La violación de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) que estuvieron al cuidado del Servicio Nacional de Menores (SENAME) en Chile fue sistemática y grave. Esta situación fue confirmada por informes de organismos nacionales e internacionales que evidenciaron deficiencias estructurales y una cultura institucional que normalizó la violencia y el descuido.
Informe del Comité de la ONU: Violaciones Sistemáticas y Responsabilidad Estatal
En enero de 2017, un comité de la ONU visitó cuatro hogares de la red del SENAME y entrevistó a múltiples actores del sistema. Esta visita respondió a una solicitud que surgió tras la trágica muerte de la pequeña Lissette Villa en 2016. El comité constató graves deficiencias en infraestructura, supervisión y recursos humanos, estableciendo que el Estado es responsable de las violaciones de derechos que sufren los NNA bajo su cuidado. Estos niños y jóvenes estuvieron expuestos a violencia y enfrentaron serios problemas de acceso a educación y atención de salud oportuna.
En particular, el informe criticó a los jueces por privilegiar la adopción de medidas que separan al niño de su familia, a pesar de que esta opción debería ser la última, explorando todas las posibilidades de mantener a los NNA en su núcleo familiar. La separación, además, debe ser “excepcional y transitoria”, mientras se evalúan los cambios en las condiciones de la familia para concretar la pronta reintegración.
El sistema judicial también falló, ya que “la frecuente ausencia de motivación suficiente de las sentencias impide conocer los elementos considerados (para decretar la internación del menor)”. El documento de la ONU dejó establecido que el Poder Judicial es responsable “de la supervisión de la situación del NNA y su avance en el programa de integración”. Sin embargo, esto no se cumplía por dos razones fundamentales: la primera es que “la mayor parte de los jueces carecen de formación específica para evaluar dichos avances”, y la segunda apunta a que “las decisiones judiciales no determinan en muchos casos qué derechos han sido vulnerados, lo que no permite identificar para qué se interna y de qué debe recuperarse el NNA”. Esta falta de precisión generaba la ausencia casi total de “planes de intervención y falta de seguimiento”.
Los expertos de la ONU constataron que el Poder Judicial había enviado a más de 400 menores a “organismos coadyuvantes” debido a la falta de plazas en los hogares que dependían o estaban bajo regulación del SENAME. Finalmente, el documento estableció que los jueces de Familia, “por regla general”, decidían internar al menor “con escasa o sin participación del NNA y de la familia (…), lo que no permite evaluar sus condiciones particulares y las medidas necesarias para ayudar a la familia”. El informe reportó que solo el 32,1% de los menores decía tener oportunidad de hablar con el magistrado y el 30,8% con un abogado que lo represente.
Misión de Observación del INDH (2017): Metodología y Alcance
Entre enero y abril de 2017, un equipo de más de 60 profesionales del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) llevó a cabo una misión de observación en 171 centros de todas las regiones del país. Los objetivos de esta misión fueron:
- Evaluar las condiciones de cumplimiento de los derechos humanos al interior de los centros.
- Evaluar las condiciones laborales en que se desempeñaban los funcionarios de los mismos.
- Indagar sobre eventuales vulneraciones de derechos a NNA residentes en dichos centros.
Para ello, se realizaron entrevistas a los directores de los establecimientos, se encuestó a los trabajadores y se entrevistó, mediante un cuestionario estructurado aplicado por psicólogas clínicas, a 401 niños, niñas y adolescentes residentes. Esta muestra representó un porcentaje de error del 4,5% sobre una población total en Chile de 2.688 NNA de 8 a 17 años institucionalizados. Además, se realizó una descripción del estado de la infraestructura y equipamiento de los centros mediante una ficha de observación.
Es importante señalar que en Chile, en ese momento, existían 250 centros de los cuales solo 11 correspondían a Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD) por parte del SENAME; el 95,6% restante era administrado por organizaciones colaboradoras acreditadas.
Hallazgos Clave de la Misión del INDH
El estudio del INDH identificó diez temáticas relevantes que destacaban la grave situación de los NNA en los centros.
Perfil de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA)
A partir de la muestra de 401 NNA entrevistados, se desprende que la población de estos centros era fundamentalmente femenina, con un 63,5% de niñas y adolescentes mujeres. El 60% de ellas tenía entre 8 y 13 años de edad, siendo este el grupo predominante, representando un 37,8% del total.
Perfil de los Trabajadores
Del total de trabajadores entrevistados, la mayor parte correspondió a mujeres, con un 87,9%, lo que evidenciaba una feminización del personal en los centros del SENAME.
