Recientemente se conoció el informe de la Policía de Investigaciones (PDI) que da cuenta de la violencia sistemática que se ejerce en contra de niños y niñas en residencias de protección. Estos datos revelan que la precariedad de la atención residencial y las deficiencias de funcionamiento de los centros no son características excepcionales, sino que responden a un problema transversal. Este problema muestra cómo la sociedad y las instituciones públicas han enfrentado con serias dificultades la tarea de proteger a niños y niñas cuando su cuidado no puede ser garantizado por el entorno familiar.
Es necesario recordar que este informe forma parte de una serie de documentos elaborados por diferentes instituciones que, desde el año 2012, suman antecedentes y evidencias de la profunda crisis que afecta a las residencias de nuestro país. La protección institucional de la infancia siempre se ha presentado como un desafío altamente complejo para cualquier sociedad.
Un Sistema en Crisis: Violencia Estructural y Falta de Protección
No existe una voluntad que premeditadamente tenga por objetivo vulnerar los derechos de los niños, pero sí existen condiciones estructurales y prácticas anquilosadas en los sistemas de protección que normalizan y reproducen formas de violencia difíciles de desarticular. De ahí el drama y la imposibilidad histórica para revertir esta situación a través de políticas públicas que no reproduzcan y perpetúen la violencia que pretenden detener.
Es importante reconocer que el daño que produce la vulneración de derechos siempre va acompañado de un sufrimiento que es consecuencia de la separación afectiva, entendida como la ruptura y pérdida de los vínculos, que se producen al ingresar a una institución residencial. Por lo tanto, desconocer sistemáticamente este problema es perpetuar la experiencia de temor y desconfianza hacia las instituciones encargadas del cuidado y la protección de niños, niñas y jóvenes.
Cuando las instituciones que encarnan la tarea de garantizar y proteger los derechos de los niños están fuertemente cuestionadas, se produce una crisis de confianza que fragiliza las condiciones de posibilidad para el cuidado. Sin un proceso que permita comprender y reconocer, desde las propias instituciones de protección, cómo se normaliza la negligencia y el maltrato al interior de estos contextos, es altamente probable que nuevamente seamos testigos de formas de violencia institucional, independiente de los avances en infraestructura y aumento de recursos económicos.
Esta investigación no solo nos recuerda la existencia de una cultura de maltrato y violencia contra niños en condiciones que deberían garantizar su cuidado y buenos tratos. Resulta preocupante que el logro de la política pública en infancia quede expresado en las mejoras a la infraestructura y en la apertura de nuevos inmuebles, cuando lo que debería importarnos es si quienes habitan esos espacios son cuidados y se sienten tratados con dignidad.
Las Deficiencias en la Salud Mental y la Atención Médica
Brecha Asistencial en Salud Mental
Pese a la grave realidad de los niños, niñas y adolescentes en el sistema, el Ministerio de Justicia reconoció una brecha asistencial de 88,9% para responder a las necesidades de la salud mental de niños y adolescentes en protección por vulneración de derechos. Esta frase es parte de la presentación que entregó el jefe de la cartera de Estado, Jaime Campos, a los parlamentarios de la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuesto, con el objetivo de que aprobaran los recursos para 2018.
Con una inyección monetaria de $451 millones, el gobierno señalaba que pretendía cubrir en 2018 al 37% de la población del Sename, en el marco de atenciones realizadas en seis servicios de salud en el país, y para 2019 y 2020 se considerarían 12 servicios de salud más, llegando a cubrir aproximadamente el 80% de la población Sename. Se indicó que "de no ser abordada esta problemática con acciones preventivas y de tratamiento oportuno, se acrecienta el daño en su desarrollo integral, vulnerando aún más sus derechos".
En el Ministerio de Justicia se afirmó que "de acuerdo a la cobertura, los lineamientos los da el Ministerio de Salud, debido a que la mayoría de los recursos e intervenciones son incluidos en los servicios de salud".
