La situación de los niños, niñas y adolescentes bajo la protección del Servicio Nacional de Menores (SENAME) en Chile ha generado profunda preocupación, especialmente en lo que respecta a la salud mental y la calidad de los peritajes psicológicos. En junio de este año, cuatro adolescentes en programas del Sename fallecieron por ahorcamiento, según el oficio número 1405 del 19 de julio pasado. La mayoría de estos jóvenes, vulnerados, padecían problemas de salud mental. Un caso emblemático es el de Lissette (11), quien murió el 11 de abril de 2016 por asfixia mecánica, supuestamente causada por sus cuidadoras, y que se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico.
Brecha Asistencial en Salud Mental
El Ministerio de Justicia ha reconocido que existe una brecha asistencial del 88,9% para responder a las necesidades de salud mental de niños y adolescentes en protección por vulneración de derechos. Esta cifra fue parte de la presentación del jefe de la cartera, Jaime Campos, a los parlamentarios de la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuesto, con el objetivo de aprobar los recursos para 2018, incluyendo $310.841 millones para el Sename.
A pesar de la propuesta, la partida presupuestaria fue rechazada por los legisladores, quienes señalaron una falta de recursos para mejorar la realidad de los niños y jóvenes en la red Sename. El gobierno había propuesto invertir $451 millones para la "continuidad del sistema de salud integral, con énfasis en salud mental" para la población Sename, esperando cubrir el 37% de esta población en seis servicios de salud en 2018, y un 80% para 2020 con la incorporación de 12 servicios más. Se advirtió que de no abordarse esta problemática "con acciones preventivas y de tratamiento oportuno, se acrecienta el daño en su desarrollo integral, vulnerando aún más sus derechos".
Cuestionamientos y Denuncias de Parlamentarios y Profesionales
Reacciones de Parlamentarios
Los parlamentarios no solo mostraron insatisfacción con el presupuesto, sino que también criticaron la importante brecha en la atención de salud mental. El diputado RN Nicolás Monckeberg calificó de "inaceptable" que, a pesar de la muerte de Lissette, el gobierno no destine los recursos necesarios. El senador RN Alberto Espina, quien rechazó los fondos, señaló la baja cobertura y la falta de evaluación de la eficacia de los programas de salud mental, calificando la situación como una "vergüenza" con más de un 80% de déficit. El senador independiente Pedro Araya expresó preocupación por la necesidad de tratamiento de salud mental en jóvenes, especialmente aquellos que buscan abandonar el consumo de drogas.
Denuncias en el Ámbito Médico
La comunidad médica del Hospital San Borja Arriarán denunció deficiencias tecnológicas y una demanda de atención inabsorbible de niños provenientes del Sename o derivados de tribunales. Mónica Troncoso, jefa de Neurosiquiatría Infantil del hospital, enfatizó la necesidad de instalar equipos de salud en los hogares de los niños y que los Ministerios de Salud y Justicia deben buscar una solución.
Críticas a los Peritajes Psicológicos
Varias personas han compartido experiencias personales que exponen graves deficiencias y malas prácticas en los peritajes psicológicos, especialmente en contextos judiciales y del Sename. Una persona de 34 años, Camila, denunció haber sido diagnosticada con "5 trastornos inexistentes" por una "pésima perito" para ser considerada "vulnerable y poco apta en la crianza de su bebé", resultando en la separación de su hijo. Ella considera que el peritaje es "un negocio redondo hoy en día" y que da cuenta de "personas con poca educación y solidez personal", cuestionando los valores y la formación profesional.
Un psicólogo con 29 años de experiencia como perito, que trabaja en el ámbito penal y civil, afirmó sentir "vergüenza de lo que informaban 'colegas', incluso del SML", cuyos informes no se ajustaban a la Guía Normativa Técnica Pericial de Salud Mental. Destacó que, pese a esto, algunos informes deficientes eran considerados por los magistrados en desmedro de otros que sí cumplían con la normativa.
Ejemplos de Malas Prácticas en Peritajes
- Una psicóloga perito realizó un informe "sin ningún tipo de entrevistas, ni teléfono ni presencial", sobre el cual los jueces tomaron la decisión de separar a un progenitor de sus hijos.
- Un perito fue acusado de realizar un informe basado en conclusiones erróneas para defender una postura parental, sin escuchar a las partes y causando daño psicológico y emocional.
- Un "cartel de la mentira" conformado por Andrés Aldunate y Mauricio Núñez, según un denunciante, operaba en tribunales generando ingresos a partir de informes y testimonios falsos para dañar deliberadamente a personas y familias.
