El Nuevo Marco de Protección Integral de la Niñez en Chile y la Transición Institucional

A partir de la promulgación en marzo de 2022 de la Ley sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, Chile cuenta con un marco normativo general para enfrentar integralmente la protección de sus derechos. Con la puesta en marcha del nuevo servicio Mejor Niñez en octubre de 2021 para la atención de los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, y la creación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que permitirá contar con un sistema de justicia especializado con fiscales, jueces y defensores expertos en responsabilidad penal adolescente, el país tendrá en funcionamiento una institucionalidad más robusta para el respeto, la promoción, la protección y la realización de los derechos de la niñez y adolescencia.

Desafíos en la Protección de Derechos y Políticas Públicas

Junto a ello, se necesitan políticas públicas que aseguren a las familias condiciones socioeconómicas suficientes para que puedan cumplir con su rol protector. En el ámbito de la vulneración de derechos, se debe avanzar en el establecimiento de mecanismos de coordinación efectivos entre la oferta programática de protección especializada y la de protección social dirigida a las familias. Esto es crucial para asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes que están con cualquier medida de protección especializada (cuidado alternativo familiar, residencial, en proceso de revinculación familiar y en programas de protección especializados) accedan a todas las prestaciones de protección social.

Infografía sobre la articulación de programas de protección especializada y social para la niñez en Chile

Reformulación del Cuidado Alternativo Residencial

Adicionalmente, se requiere reformular el cuidado alternativo residencial para evitar la masividad de niños y niñas en residencias y hacer efectiva la protección y el buen trato dentro de ellas. Con este fin, es necesario fortalecer el trabajo con las familias de estos niños y niñas, de manera que puedan superar las vulneraciones y reunificarse con sus hijos e hijas, asegurándoles su derecho a vivir en familia.

UNICEF se encuentra apoyando esta reformulación para concretar el cierre de los CREAD para el año 2021 y consolidar el funcionamiento de las nuevas residencias familiares. Además, para contribuir a que niños, niñas y adolescentes se desarrollen en una familia, está colaborando con el rediseño de los programas de familias de acogida, con el diseño del programa de revinculación familiar para la desinternación de niños y niñas de 0 a 8 años, y con el rediseño de los programas ambulatorios para mejorar su efectividad y lograr que no sean separados de sus familias.

Combate a la Violencia Infantil y Adolescente

Para disminuir los índices de violencia, UNICEF apoya la articulación de diversos actores institucionales para avanzar en la implementación de acciones comprometidas en el Plan de Acción de la Niñez y Adolescencia 2018 - 2025. En esta línea, se requiere también un compromiso transversal para trabajar coordinadamente estos índices que los niños, niñas y adolescentes enfrentan en distintos ámbitos de su vida (familiar, escolar, institucional, entre pares).

Responsabilidad Penal Adolescente y Reinserción Social

En el ámbito de la responsabilidad penal adolescente, se requiere establecer el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil especializado, actualmente en discusión en el Congreso Nacional. Este servicio debe coordinar y entregar una oferta programática orientada a la efectiva reinserción social y a la promoción de conductas que permitan a los adolescentes desistir de la comisión de delitos.

Asimismo, se deben mejorar las condiciones de los centros de privación de libertad de los adolescentes en cuanto a infraestructura y condiciones de habitabilidad, y también respecto de la supervisión en la aplicación de los programas que se brindan al interior de los mismos.

Críticas y Deudas Pendientes del Sistema de Protección

Las situaciones identificadas en el sistema de protección, entre las que se encuentran el hacinamiento en residencias estatales, casos de abuso sexual y mal uso de platas públicas, han sido descritas por parlamentarios y el propio Servicio Protección como una situación altamente compleja. Si bien había acuerdo en que el modelo en que el Estado se hacía cargo de la situación de los niños y niñas vulnerados en sus derechos era inadecuado, lo cierto es que el nuevo modelo no debió haber sido concebido solamente en base a la ley de la oferta y demanda.

Otras de las preocupaciones recurrentes son la falta de personal, la rotación y la falta de reemplazos de los cuidadores. Estas alertas se han venido levantando hace años y no como una circunstancia de reciente conocimiento de la situación actual.

El Estado sigue en deuda, y aunque se ha avanzado en algunos temas, como el contar con una Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, aún se necesita un cambio estructural del sistema. Es imperativo pasar a un modelo de derechos humanos enfocado en las necesidades de los niños, niñas y adolescentes.

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