Demanda de Interdicción Judicial por Discapacidad Mental

La interdicción judicial por discapacidad mental es un procedimiento legal diseñado para proteger a aquellas personas que, debido a un deterioro de sus facultades mentales, no pueden administrar sus bienes o tomar decisiones autónomas. Este proceso busca salvaguardar el bienestar y patrimonio del individuo, evitando situaciones de vulnerabilidad, abuso o engaño.

Introducción y Contexto Actual

La interdicción, tradicionalmente vista bajo un modelo asistencial o médico, ha evolucionado hacia un modelo de derechos humanos, especialmente impulsado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este cambio de paradigma busca adaptar la normativa interna para garantizar el pleno ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.

En este contexto, se han propuesto iniciativas como el proyecto de ley (boletín N° 14.738-07) que aspira a crear un Estatuto de Facilitadores y Asistentes, establecer un nuevo procedimiento de interdicción y modificar cuerpos legales como el Código Civil y la Ley N° 18.600. Este proyecto busca, entre otras cosas, reemplazar el concepto de “deficientes mentales” por “personas con discapacidad mental” y eliminar la categoría de incapaces absolutos a las personas sordas o sordomudas que no puedan darse a entender claramente, adecuando así la legislación a un enfoque más inclusivo y respetuoso.

Marco Legal y Normativa Aplicable

El procedimiento de interdicción por demencia se regula por un conjunto de normas que se complementan entre sí:

• Código Civil (artículos 456 a 464): Regula los efectos civiles de la interdicción, la administración del curador, sus facultades y deberes. También establece en su artículo 1447 que “toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara incapaces”, distinguiendo entre incapacidad absoluta (dementes, impúberes, sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente) e incapacidad relativa (menores adultos y disipadores bajo interdicción).
• Código de Procedimiento Civil (artículos 839 y siguientes): Regula el procedimiento judicial de interdicción, incluyendo la presentación de la demanda, su tramitación, las pruebas y la sentencia.
• Ley N° 18.600 “Establece normas sobre deficientes mentales” (artículos 4° y 18 bis): Contiene normas complementarias para personas con discapacidad mental. El artículo 4° regula la interdicción por demencia, y el artículo 18 bis la curaduría provisoria de quien cuida al afectado antes de la sentencia. Se propone modificar su título a “Establece normas sobre personas con discapacidad mental”.
• Ley N° 20.422 “Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad” (artículos 13 a 17): Regula la certificación de la discapacidad por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y la inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad. Este paso administrativo es un respaldo fundamental para el juicio de interdicción.
• Decreto N° 201 (2008): Aprueba la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, especialmente el artículo 12, que establece los principios de proporcionalidad de las medidas, participación y apoyo a la toma de decisiones, y respeto de la dignidad y la autonomía de la persona.

Conceptos Clave: Demencia, Incapacidad y Discapacidad

Para comprender la interdicción, es fundamental distinguir algunos términos:

• Definición Jurídica de Demencia: Tradicionalmente, la demencia se ha entendido en un sentido amplio, abarcando cualquier tipo de enajenación mental o alteración que prive de razón a un individuo, sin importar el nombre científico de la enfermedad (por ejemplo, Parkinson avanzado, esquizofrenia, parálisis cerebral, Alzheimer o demencia frontotemporal). El proyecto de ley busca incorporar una nueva definición de demencia.
• Distinción entre Incapaz y Discapacitado:
  • Incapaz: Se refiere a la inhabilitación que la ley impone a determinadas personas por encontrarse bajo circunstancias calificadas de interés para el ordenamiento jurídico.
  • Discapacitado: Dice relación con la dificultad total o parcial de realizar autónomamente determinados actos e intervenir en actividades propias de la vida en comunidad (concepto de vida independiente del art. 3° letra a) de la Ley N° 20.422). La discapacidad puede ser física, psíquica o intelectual, y debe ser calificada y certificada por la COMPIN.

