Introducción a la Crisis Institucional
El pleno de la Cámara de Diputados de Chile aprobó un informe que detallaba con precisión las graves falencias que presenta el sistema de protección a la niñez, especialmente en el Servicio Nacional de Menores (Sename), entre ellas los escasos recursos con los que cuenta. La realidad de aquellos niños intervenidos de sus hogares y residentes de la red Sename no es auspiciosa. En reiteradas oportunidades, organismos internacionales y expertos en materia de promoción de la infancia han cuestionado duramente el sistema que rige la prevención y protección de la infancia en el país.
Fallas en la Fiscalización y Supervisión
Las autoridades del Servicio Nacional de Menores, con Rolando Melo a la cabeza, faltaron gravemente a sus funciones, no supervisaron, dejaron sin control, sin resguardo, sin protección, a los niños de miles de lugares licitados a privados por Sename. La ministra de Justicia, Javiera Blanco, indicó que "nos preocupa el caso de dos menores fallecidos en el Pequeño Cottolengo" y añadió que "cada vez que se produce un deceso de un menor, lo que nosotros hacemos es instruir al Servicio Médico Legal, al Ministerio Público; también hoy día hemos elaborado un plan que tiene que ver con fortalecer supervisiones".
La Contraloría General de la República (CGR) ha detectado una serie de irregularidades tras fiscalizar los programas de protección del derecho de los menores del Sename, abarcando el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018. Como resultado de esta fiscalización, se instruyó un nuevo sumario. El informe final de la CGR abordó el cumplimiento de las supervisiones técnicas y financieras realizadas por el Sename a los programas señalados.
Durante la auditoría, se identificaron diversas falencias, tales como carpetas con fichas de menores incompletas o desactualizadas, la presencia de profesionales con experiencia insuficiente en temas de infancia y adolescencia, y fallas de seguridad en los sistemas informáticos. Asimismo, la Contraloría identificó una preocupante falta de control del personal contratado en los Organismos Colaboradores Acreditados (OCAS). Una oportuna y completa fiscalización de lo obrado por ambos programas hubiera permitido intervenir a fin de propender a la elaboración de nuevas pericias que se conformaran a sus normas técnicas y que resultaran de una calidad suficiente para ilustrar al Tribunal de Familia sobre la real situación familiar.
En este contexto, la Corte Suprema ha confirmado que el Servicio Nacional de Menores (Sename) tiene un rol fiscalizador de alcance amplio, que no se remite únicamente al ejercicio financiero de las entidades contratistas, denominadas "colaboradoras". Este fue el razonamiento por el cual la Corte acogió un recurso de casación y, en sentencia de reemplazo, condenó al fisco a pagar una indemnización por concepto de daño moral a un padre que denunció deficiencias en los informes emitidos por un organismo colaborador. La condena se fundamentó en el incumplimiento del deber de supervisar y fiscalizar tales reportes por parte del Sename. El reciente fallo de la Corte Suprema constituirá jurisprudencia para futuros litigios en que personas afectadas por deficiencias o falencias de estas instituciones exijan algún tipo de indemnización o reparación por parte del Estado.
Escasez de Recursos y su Impacto en la Calidad de Atención
Los recursos son un claro impedimento en mejorar la calidad de atención que se da a los niños. La diputada de la UDI Claudia Nogueira comentó que "no se ha revisado la ley de subvenciones hace muchísimo tiempo y está largamente superado en torno a las necesidades que tienen los niños". Este sistema que tenemos hoy en día está regido por una ley de subvenciones que parte de un supuesto erróneo: no hay subvención cuando el 100 por ciento de la atención a esos niños o niñas y adolescentes se cubre con lo que el organismo público, en este caso Sename, entrega. "Generalmente obtienen más recursos los grupos que pueden desarrollar presiones al sistema", se añadió.
En la comisión de Familia se propuso casi cuadruplicar la subvención que el Estado le otorga a cada niño. Ese dinero se necesita para trabajar con los niños más dañados y más frágiles de Chile, entonces se necesitan psicólogos, psiquiatras, neurólogos, fonoaudiólogos, educadores, entre otros profesionales.