Condiciones de Vida y Cuidado
Al indagar por las condiciones de la infraestructura e instalaciones, el informe dio cuenta de que, en general, las necesidades básicas (disponibilidad de camas; acceso a baños, comedor y cocina) estaban satisfechas. Sin embargo, en las observaciones efectuadas se destacó que en ocasiones la calidad de dichas instalaciones no era la óptima y no se estaba en condiciones de proveer adecuada calefacción, recreación, espacios comunes y condiciones para el resguardo de la identidad y privacidad de los NNA. En este sentido, resultó preocupante que en un mismo dormitorio convivieran adolescentes con niños y niñas de menor edad, o que no se les separara por sexo, lo que tenía una prevalencia cercana al 20% de los casos.
Los centros, asimismo, presentaban en un 21% sobrecupo; en el 12,5% de estos casos el sobrecupo podía llegar al 50%, mientras que en el 3%, podía ser superior al 75%. En materia de alimentación, resultó crítico destacar que en un 1,6% de los establecimientos a los NNA se les entregaba solo entre 1 y 2 comidas diarias, lo que ocurría en el 3% de los centros que acogían a lactantes y preescolares. Las niñas y niños entrevistados declararon en un 16% pasar hambre en el establecimiento. El 22% de los NNA consideró que el personal a cargo de su cuidado no siempre le daba un trato respetuoso y cariñoso. Un 34% declaró que existía trato discriminatorio (por género, apariencia física u otras características de personalidad) por parte de los funcionarios del hogar hacia ellos o sus compañeros de centro.
Vinculación con el Medio y Acceso a la Justicia
En un 4% de los centros se declaró que los NNA no se encontraban autorizados para hablar con el juez directamente en caso de requerirlo. Aunque el 72% de los centros reportó que durante la última visita de los jueces de familia los NNA pudieron hablar con ellos, según el testimonio de los NNA, solo el 32% de ellos tuvo la posibilidad de hablar con el juez que visita periódicamente el establecimiento.
Educación
Si bien el 93% de niñas y niños entrevistados asistía a un establecimiento educacional, solo el 88% de los niños entre 14 y 17 años lo hacía, lo que estaba 8% por debajo del promedio nacional. El 20% presentaba retraso escolar, y solo el 78% de los NNA recibía apoyo en sus tareas. Una cifra preocupante es que solo el 77% de los centros declaraba “autorizar” a los padres a participar en las reuniones de apoderados. El informe indicó que, a la vulneración de derechos generada por las medidas de protección, se sumaba la falta de garantías sobre su derecho a acceder y progresar en el sistema educativo.
Familia e Identidad
El 40% de los centros estudiados imponía algún tipo de restricción a los horarios de visita de la familia, y el 30% no admitía más de dos visitas a la semana. Además, en el 57% de los casos, el centro se encontraba fuera de la comuna de origen familiar, lo que potenciaba un eventual desarraigo, sentimiento de soledad, pérdida de identidad o “abandono progresivo” de la familia.
Parte de las cifras más preocupantes del informe se relaciona con que un 16% de los centros estudiados utilizaba el retraso al ingreso de visitas de los familiares como sanción, y que el 13% reportaba suspender las visitas por el mal comportamiento del niño o niña. Al respecto, el INDH señaló que el “marco dado por las orientaciones técnicas del SENAME [era] muy amplio, discrecional e impreciso para desarrollar acciones de revinculación familiar y reforzamiento de la identidad, lo que posibilitaba prácticas (…) muy diversas para el ejercicio de los derechos de los NNA.”
Salud Mental
El 69% de los NNA de 14 o más años presentaba sintomatología de cuadro depresivo. Resultó también preocupante que el 45% de quienes presentaban al menos uno de estos síntomas señalara no haber podido acceder a un psicólogo o psiquiatra dentro o fuera del centro. El 70% de los NNA con al menos un síntoma de depresión indicaba no encontrarse en tratamiento.
Violencia Institucionalizada
Ocho de cada diez NNA encuestados declararon haber recibido algún tipo de castigo durante los últimos 12 meses por parte de algún miembro del personal. Destaca la presencia de un 15% de casos en que se privaba de contacto con la familia como forma de castigo; un 7% que era dejado sin comida; un 7% comunicaba haber sido encerrado; el 12% señalaba haber sido “contenido físicamente”, es decir, contención con el cuerpo o manos de manera de inmovilizar al menor. El 46% de los NNA reportó haber sido victimizado por parte del personal del centro mediante maltrato psicológico durante los últimos 12 meses. El 12% había sido agredido físicamente de manera leve, mientras que el 6% lo había sido de manera grave (como recibir patadas o quemaduras de cigarro).
