La pensión de alimentos consiste en una suma de dinero u otra prestación que se otorga a una persona que no cuenta con los medios suficientes para subsistir adecuadamente. Estos fondos deben resguardar el interés superior, la autonomía progresiva y el desarrollo integral del niño, niña y adolescente, incluyendo, a lo menos, alimentación, habitación, vestuario, salud, movilización, enseñanza básica y media, y el aprendizaje de alguna profesión u oficio.
En Chile, el aumento de la pensión de alimentos es una modificación en el monto que una persona debe pagar, generalmente en el contexto de una relación familiar como un divorcio o una separación. Las decisiones del tribunal o los acuerdos ratificados por las partes no son siempre definitivos, ya que las condiciones de vida en los entornos familiares varían de manera permanente. Nuestra legislación recoge la posibilidad de solicitar el aumento de la pensión de alimentos cuando las circunstancias lo ameriten.
¿Qué es el Aumento de Pensión de Alimentos?
El aumento de pensión de alimentos es la acción judicial o el acuerdo de mediación mediante el cual se solicita el incremento del monto de una pensión de alimentos ya fijada. Se trata de una modificación al alza del monto de una pensión de alimentos vigente, ya sea que haya sido establecida por sentencia judicial, por acuerdo de mediación aprobado por el tribunal, o por transacción.
Su fundamento legal se encuentra en el artículo 332 del Código Civil, que establece que los alimentos pueden modificarse cuando cambian las circunstancias que legitimaron su fijación, y en las disposiciones de la Ley N° 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias. El principio rector es que la pensión no es inmutable: se fija considerando dos variables -la capacidad económica del alimentante y las necesidades del alimentario- y si cualquiera de ellas cambia de forma sustancial y acreditada, procede la modificación.
Causales para Solicitar el Aumento
El requisito fundamental es que hayan variado las circunstancias que el tribunal consideró al fijar la pensión. Los tribunales acogen el aumento cuando se acredita alguna de las siguientes situaciones, o una combinación de ellas. Es importante tener presente que no basta con alegar el cambio, hay que probarlo documentalmente.
- Aumento de las necesidades del alimentario: Procede cuando las necesidades del alimentario han crecido, por ejemplo, debido a gastos de educación (ingreso a la universidad o cambio de nivel educativo), salud (algún tratamiento médico), o el crecimiento natural del hijo (los gastos de un lactante no son los mismos que los de un adolescente).
- Mejora en la capacidad económica del alimentante: Ocurre cuando la capacidad económica del alimentante ha mejorado sustancialmente (ascenso laboral, nuevos ingresos, adquisición de patrimonio).
- Disminución de los ingresos del progenitor custodio: Si el progenitor custodio ha visto disminuidos sus recursos (pérdida de empleo, reducción de ingresos), la mayor carga económica que ahora recae sobre él justifica que el alimentante contribuya en mayor proporción.
Los tribunales valoran especialmente la prueba que permite una comparación directa entre la situación original y la actual, respaldada con cifras, documentos oficiales y antecedentes verificables. Un error frecuente es presentar demandas de aumento basadas en una lista genérica de gastos, sin documentar el cambio efectivo respecto del momento en que se fijó la pensión.
Diferencia entre Reajuste Automático y Aumento Judicial
Un punto que genera confusión frecuente es la diferencia entre el reajuste automático de la pensión y el aumento judicial. Son mecanismos completamente distintos:
Reajuste Automático
El reajuste automático ocurre porque, desde la entrada en vigencia de la Ley N° 21.389 (noviembre de 2021), todas las pensiones deben fijarse en Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Como el valor de la UTM se actualiza mensualmente conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), el monto en pesos varía cada mes sin necesidad de intervención judicial. Si la pensión fue fijada antes de noviembre de 2021 en otra unidad (pesos, IPC o sueldo mínimo), se puede solicitar al tribunal su conversión a UTM mediante un trámite simple a través de la Oficina Judicial Virtual del Poder Judicial, sin necesidad de abogado.
Aumento Judicial
El aumento judicial, en cambio, implica modificar la cantidad de UTM fijada originalmente. Es un juicio en sí mismo -con mediación previa, demanda, audiencias y sentencia- y solo procede cuando se demuestra un cambio sustancial en las circunstancias. El reajuste mantiene el poder adquisitivo de la pensión; el aumento la incrementa porque las necesidades crecieron o la capacidad del alimentante mejoró.
