Informes Detallados sobre la Situación en Residencias SENAME y Colaboradoras

Los documentos recopilados sobre las residencias del Servicio Nacional de Menores (SENAME) y los organismos colaboradores contienen información relevante sobre todos los niños, niñas y adolescentes (NNA) que se encuentran bajo su cuidado, tanto en centros de administración directa del Servicio como en residencias de organismos colaboradores.

Contexto y Antecedentes de los Informes

La muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016 conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia, lo que provocó que el país se fuera enterando por goteo de otras historias similares al interior del SENAME. La dificultad de las autoridades del segundo gobierno de Michelle Bachelet, especialmente de su ministra de Justicia, Javiera Blanco, para entregar una cifra precisa de cuántos niños habían fallecido en los hogares, motivó que la Fiscalía iniciara una investigación penal. A cargo de esa indagatoria quedó el fiscal Marcos Emilfork, quien comenzó a trabajar con un equipo especial de la PDI, a quienes se les mandató con dedicación exclusiva para indagar sobre las 1.313 muertes ocurridas en los últimos 12 años (entre 2005 y 2016) reportadas tras el deceso de Lissette.

Informe Misión de Observación SENAME 2017 del INDH

La primera publicación, el "Informe Misión de Observación Sename 2017", es el resultado de la Misión de Observación realizada durante el 2017 a las residencias SENAME de administración pública y privada del país. En él se despliegan los resultados categorizados en distintas temáticas claves tales como “Condiciones de vida y cuidado”, “Vinculación con el medio y participación”, “Educación”, “Familia e identidad”, “Salud Mental”, entre otros. Con esta publicación, se busca comunicar los hallazgos a la opinión pública, los organismos y autoridades del Estado, en particular a los directivos, directivas, trabajadores y trabajadoras de la red SENAME, con el objetivo de que se adopten las medidas necesarias para superar las vulneraciones de derechos que la misión pudo detectar.

La segunda publicación, el "Reporte de situación en Residencias de instituciones colaboradoras acreditadas de SENAME para niñas, niños y adolescentes con discapacidad - Misión de Observación SENAME 2017", analiza la situación de los Centros Residenciales para NNA con discapacidad, dependientes del área de protección del SENAME. Este reporte se basó en la información levantada por la Misión de Observación llevada a cabo por el INDH entre febrero y marzo del año 2017. Para ello, se seleccionó una muestra de 10 de los 23 centros residenciales existentes a nivel nacional, aplicando dos de los cuatro tipos de instrumentos o cuestionarios para la recopilación de información utilizados en todos los centros visitados. Se utilizó un instrumento institucional para la persona encargada del centro al momento de la visita, y otro aplicado a funcionarios y funcionarias que de manera espontánea quisieron responder el cuestionario. Así, se contó para este reporte con la información levantada en los 10 instrumentos institucionales y 52 instrumentos aplicados a funcionarios/as.

El Lapidario Informe de la PDI (2017-2018)

El 7 de noviembre de 2017, la Fiscalía solicitó al equipo de la PDI concurrir a cada uno de los centros dependientes del SENAME. Los detectives visitaron 240 residencias de las 241 que existen (ya sea con administración directa del SENAME o gestionadas por instituciones privadas); solo una se negó a recibirlos. El Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela; esa es la conclusión de un lapidario informe de la PDI que en 2017 investigó 240 hogares de menores. En el 100% de los centros que administra el SENAME y en el 88% de los gestionados por particulares, se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. Tan grave como lo anterior es que el informe policial fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público. El mismo documento de la PDI indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del SENAME se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. CIPER accedió a ese informe de 257 páginas, el cual es un resumen de la extensa investigación -contenida en 28 tomos- realizada por un equipo de la PDI a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork. El reporte de la PDI es mucho más completo que el de la ONU, que visitó solo cuatro residencias, mientras que el de la policía consideró 240, dando cuenta de los cerca de 6.500 niños que el SENAME tiene en el sistema de residencias. Por ello, es especialmente grave que la PDI haya constatado que la violación de derechos sistemática se ha cometido en el 100% de los hogares administrados directamente por el SENAME.

