La problemática de la subvención del Sename
La subvención que entrega el Servicio Nacional de Menores (Sename) a sus organismos colaboradores (OCA) ha experimentado un deterioro significativo, al punto de no cubrir los costos necesarios para una atención adecuada de los menores. Una respuesta a esta situación se encuentra en la forma en que se reajusta esta subvención.
La subvención se reajusta anualmente con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), un método que no refleja el alto incremento del precio de los recursos humanos en el país, reflejado en el Índice de Remuneraciones (IR). Dado que los OCA destinan un promedio del 73% de sus recursos a financiar personal profesional, técnico y administrativo, la falta de indexación con el IR ha provocado un deterioro real sustancial en el valor de la subvención.
Cálculo del déficit de inversión
El autor de la columna calculó el aumento que habría experimentado la subvención si se hubiese reajustado con el IR. En los 14 años que lleva operando el sistema, se estima que el Estado ha dejado de invertir más de $500 millones de dólares en la asistencia de menores vulnerables.
Marco legal de la subvención
La subvención que reciben estas instituciones está descrita en la Ley 20.032 del año 2005 y su respectivo reglamento. Esta ley define una Unidad de Subvención del Sename (USS) y establece montos para cada tipo de programa, considerando una banda de precios que va desde una atención básica hasta una atención óptima. En general, al implementarse esta normativa, el reglamento definió los valores más bajos de la banda para cada programa. Con el transcurso de los años, el reglamento ha sido modificado para transitar, en algunos programas, hacia valores más altos de la banda.
Evolución y crítica a la reajustabilidad de la USS
El reglamento de la Ley 20.032 fijó en 2005 un valor de la USS de $10.000, cuya reajustabilidad se efectuaría de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual. En su momento, este monto fue considerado adecuado por la mayoría de los organismos colaboradores del Sename. Sin embargo, con el paso de los años, el monto de la subvención ha sido objeto de críticas por no cubrir los costos de una atención adecuada para los niños y niñas.
La hipótesis principal apunta al método de reajustabilidad de la USS, que está indexado a la variación anual del IPC. Este índice no ha reflejado el incremento del precio de los recursos humanos en el país, medido por el Índice de Remuneraciones (IR). En 2018, las diferencias porcentuales alcanzan a más de un tercio a favor de una USS reajustada de acuerdo con el IR, lo que indica que desde 2006, los OCA han sido perjudicados anualmente por el IPC, considerando su estructura de costos.
Presupuesto y distribución de recursos
La Ley de Presupuesto de cada año asigna los montos para ser traspasados a los organismos colaboradores del Sename. El Presupuesto 2018 para el Servicio Nacional de Menores (Sename) considera un gasto de $319.410 millones, un incremento del 9,3% respecto al presupuesto anterior. Según cálculos de Libertad y Desarrollo (LyD), el 91% de las plazas en centros residenciales son privadas y el 95% de las atenciones son llevadas a cabo por organismos colaboradores que reciben solo el 63% del presupuesto, a pesar de que los niños derivados a centros estatales podrían representar casos más complejos.
La Unidad de Subvención Sename (USS) tuvo un valor de $15.480 en 2017. El presupuesto de 2018 contempla un incremento en el gasto en personal, destinando casi el 30% de los recursos del Sename a sus funcionarios. Los mayores aumentos se deben a cambios de grados para funcionarios, basados en antigüedad y gradualidad, en lugar de criterios de competencias.
Detalle de las subvenciones y su variabilidad
El Presidente Piñera mencionó que 8.400 niños residentes o en programas de 247 organismos dependientes del Sename reciben una subvención base de $237.600 por mes. El Sename confirmó que el valor base de las subvenciones por menor de edad es de $237.600, aunque este valor aumenta según criterios como zona geográfica, plazas convenidas y complejidad de la población atendida, estipulados en la ley 20.032.
El artículo 30 de la ley indica que los Centros Residenciales tienen una subvención base mensual entre $134.640 y $237.600. El aporte mensual puede aumentar bajo el ítem de diagnóstico entre $126.720 y $158.400 por servicio prestado. Para el programa de Reinserción para infractores de ley, el aumento en la subvención mensual por niño atendido varía entre $7.920 y $126.562. En temas de protección, existen programas generales y especializados, con aumentos en la subvención que van desde $7.920 a $142.402 extra.
Debido a las distintas especificaciones de la ley, es imposible establecer un monto exacto mensual por niño en todos los centros relacionados al Sename. El Anuario Estadístico 2016 del Sename reporta 10.437 menores en centros residenciales, cifra que difiere de los "ocho mil" mencionados por el Presidente Piñera.
Desigualdades en el gasto por menor
La directora nacional del Sename, Solange Huerta, reconoció la insuficiencia de los aportes estatales, pero destacó que aumentarán para el próximo año, elevando la subvención al máximo permitido por ley y discutiendo la revisión del sistema de subvención, que actualmente supone coparticipación entre el Estado y los organismos colaboradores.
Un informe presupuestario del Sename reveló que el gasto promedio mensual destinado a cada niño infractor de ley fue de $294.934, con un total de $23.102.214.977 invertidos en seis meses para 13.055 niños. Sin embargo, este presupuesto no se distribuye equitativamente entre los 29 centros de Justicia Juvenil.
Existen diferencias notables en los costos mensuales por niño. Por ejemplo, centros de internación provisoria y de régimen cerrado recibieron entre $170 mil mensuales por niño (Iquique) y hasta $2.474.662 (Punta Arenas). El informe advierte que el costo mensual no solo está relacionado con la cantidad de menores atendidos, sino también con costos fijos como el pago de funcionarios y mantenciones de edificios.
El centro con el promedio más bajo de inversión por niño fue el establecimiento semicerrado La Cisterna, con un costo de $98.437 por atención mensual. El Sename explica que no es apropiado comparar centros con modalidades y objetivos diferentes, como los centros semicerrados (donde los adolescentes pernoctan y asisten a colegio/talleres de día) y los centros de internación provisoria o de régimen cerrado (con perímetro resguardado por Gendarmería y privación de libertad).
Gasto en centros de Protección de Derechos
En los centros destinados a la Protección de Derechos, de administración directa del Sename, el costo mensual por niño fue de $231.912. El Sename aclara que estos centros atienden a niños y niñas por tramos de edad, lo que implica necesidades diferentes de alimentación y cuidados específicos.
La polémica del pago de deuda y la crisis del Sename
La muerte de Daniela Vargas, de 13 años, bajo custodia del Sename en Chiloé, evidenció la profunda crisis del organismo. La menor padecía una miocardiopatía dilatada y se le negó un trasplante de corazón debido a su "precaria situación social, familiar y personal".
La dispar forma en que se gastan los recursos públicos es un aspecto estructural clave. El estudio de LyD señala que el 91% de las plazas residenciales son privadas y el 95% de las atenciones son realizadas por organismos colaboradores que reciben solo el 63% del presupuesto, mientras que los niños en centros estatales podrían ser casos más complejos. LyD califica esta brecha como "alarmante".
Un aspecto polémico es el artículo 80 bis, que permite a los Tribunales de Familia derivar casos urgentes, obligando a las instituciones a prestar el servicio de inmediato, incluso sin oferta programática o plazas disponibles. El financiamiento de estas atenciones se realiza con retrasos significativos, lo que obliga a las propias instituciones colaboradoras a cubrirlas inicialmente.