Los Reporteros | Violencia de género y menores
Violencia entre Pares
El 48% de los NNA entrevistados indicó haber sido objeto de manera reiterada de maltrato físico y/o psicológico. La violencia afectaba por igual a niños y niñas, e con independencia de su edad. De dicho total, el 46% había sido violentado psicológicamente; el 13% lo había sido de manera física reiteradamente. Al respecto, resultó crítico que al menos un 19% de los centros no contara con protocolos para atender este tipo de situaciones.
Abuso Sexual
Por último, el estudio arrojó que de los NNA entrevistados, en 23 casos se reportó el sufrimiento de abuso sexual durante los últimos 12 meses. Ello correspondió a una prevalencia del 6,4%. Además, se identificaron otros 4 casos ocurridos en el centro actual o anterior, y un caso que fue identificado luego de haber realizado el estudio general, en una visita particular realizada a un centro. Se tomó conocimiento, asimismo, de otros 5 casos ocurridos con anterioridad al periodo considerado.
Es tristemente destacable que 8 de cada 10 abusos sexuales fueron experimentados por niñas, lo que indicaba una feminización de las víctimas de abuso. En el 78% de los casos, el abuso sería cometido por otro menor de edad, mientras que en un 7% el abuso fue efectuado por un adulto del centro. En el 69% de los casos, la víctima seguía en contacto con la persona que habría cometido el abuso. El 52% declaró haber sufrido abusos en reiteradas oportunidades, mientras que el 66% de los NNA que reportaron abusos los experimentaron cuando tenían menos de 14 años.
Conclusiones y Recomendaciones del INDH
Las conclusiones del estudio del INDH fueron numerosas y de variado orden. Entre ellas, se destacaron las siguientes recomendaciones:
- Toda prohibición de relación entre un familiar y el niño o niña bajo protección del Estado debe estar fundada en una resolución de la autoridad judicial, en base a la realización de su interés superior.
- El Estado debe establecer criterios uniformes, dirigidos a las residencias, en la regulación de los días, horarios y frecuencias de las visitas de familiares u otros adultos significativos a niños o niñas residentes, así como de las actividades a realizar, la supervisión y desarrollo de las mismas.
- No se debe establecer como sanción la prohibición de visitas a niños o niñas o su comunicación con familiares o adultos significativos, ya sea por mala conducta del o la residente, o por atrasos de los familiares.
- Desarrollar medidas para preservar la identidad de los niños y niñas residentes, como, por ejemplo, la existencia de un libro de vida que permita la reconstrucción de su pasado y el registro de su experiencia en el centro.
- Atender la estabilidad emocional de los y las cuidadoras y profesionales que trabajan en los centros, de modo que puedan cumplir la función de sostén y contención de niños y niñas.
- Se debe promover el conocimiento y observancia de los protocolos existentes elaborados por SENAME, por parte de los y las trabajadoras, en materia de maltrato. Asimismo, se debe promover el conocimiento y observancia de la ley N° 21.013 que sanciona el maltrato a niños y niñas, adultos mayores y personas con discapacidad perpetrado por quienes tienen un deber de cuidado.
- Con el fin de permitir a niños y niñas residentes el derecho a ser oídos y denunciar hechos de abuso sexual, resulta imprescindible generar las condiciones que garanticen efectivamente su ejercicio. El mecanismo de denuncia no debería ser una sola pregunta dirigida a los niños y niñas, ya que no necesariamente una pregunta será suficiente para una develación de abuso.
- Especialmente en materia de abuso sexual, los y las trabajadoras de las residencias deben estar capacitadas y contar con las competencias para una escucha efectiva a los niños o niñas, a fin de identificar situaciones de riesgo o de abusos sexuales consumados.
El Cierre de SENAME y el Legado de una Crisis Profunda
El 12 de enero de 2026, Chile cerró oficialmente el Servicio Nacional de Menores (SENAME). Este acto, más que una simple ceremonia o un gesto administrativo, representó el reconocimiento de una historia dolorosa, atravesada por graves violaciones a los derechos humanos, negligencias estructurales y muertes que nunca debieron ocurrir. El Estado habló de cierre, transición y nuevo comienzo, pero para quienes trabajaron, investigaron y acompañaron las consecuencias de este sistema, no hubo nada de simbólico ni reparador en este acto, sino el fin de una era de profundo sufrimiento.