El diputado Rene Saffirio, quien reveló la existencia del informe este martes 2 de julio, dijo a CIPER que es muy difícil que entre las autoridades informadas por la PDI no se encuentre el ministro de Justicia, Hernán Larraín, a quien le pidió la renuncia ante la gravedad de los hechos. A juicio del parlamentario, quien permanentemente ha denunciado los abusos en el SENAME, es muy grave que ni la Fiscalía ni el gobierno hayan dado a conocer este documento en diciembre del año pasado, cuando estuvo listo. Tras la denuncia del diputado Saffirio, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, descartó haber conocido el documento: “El Ministerio de Justicia no ha recibido ningún informe de la PDI ni de otro organismo referido a una investigación en el SENAME. Es falso lo que dice el diputado Saffirio. Tuve conocimiento que se estaba realizando este estudio, pero este es un estudio que se hace para un proceso judicial (del que el Ejecutivo no es parte). Yo no sé si se concluyó, si lo tiene el juez o está en el proceso de investigación.”

Desglose de Vulneraciones Detectadas por la PDI

Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños constatados por la PDI se desglosan de la siguiente manera:

• 432 maltratos por parte de adultos
• 1.265 maltratos entre pares
• 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos
• 123 abusos sexuales cometidos por adultos
• 187 abusos sexuales cometidos entre menores

En junio de 2018, la Fiscalía ordenó a la Fuerza de Tarea SENAME (como se denomina el equipo de la PDI) que confeccionara un informe con el resumen de todos sus hallazgos. Había casos que debían ser atendidos con urgencia, como los 40 menores que presentaban “alta complejidad médica” y “posible riesgo vital”. Esta apremiante nómina fue informada en mayo de 2018 al Ministerio de Justicia, al SENAME y al Ministerio de Salud, “para que se adoptaran todas las medidas posibles para salvaguardar la integridad de los residentes en riesgo vital”.

Problemas en la Recopilación de Información y Protocolos

El equipo de la PDI también constató que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente se habían producido. La mayoría de los directores de los centros informaron a la PDI que no contaban con información anterior a 2017 sobre vulneraciones graves de derechos contra los niños a su cargo. Por eso, los datos que se pudieron levantar son casi exclusivamente de 2017. El documento detalla que buena parte de los maltratos hechos por adultos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), que son los lugares donde van los adolescentes procesados por la justicia. En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa, que pertenecen al área de protección), hubo 105 maltratos de adultos hacia menores, y en los hogares de organismos colaboradores que atienden a adolescentes se produjeron otros 137 casos similares.

En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales, totalizando 310 abusos con connotación sexual. De ellos, 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en los Cread administrados por el SENAME y 10 en otros centros). También se constataron 187 abusos sexuales cometidos por otros menores, la mayor parte de ellos en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total). El informe policial es categórico: “Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”.

Un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de “deserciones del sistema”. Si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados, la cifra crece hasta un 76,2%. El equipo policial estableció que “el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el SENAME”. Los resultados son aterradores: el 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas, y un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”. Esto, a pesar de que la muerte de Lissette Villa, que gatilló la investigación judicial, fue justamente por errores en la contención de una crisis de la menor. La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor, como ocurrió con Lissette. El SENAME, dependiente del Ministerio de Justicia, debe fiscalizar que estos protocolos existan y se cumplan; sin embargo, el informe de la policía determinó que aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del SENAME, “en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa”. Los centros del SENAME también deben ser fiscalizados por los tribunales de familia al menos cada seis meses; sin embargo, la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales.

