En abril se conmemora el octavo aniversario de la insurrección cívica nacional contra la dictadura, que se inició el 19 de abril de 2018 y se extendió durante varias semanas. Este evento histórico comenzó el 18 de abril de 2018 con protestas públicas de personas mayores, apoyadas por estudiantes y activistas de la sociedad civil, en contra de una reforma del sistema de pensiones de la seguridad social que perjudicaba los intereses de los jubilados.
Aparentemente, el estallido social y político de abril de 2018 fue un fenómeno inesperado. Durante más de una década, solo pequeños grupos políticos y de la sociedad civil se atrevían a protestar públicamente contra el régimen autoritario. Para la dictadura, la insurrección nacional de abril de 2018 fue un intento de golpe de Estado organizado por la oposición política, asociada con organismos gremiales de la empresa privada y la Iglesia católica. Sin embargo, los dictadores no pudieron engañar a nadie, salvo a sus beneficiarios y partidarios.
Ocho años después, es necesario afirmar que, como hecho histórico, abril de 2018 es irrepetible. Es teórica y prácticamente imposible que vuelva a ocurrir un fenómeno político y social como el de aquellos días, semanas y meses trepidantes. En 2026, abril ha llegado para recordar y honrar a todas las personas que hace ocho años fueron asesinadas por la dictadura.
La crisis de derechos humanos y la exigencia de verdad y justicia
El Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua denunció la agravada crisis de derechos humanos bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La organización instó a la comunidad internacional a no permanecer indiferente ante esta crisis que Nicaragua enfrenta desde hace ocho años bajo dicho gobierno, según informó EFE.
En un mensaje emitido desde San José, Costa Rica, la ONG resaltó que la persecución política, la desaparición forzada, la apatridia y el exilio se han convertido en herramientas de control utilizadas por las autoridades nicaragüenses. El colectivo, integrado principalmente por activistas nicaragüenses en el exilio, advirtió que la reconciliación en Nicaragua resulta inviable sin la verdad y sin justicia.
En su declaración por el Día Internacional del Derecho a la Verdad, la organización subrayó el derecho de la población a conocer la verdad sobre crímenes de lesa humanidad atribuidos al actual régimen, así como sobre el destino y situación de las personas detenidas y desaparecidas desde el inicio de la crisis en abril de 2018. EFE detalló que, para el colectivo, la verdad constituye un derecho fundamental para las víctimas, sus familias y el conjunto de la sociedad, además de ser condición indispensable para la justicia, la reparación integral y la garantía de no repetición.
La ONG denunció que este derecho ha sido negado de manera sistemática a través del silencio oficial, manipulación institucional, impunidad y una maquinaria de propaganda orientada a ocultar los crímenes cometidos desde 2018.
El origen de las protestas y la represión estatal
Las protestas sociales que estallaron el 18 de abril de 2018, originalmente motivadas por reformas a la seguridad social, derivaron en una amplia exigencia de renuncia del presidente Ortega tras la respuesta represiva del Estado. Según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al menos 355 personas murieron durante la represión, aunque organismos locales elevan esa cifra a 684, mientras que Ortega reconoce más de 300 muertes y sostiene que se trató de un intento de golpe de Estado.
El Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua destacó los hallazgos del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas, señalando que estos informes confirman las denuncias sostenidas durante años por víctimas, familiares, organizaciones de derechos humanos y medios independientes. La ONG alertó que la represión se ha intensificado dentro y fuera del país, aludiendo al asesinato de Roberto Samcam en Costa Rica el 19 de junio de 2025.
El colectivo reclamó además información sobre el paradero de todas las personas desaparecidas de forma forzada, las condiciones de las personas presas y excarceladas por razones políticas, los asesinatos cometidos desde 2018 y la cadena de mando responsable de estos crímenes.
