En el complejo entramado del sistema previsional chileno, el régimen de pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden se presenta como un tema que, a menudo, genera debate y cuestionamientos. Esta dualidad entre el sistema de AFP, que rige para la mayoría de los trabajadores del país, y el sistema de reparto que beneficia a las FF.AA., crea una disonancia que merece ser analizada.

Orígenes y Excepción del Sistema Previsional Militar
Para entender esta situación, es necesario retroceder a la década de 1980, un período crucial en la historia chilena donde se implementó una reforma estructural que transformó las pensiones de un sistema de cajas múltiples a uno de cuentas individuales. Sin embargo, las Fuerzas Armadas y de Orden -Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería- se mantuvieron al margen, aferrándose a sus cajas previsionales. Esta decisión, tomada durante el régimen dictatorial de Augusto Pinochet (1973-1990), exceptuó a las instituciones armadas del sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) privadas, permitiéndoles continuar cotizando bajo un sistema de aportes solidarios estatales y Cajas Previsionales, "inspirado en los principios universales de la seguridad social".
Según el informe "Pensiones por la Fuerza: Resultados del sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden", de Recaredo Gálvez y Marco Kremerman de Fundación Sol, "fue el momento en que Chile dejó de tener un sistema de pensiones propiamente tal, de acuerdo a las categorías y definiciones establecidas en los convenios y normas internacionales".
Razones del Mantenimiento del Régimen Especial
La razón de esta decisión se puede dividir en dos aspectos fundamentales abordados en el último estudio de Fundación SOL, "Pensiones por la Fuerza: Resultados del sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden en su versión 2025":
- Primero, el régimen especial ofrece pensiones definidas y claras, lo que significa que sus beneficiarios conocen de antemano el monto que recibirán al momento de jubilarse.
- En segundo lugar, las pensiones otorgadas por Capredena y Dipreca son significativamente más generosas.
Históricamente, la defensa del sistema previsional por parte de las Fuerzas Armadas no es nueva. Las actas secretas de la Junta Militar durante la dictadura cívico-militar revelan una estrategia deliberada para ocultar la permanencia de su régimen previsional a la ciudadanía, mientras se imponía un nuevo sistema para la clase trabajadora. La declaración del excomandante en jefe del Ejército Ricardo Martínez, sobre "cuidar con dientes y muelas" sus pensiones, subraya la perpetuación de esta mentalidad corporativa que ha resistido el paso del tiempo.
Disparidad en los Montos de las Pensiones
La Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), que agrupa al Ejército, Armada y Fuerza Aérea de Chile, a diciembre de 2020, pagó 105.229 pensiones con un promedio de 826.192 pesos chilenos (1.035 dólares), "registrándose diferencias bastante grandes entre estamentos". El ministro de Defensa, José Antonio Gómez, defendió el sistema previsional al que se acogen las Fuerzas Armadas y resaltó que el problema está en las jubilaciones que reciben el resto de los chilenos, señalando que "el problema no está en las pensiones de las Fuerzas Armadas, el problema es que las pensiones de todos los chilenos que están en las AFP son malas". Asimismo, aseguró que no se debe modificar la forma en que se entregan las pensiones a las instituciones que él representa, afirmando que "acá no se trata de perjudicar a un sector para favorecer a otros, eso no va a ser la solución".
Comparación entre Sistemas
Al establecer una comparación entre el monto de las pensiones recibidas por los jubilados de las Fuerzas Armadas y de Orden y los civiles que han cotizado en el sistema de capitalización individual administrado por las AFP, los resultados son concluyentes:
- A diciembre de 2024, la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) pagó 104.067 pensiones, con un monto promedio de $1.242.437. De este total, 71.187 pensiones de retiro tenían un monto promedio de $1.442.202. Entre 2005 y 2024, las pensiones promedio de retiro pagadas por Capredena aumentaron 36% en términos reales.
- Los datos muestran que las pensiones de retiro promedio de Capredena son 2,9 veces mayores que las pensiones promedio de vejez pagadas por el sistema privado.
- Mientras quienes se desempeñaron como oficiales reciben una pensión promedio cercana a los $2 millones (2.506 dólares), quienes se jubilaron en el Cuadro Permanente de las ramas del Ejército, registran una jubilación promedio de $739.000 (926 dólares).

En la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) se registraron 72.706 pensiones promedio al mes en 2024, con un monto promedio de $1.591.978 para las pensiones de retiro. Este aumento, de 54% en términos reales desde 2006, contrasta con las paupérrimas pensiones que reciben muchos trabajadores del sistema de AFP, que apenas logran mantener su poder adquisitivo con una tasa que ronda el 30% de su último salario.
El informe de Fundación Sol acusa que entre 2005 y 2020, el aumento de las pensiones se sitúa "en un 27,2% en términos reales para militares y en un 36,2% en carabineros".
