El sistema de protección de la niñez y adolescencia en Chile ha enfrentado significativos desafíos y transformaciones, marcados por la desvinculación de funcionarios debido a vulneraciones de derechos y la compleja realidad de las familias de acogida. Estos eventos subrayan la necesidad de rigurosidad y transparencia en la investigación de abusos, así como la importancia de un sistema de acogida que priorice el bienestar y la estabilidad de los menores.
Despidos en Sename Valparaíso por Vulneración de Derechos
La Contraloría General de la República ratificó el despido de 11 funcionarios del Servicio Nacional de Menores (Sename) de Valparaíso. Esta medida se tomó tras acreditarse situaciones de maltrato físico y psicológico en contra de menores del Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) de Playa Ancha.
El pasado 26 de diciembre, el Sename solicitó a la Contraloría la toma de razón respecto de la desvinculación de estos funcionarios. Aunque los trabajadores apelaron al Ministerio de Justicia, la Contraloría finalmente respondió al requerimiento en febrero de este año, ratificando los despidos.
El director regional (s) del Sename, Rachid Alay, afirmó: "somos respetuosos y acatamos las decisiones judiciales. Esta es la respuesta de un proceso de investigación que fue instruido desde el Servicio y que cumplió con todas las etapas de reposición y apelación". Alay agregó que, ante situaciones tan lamentables que involucraron vulneración de derechos a las niñas, niños y adolescentes, la dirección regional instruyó un sumario administrativo, en cuyo marco se suspendió preventivamente a los ex trabajadores. "Hoy como resultado del sumario, se aplica la medida disciplinaria de destitución", concluyó.
En relación con el proceso investigativo, Alay enfatizó la rigurosidad y transparencia de las investigaciones, señalando que "los sumarios sí dejan resultados amparados en justicia". Asimismo, reafirmó que el Sename "evidentemente tiene la obligación de investigar cualquier hecho que tenga carácter de vulneración de derechos, tanto en nuestras administraciones directas como en nuestros organismos reguladores".
Querella del INDH por Maltrato a Menores
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella criminal por delitos de tormentos o apremios ilegítimos. Según el organismo, al menos 25 niños fueron maltratados en el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) de Playa Ancha. La querella detalló que "estos tormentos no son aislados en el tiempo ni en número de casos. En total, se trata de al menos 25 menores los que relatan haber sido torturados con golpes, duchas de agua fría y dolorosas ‘llaves’ para inmovilizarlos, entre otros maltratos".
La Transformación Institucional: Del Sename a Mejor Niñez
La clausura operativa del Sename se aceleró en enero de 2024 y se ejecutó de manera escalonada. Primero, en la zona norte, luego en la zona sur a comienzos de 2025 y, finalmente, en la zona central, completando el cierre. Con ello, las competencias fueron asumidas por el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, mientras que desde 2021 ya operaba el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia (Mejor Niñez), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, encargado de atender exclusivamente a menores gravemente vulnerados. La última directora del Sename, María Eugenia Fernández, fue quien encabezó el cierre institucional.
Desafíos de las Familias de Acogida: La Experiencia de Deborah Bailey
La realidad de las familias de acogida, aunque diferente a la de los funcionarios remunerados, también revela las complejidades y deficiencias del sistema. Deborah Bailey (53) recuerda la advertencia que le hicieron en su primera charla sobre ser familia de acogida para un niño del Sename: “Si quieren adoptar, este no es el lugar. Adopción está al frente y para eso tienen que cruzar la calle”.
Para transformarse en una de las más de 7.700 familias cuidadoras de un lactante, niño o adolescente separado de su familia por condiciones de vulnerabilidad, se requería estar preparada para varias situaciones. No solo era entender que esto sería por un tiempo y que en cualquier momento el Estado podía solicitar la custodia de vuelta, ya fuera para regresar a los niños a su familia de origen o porque se les había encontrado una familia adoptiva. También era comprender las condiciones en las que llegaban los niños a las casas de los cuidadores. Una psicóloga del Sename, que dirigía la reunión, relataba: "Nos dijeron que los niños llegaban de otro color. Estaban grises, apagados".
