Los niños, niñas y adolescentes (NNA) tienen derecho a ser protegidos contra toda forma de abandono, crueldad y explotación, tal como lo proclama la Declaración de los Derechos del Niño de la ONU. En Chile, miles de NNA se encuentran bajo la tutela del Estado. De ellos, 5.095 se encuentran en residencias y 10.353 en familias de acogida. Uno de los datos más preocupantes es que 705 de los niños y niñas que están en residencias aún no cumplen los 3 años, lo cual ocurre a pesar de que la Ley 21.430 establece la prohibición general de enviar a niños menores de edad a residencias, promoviendo su permanencia en la familia de origen o con familias de acogida como primera opción de cuidado. Además, estos NNA corren el riesgo de verse afectados por problemas de salud mental que no son tratados oportunamente, exponiendo las profundas fallas de un sistema que, históricamente, ha vulnerado sistemáticamente sus derechos.
El Sename: Un Sistema en Crisis y la Revelación de Abusos Sistemáticos
Investigaciones Iniciales y Hallazgos Alarmantes
El Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela. Esa es la conclusión de un lapidario informe de la PDI que en 2017 investigó 240 hogares de menores. En el 100% de los centros que administra el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. Tan grave como lo anterior es que el informe policial fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público.
La muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016 conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos contra niños y adolescentes en hogares del Servicio Nacional de Menores (Sename). Pero eso no pasó. El mismo documento de la PDI indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
CIPER accedió a ese informe de 257 páginas, un resumen de la extensa investigación -contenida en 28 tomos- realizada por un equipo de la PDI a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien investiga las 1.313 muertes en centros del Sename (entre 2005 y 2016) reportadas tras el deceso de Lissette. El diputado Rene Saffirio, quien reveló la existencia del informe el 2 de julio, señaló la gravedad de que ni la Fiscalía ni el gobierno hubieran dado a conocer este documento en diciembre del año pasado, cuando estuvo listo. A su juicio, varias instituciones, incluido el Poder Judicial, debían responder públicamente por este desastre.
El reporte de la PDI, mucho más completo que uno previo de la ONU que visitó solo cuatro residencias, consideró 240 de un total de 241 hogares en todo el país, dando cuenta de los cerca de 6.500 niños que el Sename tenía en el sistema de residencias. Este informe es el último eslabón de una cadena siniestra de reportes elaborados por media docena de instituciones a lo largo de siete años, incluyendo el Informe Jeldres del Poder Judicial y Unicef. Tras cada informe, las autoridades anunciaron medidas, sanciones y reformas, pero la realidad en los centros no cambió.
El 7 de noviembre de 2017, la Fiscalía solicitó al equipo de la PDI concurrir a cada uno de los centros dependientes del Sename. Los detectives visitaron 240 residencias, de las 241 existentes, confirmando la magnitud de las vulneraciones. Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos constatados por la PDI se desglosan en:
- 432 maltratos por parte de adultos
- 1.265 maltratos entre pares
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores
En junio de 2018, la Fuerza de Tarea Sename confeccionó un informe con el resumen de sus hallazgos, identificando casos urgentes como los 40 menores con “alta complejidad médica” y “posible riesgo vital”. Esta nómina fue informada en mayo de 2018 al Ministerio de Justicia, al Sename y al Ministerio de Salud, sin que las medidas necesarias se concretaran oportunamente. Además, se constató que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente se habían producido, y la mayoría de los directores de los centros no contaban con información anterior a 2017 sobre vulneraciones graves de derechos.
El informe policial detalla que gran parte de los maltratos de adultos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), destinados a adolescentes procesados por la justicia. En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa), hubo 105 maltratos de adultos hacia menores, y en hogares de organismos colaboradores, 137 casos similares. En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales, totalizando 310, de los cuales 123 fueron cometidos por adultos y 187 por otros menores. El informe es categórico: “Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”.
Deficiencias en Protocolos y Fiscalización
Un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de “deserciones del sistema”. Si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados, la cifra crece hasta un 76,2%. A pesar de que el Sename había fijado protocolos prioritarios para asegurar un piso mínimo de resguardo a la integridad de los niños, el equipo policial estableció que “el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename”.