Financiamiento del Sistema Militar
Según información entregada por Cristián Rojas, vicepresidente ejecutivo de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), a la comisión de la Cámara de Diputados que investiga irregularidades en las jubilaciones de las FF.AA. y de Orden, en 2015 Capredena repartió $911 mil millones en pensiones. El 94% de esa cifra es aporte fiscal y solo el 6% restante corresponde a las cotizaciones de los uniformados. Entre 2011 y 2015, el Estado ha desembolsado en total cerca de $3,8 billones (millones de millones de pesos) para solventar el fondo de retiro de Capredena.
Con los dineros de todos los chilenos se financia un sistema que atiende a casi 107 mil ex funcionarios de las Fuerzas Armadas (y sus familias a través de pensiones y montepíos).
Controversias y Altos Montos
CIPER tuvo acceso a la nómina de ex oficiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea (FACH) que pasaron a retiro en el período 2006-2016 y que reciben pensiones de Capredena. El promedio de pensiones de los oficiales de las FF.AA. roza los $2,3 millones. En la lista de oficiales pensionados de Capredena destacan 17 ex miembros de las Fuerzas Armadas con pensiones por sobre los $4 millones. La más alta corresponde a la del ex general de brigada de la FACH Patricio Franjola Buigley, quien pasó a retiro en julio de 2012 con una pensión de $5,9 millones.
El monto de las pensiones de los oficiales de las Fuerzas Armadas, en contraste con las del mundo civil, no es lo único que salta a la vista de la nómina de más de tres mil ex oficiales revisada por CIPER. Los ingentes recursos que el Estado inyecta para sostener ese sistema previsional -un 0,9% del PIB nacional en 2012, según la Comisión Bravo- también son destinados a cubrir millonarias pensiones para ex uniformados condenados o que están siendo procesados por violaciones a los derechos humanos y por fraudes de distinto tipo.
Casos de Ex Agentes Represores y Condenados
En la nómina de estos pensionados, CIPER identificó a más de 20 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y de la Central Nacional de Informaciones (CNI), organismos represores del régimen de Augusto Pinochet. Sus pensiones alcanzan en promedio $2,5 millones. La indagación de CIPER detectó al menos media docena de ex agentes de la CNI y la DINA que figuran recontratados en la Academia de Guerra y también en la Escuela Militar como Personal a Contrata (PAC) o Profesores Civiles (PC).
A continuación, se detallan algunos casos específicos:
- El coronel (r) del Ejército Roberto Ampuero Alarcón, procesado como coautor del secuestro y homicidio calificado de Miguel Nash Sáez y otros prisioneros de Pisagua. En agosto de 2016 fue condenado a 15 años y un día de presidio. Su pensión reajustada roza los $3,6 millones.
- El coronel (r) Gabriel Guerrero Reeve, también involucrado en los delitos de Pisagua y condenado en agosto de 2016 a 15 años y un día, recibe hoy una pensión de casi $2,6 millones.
- El coronel (r) del Ejército Pedro Collado Martí, condenado a 10 años y un día por el secuestro calificado de Jorge Marín Rossel y Williams Millar Sanhueza, recibe una pensión de $2,6 millones.
- El coronel (r) Carlos Durán Low, condenado en febrero de 2016 a 10 años y un día por el homicidio calificado de Federico Álvarez Santibáñez, recibe una pensión de $2,5 millones.
- El general (r) y ex miembro del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), Julio Cerda Carrasco, condenado a cinco años y un día como cómplice de secuestros calificados, también figura en la nómina.
- El coronel (r) de Ejército Osvaldo Andrés Magaña Bau, procesado en julio de 2015 por el secuestro calificado de 14 campesinos de Paine, tiene una pensión de $2,6 millones.
- El coronel en servicio activo Julio Castañer González, procesado en 2015 por su presunta responsabilidad en la muerte de Rodrigo Rojas de Negri y las lesiones de Carmen Gloria Quintana. Pasó a retiro en enero de 2016 con una pensión de $2,8 millones.
- El doctor y coronel (r) de Aviación Alejandro Forero Álvarez, acusado de supervisar torturas y drogar a prisioneros del "Comando Conjunto", figuró en la lista de Capredena. Sus procesamientos fueron revocados en 2002 por prescripción de los delitos.
- El general (r) de Ejército Víctor Lizárraga Arias, condenado en 2010 por integrar una asociación ilícita y en noviembre de 2016 a 205 días de presidio efectivo por cinco delitos reiterados de cohecho en el "Caso Fragatas". Hoy recibe una pensión de $3,1 millones.
- El general (r) de la FACH, Florencio Dublé Pizarro, procesado a comienzos de 2009 como cómplice de malversación de caudales públicos en el juicio por las coimas en la compra de 25 aviones Mirage. Recibió al menos una transferencia bancaria por US$60 mil y hoy percibe una pensión de $3,1 millones.
- El coronel (r) Jorge Frez Ramírez, procesado por fraude al fisco y falsedad documental en relación con facturas falsas.
- Los coroneles (r) Gabriel Vergara Cifuentes y Juan Mac-Lean Vergara, ex secretarios privados de Augusto Pinochet, condenados en primera instancia a cuatro años de libertad vigilada por malversación de caudales públicos en una de las aristas del "Caso Riggs". Mac-Lean recibe $2,9 millones de pensión.