Salud y Personal en las Residencias

La cifra de menores a cargo del SENAME que padecen alguna enfermedad psiquiátrica, según el reporte de la PDI, es altísima: 37,3% de los residentes. Más allá de los problemas de salud mental, un 14,2% de los residentes presenta alguna patología médica, el 13,9% sufre una enfermedad crónica y el 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital. Otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad. El desglose de esa afirmación sorprende: 42 centros no tienen un encargado de salud, y de entre los 198 centros que sí cuentan con uno, la función es ejercida por funcionarios que no cumplen el perfil necesario. En 55 centros que sí cuentan con un responsable, la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud. Lo mismo ocurre con los funcionarios a cargo de suministrar los medicamentos: en 159 centros (el 66,3% del total) “la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud”. Un educador es un funcionario al que solo se le exige cuarto medio rendido para ser contratado. Esta dramática situación se acrecienta si se considera que el 93,8% de los centros del SENAME “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.

Resultados de la Misión de Observación del INDH (2017)

Entre los meses de enero y abril de 2017, se desplegó un equipo de más de 60 profesionales del Instituto Nacional de Derechos Humanos en una visita a 171 centros de todas las regiones del país, en una misión de observación, que tuvo como objetivos: i) evaluar las condiciones de cumplimiento de los derechos humanos al interior de los centros; ii) evaluar las condiciones laborales en que se desempeñan los funcionarios de los mismos; y iii) indagar sobre eventuales vulneraciones de derechos a NNA residentes en dichos centros. Con este marco, se realizaron entrevistas a los directores de los establecimientos, se encuestó a los trabajadores de los mismos y se entrevistó -mediante un cuestionario estructurado aplicado por psicólogas clínicas- a 401 NNA residentes, lo que significa -a partir de una población total en Chile de 2.688 NNA de 8 a 17 años institucionalizados- que la muestra tiene un porcentaje de error del 4,5% sobre esa población. Además, se realizó una descripción del estado de la infraestructura y equipamiento de los centros mediante una ficha de observación.

Es importante señalar que en Chile, en la actualidad, existen 250 centros de los cuales solo 11 corresponden a Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD) por parte del SENAME; todo el resto es administrado por organizaciones colaboradoras acreditadas, lo que equivale al 95,6% del total.

Temáticas Relevantes del Estudio del INDH

Perfil de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA)

A partir de la muestra de 401 NNA entrevistados, se desprende que la población de estos centros es fundamentalmente femenina: el 63,5% corresponde a niñas y adolescentes mujeres. El 60% de ella tiene entre 8 y 13 años de edad. El grupo predominante lo constituyen niñas de entre 8 y 13 años, que representan un 37,8% del total.

Perfil de los Trabajadores

Del total de trabajadores entrevistados, la mayor parte corresponde a mujeres, con un 87,9%, lo que da cuenta de una feminización del personal en los centros del SENAME.

Condiciones de Vida y Cuidado

Al indagar por las condiciones de la infraestructura e instalaciones, el informe da cuenta que en general las necesidades básicas (disponibilidad de camas; acceso a baños, comedor y cocina) están satisfechas; sin embargo, en las observaciones efectuadas se destaca que en ocasiones la calidad de dichas instalaciones no es la óptima y no se está en condiciones de proveer adecuada calefacción, recreación, espacios comunes y condiciones para el resguardo de la identidad y privacidad de los NNA. En este sentido, resulta preocupante que en un mismo dormitorio convivan adolescentes con niños y niñas de menor edad, o que no se les separe por sexo, lo que tiene una prevalencia cercana al 20% de los casos. Los centros, asimismo, presentan en un 21% sobrecupo; en el 12,5% de estos casos el sobrecupo puede llegar al 50%, mientras que en el 3%, el sobrecupo puede ser superior al 75%. En materia de alimentación, resulta crítico destacar que en un 1,6% de los establecimientos a los NNA se les entrega solo entre 1 y 2 comidas diarias, lo que ocurre en el 3% de los centros que acogen a lactantes y preescolares. Las niñas y niños entrevistados declaran en un 16% pasar hambre en el establecimiento. El 22% de los NNA considera que el personal a cargo de su cuidado no siempre le da un trato respetuoso y cariñoso. El 34% declara que existe trato discriminatorio (por género, apariencia física u otras características de personalidad) por parte de los funcionarios del hogar hacia ellos o compañeros de centro.

