Contexto y Cifras de Fallecimientos
El Servicio Nacional de Menores (Sename) dio cuenta pública de 243 menores fallecidos en centros y residencias del organismo entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de junio de 2016. El especialista en seguridad pública, Jorge Araya, afirmó que esta información "permite sensibilizar a la sociedad sobre la urgencia de destinar recursos al cuidado de menores en situación de vulnerabilidad”.
Araya valoró la entrega de estas cifras a la opinión pública, calificándola como una práctica que debiera ser sistemática. Señaló que la disponibilidad de esta información en la web, junto con un catastro de programas y beneficiarios del Sename, permite generar las condiciones políticas necesarias para justificar un aumento significativo en los aportes monetarios destinados al servicio.
Necesidad de Incremento Presupuestario y Desafíos Económicos
Según el especialista, el presupuesto del Sename para la creación de nuevos servicios debería incrementarse al menos al doble. Sin embargo, reconoció que proveer estos recursos de manera escalonada es necesario debido al panorama económico restrictivo del país. "No basta con enviar el proyecto, sino que hay que tener el respaldo presupuestario para impulsarlo", advirtió, subrayando la importancia de dar a conocer el informe en este contexto.
La toma de decisiones en políticas públicas, según Araya, es una combinación de componentes técnicos y políticos. Los temas que generan movilización social tienden a presionar a la clase política para responder a las demandas ciudadanas. No obstante, criticó que a veces se priorice la "sensibilidad comunicacional de un tema o el número de beneficiarios" por encima de un análisis técnico más profundo.
Propuestas de Reasignación de Recursos
En una comparación de prioridades, Araya sugirió que, en lugar de destinar más recursos a Carabineros, se podría optar por mantener el presupuesto actual y redirigir esos fondos a dos nuevos servicios que reemplazarían al Sename. Esta propuesta apunta a una reevaluación de las prioridades de gasto público en seguridad y protección infantil.
Observaciones y Sugerencias sobre la Gestión del SENAME
Se plantearon dos preguntas clave respecto a la gestión y funcionamiento del Sename:
- Pregunta N° 1: Se cuestionó por qué los miembros de los consejos, que son consultivos y no vinculantes, no tienen acceso a visitar las dependencias de funcionamiento del Sename.
- Pregunta N° 2: Se sugirió complementar el informe con aspectos de gestión de egresados, incluyendo un seguimiento a los jóvenes que logran trabajar formalmente tras su salida, y establecer mecanismos de responsabilidad. Asimismo, se propuso implementar actividades a elección para los jóvenes en el centro, como incentivo a su buen comportamiento.
Compromiso y Nueva Etapa para la Protección de Menores
La Directora Nacional del Sename valoró el compromiso de los distintos equipos y funcionarios, haciendo un llamado a continuar trabajando por los jóvenes y adolescentes más necesitados. Se reconoció el trabajo colaborativo con instituciones públicas y privadas como un punto central.
Entre los hitos relevantes, se destacó la implementación de un plan integral de salud mental, enfocado en la prevención del riesgo suicida y el fortalecimiento de la atención psicológica y psiquiátrica. Se busca activamente identificar elementos que permitan anticiparse a diversas situaciones de riesgo.
La Dirección Nacional enfatizó que el cierre del Sename no representa el fin del trabajo por los jóvenes y adolescentes, sino el comienzo de una nueva etapa con la creación de un servicio especializado.
Informe de la PDI: Violación Sistemática de Derechos
Un lapidario informe de la Policía de Investigaciones (PDI) de 2017, que investigó 240 hogares de menores, concluyó que el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños bajo su tutela. En el 100% de los centros administrados directamente por el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares, se constataron 2.071 abusos, de los cuales 310 tuvieron connotación sexual.
Este informe policial fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público. La muerte de la niña Lissette Villa en abril de 2016 movilizó a las instituciones, pero no detuvo los abusos.
Detalles de las Vulneraciones Constatadas
El documento de la PDI detalla que en el 100% de los centros dependientes del Sename se han cometido "de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes". El informe, de 257 páginas, es un resumen de una investigación más extensa realizada por la PDI a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien investiga 1.313 muertes en centros del Sename entre 2005 y 2016.
El diputado Rene Saffirio criticó la falta de difusión de este informe por parte de la Fiscalía y el gobierno en diciembre del año pasado, cuando estuvo listo. A su juicio, es grave que ni estas instituciones ni el gobierno hayan dado a conocer el documento. La gravedad del informe radica en que constata una violencia sistemática, similar a lo reportado por un documento de la ONU el año anterior, pero de forma mucho más exhaustiva al haber considerado 240 residencias en lugar de cuatro.