La Realidad de los Centros: Hacinamiento y Condiciones Precarias
La presidenta de la comisión, Marcela Sabat (RN), expresó que "es preocupante. Se menciona el cierre de 42 centros del Sename. Es grave (...) suponemos que esos niños tienen que haber sido derivados a otro hogar". Hacinamiento, insalubridad (basura), déficit de funcionarios y técnicos (renuncian y no son re contratados), desorden en la administración de medicamentos, son algunos de los problemas que descubrió la comisión de jueces de familia que trabajó en esta fiscalización solo a recintos residenciales de protección del Sename.
Déficit de Personal y Condiciones Laborales Críticas
Las agresiones a dos educadores de trato directo en dos recintos del Servicio Nacional de Menores (Sename), ocurridas en menos de un mes, gatillaron que las asociaciones de funcionarios se movilizaran, decretando toma en siete de estos recintos a lo largo del país, incluyendo los centros de Limache y San Joaquín. Según los trabajadores, estas situaciones se deben, principalmente, a la falta de personal que trabaja en los recintos, y que en el caso de los educadores de trato directo es crítico.
Esta brecha se abordó en un oficio preparado por el Sename en mayo de este año, sobre la situación que se vive en los 11 Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread). En el informe, que fue enviado a la Comisión de Derechos Humanos del Senado, se alerta que el 71,4% de los 371 trabajadores que faltan solo en este tipo de establecimientos corresponde a educadores que se relacionan directamente con los menores. Alicia del Basto, dirigenta de la Asociación de Funcionarios del Sename (Afuse), señaló que "si en algún momento los centros tuvieron una dotación adecuada, durante los años el personal migró a otros centros o a otros cargos, y esos cupos nunca se reemplazaron. Eso ha sido responsabilidad de los directores que han pasado por el servicio".
Asimismo, Del Basto alertó que el déficit de educadores es similar tanto en los centros de protección como en los de justicia juvenil. "En muchos centros los trabajadores tenemos que realizar turnos de 24 o 36 horas y eso ha llevado a que muchos de los funcionarios actualmente estén con licencia médica", agregó. Los educadores de trato directo trabajan en tres turnos diferenciados (diurno, nocturno y rotativo). Hernán Olivi, dirigente de la Asociación Nacional de Trabajadores del Sename (Antrase), añadió que "los estándares dicen que cada educador debiera estar a cargo de siete u ocho niños, pero en la práctica hay uno cada 20". El grado de escalafón para el cargo de educador no profesional es el número 20º con una remuneración de $356 mil líquidos, mientras que para los profesionales es el 18º con $595 mil líquidos.
Por otra parte, la Contraloría establece que los trabajadores que cumplen turnos no podrán percibir el pago promedio de las horas consideradas "extraordinarias" durante feriados, licencias médicas o permisos con goce de remuneraciones. Las Asociaciones señalaron que han pedido audiencia a la Contraloría, pero que no se les ha respondido a sus solicitudes. Las tres mayores asociaciones de funcionarios del Sename se reunieron con la directora nacional, Solange Huerta, para evaluar soluciones a las demandas que los mantienen movilizados.
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Transición a Mejor Niñez: Persistencia de Problemas y Nuevos Desafíos
Desde el 1 de octubre de 2021, el servicio estatal conocido como Mejor Niñez tiene la responsabilidad de la protección especializada a las infancias y adolescencias vulneradas. En medio del rediseño y pese a los avances, se han registrado críticas situaciones que no solo preocupan e involucran a funcionarios de Sename y Mejor Niñez. Hacinamiento, listas de espera con sobrecupo, mal manejo de fondos públicos y casos de abuso sexual persisten, levantando alarmas también en el Congreso.