Vinculación con el Medio

En un 4% de los centros se declara que los NNA no se encuentran autorizados para hablar con el juez directamente en caso de requerirlo. Si bien el 72% de los centros reporta que durante la última visita de los jueces de familia los NNA pudieron hablar con ellos, según el testimonio de los NNA, solo el 32% de ellos tuvo la posibilidad de hablar con el juez que visita periódicamente el establecimiento.

Educación

Si bien el 93% de niñas y niños entrevistados asiste a un establecimiento educacional, solo el 88% de los niños entre 14 y 17 años lo hace, lo que está 8% por debajo el promedio nacional. El 20% presenta retraso escolar. Solo el 78% de los NNA recibe apoyo en sus tareas. Una cifra que resulta preocupante es que solo el 77% de los centros declara “autorizar” a los padres a participar en las reuniones de apoderados. Indica el informe que sumado “[a] la vulneración de derechos que han generado las medidas de protección, se suma la falta de garantías sobre su derecho a acceder y progresar en el sistema educativo.”

Familia e Identidad

El 40% de los centros estudiados pone algún tipo de restricción a los horarios de visita de la familia. El 30% no admite más de dos visitas a la semana. Además, en el 57% de los casos, el centro se encuentra fuera de la comuna de origen familiar, lo que potencia un eventual desarraigo, sentimiento de soledad, pérdida de identidad o “abandono progresivo” de la familia. Parte de las cifras más preocupantes del informe dice relación con que un 16% de los centros estudiados utilizan el retraso al ingreso de visitas de los familiares como sanción, y que el 13% reporta suspender las visitas por el mal comportamiento del niño o niñas. Al respecto, el INDH señala que el “marco dado por las orientaciones técnicas del SENAME [es] muy amplio, discrecional e impreciso para desarrollar acciones de re-vinculación familiar y reforzamiento de la identidad, lo que posibilita prácticas (…) muy diversas para el ejercicio de los derechos de los NNA.”

Salud Mental

El 69% de los NNA de 14 o más años presenta sintomatología de cuadro depresivo. Resulta también preocupante que el 45% de quienes presentan al menos uno de estos síntomas señala no haber podido acceder a un psicólogo o psiquiatra dentro o fuera del centro. El 70% de los NNA con al menos un síntoma de depresión indica no encontrarse en tratamiento.

Violencia Institucionalizada

8 de cada 10 NNA encuestados declararon haber recibido algún tipo de castigo durante los últimos 12 meses por parte de algún miembro del personal. Vale destacar la presencia de un 15% de casos en que se priva de contacto con la familia como forma de castigo; un 7% que es dejado sin comida; un 7% comunica que ha sido encerrado; el 12% señala haber sido “contenido físicamente”, es decir, contención con el cuerpo o manos de manera de inmovilizar al menor. El 46% de los NNA reportó haber sido victimizado por parte del personal del centro mediante maltrato psicológico durante los últimos 12 meses. El 12% ha sido agredido físicamente de manera leve mientras el 6% lo ha sido de manera grave (como recibir patadas o quemaduras de cigarro).

Violencia entre Pares

El 48% de los NNA entrevistados indicó haber sido objeto de manera reiterada de maltrato físico y/o psicológico. La violencia afecta por igual a niños y niñas, y con independencia de su edad. De dicho total, el 46% ha sido violentado psicológicamente; el 13% lo ha sido de manera física reiteradamente. Al respecto, resulta crítico que al menos un 19% de los centros no cuenten con protocolos para atender este tipo de situaciones.

Abuso Sexual

Por último, el estudio arrojó que de los NNA entrevistados en 23 casos se reportó el sufrimiento de abuso sexual durante los últimos 12 meses. Ello corresponde a una prevalencia del 6,4%. Además, se identificaron otros 4 casos ocurridos en el centro actual o anterior, y un caso que fue identificado luego de haber realizado el estudio general, en una visita particular realizada a un centro. Se tomó conocimiento, asimismo, de otros 5 casos ocurridos con anterioridad al periodo considerado. Es tristemente destacable que 8 de cada 10 abusos sexuales son experimentados por niñas, lo que indica una feminización de las víctimas de abuso. En el 78% de los casos, el abuso sería cometido por otro menor de edad, mientras que en un 7% el abuso fue efectuado por un adulto del centro. En el 69% de los casos, la víctima sigue en contacto con la persona que habría cometido el abuso. El 52% declara haber sufrido abusos en reiteradas oportunidades, mientras que el 66% de los NNA que reportaron abusos lo experimentaron cuando tenía menos de 14 años.