El cierre del SENAME no pudo leerse como un simple cambio administrativo ni como el final de una sigla incómoda; se cerró cargando una historia de abandono y violencia. Ya en 2007, un incendio en el centro “Tiempo de Crecer” en Puerto Montt, que terminó con la vida de diez adolescentes privados de libertad, fue una señal temprana y brutal del deterioro del sistema: recintos inseguros, sobreocupados y sin condiciones mínimas de protección. Diecisiete años después, en 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado de Chile por vulneraciones múltiples y simultáneas cometidas contra niños y adolescentes bajo custodia estatal, volviendo a interpelar al país desde fuera de sus fronteras.
El año 2016 marcó otro punto de quiebre con la muerte de Lissette Villa. Su fallecimiento no fue un accidente ni un hecho aislado, sino la consecuencia directa de un modelo institucional que normalizó la violencia, confundió contención con castigo y cuidado con control. Lissette murió frente a un sistema que durante años minimizó, justificó y postergó responsabilidades. Durante años, informes técnicos, comisiones investigadoras, fallos judiciales y organismos internacionales alertaron sobre malos tratos, abusos, sobremedicación, negligencias graves y muertes evitables. El Estado supo, la sociedad supo, y aún así, el sistema continuó operando, acumulando diagnósticos sin transformar prácticas.
Las cifras son elocuentes: entre 2005 y 2020, más de mil niños, niñas y adolescentes murieron mientras se encontraban vinculados a programas del Estado. La mayoría de esas muertes ocurrieron en programas de protección, en espacios donde el cuidado debía ser la respuesta principal, afectando a niños pequeños, lactantes, NNA con discapacidad y adolescentes con trayectorias marcadas por la exclusión. Murieron en un entramado institucional que sabía lo que estaba ocurriendo y que, aun así, decidió no actuar con la urgencia que la vida exigía.
Hoy, sin embargo, existe un nuevo riesgo: la incertidumbre sobre la continuidad de la "Comisión de verdad" con el cambio de gobierno en marzo. Cerrar una comisión de verdad sin haber garantizado plenamente verdad, justicia y reparación sería volver a empujar el dolor bajo la alfombra. Por ello, el cierre del SENAME no es una victoria, sino, a lo más, una reparación tardía; el reconocimiento explícito de que el modelo fracasó y de que separar la protección de la infancia de la lógica punitiva no era una opción política, sino una obligación ética.
Los nuevos servicios, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, heredan una responsabilidad histórica enorme. Su sola creación no garantiza un cambio real si no se transforman las prácticas, las condiciones materiales y la cultura institucional que históricamente sostuvo el daño. Estos nuevos servicios no solo deben responder al mandato legal que los origina, sino también a una exigencia ética ineludible: no reproducir las lógicas que llevaron al colapso del sistema anterior. Esto implica garantizar estándares reales de cuidado, supervisión efectiva, condiciones laborales dignas para quienes intervienen y, sobre todo, una comprensión profunda de que niños, niñas y adolescentes no son “casos”, “cupos”, “asignación mensual” ni “trayectorias administrativas”, sino sujetos de derechos cuya vida y dignidad no admiten margen de error.
Desde el Trabajo Social, la responsabilidad no ha sido solo técnica ni administrativa. Los profesionales sostuvieron la escucha cuando no había respuestas, levantaron alertas cuando el daño era evidente y acompañaron trayectorias marcadas por el abandono institucional. Estuvieron en residencias, tribunales, hospitales, programas ambulatorios y territorios donde la infancia vulnerada aprendió demasiado pronto que el Estado no siempre llega a tiempo. Su rol fue nombrar lo que otros prefirieron callar, documentar lo que parecía invisible y resistir, muchas veces en soledad, la normalización del daño. Es una autocrítica necesaria reconocer que no siempre fueron suficientes, pero esta reflexión fortalece a la profesión.
El cierre del SENAME interpela directamente al Trabajo Social, no como observador externo, sino como una profesión que cargó con el peso de decisiones institucionales que no siempre compartió, pero que debió ejecutar en contextos de precariedad, sobrecarga y desgaste emocional profundo. Corresponde hoy exigir memoria, verdad y responsabilidades claras, no por revancha ni consigna, sino porque sin una revisión honesta de las propias prácticas no hay posibilidad real de transformación. Es fundamental seguir nombrando a quienes ya no están, recordando que cada cifra tuvo un rostro, una historia y una vida que importaba. Se debe seguir exigiendo que la verdad no se archive, que la memoria no se negocie y que la protección no vuelva a confundirse con control. Porque la infancia no puede volver a quedar atrapada entre el olvido y la conveniencia política, porque ningún proyecto de país puede construirse sobre silencios impuestos ni sobre muertes que se intentan dejar atrás sin justicia. Y porque la deuda con la infancia -aunque incomode, aunque moleste, aunque duela- no prescribe.