Procedimiento para Solicitar el Aumento de Pensión
Los jueces responden: ¿Cuál es el monto máximo que puedo exigir para una pensión de alimentos?
El procedimiento para solicitar un aumento sigue las mismas etapas que una demanda de alimentos, con una particularidad: ya existe una pensión fijada previamente, por lo que el eje del juicio no es si corresponde una pensión, sino si el monto vigente debe modificarse al alza.
Primer Paso: Mediación Familiar Obligatoria
Conforme al artículo 106 de la Ley N° 19.968, las causas de alimentos requieren mediación previa obligatoria. La mediación puede solicitarse a través del Portal de Usuarios de Mediación Familiar con Clave Única o por derivación del Tribunal de Familia. Si se alcanza un acuerdo de aumento, se formaliza en un Acta de Mediación que el tribunal aprueba y que adquiere fuerza de sentencia ejecutoriada. El tribunal verificará que el nuevo monto cumpla los mínimos legales, no exceda el 50% de los ingresos del alimentante, y que se especifiquen las capacidades y necesidades de ambas partes. Si la mediación fracasa, se emite un Certificado de Mediación Frustrada que habilita la vía judicial. La mediación tiene un plazo máximo de 60 días, prorrogable por acuerdo.
Segundo Paso: Demanda Judicial de Aumento
La demanda se presenta ante el Tribunal de Familia. Conforme a la Ley N° 21.484, es competente el mismo tribunal que fijó la pensión original, salvo cuando corresponda otro por domicilio. Debe ser patrocinada por un abogado habilitado y acompañarse del certificado de mediación frustrada, la sentencia o acuerdo vigente, y toda la prueba del cambio de circunstancias. El tribunal citará a una audiencia preparatoria (donde se fijan los hechos a probar y se admite la prueba) y luego a una audiencia de juicio (donde se rinde la prueba y se dicta sentencia).
Tercer Paso: Aumento por Mutuo Acuerdo
Si ambas partes están de acuerdo, pueden formalizar el aumento mediante acta de mediación o transacción extrajudicial, sin necesidad de juicio contencioso. Este acuerdo debe cumplir los requisitos legales (monto en UTM, especificación de capacidades y necesidades) y ser aprobado por el tribunal para tener fuerza ejecutiva. Esta es la vía más rápida, pudiendo resolverse en 3 a 8 semanas.
La Prueba del "Antes y Después"
La clave en un juicio de aumento es lo que en la práctica se denomina la prueba del "antes y después": demostrar de manera concreta y documentada cuál era la situación cuando se fijó la pensión original y cuál es la situación actual. El tribunal necesita comparar ambos escenarios para determinar si efectivamente hubo un cambio sustancial que justifique modificar el monto. La carga de la prueba recae sobre quien alega el cambio.
- Para quien solicita el aumento: La preparación probatoria comienza meses antes de la demanda, reuniendo sistemáticamente boletas, certificados y antecedentes del nivel de vida del alimentante. Un error que se ve con frecuencia es que alimentarios presentan demandas de aumento basadas en una lista genérica de gastos, sin documentar el cambio efectivo respecto del momento en que se fijó la pensión.
- Para quien se defiende: Es igualmente crucial poder acreditar que sus ingresos no han variado o que sus cargas han aumentado. Alimentantes que no comparecen o que no presentan prueba de sus ingresos reales terminan con montos fijados en base a presunciones desfavorables.
Defensa ante una Demanda de Aumento
Si le han notificado una demanda de aumento de pensión, su defensa debe centrarse en desvirtuar el cambio de circunstancias alegado o, subsidiariamente, en demostrar que el aumento solicitado es desproporcionado respecto de su capacidad económica real.
Los frentes principales de defensa incluyen:
- Acreditar que sus ingresos no han mejorado: Presentando liquidaciones de sueldo, declaraciones de renta, cotizaciones previsionales y certificados tributarios que demuestren estabilidad o incluso deterioro en su situación económica.
- Demostrar que las necesidades invocadas ya existían: Acreditar que las necesidades alegadas por el demandante ya estaban presentes al momento de fijarse la pensión vigente y, por tanto, no constituyen un cambio nuevo.
