El caso de Daniel Zamudio es un hito trágico que marcó un antes y un después en la sociedad chilena, acelerando la promulgación de la conocida Ley Antidiscriminación (Ley 20.609) o 'Ley Zamudio'. Este joven de 24 años fue brutalmente golpeado la madrugada del sábado 3 de marzo de 2012 en el Parque San Borja de Santiago por jóvenes de tendencia "neonazi" debido a su orientación sexual, falleciendo 25 días después. Su muerte no solo reveló la crueldad de los delitos de odio, sino que también puso de manifiesto diversas vulnerabilidades sociales y sistémicas.
El crimen y sus motivaciones
Los hechos fueron relatados con espeluznante detalle. Raúl López Fuentes fue el primero en confesar a la policía la masacre de Daniel Zamudio en el Parque San Borja, donde, junto a Alejandro Angulo Tapia, Fabián Mora Mora y Patricio Ahumada Garay ("Pato Core"), lo torturaron durante tres horas. La brutal golpiza incluyó patadas y golpes en la cabeza, cara, testículos y piernas. Alejandro le rompió una botella en la cabeza, y con el gollete, él y "Pato Core" le dibujaron una esvástica en el pecho, el abdomen y la espalda. Posteriormente, le lanzaron una piedra grande en la cabeza y le quebraron una pierna haciendo palanca.
Para Rodrigo Fluxá, periodista y autor del libro "Solos en la Noche", Daniel y sus cuatro asesinos "son parte de una misma moneda" y "no tenían ningún horizonte de nada", estando todos afectados por el "consumo de alcohol y drogas". Fluxá argumentó que la pregunta de fondo es si Daniel murió por ser gay, y su respuesta es que no, basándose en la opinión de abogados y fiscales. Según Fluxá, "Daniel se exponía mucho, tenía un tren de vida muy riesgoso". Para él, la causa del asesinato se relaciona más con un "problema de la crisis de educación", la falta de horizonte de estas cinco personas, graves problemas de consumo de alcohol y drogas, y un gran desamparo emocional.
Efecto Mariposa | La historia de Daniel Zamudio - PARTE DOS
Discrepancias sobre la causa principal del crimen
Organizaciones de derechos humanos y el presidente de la Fundación Iguales, Luis Larraín, refutaron la tesis de Fluxá. El organismo precisó que el expediente y la sentencia del Caso Zamudio dejaron en evidencia que el crimen fue de odio y en razón de la orientación sexual de Daniel. Además, los jueces indicaron que, de haber existido la ley antidiscriminatoria en ese momento, la habrían aplicado al caso.
Larraín, aunque valoró el libro de Fluxá por su "investigación muy bien hecha" que aporta a comprender mejor las causas sociales del crimen, no comparte la conclusión de que Zamudio no murió por ser homosexual. Para él, esta afirmación es falsa por dos razones:
- Varios de los asesinos habían abrazado teorías del nacionalsocialismo, lo que los llevaba a riñas constantes con peruanos, otros migrantes y homosexuales, a quienes seducían en discotecas gays para luego agredirlos. Larraín enfatiza que "no es casualidad que le hayan gritado ‘gay lacra, ensucias mi patria’ mientras lo mataban".
- La discriminación y el rechazo aumentan las probabilidades de que un joven homosexual en Chile intente suicidarse, abuse del alcohol y las drogas, y tenga alta rotación laboral.
Las críticas a las declaraciones de Fluxá también señalaron una "falta de conocimiento sobre la forma como opera la discriminación y la homofobia". Se consideró "absurdo" sugerir que una vida desordenada o el estado de embriaguez liberen a alguien de la homofobia. Por el contrario, las personas en situación de vulnerabilidad social, económica o familiar, y que además son gays o lesbianas, tienen mayores posibilidades de ser víctimas de homofobia de maneras "mucho más brutales y horrorosas".
La "Ley Zamudio" y su alcance
La Ley 20.609, conocida popularmente como "Ley Zamudio", se promulgó para prevenir y sancionar actos de discriminación por diversos motivos, incluyendo raza o etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, idioma, ideología u opinión, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, estado civil, edad, filiación, apariencia personal y enfermedad o discapacidad. Esta legislación fue una respuesta directa a la conmoción generada por el asesinato de Daniel.
Impacto y limitaciones de la Ley
Entre 2012 y 2017, se registraron 319 casos en los que personas que se sintieron discriminadas acudieron a los Tribunales de Justicia. 2015 fue el año con más demandas (79), seguido de 2017 (72). Según cifras de la Fundación Iguales, de 90 sentencias, solo en 11 casos (12%) se invocó la causal de orientación sexual y/o identidad de género. En contraste, 24 sentencias (27%) correspondieron a motivos de discapacidad, convirtiéndose en la causal líder.
Juan Enrique Pi, presidente ejecutivo de la Fundación Iguales, destacó que "las personas en situación de discapacidad son uno de los grupos más discriminados en Chile" y valoró que la ley fuera amplia y se ajustara a "todo tipo de discriminaciones", incluyendo las que se dan por color de piel debido a la cantidad de inmigrantes haitianos. Esto refuta la creencia de que la norma, surgida tras un ataque homofóbico, es solo para personas afectadas por su orientación sexual.
