Marco Normativo y Protección de los Derechos de la Infancia
Las normas establecidas determinan la forma y condiciones en que el Servicio Nacional de Menores (Sename) subvencionará a sus colaboradores acreditados, garantizando que la acción desarrollada respete y promueva los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes bajo su atención.
La Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada a la legislación chilena a través del D.S. N° 830 del Ministerio de Relaciones Exteriores de 1990, establece en su artículo 3 que el interés superior del niño será una consideración primordial en todas las acciones. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas legalmente responsables.
Por su parte, el artículo 4 de la Convención indica que los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en ella.
El artículo 12 de la Convención garantiza al niño, en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afectan, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones en función de su edad y madurez.
Adicionalmente, el artículo 19 de la Convención señala que los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras se encuentre bajo la custodia de sus responsables.
Irregularidades en la Gestión de Fondos del Sename
Se ha revelado que el Sename destina anualmente cerca de $240 mil millones a organismos colaboradores externos (OCAS), quienes administran residencias o programas de atención a menores. Cada año, una parte de estos recursos no es gastada o es rechazada por el Sename. Estos saldos sin ejecutar o por cobrar no dejan rastro en la contabilidad del servicio, lo que ha llevado a la directora del servicio a presentar una denuncia ante la Fiscalía por fraude al Fisco.
La jefa de Finanzas del Sename también realizó una denuncia similar, asegurando haber informado los hechos dentro de la entidad sin ser escuchada. A través del Oficio Reservado N° 460, con fecha 8 de noviembre, la directora del Sename, Rosario Martínez, interpuso una denuncia ante la Fiscalía Centro Norte.
El fraude denunciado se habría ejecutado con los saldos de las subvenciones que el Sename entrega a los Organismos Colaboradores Acreditados (OCAS). Estos prestadores privados administran residencias o programas de atención a menores. La inexistencia de documentación de respaldo para establecer el destino de estos saldos podría estar ocultando una pérdida significativa de fondos públicos destinados a la protección de niños vulnerados.
En 2018, el Observatorio para la Confianza informó que el 96,4% de los centros residenciales de la red Sename estaban a cargo de prestadores privados.
Denuncias y Declaraciones Oficiales
La directora del Sename, Rosario Martínez, afirmó: "El 8 de noviembre se presentó una denuncia al Ministerio Público, entregando los antecedentes que manejo como directora. Asimismo, esto fue remitido al contralor general y al Consejo de Defensa del Estado."
La directora añadió que, según la información proporcionada por la jefa de Administración y Finanzas, Karina Sepúlveda, esta última habría denunciado ante el Ministerio Público el 3 de noviembre hechos relacionados con saldos pendientes de rendición en el servicio desde 2014.
Rosario Martínez asumió su cargo en octubre de 2020 con el objetivo de facilitar la transición de información desde el Sename a Mejor Niñez, la nueva institución encargada de la atención a la infancia vulnerada. Según su relato, fue la jefa de Administración y Finanzas, Karina Sepúlveda, quien no presentó la información contable de respaldo. "Ella, en una reunión por retrasos reiterados de la información contable requerida, refiere que no puede entregar información concluyente debido a que presume que hubo delito en 2014", explicó Martínez.
Dada la gravedad de los hechos informados, se solicitó a Sepúlveda documentar sus declaraciones para que la institución pudiera tramitar la denuncia ante el Ministerio Público. La directora Martínez agregó: "La denuncia se realiza debido a que después de ocho meses de trabajo y diversos esfuerzos institucionales, buscando levantar los saldos pendientes de rendición de OCAS, se detectan inconsistencias persistentes en la información contable."
CIPER contactó a Karina Sepúlveda, quien confirmó que a principios de noviembre ingresó su denuncia a la Fiscalía, pero se excusó de entregar detalles. "Efectivamente, hice una denuncia ante el Ministerio Público y ante la Contraloría General de la República el 3 de noviembre del 2021. Lo hice en cumplimiento de mis funciones como funcionaria pública que, dicho sea de paso, es parte de los deberes que tenemos los funcionarios públicos. Esto, por posibles hechos constitutivos de delitos. Ahora, en virtud de esto y para no entorpecer la investigación, la información la tengo que entregar en el organismo que corresponde", declaró.
Críticas al Nuevo Modelo de Atención a la Infancia
El nuevo servicio será fiscalizado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a diferencia del Sename que dependía del Ministerio de Justicia. Sin embargo, existen fuertes críticas a este nuevo modelo.