El Procedimiento Judicial de Interdicción por Demencia

Finalidad y Objetivos

El juicio de interdicción por demencia tiene como finalidad que un juez:

• Declare que una persona ha perdido, de manera permanente, la capacidad de administrar sus bienes o gobernarse por sí misma.
• Establezca que esa situación se debe a una enfermedad mental o trastorno cognitivo irreversible (como Alzheimer u otras demencias).
• Designe a un curador, una persona responsable de representar al interdicto y proteger su patrimonio bajo el control del tribunal.

La interdicción no busca castigar ni excluir a la persona, sino protegerla frente a abusos, engaños o decisiones perjudiciales, ordenar su situación económica y patrimonial, y establecer claramente quién la representa ante diversas instituciones.

Competencia y Tribunal

La demanda de interdicción se presenta ante el Juzgado de Letras en lo Civil correspondiente al domicilio de la persona afectada (potencial interdicto). Si la persona está inscrita en una comuna, pero vive actualmente en otra, prevalece siempre el domicilio real y actual.

Legitimación Activa: Quién puede demandar

Pueden iniciar el procedimiento judicial de interdicción por demencia:

• El cónyuge o conviviente civil de la persona afectada.
• Los padres del afectado.
• Los hijos del afectado.
• Otros parientes consanguíneos o afines, cuando tienen un vínculo cercano.
• El Ministerio Público (Fiscal Judicial o Defensor Público), en casos de abandono o vulneración de derechos.
• El cuidador o representante del afectado, cuando pueda acreditar cuidado permanente, conforme al artículo 18 bis de la Ley N° 18.600.
• Cualquiera del pueblo si la locura fuere furiosa o si el loco causare notable incomodidad a los habitantes, según el artículo 459 inciso tercero del Código Civil.

Es importante destacar que debe existir un vínculo legal, familiar o de cuidado permanente que justifique la protección.

Documentación Requerida

Para que el tribunal declare admisible la demanda, es indispensable acompañar antecedentes médicos, sociales y registrales suficientes, los cuales se agrupan en tres grandes bloques:

Documentación Médica y Administrativa

• Certificación de Discapacidad emitida por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), conforme a la Ley N° 20.422. Este documento constituye la base para fundamentar la incapacidad.
• Comprobante de inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación.
• Diagnóstico médico actualizado, firmado por neurólogo, psiquiatra o médico tratante, donde conste la demencia o trastorno cognitivo.
• Informes complementarios, si los hay, que respalden la incapacidad de la persona.

Documentación Social y Personal

• Un relato resumido de los motivos que sustentarían la declaración de interdicción.
• Lista de personas (nombre, RUT, domicilio y ocupación) para citación a la audiencia de parientes.
• Listado de bienes del presunto interdicto, que tenga en propiedad o administración.

Documentos Judiciales

• Mandato judicial o patrocinio y poder, firmado por un abogado habilitado.
• Formulario de inventario preliminar de bienes, si se solicita curaduría de bienes.
• Propuesta de curador definitivo con sus antecedentes.

Contenido de la Demanda

La demanda de interdicción por demencia debe contener, al menos, los siguientes elementos:

• Identificación del tribunal competente (Juzgado Civil).
• Datos del demandante (quien solicita la interdicción).
• Datos del demandado (la persona presuntamente interdicta).
• Fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la solicitud.