Responsabilidad Institucional y Hallazgos
La PDI constató que la violación de derechos sistemática se ha cometido en el 100% de los hogares administrados directamente por el Sename. Varias instituciones, incluyendo el Poder Judicial, deben responder públicamente por esta situación. Se cuestiona si los jueces de familia, que deben visitar los centros semestralmente, no han detectado estas vulneraciones o no han ordenado su cese e investigación.
El informe de la PDI se suma a una serie de reportes elaborados por diversas instituciones en los últimos siete años, incluyendo el Informe Jeldres (Poder Judicial y Unicef), investigaciones de comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename y varios informes de la Contraloría, además del reporte de la ONU.
Investigación y Hallazgos Específicos
La muerte de Lissette Villa fue el detonante para que la Fiscalía iniciara una investigación penal, a cargo del fiscal Marcos Emilfork, quien trabajó con un equipo especial de la PDI. Este equipo visitó 240 de las 241 residencias del Sename (administradas directamente o por privados), constatando 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra niños.
Estos casos se desglosan en 432 maltratos por parte de adultos, 1.265 maltratos entre pares, 53 maltratos por parte de familiares, 123 abusos sexuales cometidos por adultos y 187 abusos sexuales cometidos entre menores. En junio de 2018, la Fiscalía solicitó a la Fuerza de Tarea Sename un informe resumen de todos sus hallazgos.
Casos de Alta Complejidad y Falta de Protocolos
Se identificaron 40 menores con "alta complejidad médica" y "posible riesgo vital", cuya situación fue informada en mayo de 2018 al Ministerio de Justicia, al Sename y al Ministerio de Salud para la adopción de medidas. La PDI también constató que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente ocurrieron.
La mayoría de los directores de centros informó no contar con información anterior a 2017 sobre vulneraciones graves, por lo que los datos recabados son principalmente de ese año. Gran parte de los maltratos por adultos ocurrieron en Centros de Internación Provisoria (CIP) y Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), destinados a adolescentes procesados por la justicia.
En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa), hubo 105 maltratos de adultos hacia menores, y en hogares de organismos colaboradores se registraron 137 casos similares. El 50% de los hogares constató abusos sexuales, sumando un total de 310 casos con connotación sexual.
Dinámica de Funcionamiento y Ausencia de Protocolos
El informe policial es categórico al afirmar que "estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros". Un 62,9% de los hogares (151) presentó casos de "deserciones del sistema", cifra que aumenta al 76,2% si se excluyen residencias para lactantes y discapacitados.
El Sename ha fijado protocolos prioritarios, pero el equipo policial estableció que el 44,5% de los centros no cumple con los protocolos mínimos exigidos. Los resultados son alarmantes: el 72,9% de los centros no cuenta con protocolo ante conductas suicidas, y el 76,7% carece de protocolo para "sujeción y contención física frente a desajustes conductuales", a pesar de que la muerte de Lissette Villa se debió a errores en la contención.
La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor. Se cuestiona por qué el Sename, dependiente del Ministerio de Justicia, no ha fiscalizado el cumplimiento de estos protocolos.
Fiscalización y Problemas de Salud Mental
La PDI determinó que, si bien el 98,3% de los centros recibe fiscalización periódica del Sename, estas supervisiones son en su mayoría coordinadas previamente. Los tribunales de familia también deben fiscalizar los centros semestralmente, pero la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales.
La cifra de menores con alguna enfermedad psiquiátrica a cargo del Sename es alta: 37,3% de los residentes. Además, un 14,2% presenta patologías médicas, un 13,9% sufre enfermedades crónicas, un 0,4% está en estado terminal o riesgo vital, y un 19,8% tiene algún tipo de discapacidad.
Carencias en Personal de Salud y Suministro de Medicamentos
Un desglose de la situación de salud revela que 42 centros no tienen encargado de salud. De los 198 centros que sí lo tienen, la función es ejercida por personal sin el perfil adecuado. En 55 centros, la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud. Lo mismo ocurre con el suministro de medicamentos: en el 66,3% de los centros, la persona encargada es un educador de trato directo sin formación profesional en salud.
Una investigación de CIPER de 2016 ya había constatado el suministro de fármacos sin control a niños y adolescentes del Sename, a menudo como medida de contención. La situación se agrava considerando que el 93,8% de los centros "no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos".
NO + SENAME (2021)
Desconocimiento del Informe por Parte del Ministro de Justicia
Tras la denuncia del diputado Saffirio sobre la existencia del informe de la PDI, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, descartó haber conocido el documento. Afirmó que el Ministerio de Justicia no ha recibido ningún informe de la PDI ni de otro organismo sobre una investigación en el Sename, calificando de falsa la declaración del diputado. Larraín señaló que tuvo conocimiento de que se estaba realizando un estudio para un proceso judicial, pero desconoce si concluyó o dónde se encuentra.