Los trabajadores, si bien reconocen logros como el necesario cierre de los masivos CREAD, hasta ahora sienten que se ha roto la promesa de una “mejor niñez”. En palabras de los representantes sindicales, “la esperanza de un mejor servicio no ha sido real”, criticando duramente la aplicación de políticas públicas mal diseñadas y promesas incumplidas. Además, han manifestado su firme oposición a la “improvisación” y “falta de diseño coherente con la realidad nacional” en los nuevos servicios implementados, los cuales -a su juicio- adolecen de inadecuado respaldo técnico y presupuestario. "Poner a los niños primeros en la fila" fue la promesa del gran Acuerdo Nacional por la Infancia, impulsado en 2018.
Un caso emblemático de mal uso de fondos es el de las gift cards. Funcionarios de Mejor Niñez y del Sename llaman a los ministerios de Desarrollo Social y de Justicia a analizar responsabilidades políticas ante “experimentos mal diseñados”. El Mostrador reveló que millonarios fondos públicos destinados a necesidades básicas de infancias vulneradas han sido mal utilizados por los propios funcionarios de Mejor Niñez, incluso para fines personales. Se investiga el destino de varios millones que el servicio desembolsó para comprar gift cards canjeables en tiendas del retail y que se implementaron en residencias administradas por el Estado precisamente en el proceso de transformación.
Desde la Subsecretaría de la Niñez han sostenido que esta modalidad llegó para dejar atrás el burocrático sistema de compras públicas y hoy permite compras personalizadas y adaptadas a las necesidades individuales de niños, niñas y adolescentes. El caso se descubrió casi por accidente en Arica, en enero de este año, a raíz de la alerta del vendedor de una multitienda. Luego de detectar el uso indebido de este instrumento en tres direcciones regionales, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia ordenó, el 30 de abril de 2024, la suspensión del uso y la entrega de las tarjetas. El monto observado en la Región de Arica y Parinacota asciende a más de $45 millones. Mientras, en Valparaíso, más del 90% de las operaciones revisadas presenta observaciones en la pertinencia y respaldo de las rendiciones presentadas. En Talca, Antrap reveló que sostuvieron una reunión el 24 de enero con la directora regional, en la que los dirigentes dieron cuenta del tema de las gift cards, estando al tanto de lo sucedido en Arica.
Implicaciones Judiciales y Llamados a la Acción
La ministra de la Corte Suprema, Rosa María Maggi, reconoció que el poder judicial está inhabilitado para solucionar la crisis del Servicio Nacional de Menores (Sename), esto tras el informe emitido por el máximo tribunal del país el cual establece graves problemas al interior de los hogares donde permanecen niños y jóvenes. La ministra Maggi fue tajante en asegurar que los jueces nada pueden hacer para superar la crisis, dichos emitidos tras las numerosas críticas. El diputado independiente René Safirio calificó de negligente al Poder Judicial, ya que este es el primer informe público sobre el organismo.
Alicia del Basto, presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del Sename, reconoció que los jueces de familia visitan cada tres meses los centros. Finalmente, los sindicatos hacen un llamado urgente a todos los actores políticos y sociales, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, a abordar de manera prioritaria y coordinada las necesidades críticas planteadas por los trabajadores de estos servicios.
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Hacia un Nuevo Modelo de Protección
El trabajo de revisión sobre la situación de los niños en Sename fue liderado por un equipo técnico de la Dirección Nacional del Sename y contó con la participación, en calidad de observadores, de profesionales del Ministerio de Desarrollo Social, levantando información de 490 niños, niñas y adolescentes de los 11 centros de protección administrados directamente por Sename. Adicionalmente, los resultados evidencian la precariedad del trabajo intersectorial, que es clave para la efectiva restitución de derechos de los niños, ya que su cuidado no es responsabilidad exclusiva de Sename, sino también de Salud y Educación, entre otros actores. La auditoría además consideró la opinión de los niños mediante un instrumento especialmente diseñado para este fin.
El Presidente señaló que los resultados son “tristes y a veces dramáticos, y reflejan lo que todos sabíamos, que estamos fallándole a nuestros niños”. Por ello anunció que “estamos implementando una nueva visión, una nueva etapa en la forma en que cuidamos y protegemos a los niños vulnerados” y explicó que uno de los cambios será un nuevo modelo de residencias, de tipo familiar.