No obstante, Tomás Vial, académico de la UDP, consideró que la norma "ha demostrado ser un instrumento claramente insuficiente para combatir actos de discriminación". La ley carece de un mecanismo de seguimiento, un órgano específico encargado de estudiar la discriminación, proponer medidas, recibir denuncias y sancionar. "Es como una ley del consumidor sin Sernac o un Código del Trabajo sin Dirección del Trabajo", afirmó Vial. Pi también señaló que el hecho de que solo entregue una acción judicial para reaccionar a la discriminación la hace insuficiente.
Vulnerabilidad social y el sistema penitenciario
El caso de Daniel Zamudio también puso de relieve la extrema vulnerabilidad social de los agresores. Rodrigo Fluxá y Luis Larraín coincidieron en que los cinco protagonistas de la historia (Daniel y sus cuatro victimarios) vivían en una "extrema vulnerabilidad social" que los llevó a una vida de marginalidad, alcoholismo y drogadicción, "totalmente carente de sentido y objetivos". En el caso de los agresores, esta vulnerabilidad también los llevó a la violencia y la delincuencia.
Fallas en el sistema de beneficios carcelarios
Patricio Ahumada Garay, "Pato Core", líder y el más violento de los agresores, gozaba de un beneficio penitenciario de libertad por el fin de semana al momento del crimen. Su historial delictivo era extenso, con múltiples detenciones desde la adolescencia por hurto, amenazas con arma blanca, y robos con intimidación y violencia. Había sido condenado a cinco años y un día en la cárcel de San Miguel y fue uno de los sobrevivientes del trágico incendio de 2010 en dicha prisión.
El otorgamiento de beneficios a Ahumada, a pesar de dos informes psicológicos negativos que desaconsejaban su salida en libertad, evidenció fallas en el sistema penitenciario. Ahumada fue trasladado a Colina I y, basándose en su buena conducta y su postulación para nivelar estudios, el Consejo Técnico le concedió permisos de salida dominical y luego para fines educativos los sábados. Finalmente, obtuvo la libertad por todo el fin de semana, situación en la que se encontraba cuando torturó a Daniel Zamudio.
Miguel Ángel Jiménez Segura, subdirector técnico de Gendarmería en ese entonces, explicó que los Consejos Técnicos están integrados por el jefe de la unidad penal, oficiales, un asistente social, un psicólogo, un terapeuta ocupacional, y otros. Estos consejos, autónomos en sus decisiones, evalúan a los postulantes a beneficios basándose en requisitos como el tiempo de condena transcurrido, buena conducta y participación en planes de estudio o talleres laborales. El jefe de la unidad penal toma la decisión final con base en la exposición del grupo multidisciplinario.
Jiménez Segura reconoció la dificultad de predecir la conducta humana con herramientas de ciencias sociales, que no son exactas. Sin embargo, el caso de Ahumada no fue aislado; otros dos reos beneficiados, Carlos Deformes Lerdo y Carlos Almendras Almendras, también cometieron delitos graves mientras gozaban de libertad dominical, lo que llevó a Gendarmería a revisar y mejorar su política de otorgamiento de beneficios para "disminuir el riesgo".
Falta de seguimiento efectivo
Un punto crítico en el sistema es la falta de un seguimiento efectivo de los reos beneficiados una vez que están en libertad. Si bien existe un "control" cuando el interno regresa a la unidad penal y los profesionales abordan su comportamiento, Gendarmería no cuenta con las "herramientas y los recursos" para seguir a los condenados durante su proceso de beneficio. Los "quebrantamientos" (personas que no se presentan a la unidad penal) representaron menos del 5% de los 7.099 beneficios otorgados en 2011, pero casos como el de Ahumada evidencian las consecuencias nefastas de estas fallas.
Discursos de odio e incitación a la violencia
La muerte de Daniel Zamudio también puso de relieve la problemática de los delitos de odio, el extremo nefasto al que se llega con el uso de discursos peyorativos o discriminatorios que atacan a personas o grupos por su identidad, raza, religión, nacionalidad, género, ascendencia, orientación sexual, discapacidad u otra condición social. Estos delitos pueden y deben evitarse. Es fundamental distinguir entre discursos de odio y la incitación al odio.
- Los discursos de odio son expresiones que promueven públicamente el odio u hostilidad hacia un grupo objetivo.
- La incitación a la violencia son expresiones que buscan generar acciones inmediatas que pueden dañar a personas y grupos de personas.
El Estado debe tomar medidas para regular los efectos nocivos de las expresiones de incitación al odio, especialmente hacia grupos vulnerables (personas migrantes, de la diversidad sexual, niños, niñas y adolescentes). Estas medidas deben ser restringidas, precisas, proporcionales y necesarias para la protección de derechos. Asimismo, existe una responsabilidad individual y social de reflexionar y reaccionar con humanidad ante estos discursos, que son contagiosos y se viralizan fácilmente. Los medios de comunicación también tienen una responsabilidad crucial al ser una de las principales fuentes de información para la ciudadanía.
La Ley Zamudio se conoce así en respeto a su muerte, no en homenaje a un eventual heroísmo. Los derechos humanos no distinguen entre sus beneficiarios. No importa la imagen, biografía o identidad de una persona a la hora de defender su derecho a ser como quiera ser. La fuerza del nombre de Daniel Zamudio radica precisamente en este principio: la defensa incondicional de los derechos humanos para todos.
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