A pesar de estas advertencias, Deborah decidió continuar con el proceso, enfrentando un engorroso papeleo y entrevistas psicológicas para convertirse en cuidadora.
El Proceso de Acogida y la Llegada de Montserrat
Bailey, quien había sido voluntaria en residencias de Sename, se interesó en el concepto de Familia de Acogida Externalizada (FAE). Pensó que cuidar niños de manera transitoria podría ser más factible. Se lo planteó a su hija Matilde, quien inicialmente dudó, pero a los 15 años aceptó. "Su mayor miedo era que nos íbamos a encariñar demasiado con el niño o niña que nos llegara e íbamos a sufrir cuando se fuera. Pero yo le decía que nada de lo que nos pudiera pasar iba a ser superior a tener una guagua, acogerla y cambiarle la vida", relató Bailey.
A finales de 2019, se decidieron a iniciar el proceso. Deborah, periodista de profesión, incluso planeó trabajar desde casa para dedicarse de lleno a ser cuidadora. Un año después, ella y su hija fueron declaradas aptas. Sin embargo, el primer llamado tardó y, cuando llegó, se trató de Emmanuel, de dos años y medio. La ilusión se disipó cuando, un día antes de recibirlo, la psicóloga comunicó que no sería posible porque el padre del niño se había ido con él.
A inicios de octubre de 2020, el teléfono de Bailey volvió a sonar. Montserrat, de cinco de sus siete meses de vida, se encontraba internada en una residencia. Era hija de padres en situación de calle. Bailey recuerda que solo pudo verle los ojos debido a las mascarillas y trajes de protección por el Covid-19. "¿Por qué estuvo cinco meses acá si yo llevaba ocho meses esperando?", se preguntó. Al día siguiente, la fue a buscar y confirmó lo que le habían dicho en la primera reunión: "Era una foto, no emitió ningún sonido por tres días. Ni un ruido, ni risa, ni llanto, ni nada. Tampoco se acurrucaba".
Los primeros días, Montserrat mantenía los horarios de su residencia, devorando su comida y quedándose dormida a las 19 horas. Siete días después, Bailey notó el primer cambio: Montserrat se acurrucó en ella por primera vez.
El Marco Legal y los Tiempos del Sistema
La periodista tenía claro que ser cuidadora la excluía de adoptar. La jueza de familia Mónica Jeldres explica: "Nuestro país no tiene regulada por ley a las familias de acogida. Pero hay que distinguir algo: si tú eres guardador/a de un niño, niña o lactante y respecto de este se encuentra en tramitación un proceso por medida de protección o susceptibilidad de adopción, hay que entender que la adopción siempre es la última instancia. El Estado debe otorgar todas las posibilidades a las familias de origen para mantener a ese niño en el núcleo familiar, pero sin olvidar que para los niños pequeños los tiempos son diferentes, así que se debe ser diligente, actuar con prontitud y de manera coordinada por todos los actores involucrados, cuestión que en la práctica muchas veces no ocurre y se vuelve un proceso engorroso".
Una vez agotado ese proceso y siendo el niño susceptible de ser adoptado, Jeldres añade: "La familia de acogida, por regla general, especialmente en niños más pequeños -cuya función es ‘cuidarlo’ mientras este proceso está en curso- no debería en principio poder adoptarlo. Quienes quieren adoptar deben pasar por un proceso distinto".
Entendiendo esto, Deborah Bailey, aun así, tuvo que responder muchas veces preguntas incómodas de amigos y conocidos: "¿No quieres quedarte con ella?, ‘¿cómo lo vas a hacer? Yo no podría. ¿Qué vas a hacer cuando se vaya? ¿No quieres adoptarla tú?’ era lo más recurrente."
