La relación entre las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y las empresas extractivistas en Chile se ha convertido en un tema candente que merece un análisis crítico y urgente. A medida que la preocupación por la crisis ambiental se intensifica, resulta alarmante que un porcentaje significativo del fondo de pensiones de los trabajadores se destine a financiar industrias que devastan nuestro entorno natural. Este panorama no solo pone en entredicho la sostenibilidad del planeta, sino que también vulnera derechos humanos fundamentales, como el derecho a una vejez digna y la protección de las comunidades.
El Derecho a una Vejez Digna y la Seguridad Social
El sistema previsional, más allá de ser un mecanismo financiero, debe garantizar la dignidad de las personas en su vejez. Según la opinión de expertos como Marelic, en el contexto del "derecho a la seguridad social y sistema de pensiones", es necesario, independiente del método que se ocupe, garantizar una vejez digna para los chilenos. Lo que se enfatiza es que el sistema debe tener consideraciones de dignidad y garantizar una pensión adecuada. Sin embargo, este ideal se ve desafiado por la estructura actual y sus implicaciones.
Desde la reforma del sistema previsional en la década de 1980, impulsada por un bloque de poder que incluía a empresarios y militares, se estableció un modelo que ha permitido a las AFP gestionar más de 210 billones de pesos, equivalentes al 65% del PIB chileno. Este sistema, basado en cuentas individuales, ha generado una montaña de dinero que circula constantemente en el mercado, el cual en parte se destina al pago de pensiones, cuyo monto es exiguo, y en gran medida, se destina a financiar al gran capital, con una gestión que carece de transparencia y responsabilidad hacia la sostenibilidad de todo lo vivo.
Inversiones de las AFP y su Impacto Socioambiental
Financiamiento del Extractivismo
Un aspecto crucial y preocupante es la orientación de las inversiones de los fondos de pensiones. Según el último estudio de Fundación SOL, titulado “Fondo de pensiones y crisis socioambiental: Inversiones de las AFP en empresas extractivistas y de alto impacto ambiental”, a diciembre de 2024, un asombroso 81% de los activos invertidos por las AFP en empresas chilenas se destinó a compañías extractivistas o de alto impacto ambiental. Este porcentaje no solo es preocupante, sino que ha aumentado, lo que revela una tendencia alarmante hacia la desatención de la sostenibilidad. Entre 2008 y 2024, las inversiones en estas industrias se incrementaron un 107%. Esto plantea una pregunta fundamental: ¿cómo se puede justificar que los fondos de pensiones, que deberían ser un soporte para los trabajadores y trabajadoras, estén alimentando industrias que destruyen el futuro?
Esto se puede observar de forma evidente en la devastación de las forestales en el sur del país; estas compañías reciben un 48% de las inversiones de los fondos previsionales. Junto con las industrias mineras, alcanzan el 93% de las inversiones de las AFP a nivel nacional. En esencia, son máquinas de destrucción financiadas con los ahorros de los y las trabajadoras.
La Financiarización de la Naturaleza y sus Consecuencias
La financiarización de la naturaleza, que convierte los bienes naturales en activos financieros, desdibuja la relación entre el valor económico y el valor intrínseco de la naturaleza. Este proceso no solo privatiza recursos vitales, sino que también pone en riesgo a comunidades indígenas y locales que dependen de estos ecosistemas. Las grandes corporaciones, al recurrir a mecanismos de compensación para justificar su devastación, se presentan como socialmente responsables, cuando en realidad están lavando su imagen mientras continúan con prácticas destructivas.
El costo de la mercantilización de todo va más allá de lo económico. Las comunidades son desplazadas y sus derechos humanos vulnerados. Además, se rompe el vínculo cultural y espiritual que han mantenido con la naturaleza durante generaciones. La narrativa que convierte la naturaleza en capital elimina valores esenciales y transforma nuestra relación con el entorno.
Ausencia de Regulación y la Necesidad de Reformas
Un punto crítico es la falta de regulación. Las AFP no tienen ningún tipo de regulación en la que se establezcan cuáles son los criterios para invertir. Con la excusa de la rentabilidad, se puede invertir en cualquier área de la economía, a pesar de que pueda afectar a la población. Es imperativo que se realicen reformas profundas en el sistema previsional y en la regulación de las inversiones. Los fondos de pensiones no deben utilizarse solo para buscar rendimientos económicos, sino que deben promover la sostenibilidad y la justicia social.
Extractivismo en Chile
Brechas de Género en el Sistema de Pensiones
La crisis sanitaria y económica en el país ha castigado con fuerza la participación laboral femenina, acentuando aún más la brecha previsional en desmedro de las mujeres. Los indicadores de brechas en densidades de cotización, saldos acumulados y expectativa de vida entre hombres y mujeres dan cuenta de los distintos factores que explican las brechas de género en los montos de pensión de vejez pagados.
Desigualdad en Remuneraciones y Cotizaciones
Este es el cuarto reporte anual que realiza la División de Estudios de la Superintendencia de Pensiones para analizar la persistencia de la brecha entre mujeres y hombres tanto en el sistema de pensiones como en el seguro de cesantía. Los datos muestran que a junio de 2021, las mujeres representaron el 46,8% del total de personas afiliadas al sistema de pensiones y el 42,1% del total de cotizantes, mostrando en el segundo indicador un avance de 7,1% en 12 meses. Sin embargo, en junio de 2021, aunque las mujeres representaron un 44,7% del total de personas afiliadas activas del sistema de capitalización individual obligatoria, esa proporción es 9,7% inferior respecto del universo de hombres afiliados que cotizaron en el mes.
