Para quienes aspiran a ingresar a las Fuerzas Armadas, comprender el marco legal que rige a sus miembros es fundamental. Aunque el proceso de postulación se enfoca en diversas aptitudes, la situación legal de un aspirante, incluidas sus obligaciones y compromisos, puede ser un factor relevante. La jurisprudencia chilena ha sido clave en definir el estatus de los integrantes de las Fuerzas Armadas, considerándolos como funcionarios de la Administración del Estado y, por ende, sujetos a un conjunto de normativas específicas que podrían influir en su trayectoria, incluso desde la etapa de postulación.
La Aplicabilidad de la Tutela Laboral a Funcionarios de la Administración del Estado
Jurisdicción de los Juzgados de Letras del Trabajo
Los Juzgados de Letras del Trabajo poseen competencias determinadas por el artículo 420 del estatuto del ramo. Este artículo, en general, establece que bajo su esfera de conocimiento se encuentran "todas las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales y contractuales derivadas de los instrumentos pertinentes". Específicamente, en su literal g), incluye una norma residual que indica que deben conocer también "de todas aquellas materias que las leyes entreguen a juzgados de letras con competencia laboral". Dentro de estas materias se cuenta, por aplicación del artículo 485 del código laboral, el conocimiento de las denuncias por vulneración de derechos fundamentales en el contexto laboral, tal como ha sido concluido en sentencias dictadas en los procesos Rol Nº15.156-2019, N°18.566-2019 y N°36.746-2019, según la resolución pertinente.
Interpretación de la Ley N°21.280 y el Código del Trabajo
Con relación al alcance de la Ley N°21.280, promulgada el 30 de octubre de 2020 y publicada en el Diario Oficial el 09 de noviembre del mismo año, que interpretó el inciso primero del artículo 485 del Código del Trabajo, respecto del ámbito de aplicación del procedimiento de tutela laboral a los funcionarios de la Administración del Estado, cabe tener presente lo siguiente:
Su artículo 1 sostiene: “Declárase interpretado el inciso primero del artículo 485 del Código del Trabajo en el siguiente sentido: Las normas de los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo, contenidas en el Párrafo 6° del Capítulo II del Título I del Libro V de dicho cuerpo normativo, son aplicables a todos los trabajadores, incluidos aquellos a los que hace referencia el inciso segundo del artículo 1° del Código del Trabajo, en virtud de lo dispuesto en los incisos primero y tercero de ese mismo artículo.”
Las Fuerzas Armadas como Parte de la Administración del Estado
Criterio de la Corte Suprema
La Corte Suprema ha establecido que la circunstancia de que la normativa no mencione el capítulo XI de la Constitución Política de la República, que regula precisamente a las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, no implica que a sus miembros no se les apliquen las normas de los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo, contenidas en el Párrafo 6° del Capítulo II del Título I del Libro V. Esto se debe a que, evidentemente, son funcionarios de la Administración del Estado que están contemplados en el inciso segundo del artículo 1° del Código del Trabajo, leído a la luz de lo dispuesto en la ley orgánica constitucional de bases generales de la administración del Estado, Ley N°18.575.
Marco Legal Adicional
Adicionalmente, el análisis de diversas normas que regulan a las Fuerzas Armadas permite advertir claramente el carácter de funcionarios de la administración del Estado que ostentan sus miembros. Por ejemplo, el artículo 1° de la Ley N°18.948 establece que “Las Fuerzas Armadas, dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional, están integradas sólo por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, constituyen los cuerpos armados que existen para la defensa de la patria, son esenciales para la seguridad nacional y garantizan el orden institucional de la República”. Esto significa que, al depender del Ministerio de Defensa, forman parte de la administración del Estado. Esta idea se repite en otras disposiciones, como el artículo 138 del DFL N°1 de 1997, que señala que: “El personal estará sujeto a los deberes y restricciones inherentes a la profesión militar contenidos en la Ley Nº18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, en el presente Estatuto, en el Código de Justicia Militar, en el Reglamento de Disciplina respectivo y en la Ordenanza de la Armada, según corresponda.”
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En este contexto, la claridad sobre la naturaleza de los miembros de las Fuerzas Armadas como funcionarios de la Administración del Estado establece un precedente legal relevante. Si bien la información proporcionada no detalla explícitamente cómo una demanda de pensión de alimentos afecta directamente la postulación al ejército, la categorización de los militares como sujetos a un régimen jurídico específico implica que cualquier obligación legal o proceso judicial pendiente podría ser evaluado dentro de los criterios de idoneidad y cumplimiento que las instituciones armadas exigen a sus futuros integrantes. La sujeción a un marco legal amplio sugiere que el cumplimiento de responsabilidades cívicas y legales es un aspecto considerado en la integridad del postulante.