Los resultados de esta falta de implementación eran aterradores: el 72,9% de los centros a nivel nacional no contaba con protocolo ante conductas suicidas y un 76,7% no disponía de protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”. Esto es particularmente grave, ya que la muerte de Lissette Villa, que gatilló la investigación judicial, fue precisamente por errores en la contención de una crisis de la menor. La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
Aunque el 98,3% de los centros recibía una fiscalización periódica por parte del Sename, el informe de la policía determinó que “en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa”. Los tribunales de familia, que deben fiscalizar los centros al menos cada seis meses, tampoco cumplían a cabalidad, ya que la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales.
Crisis de Salud Mental, Negligencia y Sobremedicación: Los Casos de Guillermina y Lissette
La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica, según el reporte de la PDI, es altísima: el 37,3% de los residentes. Además de los problemas de salud mental, un 14,2% de los residentes presenta alguna patología médica, el 13,9% sufre una enfermedad crónica y el 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital. Otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
El desglose de estos datos es alarmante: 42 centros no tenían un encargado de salud, y en los 198 centros que sí contaban con uno, la función era ejercida por funcionarios que no cumplían el perfil necesario; en 55 centros, la labor la realizaba un técnico de un área distinta a la salud. Respecto a la administración de medicamentos, en 159 centros (el 66,3% del total) “la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud”, siendo un educador un funcionario al que solo se le exige cuarto medio rendido para ser contratado.
Una investigación de CIPER de 2016 ya había constatado cómo los fármacos se suministraban sin ningún control a los NNA del Sename, muchas veces como paliativo para contenerlos. Esta situación se agrava si se considera que el 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.
El caso de Guillermina (2012)
La historia de Guillermina, de 16 años, ilustra crudamente la negligencia del sistema. Llegó al Centro de Protección Alborada del Sename a las 04:19 de la mañana, "medio vestida" y con dinero, traída por un policía. Según la querella por cuasi delito de homicidio presentada por su familia, Guillermina se resistió violentamente al reingreso. Menos de media hora después de ser acostada, la encontraron colgada con sus propios cordones. No era la primera vez que intentaba suicidarse. Contrario a todo protocolo internacional de manejo de menores vulnerables, Guillermina no fue llevada a un hospital para cerciorarse de su estado, estabilizarla o realizarle un chequeo completo. La única lesión constatada por la policía fue una herida en su rodilla. La querella no prosperó, y su muerte en agosto de 2012 se registró como un "egreso" más del sistema, equiparable a un escape o una reinserción familiar, evidenciando una falla sistémica en la atención de la salud mental de los menores.
El caso de Lissette Villa (2016)
La trágica muerte de Lissette Villa en 2016, que movilizó a la justicia, puso de manifiesto la crisis. De sus 11 años, Lissette pasó más de la mitad entrando y saliendo de centros del Sename, después de que la justicia decidiera que sus padres no estaban capacitados para hacerse cargo. Lissette, conocida por sus episodios de rabia, murió en medio de una crisis sin recibir atención adecuada. Las cuidadoras, sin conocimientos en primeros auxilios ni estudios superiores, no lograron contenerla. El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, afirmó que la menor estaba "sobremedicada" con un fármaco (benzodiazepina) que en las dosis administradas actuaba como antipsicótico, y que estuvo expuesta a antidepresivos por años, a pesar de sus efectos adversos en niños. La "poca prolijidad" en la manipulación de medicamentos en los centros era "generalizada". El senador Alejandro Navarro destacó que el 63% de los niños estaban con tratamiento farmacológico y más de 3.000 sin la debida atención médica especializada. La magistrada Jeldres señaló que la oferta en salud mental era inexistente, y las Unidades de Cuidado y Rehabilitación Intensiva (UCRI) prometidas no se habían creado.
La historia que remeció al Sename: A 5 años de la muerte de Lissete Villa
El Caos Estadístico y la Falta de Transparencia
Una de las mayores problemáticas del sistema es la falta de claridad en las cifras. “Lo único claro respecto del número de menores vulnerables muertos cada año bajo la tutela del Estado es que no se sabe”. Según un informe del Ministerio de Justicia, 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016. Sin embargo, un reporte de Unicef reveló que el número de fallecimientos durante 2010 era cinco veces el reportado. El gobierno chileno aclaró que la cifra solo incluía a menores del área de "protección", excluyendo a infractores de ley. Un análisis de BBC Mundo de los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014, sumado a la lista de Justicia, arrojó un total de 395 fallecimientos, pero la fiabilidad de estos números era cuestionable, incluso para quienes los publicaban.