En materia de densidad de cotizaciones se observan diferencias significativas: mientras las mujeres alcanzaron una densidad de 47,7%, en los hombres llegó a 58,1%. El reporte precisa que el 52,8% de las mujeres se concentra en los cinco tramos de densidad de cotizaciones más bajas, mientras que en el caso de los hombres es un 37,8%. Por tramos etarios, entre los 25-60 años los hombres presentan densidades de cotización en torno al 60% en promedio, mientras que para las mujeres en el tramo de 25-50 años se observan los valores máximos, en torno al 50%.
Las diferencias también se aprecian en las remuneraciones de los cotizantes del sistema de pensiones: mientras en el caso de las mujeres el promedio fue de $ 863.162, en los hombres alcanzó los $ 947.901, lo que da cuenta de una brecha de 8,9%. En tanto, la remuneración imponible registró montos promedio de $ 884.201 en mujeres y $ 1.099.174 en hombres, lo que significó una brecha de -19,6% a favor de los hombres. Asimismo, a junio de 2022, los promedios para hombres y mujeres fueron de $1.069.219 y $940.112, respectivamente, lo que representa una brecha de -12,1%.
Impacto de los Retiros de Fondos y Montos de Pensión
Los retiros de fondos de pensiones también han acentuado estas desigualdades. A junio de 2022, alrededor de 11,3 millones de afiliados habían realizado algún retiro de fondos y un 69,9% efectuó los tres. En este caso, la proporción también fue mayor en hombres que en mujeres. El saldo se vio afectado en mayor medida para las mujeres que para los hombres producto de los retiros de fondos, y los montos retirados fueron mayores también para los hombres, con un promedio aproximado de $ 5.140.000 frente a un promedio de $ 4.095.000 para las mujeres.
En cuanto a las pensiones de vejez completamente autofinanciadas pagadas en junio 2022, el promedio del componente autofinanciado para mujeres fue de $ 136.728 y de $ 179.261 para hombres, lo que significa una brecha promedio por sexo de -23,7%. Si se considera el beneficio de la Pensión Garantizada Universal (PGU), la brecha se reduce a -11,6%, aunque se acentúa en el caso del Retiro Programado (-42,1%) y disminuye con la PGU a -14,9%.
En junio 2021, del total de pensiones de vejez autofinanciadas, el 52,5% correspondió a mujeres, las que obtuvieron un monto promedio de pensión pagada 49,4% menor al de los hombres. El Aporte Previsional Solidario (APS) contribuye a la reducción de esta brecha: mientras los montos promedio de la pensión autofinanciada de mujeres y hombres fueron de $ 116.117 y $ 150.734, respectivamente (brecha de 23%), al considerar todas las pensiones de vejez (AFP, compañías de seguro, IPS y Pilar Solidario), el monto promedio de la pensión total de las mujeres alcanzó a $ 229.030 y el de los hombres, a $ 346.250.
Factores que Agudizan la Brecha
Los principales indicadores muestran que las proporciones de mujeres afiliadas y cotizantes de los sistemas, así como las brechas de remuneraciones imponibles y los indicadores de duración de los períodos sin cotizaciones, dan cuenta de los impactos de la crisis sanitaria y económica en el mercado del trabajo reflejados en las disminuciones significativas de los cotizantes en los períodos de mayores efectos negativos en 2020. Entre julio 2020 y junio 2021, la reducción de pensionados por vejez fue significativamente más pronunciada en mujeres que en hombres, de 40,1% y 12,8%, respectivamente. En el caso de los nuevos pensionados, las mujeres anotaron una densidad promedio de 55,5% y los hombres de 65%, con una brecha promedio por sexo de 9,5%.
En el seguro de cesantía, en junio de 2021, el 44,5% del total de afiliadas fueron mujeres, y las que cotizaron representaron el 40,1% del total. La remuneración imponible promedio fue de $ 803.925 en el caso de las mujeres y de $ 970.357 en hombres, con una brecha de 17,2%. Un avance importante en materia de protección laboral para un segmento altamente feminizado fue la incorporación de las Trabajadoras de Casa Particular (TCP) al seguro de cesantía a partir de octubre 2020.
Propuestas y Llamados a la Acción
Hacia un Sistema de Pensiones más Justo y Sostenible
Ante este negativo escenario, es evidente la necesidad de pensar y exigir otra estrategia de pensión e inversión, priorizando el bienestar del planeta y de las comunidades que en él habitan. En la lógica del sistema de AFP, lo que le interesa al capital es la inyección de dinero fresco, que como combustible permite que la acumulación siga reproduciéndose. Un sistema solidario, en cambio, de reparto entre generaciones, es más coherente al momento de sostener la vida.
La pregunta es clara: ¿cómo podemos fomentar un cambio en el diseño de los fondos de pensiones que priorice la sostenibilidad y la responsabilidad social? La respuesta a este dilema ético no solo afectará el futuro de los y las trabajadoras, sino también el de las generaciones venideras. Aun cuando el escenario no se vislumbra muy favorable, existen propuestas para que este aumento en la brecha no llegue a esos extremos y se pueda acortar de forma más rápida. Lograr la igualdad jurídica de género requiere un esfuerzo establecido por parte de los gobiernos, la sociedad civil y las organizaciones internacionales.
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