Un dirigente sindical calificó el nuevo servicio como una "farsa" y un "show mediático orquestado bajo la consigna famosa de ‘Los niños primero‘". Recordó que en 2005 hubo una iniciativa similar con grandes anuncios, donde la entonces directora del Sename, Delia del Gatto, hablaba de un nuevo trato a la niñez y una nueva ley (la 20.032 que regula los organismos colaboradores y el sistema de subvención). "Han pasado quince años y solo hemos visto maltratos, abusos, violaciones sistemáticas a los derechos de la niñez y juventud y, por cierto, maltrato a las trabajadoras y trabajadores honestos que se vinculan en los procesos de intervención en los más de 400 organismos colaboradores que hay a nivel nacional", señaló.
El dirigente cuestiona las motivaciones detrás de mantener el sistema de tercerización de los servicios de atención y protección a la infancia y critica el "triunfalismo" de los congresistas que consideran la aprobación del nuevo servicio un avance. "Los trabajadores y trabajadoras no queremos avances en la medida de lo posible, queremos cambios estructurales ya, porque se requieren", afirmó.
Las razones para mantener los organismos colaboradores, a pesar de ser señalados como abusadores y negligentes, se atribuyen a varios factores:
- Financiamiento: Mientras exista la ley de subvenciones y no un financiamiento directo a la intervención especializada, se mantendrá la precariedad en la atención a niños y niñas gravemente vulnerados. Se considera impresentable mantener una fórmula de vínculo con los niños a través de una "ayuda" a privados.
- Falta de prevención local: La ausencia de prevención a nivel territorial o de un dispositivo de apoyo y vigilancia permanente de la situación de los niños (como sería un servicio local de la infancia) impide detener las vulneraciones de derechos a tiempo, lo que resulta en un aumento de los ingresos a los servicios especializados.
- Precariedad financiera del nuevo servicio: Se cuestiona la supuesta nueva calidad del servicio, ya que con los 95 mil millones de pesos propuestos por la Subsecretaría, un 30% se destina a gastos administrativos y el resto apenas cubre a los 14 mil niños y niñas ya en lista de espera.
Se argumenta que el cambio en el Sename no ataca el problema de fondo: la falta de respeto a los derechos de todos los niños y niñas en Chile, quienes tienen derecho a ser protegidos y requieren garantías reforzadas.
Los trabajadores de los órganos colaboradores del Sename no descartan iniciar nuevas movilizaciones, a pesar de la situación sanitaria actual. Por el momento, continuarán enviando oficios a la Subsecretaría para señalar las falencias de la legislación.
Se considera positivo que se discuta y que se anteponga la ley de garantías de derechos de la niñez a la entrada en vigencia del nuevo servicio. Esta ley, que lleva más de 5 años en el Congreso, debe ser aprobada, y es favorable que su entrada en vigencia esté ligada a la aprobación del estatuto de garantías.
Atribuciones de Fiscalización y Subcontratación
En su sentencia, el máximo Tribunal indicó que el órgano recurrido tiene facultades para fiscalizar los gastos contenidos en el informe N° 206, de 6 de agosto de 2018. En este contexto, cuenta con atribuciones para objetar gastos y requerir su reintegro, ya que la subvención recibida por el órgano colaborador debe ser invertida en el logro de los objetivos relacionados con el bienestar de los niños, niñas o adolescentes a su cargo.
El fallo sostuvo que no es un impedimento para esta conclusión lo dispuesto en el inciso final del artículo 65 del reglamento de la Ley N° 20.032, que establece: "El SENAME no podrá intervenir en materias de orden laboral ni relativas a la relación contractual establecida entre los colaboradores acreditados y sus trabajadores, sin perjuicio de la supervisión del gasto y de la calificación técnica de su personal comprometida en el respectivo proyecto".
¿Que es la subcontratación?
Al respecto, se debe consignar que el nuevo artículo 183-A del Código del Trabajo, incorporado por la ley N° 20.123, prescribe que el trabajo en régimen de subcontratación es aquel realizado en virtud de un contrato de trabajo por un trabajador para un empleador (contratista o subcontratista), cuando este, por acuerdo contractual, se encarga de ejecutar obras o servicios, por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia, para un tercero (empresa principal) en la que se desarrollan los servicios o ejecutan las obras contratadas.
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