La respuesta inicial del gobierno y la escalada de la crisis
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó el 21 de abril de 2018 que su Gobierno estaba dispuesto a enmendar las reformas a la seguridad social que desataron las protestas callejeras que habían dejado al menos 10 muertos, cerca de un centenar de heridos y daños a comercios y otros inmuebles. En un mensaje a la nación transmitido por cadena obligada de radio y televisión, Ortega reafirmó que retomarían el diálogo con el sector privado para discutir sobre las nuevas medidas en la seguridad social.
Ortega indicó que si en la mesa de diálogo con los empresarios se encontraba una mejor forma de aplicar el ajuste, se podía reformar ese decreto o anularlo y hacer uno nuevo. "Quizás encontramos fórmulas que nos permitan proteger al INSS, en particular a los jubilados", dijo el mandatario.
A través de dos resoluciones, el Consejo Directivo del INSS acordó aumentar de 6,25 a 7 por ciento la cotización que pagan los trabajadores a partir del 1 de julio próximo. El gobierno sandinista anuló una reforma al sistema de seguridad social que afectaba a los jubilados y que implicaba una reducción a sus pensiones. En su segunda aparición pública, Ortega comparó a los grupos de manifestantes con pandilleros, a los que dijo que combatiría "para que no sigan actuando de la forma que actúan".
El 22 de abril de 2018, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció la revocatoria de una reforma al sistema de pensiones que desencadenó las violentas protestas que habían dejado al menos 24 muertos, la destrucción de monumentos simbólicos de la ciudad y una serie de saqueos ocurridos en los cuatro días anteriores. Ortega retrocedió en una reforma al Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS) "revocando la resolución anterior, del 16 de abril pasado", que según dijo, "fue la que sirvió como detonante para que se iniciara toda esta situación".
El organismo de seguridad social reformó el sistema de pensiones para incrementar las contribuciones obreras y patronales con el objetivo de sanear las finanzas del sistema de pensiones. Esto desató el rechazo de los nicaragüenses que se volcaron a las calles a protestar. La revocatoria de la controvertida reforma no convenció a todos en Nicaragua, donde algunas personas consideraron que es una medida tardía.
La cancelación de la reforma y la continuidad de las protestas
El gobierno de Nicaragua intentó el domingo 22 de abril de 2018 calmar la situación, aunque todavía no se sabía si se sofocaría el fuego de las protestas. El presidente Daniel Ortega anunció que su gobierno canceló los planes para reformar el sistema de pensiones, cuyo anuncio la semana anterior generó una ola de manifestaciones que dejaron muertos, heridos y crecientes saqueos e inestabilidad en el país centroamericano.
En un discurso en la televisión nacional, Ortega informó que la junta del sistema de seguridad social había votado a favor de revocar la medida, mientras cientos de personas continuaban protestando en las calles de distintas localidades de la nación. Las nuevas medidas de seguridad social establecían que el pago que realizan los empleados al seguro social se incrementarían de 6,25% al 7% y que los jubilados tendrían que aportar un 5% de su pensión en concepto de cobertura de enfermedades a partir del próximo 1 de julio.
El gobierno aseguraba que las reformas "son necesarias" para salvar al INSS de la quiebra, mientras los manifestantes consideraban que aumentarían la pobreza y dificultarían las condiciones de vida de la mayoría de la población. El anuncio de Ortega fue recibido con reservas entre los manifestantes, principalmente entre los estudiantes, quienes aseguraron que seguirían en las calles.
Según varios medios nicaragüenses, tras el discurso de Ortega continuaron las protestas, principalmente en la capital, mientras un grupo de estudiantes mantenía tomadas las instalaciones de la Universidad Politécnica de Nicaragua, uno de los principales focos de las manifestaciones.
El recrudecimiento de la violencia y la censura
Desde el miércoles anterior, cientos de personas salieron a las calles para protestar contra las reformas al sistema de pensiones, el mismo día que fueron aprobadas por un mandato presidencial de Ortega que algunos tildaron de ilegal. Pronto se sumaron estudiantes universitarios y otros grupos sociales, y comenzaron también los enfrentamientos con la policía y el ejército, que, según varios testigos, dispararon con municiones contra los civiles.