- El capitán de Fragata (r) Jesús Sáez Luna, a quien le incautaron 150 kilos de cocaína y pasta base en 2012. Pasó a retiro en julio de 2009 y hoy recibe una pensión de $2,1 millones.
Recontrataciones y Doble Percepción
Un documento interno del Ejército obtenido por CIPER da cuenta que un militar retirado con rango de general puede recibir $2,5 millones si es recontratado para cumplir labores como Personal a Contrata (PAC) en la institución. La Academia de Guerra del Ejército también es refugio para muchos uniformados que, una vez retirados, siguen vinculados a la institución en calidad de Personal a Contrata (PAC) o Profesor Civil (PC). Un documento reservado del Ejército indica que un oficial en retiro con grado de coronel o general contratado como PAC, puede ganar entre $1,5 millón y $2,5 millones mensuales. Para los generales de brigada, el sueldo como PAC, al margen de la jubilación que reciben, alcanza $2.526.910.
Un uniformado refirió a CIPER que tanto en la Academia de Guerra como en la Escuela Militar aún imparten clases o ejercen labores administrativas (en calidad de PC y PAC) ex oficiales vinculados a organismos represores de la dictadura, varios de los cuales gozan de suculentas pensiones. Entre ellos:
- El coronel (r) Rodolfo Ortega Prado, ex jefe de la CNI en Punta Arenas entre 1985 y 1989. Pasó a retiro en febrero de 2007 y su pensión asciende a casi $2,6 millones. Además, es director del magíster en Historia Militar y Pensamiento Estratégico de la Academia de Guerra.
- El ex jefe del Estado Mayor del Ejército, general Guillermo Castro Muñoz, quien perteneció a la Central Nacional de Informaciones entre 1979 y 1982. Figura en la planilla de profesores de la Academia de Guerra para 2017 como Profesor Civil (PC) en labores de “investigación y publicación”.
- El coronel Carl Marowski Pilowsky, quien pasó a retiro en junio de 2015 y estaría contratado como PAC en el Comando de Educación y Doctrina del Ejército (División de Educación).
- El general (r) Eduardo Ludovico Aldunate Hermann, quien jubiló en julio de 2009 y hoy recibe una pensión de $3 millones. En la planilla de profesores 2017, Aldunate aparece con honorarios por labores de “investigación estratégica”.
- El coronel (r) José Francisco Enberg Castro, también integró la CNI. Jubiló en febrero de 2014 y actualmente recibe una pensión de $2,8 millones.
Incluso, hay militares retirados contratados como PAC en la Academia de Guerra para labores administrativas y que, además, hacen clases y tienen contrato como profesores civiles (PC) hasta por 12 horas. "Es imposible que cumplan con las funciones de los dos contratos", señaló una fuente.
El general de Ejército Ricardo Hargreaves Butrón, dado de baja en diciembre de 2006, continuó ligado a la institución como gerente de Asuntos Corporativos de FAMAE y profesor de la Escuela Militar. Pasó a retiro recién en agosto de 2014 y hoy percibe una pensión de $3,5 millones, a lo que se agregan sus honorarios por labores académicas.
Análisis Crítico y Consideraciones
Es irónico que, en un contexto de dictadura militar, las mismas fuerzas que detentan el poder optaran por no integrarse a un sistema que ellos mismos impusieron a la población general. Al hacerlo, reafirmaron su autonomía y privilegio, dejando a los trabajadores en manos de un sistema que, en la mayoría de los casos, ha demostrado ser insuficiente y precario.
Daniel Matamala, en su columna, cuestiona las pensiones de las FF.AA. apelando a la igualdad ante la ley. Sin embargo, se argumenta que la igualdad debe fundamentarse en la justicia y analizar si las habilidades y exigencias propias de la carrera militar ameritan pensiones distintas. Se destaca el juramento de dar la vida por la patria, la rígida disciplina, la falta de inamovilidad funcionaria, la ausencia de pago de horas extraordinarias, la prohibición de huelga y los frecuentes traslados como factores diferenciadores.
Además, se plantea que el Estado debe procurar postergar al máximo el retiro de los militares debido a la especialización que adquieren, lo que los hace difícilmente reemplazables. Por ello, los estados, no solo el chileno, optan por el pago diferido de las remuneraciones, compensándolos con una mejor pensión a su retiro.
El sistema previsional de las Fuerzas Armadas y de Orden no solo representa una anomalía en el contexto chileno, sino que también refleja las profundas desigualdades que persisten en la sociedad. Es esencial que se abra un debate sobre esta dualidad y se busquen soluciones que promuevan una mayor equidad en el acceso a la seguridad social para todos los ciudadanos. La comisión que asesoró la reforma previsional propuso eliminar el sistema especial bajo el que se rige el mundo militar, reforzando la idea de que "el sistema de pensiones debería ser exactamente el mismo".
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