Etapas del Proceso

El proceso de interdicción judicial consta de varios pasos, que pueden tomar entre 3 a 5 meses aproximadamente:

1. Obtención de la Certificación de Discapacidad: El primer paso, y el más recomendable, es contar con la Certificación de Discapacidad emitida por la COMPIN. Si no se ha obtenido previamente, la interdicción puede ser solicitada por la vía contenciosa, recabando informes médicos adicionales.
2. Presentación de la Demanda: Con la documentación reunida, se debe presentar la demanda ante el Juzgado de Letras en lo Civil correspondiente. Es fundamental que la dignidad y los derechos fundamentales de la persona sean respetados en todo momento.
3. Revisión y Análisis de la Solicitud: El tribunal revisa los antecedentes. Si la solicitud es clara y cumple con los requisitos, se da curso a la demanda.
4. Audiencia de Evaluación: El tribunal fijará una audiencia para evaluar a la persona presuntamente interdicta. El juez debe cerciorarse de su capacidad mental a través de una evaluación directa, haciendo preguntas básicas para determinar si comprende su situación y puede tomar decisiones de manera autónoma. La presencia del potencial interdicto será requerida dependiendo de su estado.
5. Audiencia de Parientes: El tribunal también llevará a cabo una audiencia de parientes, en la que se escuchará a los familiares cercanos de la persona con discapacidad. Si no hay objeciones, el proceso avanza. Estas audiencias pueden ser virtuales o presenciales.
6. Sentencia y Nombramiento del Curador: Si el tribunal determina que la persona está incapacitada para administrar sus bienes, procederá a dictar sentencia declarando la interdicción y nombrando un curador definitivo.
7. Publicación: La resolución debe publicarse en tres avisos en un diario de la comuna o capital de la provincia de la región.
8. Inscripciones: Si el interdicto cuenta con inmuebles, se debe realizar la inscripción de la resolución de interdicción en el Conservador de Bienes Raíces correspondiente.

La Figura del Curador

El curador es la persona designada por el tribunal para representar al interdicto. Tiene el deber de actuar siempre en beneficio de la persona interdicta, velando por la protección de sus bienes y su bienestar personal. En muchos casos, el curador será eximido de rendir fianza y de realizar un inventario solemne de los bienes, siendo suficiente un inventario privado firmado por parientes o personas de confianza. Hoy en día, es común que en la misma sentencia de interdicción se nombre también un cuidador personal.

Consideraciones Importantes y Recomendaciones

• Interdicción como Último Recurso: Dada la carga emocional y económica que produce, la interdicción debería operar como un último recurso, cuando las medidas privadas de apoyo o rehabilitación ya se han agotado o no han tenido resultados efectivos en la independencia social de la persona.
• Momento de Iniciar el Procedimiento: No existe una respuesta única para determinar el momento exacto. Dependerá del carácter y voluntad de la persona mayor y de su entorno de apoyo, así como del avance del deterioro cognitivo que impida manejar dinero o bienes de forma segura.
• Comunicación con la Persona Afectada: Se recomienda que, si la persona está en fases de demencia leve o moderada, se le explique previamente el proceso y se obtenga su consentimiento para evitar que se sienta violentada o traicionada. También es importante prepararla para la audiencia de parientes. Para casos de demencia avanzada, es probable que esta explicación previa no sea necesaria.
• Impacto en la Persona: Aunque el proceso busca proteger, es una actuación judicial que se inicia con una “demanda” donde el demandado es la persona mayor, quien será notificada. Esto puede generar sentimientos de desconcierto o vulnerabilidad.
• Errores Comunes:
  • Documentación incompleta: Causa retrasos. Es vital revisar cuidadosamente los documentos necesarios.
  • Falta de comunicación con el curador propuesto: Es crucial que el curador esté completamente informado y de acuerdo con su rol antes de la presentación de la solicitud.
  • Subestimar el tiempo del proceso: La interdicción puede llevar tiempo, por lo que es recomendable iniciar el proceso con antelación.
• Recomendaciones Adicionales:
  • Consulta con un abogado especializado: Esto es fundamental para evitar errores y asegurar el cumplimiento de todos los requisitos legales.
  • Mantener un registro de documentos y fechas importantes: Facilita el seguimiento del proceso.
  • Comunicación abierta con familiares: Informar a los familiares cercanos puede ayudar a evitar malentendidos y fomentar un ambiente de apoyo.
• Necesidad de Enfoque Multidisciplinario: Profesionales del ámbito jurídico presentan sesgos que pueden dificultar el acceso a la justicia. La incorporación de expertos en la Academia Judicial que intervengan en este tipo de audiencias es crucial, ya que no se le puede pedir al juez que sea un perito multidisciplinario.