El gobierno aseguraba que "vándalos de derecha" se sumaron a las protestas para realizar saqueos, lo que lo obligó a usar la fuerza; mientras los manifestantes sostenían que eran los propios seguidores del gobierno y policías quienes se aprovecharon de las circunstancias para sembrar caos y robar en los negocios.
En su discurso del domingo, Ortega justificó el uso de la violencia por las fuerzas policiales, lo que había sido cuestionado anteriormente por el papa Francisco, Estados Unidos, la Unión Europea, Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. "No queríamos usar a la policía. Hasta donde pudimos, pero desgraciadamente no hay más alternativa", sostuvo. El mandatario aseguró que el próximo paso sería abrir una mesa de diálogo para encontrar la vía de fortalecer la seguridad social a mediano y largo plazo, aunque advirtió que no se admitirían condicionamientos a dichas conversaciones.
Reportes de medios locales indicaban que, tras el inicio de las protestas, varios canales de televisión fueron censurados y algunos periodistas fueron reprimidos mientras cubrían las manifestaciones. Una de las víctimas mortales fue Ángel Gahona, director del noticiero nicaragüense El Meridiano, durante una cobertura de las protestas en la ciudad de Bluefields, en la costa Caribe de Nicaragua.
"Yo pido justicia. Hay testigos que dicen que quien lo mató fue un antimotín de la policía nacional", aseguró a BBC Mundo Migueliuth Sandoval, esposa y compañera de trabajo de Gahona. Tras conocer la censura a los canales, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Gustavo Mohme, opinó que el hecho "desenmascara el autoritarismo de un gobierno que en sus once años solo ha buscado desmantelar al Estado para su propio beneficio y el de sus familiares".
Algunos analistas nicaragüenses afirmaban, por su parte, que las manifestaciones que comenzaron como una protesta contra la reforma al sistema de salud se habían radicalizado en sus demandas y ahora apuntaban contra el núcleo del gobierno, conformado por Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
La condena internacional y la exigencia de diálogo
Nicaragua vivió el domingo 22 de abril de 2018 la quinta jornada consecutiva de manifestaciones contra la reforma de la Seguridad Social impuesta por el Gobierno del presidente Daniel Ortega. Las protestas, duramente reprimidas por la policía y las huestes sandinistas, se habían cobrado al menos 30 muertos, entre ellos un periodista mientras informaba en la calle. Acosado por las protestas y las críticas internacionales, Ortega anunció la noche anterior en una intervención televisada que retirará la polémica ley, que reduce las pensiones un 5%.
El Ejército seguía desplegado en varias ciudades, mientras se recrudecían los saqueos y el vandalismo. El presidente Ortega revocó las reformas de la Seguridad Social que habían provocado cinco días de manifestaciones inéditas, duramente reprimidas por la policía y las huestes sandinistas y que habían dejado al menos 30 muertos. El mandatario aceptó que sus propuestas no tuvieron “viabilidad” y crearon una “situación dramática”, por lo que daba marcha atrás en su implementación. La reforma impuesta el miércoles por Ortega por decreto reduce las pensiones un 5% y aumenta las contribuciones de empresas y trabajadores para rescatar al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). El Gobierno pretendía recaudar así 250 millones de dólares.
La del domingo fue la segunda comparecencia de Ortega ante la nación. El sábado había afirmado que su único interlocutor para encontrar una salida a la crisis era la empresa privada, con la que estaba dispuesta a dialogar. Los empresarios rechazaron la propuesta y exigieron el fin de la represión. En su discurso, el mandatario no se refirió a la violencia desatada del Estado contra los manifestantes, ni a las decenas de muertos y heridos.
El presidente propuso nuevamente un diálogo, al que invitó a los empresarios y al cardenal Leopoldo Brenes, para “sacar una resolución que asegure el fortalecimiento de la Seguridad Social a largo plazo”. Con esta decisión Ortega esperaba bajar la tensión en las calles.