El Vínculo y la Despedida
Con el tiempo, Montserrat empezó a desarrollar su personalidad, aprendiendo a gatear, caminar y jugar. La periodista disfrutaba viéndola feliz y sentía que la niña también le estaba dando otro sentido a su vida. Al cumplir un año, Montserrat empezó a decir sus primeras palabras, y Bailey comenzó a decir que Montserrat era su hija. Aunque recibía apoyo mensual del FAE (leche, pañales, alimentos), Montserrat seguía siendo atendida en el sistema público de salud. Bailey, sin embargo, la llevó al sistema privado e incluso sufrió un gran susto cuando la niña fue hospitalizada por neumonía.
Tras dos años y tres meses de cuidado, cuando la niña tenía dos años y 10 meses, Bailey recibió el mensaje para el que se había preparado: Montserrat había sido declarada susceptible de adopción. En ese momento, el organismo encargado ya era el Servicio Mejor Niñez. La funcionaria le advirtió que el proceso sería rápido y que la niña probablemente no pasaría las fiestas de fin de año con ella.
Uno de los mayores temores de Deborah Bailey, que nunca se le pasó por la cabeza, fue el miedo a no saber quiénes adoptarían a quien, de alguna manera, había sido como su hija. "Me empecé a llenar de preguntas en mi mente: ¿Y si no la quieren? ¿Y si la retan mucho? ¿Le van a cambiar el nombre? ¿Y si ella cree que la abandoné? Me aterré, y una vez que me avisaron estuve ida una semana entera".
El tiempo que Bailey había cuidado a Montserrat era excedido. Le habían dicho que el proceso sería "súper rápido", pero las audiencias se cancelaban o se reagendaban. Cuando se cumplió un año y medio de cuidado, Bailey acudió a la Defensoría de la Niñez, pero le dijeron que los tiempos eran normales. Sin embargo, el plazo promedio de una familia de acogida para un menor de tres años no debería ser más de un año y medio, según Mejor Niñez.
La abogada de familia Alejandra Mercado explica que esto se debe a la burocracia en el proceso judicial para resolver casos de niños con derechos vulnerados, especialmente en la búsqueda de la familia de origen. "Que la situación de un niño en sus primeros años se demore tanto en resolver es, a todas luces, una vulneración en sus derechos. Sobre todo porque los estudios psicológicos indican que esa es la época donde se generan apegos. Entonces desarraigarlos de una casa a otra significa daños que se van a presentar cuando la persona sea adulta", explica Mercado.
La Transición a la Familia Adoptiva
Deborah Bailey conoció a los padres adoptivos de Montserrat en una reunión a mediados de enero. Era una pareja de 40 años, sin hijos, que llevaban dos años en el proceso de adopción. "Yo estaba entrando al lugar y, de repente, veo a una mujer que me pregunta: ‘¿Tú eres Deborah? Yo soy la mamá de la Montserrat’", relató Bailey. A partir de ese momento, sus miedos se disiparon, ya que los padres adoptivos querían que ella fuera parte de la vida de la niña, algo que no estaba bajo el protocolo del FAE.
A juicio de Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, esto es un problema: "Los modelos no pueden depender de la buena voluntad de las familias, tienen que estar estandarizados. Si se tiene que hacer el proceso del traspaso de una niña a su familia adoptiva, tiene que ser gradual, tener un espacio para la convivencia donde ese vínculo, que se ha madurado por dos años y medio, se mantenga durante el tiempo y vaya gradualmente haciendo cambios".
El fondo del problema, explica Sánchez, es que las familias de acogida no han sido verdaderamente integradas a un sistema. Esto implicaría que los ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social estén disponibles para cubrir sus necesidades, además de ofrecer una oferta completa de herramientas para criar niños que han sufrido traumas. Montserrat se fue a vivir con sus padres adoptivos hace un mes. El cambio de vida fue abrupto para Deborah Bailey, quien aún siente la pena de su partida, aunque ha considerado ser cuidadora de nuevo.