- El Centro Newen, según una denuncia, recibía el 95% de los peritajes privados del tribunal de familia de Puente Alto desde 2012, cobrando cinco veces más de lo indicado inicialmente y entregando peritajes "carentes de conclusiones, más bien narrativos" y con "juicios de valor".
- Un "psicólogo" de 24 años fue acusado de realizar un peritaje con "antecedentes estúpidos" y un informe con "palabras rebuscadas" que llevó a un hombre a ser enviado a un programa "HOMBRES SIN VIOLENCIA" bajo la amenaza de abandonar su casa, a pesar de que él era la víctima de agresión.
Conferencia: Ética pericial
Se ha señalado que el sistema judicial no acepta audios o videos como prueba, argumentando que se podrían vulnerar los derechos de privacidad de un menor, lo que ha sido calificado como una "imbecilidad". Además, se mencionan "400.000 mil casos anuales de obstrucción al vínculo del menor que está separado del padre", muchas veces por denuncias falsas redactadas por psicólogas o asistentes sociales, y "miles y miles de casos de niños alienados parentalmente" por el padre custodio.
La falta de regulación y sanción contra "malos profesionales" es una preocupación recurrente. Una denuncia ante el colegio de psicólogos contra una "sicóloga corrupta de Viña del Mar" nunca recibió respuesta, y se conoció que la comisión de ética del colegio de psicólogos había dejado de sesionar. Se exige un cambio en la formación profesional en las universidades chilenas y una mayor regulación para evitar que "los chilenos de a pie" sean los perjudicados.
Auditoría Social en los CREAD del SENAME
Resultados de la Auditoría
La directora del Sename, Susana Tonda, presentó los resultados de una auditoría social realizada a los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD) del país ante la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con niños, niñas y adolescentes. Los principales problemas detectados fueron:
- Graves patologías de salud mental y consumo de drogas.
- Baja inserción escolar.
- Deficiencias en la intervención individual.
- Errores en la gestión administrativa de los centros.
La auditoría abarcó 490 casos de menores en once CREAD a lo largo del país. Entre los hallazgos específicos se encuentran:
- En un 20% de los casos, no existe coherencia entre el diagnóstico y el plan de intervención.
- En un 25% de los casos, no se evaluaron las competencias parentales en el diagnóstico.
- En un 33,2% de los casos, no se evaluaron los planes de intervención.
- En un 30,8% de los casos, no se presta atención psicológica.
- En un 40% de los casos, la intervención no se centra en el avance y logro de los objetivos.
- En un 52% de los casos, no existe terapia ocupacional.
Tonda también reconoció "malos resultados en los indicadores de gestión interna", incluyendo equipos técnicos desarticulados, falta de registros y debilidad de las funciones directivas, comprometiéndose a mejorar estas deficiencias en un plazo de 90 días.
Situación de los Menores
En cuanto a la situación específica de los menores, la auditoría reveló:
- Un 55% de los menores diagnosticados con una patología de salud mental.
- Un 58% recibe algún tratamiento farmacológico.
- Un 34,4% no ha sido matriculado en un establecimiento educativo.
- Un 40% tiene problemas de consumo de alcohol y drogas.
- Un 20% han sido declarados en "abandono del sistema".
Cierre del CREAD Playa Ancha
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos decretó el cierre del CREAD de Playa Ancha en Valparaíso como medida cautelar, debido a numerosas denuncias de vulneraciones. Susana Tonda informó que se está trabajando en su cierre definitivo para 2019, buscando y habilitando nuevas residencias para los 80 menores que actualmente se encuentran allí.
Importancia de los Peritajes y Evaluaciones en el Sistema de Protección
Los Proyectos DAM (Diagnóstico Ambulatorio) basan su intervención en la capacidad técnica especializada para evaluar las situaciones de niños, niñas y adolescentes que requieren la intervención de los tribunales. El proceso de evaluación debe priorizar "el absoluto cuidado y respeto del interés superior del niño/a y adolescente, protegiendo sus derechos durante todo el proceso".
Las pericias, solicitadas por la autoridad jurídica a un experto o profesional, tienen como objetivo ayudar a tomar resoluciones judiciales al conocer el tipo y nivel de vulneración de derechos, su gravedad, cronicidad y efectos en el desarrollo del menor. Estos peritajes se constituyen en "elementos claves de asesoría a los jueces competentes". Los Proyectos de Diagnóstico buscan realizar "evaluaciones periciales proteccionales oportunas y especializadas a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de grave vulneración de derechos o suposición fundada de esto, asociada a niveles de daño y victimización".
Estos proyectos cumplen siete años de funcionamiento desde su licitación en 2007, y la Ley N° 20.032 establece que cada año corresponde efectuar una "Evaluación de Desempeño Anual" de los mismos.
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