución para garantizar la solidaridad intergeneracional y la protección social, y no como una estafa.
Aspectos clave del sistema de Seguridad Social en España
La Seguridad Social española, gestionada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se organiza en torno a un Régimen General, que es el más extendido y supletorio de los demás. La afiliación es obligatoria y única para toda la vida, y la cotización se realiza desde el inicio de la actividad laboral.
El sistema se financia a través de una caja única, donde las cotizaciones de todos los trabajadores contribuyen al pago de las pensiones públicas. El informe de vida laboral permite consultar el tiempo cotizado.
En enero de 2021, las prestaciones contributivas de la Seguridad Social ascendieron a 10.087,70 millones de euros, de los cuales más de 7.000 millones se destinaron a pensiones de jubilación. A finales de ese mes, se abonaron 9.811.124 pensiones contributivas.
El déficit de la Seguridad Social ha sido una constante en los últimos años, con cifras que han oscilado entre el 0,07% y el 1,7% del PIB desde 2011. La crisis económica de 2008 y los cambios demográficos han sido factores determinantes en esta situación.
Tipos de jubilación en España
El sistema español contempla diversas modalidades de jubilación:
- Jubilación ordinaria: Se produce al alcanzar la edad legal establecida, con un mínimo de 15 años cotizados.
- Jubilación anticipada: Permite retirarse antes de la edad ordinaria, pudiendo ser voluntaria, por cese no voluntario, por discapacidad o por razón de grupo profesional. Generalmente, implica coeficientes reductores que penalizan el importe de la pensión.
- Jubilación demorada: Consiste en seguir trabajando después de la edad ordinaria, obteniendo un porcentaje adicional en la pensión por cada año cotizado extra.
- Jubilación flexible: Permite compatibilizar la percepción de una pensión con un trabajo a tiempo parcial.
- Jubilación parcial: Se puede acceder a ella con una edad inferior a la ordinaria, siempre que se reduzca la jornada laboral y se celebre un contrato de relevo.
El cálculo de la pensión de jubilación se basa en la base reguladora, que se determina a partir de las bases de cotización de los últimos 25 años. El porcentaje de la base reguladora que se percibe como pensión depende de los años cotizados (un mínimo de 15 años para el 50%).
Adicionalmente, existen las pensiones no contributivas, destinadas a ciudadanos en edad de jubilación que no cumplen los requisitos para acceder a una pensión contributiva, garantizando una prestación económica y asistencia social básica.
El sistema de pensiones español. El reto de la sostenibilidad y la suficiencia
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