Casos Emblemáticos y Falta de Tratamiento
En junio de este año, cuatro adolescentes que estaban en programas del Servicio Nacional de Menores (Sename) murieron víctimas de situaciones de ahorcamiento, según informó la institución. La mayoría de las veces se trató de jóvenes vulnerados con problemas de salud mental. Un caso emblemático de esta situación es el de Lissette (11), residente del Sename que falleció el 11 de abril de 2016 producto de una asfixia mecánica, según la fiscalía, causada por sus cuidadoras. La niña estaba bajo tratamiento psiquiátrico.
Otro caso es el de Guillermina (16), quien llegó al Centro de Protección Alborada del Sename y fue encontrada colgada con sus propios cordones menos de media hora después de su reingreso. No era la primera vez que intentaba suicidarse. Contrario a todo protocolo internacional de manejo de menores vulnerables, Guillermina no fue llevada a un hospital para cerciorarse de su estado, estabilizarla o hacerle un chequeo completo. La querella por su muerte, en agosto de 2012, no prosperó.
Mónica Troncoso, jefa de Neurosiquiatría Infantil del Hospital San Borja Arriarán, indicó que ha sido tal la demanda de atención de niños provenientes del Sename o derivados de los tribunales, que "en el hospital y en los servicios de urgencia no tenemos la capacidad de absorber esa tremenda demanda que se ha generado". Agregó que se hace "necesario que se instale a nivel de los hogares de los niños un equipo de salud" y que "el Minsal y Justicia deben conversar y buscar una solución".
Un informe de la Comisión Jeldres evidencia un panorama inquietante respecto del tratamiento de las enfermedades mentales. En Arica, se consignan nueve niños con problemas de salud mental sin tratamiento. En Coquimbo, se registran cinco casos sin vigilancia médica. En O’Higgins, los niños sin atención son nueve. Salvo en Tarapacá, el problema se repite en todas las regiones, agregándose en algunas zonas el fracaso de los tratamientos. La falta de atención de salud de calidad es uno de los nudos críticos del sistema. Según cifras de SENAME, hay cerca de 1.500 jóvenes con graves problemas de salud que requieren atención especializada y para los cuales el aparato público no ofrece respuestas.
Sobremedicación y Falta de Personal Capacitado
El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, afirmó que su impresión clínica es que Lissette estaba sobremedicada. Asegura que se le estaba suministrando un fármaco (benzodiazepina) que en la cantidad que se le daba a Lissette actúa como antipsicótico, y que estuvo "expuesta a antidepresivos por años", a pesar de que no está demostrado que hagan efecto en niños, e incluso pueden tener efectos adversos.
Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, asegura que la "poca prolijidad" con la que se manipulan este tipo de medicamentos en los centros es "generalizada". El stock está en cualquier parte, cualquiera lo manipula, y hay problemas graves con la dosificación. Señaló que "los adolescentes ya saben simular, dejar la pastilla debajo de la lengua y si no hay personal especializado que se los suministre, no sabemos si se están tomando efectivamente las dosis".
Este problema es grave, considerando que "el 63% de los niños están con tratamiento farmacológico y más de 3.000 niños están sin la debida atención médica de personal especializado", según el senador Alejandro Navarro. Además, Estrada asegura que "Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región [América Latina] y no tiene camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil".
Ep 12. La crisis de salud mental en los adolescentes
Cuestionamientos Parlamentarios y Propuestas Legislativas
Los parlamentarios no solo se mostraron insatisfechos en relación al proyecto presupuestario de la cartera, sino que también criticaron la importante brecha asistencial para cubrir las necesidades de menores con problemas de salud mental. Al respecto, el diputado RN Nicolás Monckeberg dijo que "resulta inaceptable que a pesar de que la muerte de Lissette en el hogar Galvarino se produjo, entre otras cosas, porque debía contar con un tratamiento psiquiátrico adecuado y el Sename no cumplió con entregárselo, ni siquiera ahora el gobierno destine los recursos necesarios para la salud mental de niños y adolescentes vulnerados".
El senador RN Alberto Espina dijo que "los programas están con baja cobertura de salud mental, pero no solo eso, sino que no se ha medido si estos son buenos o no. El sistema de atención de los niños vulnerables, sean imputables o no, está colapsado y requiere de una cirugía mayor, y por supuesto que es inaceptable que tengamos más de un 80% de déficit, es una vergüenza". Por su parte, el senador independiente Pedro Araya dijo que "es preocupante, porque muchos de los jóvenes necesitan tratamiento de salud mental, sobre todo quienes quieren abandonar el consumo de drogas, donde hay una tremenda deuda para con los jóvenes".