Los manifestantes parecían no ceder en sus protestas, pese a la violenta represión de las fuerzas antidisturbios y las huestes motorizadas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, en el Gobierno), conocidas como turbas. "Me manifiesto porque quiero una Nicaragua sin dictadura. No es justo que nuestro país siga sufriendo por un Gobierno que reprime, que no respeta los derechos de las personas", decía Erik Rocha, un joven de 22 años, en una manifestación en Managua. "Aquí no hay diálogo como lo pidió el presidente, es una estrategia para seguir burlándose del pueblo", agregó Rocha.
Los obispos también tomaron partido por los manifestantes, exigiendo al presidente Ortega, el sábado, que pusiera fin a la violencia oficial. Giselle Gómez, una religiosa de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, salió a manifestarse junto con otras religiosas. “Este pueblo lucha por la justicia. Esto comenzó como una marcha pacífica y ahora reprimen a la gente”, dijo Gómez. “El presidente es cínico, no tiene conciencia. Yo viví la revolución sandinista y aposté por ellos. Por eso me causa indignación y rabia. Es lo más injusto que se le puede hacer a este pueblo”, dijo la religiosa.
Después de la tregua de la mañana, por la tarde la gente comenzó a reunirse en puntos neurálgicos de la ciudad. También se registraron manifestaciones en otras ciudades del país. A diferencia de días anteriores, la población parecía haberse organizado en Managua. Médicos dispuestos para atender a posibles heridos, gente ofreciendo agua y refugio a quienes participaban en las protestas, y vecinos defendiendo las tiendas del pillaje, fueron constatable en un recorrido por la ciudad.
Desde su llamamiento al diálogo del sábado, y el rechazo de la empresa privada a negociar con el Gobierno, el presidente Ortega decidió recrudecer la represión, antes de recular y revocar el decreto. No solo culpó a los manifestantes de vínculos con el narco y con el terrorismo internacional para manchar la imagen de Nicaragua en el mundo; también, junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, acusó a un partido político, sin nombrarlo, de instigar las protestas.
Entre las víctimas de la represión hay un policía y un periodista, Ángel Ganoa, alcanzado por un disparo en la cabeza mientras cubría las manifestaciones en la ciudad de Bluefields, en la Región Autónoma Caribe Sur, confirmó el informativo El Meridiano, para el que trabajaba. Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, los disturbios ya habían provocado 30 muertos.
El clero nicaragüense secundó la preocupación del papa Francisco. “El papa Francisco se ha expresado muy de mañana preocupado por la situación del pueblo de Nicaragua y nosotros nos unimos al Papa en esa preocupación... Aunque muchos quieran sembrar el odio y la represión, no estamos solos”, dijo el rector de la catedral metropolitana de Managua, Luis Herrera, durante la homilía dominical. Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, denunció que los antidisturbios dispararon a mansalva contra unos 2.000 jóvenes que protestaban en el atrio de la parroquia de Santiago, en Jinotepe, a 32 kilómetros de Managua.
Las mayores protestas se produjeron en zonas consideradas “bastiones sandinistas”, que históricamente habían dado su apoyo al FSLN y a Daniel Ortega. Por otra parte, el Departamento de Estado de EE. UU. condenó “la violencia y el uso excesivo de la fuerza” de la policía durante las protestas en Nicaragua.
El Departamento de Estado norteamericano condenó la violencia en Nicaragua y el “uso excesivo de la fuerza” por parte de la policía contra “civiles que ejercen su derecho constitucional a la libertad de expresión y asamblea”. En un comunicado, la portavoz de la diplomacia estadounidense, Heather Nauert, pidió al Gobierno nicaragüense la apertura de un proceso de diálogo amplio que incluya a todos los sectores de la población para “resolver el conflicto actual, restaurar el respeto a los derechos humanos y alcanzar un futuro mejor y más democrático” en el país centroamericano.
La Organización de Estados Americanos (OEA) también condenó la violencia y pidió abrir un proceso de diálogo, del que se ofreció a formar parte.