Conclusiones y Recomendaciones Clave

Las conclusiones del estudio del INDH son numerosas y de variado orden. De entre ellas destacamos las siguientes:

• Toda prohibición de relación entre un familiar y el niño o niña bajo protección del Estado, debe estar fundada en una resolución de la autoridad judicial, en base a la realización de su interés superior.
• El Estado debe establecer criterios uniformes, dirigidos a las residencias, en la regulación de los días, horarios y frecuencias de las visitas de familiares u otros adultos significativos a niños o niñas residentes, así como de las actividades a realizar, la supervisión y desarrollo de las mismas.
• No se debe establecer como sanción la prohibición de visitas a niños o niñas o su comunicación con familiares o adultos significativos, ya sea por mala conducta del o la residente, o por atrasos de los familiares.
• Desarrollar medidas para preservar la identidad de los niños y niñas residentes, como, por ejemplo, la existencia de un libro de vida que permite la reconstrucción de su pasado y el registro de su experiencia en el centro.
• Atender la estabilidad emocional de los y las cuidadoras y profesionales que trabajan en los centros, de modo que puedan cumplir la función de sostén y contención de niños y niñas.
• Se debe promover el conocimiento y observancia de los protocolos existentes elaborados por SENAME, por parte de los y las trabajadoras, en materia de maltrato. Asimismo, se debe promover el conocimiento y observancia de la ley N° 21.013 que sanciona el maltrato a niños y niñas, adultos mayores y personas con discapacidad perpetrado por quienes tienen un deber de cuidado.
• Con el fin de permitir a niños y niñas residentes el derecho a ser oídos y denunciar hechos de abuso sexual, resulta imprescindible generar las condiciones que garanticen efectivamente su ejercicio. El mecanismo de denuncia no debería ser una sola pregunta dirigida a los niños y niñas, ya que no necesariamente una pregunta será suficiente para una develación de abuso.
• Especialmente en materia de abuso sexual, los y las trabajadoras de las residencias deben estar capacitadas y contar con las competencias para una escucha efectiva a los niños o niñas, a fin de identificar situaciones de riesgo o de abusos sexuales consumados.

Acciones y Desafíos Futuros

Varias instituciones deben responder públicamente por este desastre. No solo el SENAME, sino también el Poder Judicial, que queda especialmente en entredicho. Los jueces de familia tienen que visitar los centros dos veces al año. ¿Nunca encontraron estas vulneraciones sistemáticas? ¿Han ordenado que esas vulneraciones cesen, se solucionen, se investiguen? El documento de la PDI es el último eslabón de una cadena siniestra de reportes elaborados por media docena de instituciones a lo largo los últimos siete años. En esa cadena destaca el Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y la Unicef que encabezó la jueza de familia Mónica Jeldres. La brutalidad de los hallazgos expuestos por el informe Jeldres dieron pie a una media docena de investigaciones: dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del SENAME en 2017 y varios informes de la Contraloría. A ellos se suman el reporte de la ONU y ahora el de la PDI. Tras cada informe, la autoridad ha anunciado medidas, sanciones y reformas. Sin embargo, frente a la situación actual, preocupa el estancamiento de la ley de división del SENAME, que refleja la poca urgencia que tiene el tema desde el nivel central. Las "Acciones desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Servicio Nacional de Menores para la implementación del Servicio Mejor Niñez" son un paso hacia adelante, así como iniciativas como la "Primera Consulta Nacional a niños, niñas y adolescentes de Centros residenciales: “Mi derecho a ser escuchado”", pero la magnitud de los problemas revelados en los informes exige una respuesta integral y urgente.

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