El diputado Saffirio, quien presidió la primera comisión investigadora del Sename, denunció que "el Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales". A pesar de haber presentado un informe con 200 medidas urgentes, ninguna se había cumplido. Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, explicó a BBC Mundo: "No tengo ninguna confianza en las cifras. Es posible que esté replicada la información. Por ejemplo, si un niño ingresó a distintos programas y murió, su muerte será contabilizada como egreso en todos ellos".
El Observatorio para la Confianza entregó su informe «Muertos bajo custodia», revelando 1.188 decesos de menores de edad y 648 de adultos en programas del Sename. De los fallecimientos de NNA, el 66% afectó a hombres y el 34% a mujeres. Respecto a la edad, el 55% de las muertes correspondían a adolescentes de 14 a 17 años, 23% a niños de 0 a 5 y 22% a niños de 6 a 13 años. Sofía Aliaga, coordinadora del Observatorio, afirmó que la mayoría de las causas de muerte registradas son violentas. José Andrés Murillo, director ejecutivo de la Fundación, enfatizó la necesidad de trabajar en la reconstrucción de esta historia, recordando que, aunque Sename inició en 1980, solo hay datos disponibles desde 2005.
Mejor Niñez: ¿Una Solución o la Continuidad de los Problemas?
Un Nuevo Servicio, Viejos Desafíos
En un intento por mejorar la situación, el Sename fue reemplazado por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, conocido como Mejor Niñez. Sin embargo, los problemas persisten. Más de un centenar de menores, bajo tutela del Estado en centros del Sename y ahora en residencias de Mejor Niñez, aparecen como víctimas de explotación sexual comercial. Sus casos están relatados en 98 querellas interpuestas por el Programa Mi Abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, involucrando a 115 menores como víctimas.
El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, denunció un nuevo caso ocurrido en una residencia de su comuna administrada por Mejor Niñez, lo que vuelve a poner en el centro del debate si el nuevo servicio es la solución a los graves abusos. Aunque Mejor Niñez implementó cambios como la reconversión de centros masivos en residencias familiares más pequeñas, con un límite de 10 a 15 NNA, la jueza María Pilar Villarroel asegura que el Estado tiene el deber de contratar personal especializado, no solo de capacitar al personal antiguo. A pesar de los esfuerzos, "en estos momentos, las residencias están con la misma problemática que tenían los CREAD (centros) masivos, pero ahora en escala reducida. Los funcionarios están sobrepasados, están teniendo los mismos problemas de maltrato y hay denuncias de abuso sexual y violación".
Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA)
La Brigada de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI contabiliza 77 víctimas de ESCNNA bajo el cuidado del Estado entre 2012 y 2021, cifra que se dispara a 545 si se consideran delitos de adquisición, producción y comercialización de material pornográfico infantil. Los abandonos de las residencias son una de las causas más comunes de ESCNNA, aunque también existen casos intra residenciales. En 2020, ocho adolescentes en una residencia de Antofagasta abandonaban frecuentemente el hogar y eran forzadas a actos sexuales a cambio de dinero y drogas. En 2021, una situación similar se repetía en el sur del país.
La coordinadora nacional del Programa Mi Abogado (PMA), Verónica Pincheira, considera que la capacitación de los funcionarios es clave para prevenir estos abandonos. María José Castro, directora de Mejor Niñez, afirma que el nuevo servicio pondrá énfasis en la capacitación y especialización de los profesionales. En 2019, el Sename implementó circulares para abordar estos delitos, pero la magistrada Jeldres sigue siendo crítica, señalando la "oferta inexistente" en salud mental.
La directora de ONG Raíces, Denisse Araya, explica que el trabajo en salud mental es crucial para las víctimas de ESCNNA, quienes a menudo normalizan estas situaciones debido a vulneraciones desde la primera infancia. Patricia Muñoz es tajante al afirmar que “el Estado no ha sido capaz de priorizar y atenderles en el ámbito de la salud”. Muchos abandonos están asociados a problemas de consumo de drogas o salud mental.