Proyecto de Ley y Opiniones de la Corte Suprema

El proyecto de ley actual (boletín N° 14.738-07) aborda cuatro grandes ámbitos, con modificaciones al Código Civil, al Código del Procedimiento Civil y a la Ley N° 18.600:

1. Crea un sistema de apoyo y salvaguardas para personas con discapacidad, mediante un estatuto de facilitadores y asistentes para el ejercicio de su capacidad jurídica.
2. Crea un nuevo procedimiento de interdicción de las personas dementes, restringiendo su ámbito actual de aplicación en función de una nueva definición de demencia.
3. Modifica la Ley N° 18.600, cambiando el concepto de “deficientes mentales” por “personas con discapacidad mental”.
4. Incorpora cambios al Código Civil, eliminando del artículo 1447 a las personas sordas o sordomudas que no puedan darse a entender claramente de la categoría de incapaces absolutos.

La Corte Suprema, mediante Oficio N° 25-2022, ha expresado una opinión favorable sobre la iniciativa, reconociendo sus avances, pero también señalando aspectos que pueden mejorarse. Algunas de sus sugerencias incluyen:

• Modificar la competencia para la designación de asistentes y facilitadores a los Tribunales de Familia, dada su experiencia y enfoque multidisciplinario.
• Considerar la situación de personas que no pueden iniciar el procedimiento de nombramiento de facilitador o asistente por diversas razones.
• Observa con extrañeza que la misma persona con discapacidad física o sensorial deba iniciar el procedimiento para asignar un asistente, especialmente si tiene dificultades severas para comunicarse.
• Le resulta curioso que las normas de interdicción en el Código de Procedimiento Civil reemplacen el título que regula la expropiación, sin explicaciones en el proyecto.
• Advierte vacíos en la tramitación de la interdicción provisoria, sin especificar quién ejercerá la curaduría mientras se nombra un curador definitivo.
• Señala la falta de normas que vinculen el procedimiento de declaración de interdicción y el de designación de curador.

Costos y Tiempos Estimados

Los costos asociados al proceso de interdicción pueden variar, pero generalmente incluyen:

• Honorarios de un abogado: Dependen del profesional.
• Publicación en el diario: Pueden oscilar entre 20.000 a 200.000 CLP aproximadamente.
• Inscripciones: Si existen inmuebles, el costo aproximado es de 50.000 CLP en el Conservador de Bienes Raíces.

Considerando los tiempos de cada etapa, el proceso completo de interdicción suele tomar entre 3 a 5 meses, pero este plazo puede extenderse dependiendo de la celeridad de los tribunales y otras instituciones.

La Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) ofrece apoyo gratuito a personas de escasos recursos que no puedan costear un abogado, previa evaluación socioeconómica.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Cómo declarar interdicto a un adulto mayor?

Si un adulto mayor ya no está en condiciones de administrar sus bienes, el primer paso es obtener la certificación de discapacidad de la COMPIN. Luego, un familiar o persona legitimada debe iniciar el procedimiento judicial de interdicción por demencia ante el juzgado civil correspondiente, con la asesoría de un abogado.

¿Cuáles son los costos de la interdicción en Chile?

Los costos pueden variar, pero generalmente incluyen los honorarios de un abogado, la publicación en el diario y las inscripciones en el Conservador de Bienes Raíces, en caso de haber bienes inmuebles.

¿Se puede revertir una interdicción?

Sí. Una interdicción por demencia se puede anular a través de un proceso de rehabilitación del interdicto si se juzga que la persona ha recuperado su capacidad para administrar sus asuntos. Este es un proceso judicial que requiere pruebas que demuestren la recuperación de las facultades mentales.

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