Un exhaustivo informe de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, que investigó 240 hogares de menores en 2017, ha sacado a la luz graves y sistemáticas violaciones a los derechos de los niños bajo la tutela del Estado. Este lapidario documento, al que CIPER tuvo acceso y que fue revelado por el diputado René Saffirio, constató un total de 2.071 abusos, de los cuales 310 tenían connotación sexual, en el 100% de los centros administrados directamente por el Servicio Nacional de Menores (Sename) y en el 88% de los gestionados por particulares.
Metodología y Alcance de la Investigación de la PDI
La investigación policial fue solicitada por el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien indaga las 1.313 muertes reportadas en centros del Sename entre 2005 y 2016, tras el trágico deceso de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016. Un equipo especial de la PDI recibió el mandato de concurrir a cada uno de los centros dependientes del Sename. Los detectives visitaron 240 de las 241 residencias existentes en el país (ya sea bajo administración directa del Sename o gestionadas por instituciones privadas); solo una se negó a recibirlos.
El informe de 257 páginas es un resumen de una extensa investigación contenida en 28 tomos. A diferencia de un reporte anterior de la ONU que visitó solo cuatro residencias, la PDI consideró 240, lo que proporciona una visión integral de la situación de los cerca de 6.500 niños que el Sename tiene en el sistema de residencias.
Tipos y Cifras de Abusos Documentados
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra niños, niñas y adolescentes, constatados por la PDI, se desglosan en varias categorías:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
En total, se contabilizaron 310 abusos con connotación sexual. La PDI también constató que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente se habían producido, y la mayoría de los directores de los centros informaron no contar con información anterior a 2017 sobre vulneraciones graves de derechos, por lo que los datos levantados corresponden casi exclusivamente a ese año.
Abusos Sexuales Cometidos por Adultos
De los 310 abusos con connotación sexual, 123 fueron perpetrados por adultos. Estos se distribuyeron de la siguiente manera:
- 92 casos en hogares gestionados por organismos colaboradores.
- 21 casos en los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa) administrados por el Sename.
- 10 casos en otros centros.
Abusos Sexuales Cometidos entre Menores
Asimismo, se constataron 187 abusos sexuales cometidos por otros menores. La mayor parte de estos ocurrieron en residencias de organismos colaboradores para adolescentes, representando el 62% del total.
La Naturaleza Sistemática de las Vulneraciones
El informe policial es categórico al afirmar que "estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros". La PDI constató que la violación de derechos sistemática se ha cometido en el 100% de los hogares administrados directamente por el Sename, así como en el 88% de los gestionados por particulares.
Este informe de la PDI es el último eslabón de una cadena siniestra de reportes elaborados por media docena de instituciones a lo largo de los últimos siete años. En esa cadena destaca el Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y Unicef que encabezó la jueza de familia Mónica Jeldres. La brutalidad de los hallazgos expuestos por el informe Jeldres dio pie a una media docena de investigaciones: dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría, a los que se suman el reporte de la ONU y ahora el de la PDI. Tras cada informe, la autoridad ha anunciado medidas, sanciones y reformas, pero la situación no ha mejorado.
Sename: Informe reveló vulneración de derechos en Centro el Arrullo
Fallos en la Fiscalización y Protocolos Internos
El equipo policial estableció que el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename, que son nociones básicas para asegurar un piso mínimo de resguardo a la integridad de los niños. Los resultados son alarmantes:
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas.
- Un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para "sujeción y contención física frente a desajustes conductuales". Esto es particularmente grave, considerando que la muerte de Lissette Villa fue precisamente por errores en la contención de una crisis de la menor.
- La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
El Sename, dependiente del Ministerio de Justicia, tiene la responsabilidad de fiscalizar que estos protocolos existan y se cumplan. Sin embargo, aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, la PDI determinó que "en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa". Además, los tribunales de familia deben fiscalizar los centros al menos cada seis meses, pero la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales.
Salud y Discapacidad de los Residentes
La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica es altísima, según el reporte de la PDI: 37,3% de los residentes. Más allá de los problemas de salud mental, un 14,2% de los residentes presenta alguna patología médica, y el 13,9% sufre una enfermedad crónica. Un 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital, y otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
Esta dramática situación se ve agravada por la falta de personal calificado y las condiciones estructurales de los centros:
- 42 centros no tienen un encargado de salud.
- De los 198 centros que sí cuentan con uno, la función es ejercida por funcionarios que no cumplen el perfil necesario; en 55 centros, la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud.
- En 159 centros (el 66,3% del total), "la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud".
- El 93,8% de los centros del Sename "no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos".
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