En su departamento, aún quedan rastros de la niña: rayados en la pared, su almohada y cuadros que Bailey mandó a hacer para recordarla, además de fotos por toda la casa. "A nosotras, esta niña nos cambió la vida", afirma Bailey. Las fotos y recuerdos de Montserrat son, de alguna manera, su forma de recordarla y llenar el vacío que dejó. Nadie podría decir que no se veían como una familia.
Cierre y Legado del Sename: La Comisión de Verdad y Niñez
El Sename dejó de existir oficialmente en octubre de 2021, siendo reemplazado por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez) y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Sin embargo, la investigación de las violaciones a los derechos humanos cometidas en recintos del Sename entre 1979 y 2021 podría paralizar sus labores tras un eventual cierre de la Comisión de Verdad y Niñez.
Esta instancia estatal de asesoría presidencial fue creada en diciembre de 2024, iniciando sus operaciones a partir de 2025, tras una categórica resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, según funcionarios de la instancia oficial, llegaría a su fin en abril de 2026. Esta eventual decisión se enmarca en un contexto de recortes fiscales anunciados por el presidente José Antonio Kast. Cabe destacar que el plazo actual de la comisión para cumplir su objetivo es hasta abril de 2027, pero la presentación de una prórroga durante la administración anterior permitió extender su plazo.
Función y Contexto de la Comisión
La Comisión de Verdad y Niñez permite a quienes hayan experimentado cualquier tipo de violaciones a los derechos humanos durante su paso por el Sename, a contar de 1979, enviar los antecedentes correspondientes para ser objeto de investigación, incluyendo también los casos de abuso eclesiástico. Se estima que cerca de 689.288 personas pasaron en su niñez y juventud por estos centros residenciales y/o de detención durante los casi 50 años de la existencia del Sename, según un informe de UNICEF.
La tesis de que en estos centros se violaban los derechos humanos de menores tomó fuerza a raíz del trágico incendio de 2007 en el centro "Tiempo de Crecer", donde fallecieron diez adolescentes. Es por eso que la Comisión busca identificar nuevos casos de abusos que siguen en el anonimato para ser informadas al presidente de turno con el fin de que implemente las reparaciones correspondientes a las víctimas.
Sentencia de la CIDH y Responsabilidad del Estado
La Comisión nace a raíz de la sentencia dictada en 2024 por la CIDH, que evidenció uno de los episodios más graves vinculados al sistema de protección de menores en Chile: la muerte de diez adolescentes en el centro “Tiempo de Crecer” en 2007, bajo la tutela del Sename, y una seguidilla de infracciones que violaban los derechos humanos de 271 jóvenes de cuatro recintos distribuidos en el país (Limache, Rancagua, San Miguel y el mismo centro del incendio).
El fallo internacional no solo abordó las consecuencias del incendio, sino que también puso el foco en un problema estructural más amplio. Según el tribunal, el Estado chileno incurrió en responsabilidad por la vulneración de derechos fundamentales -como la vida, la integridad personal, la salud, la educación, el acceso al agua y al saneamiento- en perjuicio de jóvenes privados de libertad en distintos centros del país. De acuerdo con los antecedentes, estos espacios carecían de medidas básicas de seguridad, atención médica adecuada y criterios de segregación por edad o situación procesal.
Previo a la resolución de la CIDH, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) investigó los hechos y, a través de informes, reforzó la idea de que lo ocurrido no era un hecho aislado. Problemas como el hacinamiento, la precariedad de las instalaciones, la falta de acceso a servicios básicos y la inexistencia de condiciones adecuadas para la reinserción social eran comunes en varios centros administrados por el Sename. En la misma línea, una Comisión investigadora de la Cámara de Diputados advirtió años antes que “siguen ocurriendo hechos en diversos centros del país que ponen en peligro la seguridad y la vida de los menores privados de libertad como de los funcionarios de SENAME y de entidades colaboradoras que trabajan en su interior”.
Aunque el Estado chileno reconoció parcialmente su responsabilidad durante el proceso, la Corte concluyó que las vulneraciones fueron sistemáticas y afectaron especialmente a un grupo en situación de alta vulnerabilidad: adolescentes bajo custodia estatal.
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