En condiciones de ser visto por la Sala, quedó el proyecto que modifica la ley N° 20.584 a fin de establecer atención preferente para niños, niñas y adolescentes internados en establecimientos del Sename que padezcan enfermedades mentales. La norma busca que, así como adultos mayores y los discapacitados, los menores con trastornos psiquiátricos reciban la misma priorización al momento de ser atendidos por un especialista, al practicárseles exámenes y otros procedimientos, o al requerir los fármacos correspondientes. Para materializar lo anterior, la moción explica que deberá dictarse un reglamento dentro de los seis meses dictada la ley.
Caos Estadístico y Falta de Transparencia
Lo único claro respecto del número de menores vulnerables muertos cada año bajo la tutela del Estado es que no se sabe. Según un informe del Ministerio de Justicia, 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016. Sin embargo, un reporte de Unicef reveló que el número de fallecimientos durante 2010 era cinco veces el reportado por el informe. El gobierno chileno salió a aclarar, entonces, que la cifra solo incluye a los menores del área "protección".
BBC Mundo analizó los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014 y el resultado arroja 318 fallecimientos, los que, sumados a los 77 correspondientes a ese período de la lista entregada por Justicia, darían un total de 395. Pero el número oficial no parece confiable ni siquiera para quienes lo publicaron. "Hay un problema de cifras, esa es una realidad. Pero es parte de la complejidad del servicio", explica Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia. "El Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales", dice el diputado Saffirio.
Francisco Estrada asegura que "no tengo ninguna confianza en las cifras. Es posible que esté replicada la información. Por ejemplo, si un niño ingresó a distintos programas y murió, su muerte será contabilizada como egreso en todos ellos".
Además, la Comisión Jeldres detectó que, en la mayoría de los casos, los informes trimestrales que los hogares deben enviar a los jueces informando sobre los avances de los niños o no se enviaban o eran copias textuales del informe enviado anteriormente. Otra causa que reduce el control de los jueces es la presión que sufren los tribunales por cumplir con las metas de gestión que les fijan sus superiores y el Ejecutivo. La abogada Paulina Gómez, miembro de la Comisión Jeldres, añadió: "Esas causas, donde las personas sin recursos van sin abogado, son las que se cierran sin siquiera abrir un juicio. ¿Para qué? Para que figuren como terminadas y suban las estadísticas. Ahí está el tema de fondo. La falta de control judicial que se ha descrito, explica por qué muchos indicadores de la calidad de vida de estos niños se mantienen por años en niveles inaceptables."
Otras Vulneraciones de Derechos Fundamentales
Educación y Abandono Familiar
Hay 1.187 niños en residencias del Servicio que no se encuentran inscritos en ningún establecimiento educacional. Un aspecto delicado que revela el informe dice relación con las grandes dificultades que tiene el sistema para vincular a los niños con sus familias una vez que están internados. El resultado concreto es que hay una enorme cantidad de niños que el informe califica de “completamente abandonados”, es decir, que no son visitados por ningún familiar ni están en ningún proceso de vinculación para ser adoptados.
A nivel nacional, 743 niños son calificados como “completamente abandonados” por el informe. Esta soledad es acrecentada por la mecánica institucional. En un alto porcentaje, los niños internados tienen hermanos en el sistema. Así, cientos de niños se enfrentan a largas internaciones solos o con visitas una vez al mes.
Abuso Sexual Intra-residencial
El abuso sexual es parte integral de la vida de muchos de los niños que permanecen internos. Dependiendo de la región, el abuso es la segunda o tercera causa de ingreso a la red, afectando a cerca de un 10% de los niños. La encuesta elaborada en 2011 por el SENAME -“Mi derecho a ser escuchado”- detectó más de 200 casos de abusos sexuales.