En la línea de cuidado alternativo residencial, entre 2021 y 2023 se evidenció que por cada víctima hay un total de tres denuncias en promedio. En 2023, el 43% de los casos en centros residenciales constataron violencia entre pares. Por cada 1.000 atendidos en el Servicio de Protección Especializada, se identificaron 78 víctimas, con una tasa mayor en los centros residenciales (360 víctimas por cada 1.000 atendidos). Esto devela que los centros residenciales tienen una mayor tasa de victimización, corroborando la complejidad de la atención y la paradoja de la revictimización en el contexto de la institucionalización.
El informe de la Defensoría de la Niñez, que analiza denuncias entre 2021 y 2023, muestra un alto número de denuncias por explotación sexual cometidas por agentes de la comunidad, lo que demanda el apoyo de policías, gobiernos locales y otros actores judiciales. En 2023, se identificaron 619 víctimas de explotación sexual NNA, con la región de Magallanes presentando una tasa significativamente alta (13 víctimas por cada 1.000 atendidas) frente a una tasa nacional de 3 por cada 1.000.
Desde 2014 hasta 2019, se registraron casos de abuso sexual, producción de material pornográfico y explotación sexual comercial en residencias para lactantes y preescolares. A pesar de las 98 querellas presentadas por el Programa Mi Abogado, solo una registra formalizados, lo que Patricia Muñoz atribuye a deficiencias en el trabajo de la Fiscalía y las policías. La falta de capacitación y la dificultad de que las víctimas denuncien, sumado a que el delito de ESCNNA no está tipificado como tal en el Código Penal (sino como promoción de prostitución infantil con penas más bajas), dificultan la persecución penal.
La historia que remeció al Sename: A 5 años de la muerte de Lissete Villa
El Rol de la Familia y la Pobreza
Francisco Estrada, abogado experto en infancia, señala que “los niños son internados por pobreza. Vienen de padres que en su infancia también fueron maltratados y la solución no es quitárselos, sino que romper el círculo”. Sin embargo, lamenta que quienes toman las decisiones “muchas veces tienen muy baja formación” y la decisión más fácil es internar al niño. Estela Ortiz, del Consejo Nacional de la Infancia, añade: "¿Por qué no hay ningún niño en la institución Sename del 50% del nivel económico más alto del país, a pesar de que el abuso sexual y la violencia es algo transversal? ¿No hay una estigmatización de la pobreza también?” Esto resalta la necesidad de un enfoque más holístico que aborde las causas estructurales de la vulnerabilidad.
Hacia una Solución Integral: Propuestas y Colaboraciones
Para Estrada, una solución definitiva se basa en tres pilares: un apoyo y seguimiento psiquiátrico adecuado con unidades polivalentes y personal dedicado que trabaje con las familias; el objetivo de que los niños vuelvan con sus familias de origen, brindándoles herramientas y acompañamiento; y una defensa jurídica adecuada que vele por el cumplimiento de los derechos de los NNA. Estrada subraya la diferencia entre los menores "infractores de ley", que cuentan con "muy buenos defensores", y aquellos vulnerados que llegan a los tribunales de familia, a menudo atendidos por abogados jóvenes para quienes el niño es "más un trámite burocrático que un sujeto de derecho".
A mediano plazo, el Consejo para la Infancia buscaba cerrar el Sename y transitar a un nuevo servicio. Para llevar a cabo las acciones y gestiones necesarias para desarrollar proyectos, investigaciones y actividades de formación, la alianza entre la UC y el SNPE (Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia) se enfocará en establecer espacios de colaboración. Esto permitirá fortalecer la protección especializada, avanzar en el cuidado en familia y en la atención de salud mental, y abordar fenómenos como migración, explotación sexual y crimen organizado. La UC pondrá a disposición a académicos, profesionales, investigadores y estudiantes para este fin. La directora de Mejor Niñez, María José Castro, explica que una de las soluciones ofrecidas por el nuevo servicio es la reducción del volumen de NNA en los hogares mediante la instalación de Residencias de Vida Familiar, con un tope de 15 menores y 27 profesionales de distintas áreas.