El informe elaborado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial consigna que el sistema tiene registros de 208 casos de abuso intra-residencial. La amplia mayoría de ellos ha sido cometido por otros niños internos que probablemente están repitiendo la experiencia de la que fueron víctimas. El estudio realizado por UNICEF y el Poder Judicial que ha vuelto a develar los abusos en residencias de protección nos recuerda que actualmente cerca de quince mil niños son atendidos anualmente en estos centros.
Hacia un Nuevo Modelo de Protección: Servicio Mejor Niñez
El 5 de enero de 2021 se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.302 que crea el “Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas legales que indica”, que viene a reemplazar el actual Sename. La grave situación que describe esta investigación sale a la luz en medio de la discusión que crea el nuevo Servicio de Protección de la Niñez, institución que reemplazará al Sename dentro de algunos años.
Teniendo presente la relevancia de contar con un nuevo servicio especializado de protección, es necesario mirar este proyecto considerando la preexistencia de problemas estructurales que obstaculizan el desarrollo de una institución que efectivamente promueva una cultura de cuidado de los vínculos, las historias y las vidas de los niños, sus familias y los trabajadores de la infancia. Como señaló Branislav Marelic, la creación del Servicio Mejor Niñez es una declaración del Estado diciendo que van a realizar las cosas bien, «pero no asegura que cambie nada».
Propuestas de Solución para un Cambio Estructural
Precisamente un apoyo y seguimiento psiquiátrico adecuado es uno de los tres pilares de una solución definitiva para el problema, según el análisis de Francisco Estrada. "Necesitamos unidades polivalentes, con niños adecuadamente medicados, con personal dedicado que también trabaje con las familias y no que las aísle", explica el abogado.
El segundo pilar tiene que ver con que el objetivo final sea que los niños vuelvan con sus familias de origen. "Los niños son internados por pobreza. Vienen de padres que en su infancia también fueron maltratados y la solución no es quitárselos, sino que romper el círculo. Entregarles herramientas, acompañarlos". Sin embargo, Estrada plantea que quienes toman las decisiones "muchas veces tienen muy baja formación, en un caso complejo no saben qué hacer y la decisión más fácil es internar al niño". Estela Ortiz coincide: "¿Por qué no hay ningún niño en la institución Sename del 50% del nivel económico más alto del país, a pesar de que el abuso sexual y la violencia es algo transversal? ¿No hay una estigmatización de la pobreza también?".
Por último, Estrada plantea que es necesario que los niños cuenten con una defensa jurídica adecuada "que vele porque todos los actores del proceso hagan su trabajo". En caso de vulneración grave de derechos, la abogada Paulina Gómez estima que "el juez debe ordenar que el niño reciba la prestación de salud que necesita, lo que no es otra cosa que exigir que se cumpla con las obligaciones básicas. Si la autoridad no cumple, se le decreta el pago de una multa o el arresto".
La Necesidad de un Cambio Cultural y Social
Hoy más que nunca se requiere de una política pública de protección enfocada en brindar herramientas y condiciones para que las personas que trabajan y cuidan de los niños puedan realizar esta compleja tarea acompañadas y apoyadas permanentemente. Se requiere de personas sensibles a las experiencias e historias particulares inscritas en la vida de cada niño y niña. Las políticas de infancia deben ser ante todo respetuosas de los niños, sus familias y comunidades.
Abordar el maltrato infantil por parte de la familia o las vulneraciones y abusos en manos de instituciones que tienen por principal tarea la protección, no puede desligarse de una discusión que pueda pensar el lugar de los niños y niñas en nuestra sociedad, así como el contexto en el que se desarrolla y reproduce la violencia. La reparación de los derechos vulnerados no se reduce a la conformación de un ambiente que supla o compense las carencias afectivas y materiales del niño. No se resuelve por la sustitución de un adulto deficiente por otro mejor; de una familia inmoral por otra con valores y ganas de entregar amor. La restitución de los derechos requiere de otros, de la familia si es posible, de las educadoras de trato directo, de los profesionales, directores y directorios de las fundaciones; requiere de la comunidad. De esa forma la posibilidad de que un niño recupere la confianza en otro, en particular de un adulto, se sostiene en que pueda ser reconocido como un sujeto más allá de sus antecedentes, de su historial de vulneraciones y del estigma de su historia previa.