- Acreditar aumento de cargas familiares propias: Demostrar que han aumentado sus propias cargas familiares -nacimiento de nuevos hijos, obligaciones con ascendientes, enfermedades- o que el progenitor custodio tiene capacidad económica no considerada, y que ambos deben contribuir proporcionalmente conforme al artículo 233 del Código Civil.
Además, el alimentante puede presentar una demanda reconvencional de rebaja si considera que las circunstancias justifican un monto menor. Sin embargo, si está inscrito en el Registro de Deudores, su reconvención de rebaja será declarada inadmisible salvo excepciones muy limitadas. En todo caso, comparecer y defenderse activamente es fundamental: si el alimentante no asiste, el juicio se tramita en su rebeldía y el tribunal fijará el nuevo monto sin contrapeso.
Montos Mínimos y Máximos de la Pensión
Legalmente, la pensión de alimentos no puede ser inferior a ciertos porcentajes de un ingreso mínimo remuneracional:
- Para un solo hijo/a: El monto mínimo equivale al 40% de un ingreso mínimo remuneracional (sueldo o salario mínimo).
- Para dos o más hijos/as: El monto mínimo por cada uno de ellos equivale al 30% de un ingreso mínimo remuneracional.
Cuando los alimentos se soliciten en favor de personas distintas de los hijos o hijas, el tribunal no tendrá monto mínimo de pensión alimenticia a establecer. La pensión de alimentos tiene un tope máximo legal del 50% de los ingresos del alimentante (artículo 7° de la Ley N° 14.908). El aumento solicitado debe respetar estos límites.
El mínimo legal vigente al año 2025 es de $200.000 mensuales por hijo con un alimentario (40% del ingreso mínimo mensual de $500.000), y de $150.000 por hijo con dos o más alimentarios (30% del IMM). Estos montos se reajustan cada vez que se modifica el ingreso mínimo.
Consecuencias de la Falta de Pago de la Pensión de Alimentos
Si no se paga la pensión de alimentos, el padre o madre se arriesga a sanciones que van desde arresto nocturno hasta arraigo nacional. El tribunal puede decretar una o más de las siguientes medidas:
- Arresto nocturno: Desde las 22:00 PM hasta las 06:00 AM, hasta por quince días. Si cumplido el arresto, el o la deudora deja de pagar la pensión correspondiente al mes siguiente, el tribunal puede repetir esta medida.
- Arresto completo: Hasta por 15 días, si no cumple el arresto nocturno decretado o no paga la pensión después de dos períodos de arresto nocturno. Puede ser hasta por 30 días en caso de nuevos incumplimientos.
- Arraigo o prohibición para salir del país: Hasta que se efectúe el pago de lo adeudado. También se puede solicitar cuando existan motivos fundados para estimar que el o la deudora se ausentará y no dejará garantía.
- Retención de remuneración: Oficiar al empleador para que retenga de su remuneración la suma correspondiente a la pensión alimenticia.
- Suspensión de licencia de conducir: Hasta por seis meses.
- Retención de devolución de impuesto a la Renta.
- Embargo y remate de bienes: Hasta el pago total de la deuda alimenticia.
Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos
El Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos es un registro electrónico creado por la Ley 21.389 que tiene por objetivo articular diversas medidas legales a fin de promover y garantizar el cumplimiento del pago de las pensiones de alimentos. Será de acceso remoto, gratuito e inmediato, para cualquier persona con interés legítimo en la consulta.
La Ley 21.389 estableció las siguientes sanciones para el deudor de alimentos inscrito en este Registro:
- Si solicita un crédito bancario igual o superior a 50 unidades de fomento, el banco retendrá parte de los fondos. También se retendrán devoluciones de impuestos, dineros por venta de inmuebles o vehículos.
- No podrán renovar licencias de conducir ni pasaportes.
- No podrán recibir beneficios económicos como bonos del Estado (estos se destinarán al pago de las deudas).
- Si es funcionario o funcionaria pública o de elección popular, la institución en la que trabaja le retendrá un porcentaje de su sueldo. Asimismo, están obligados a declarar su deuda en las “Declaraciones de Interés y Patrimonio”.
- Se establece como una forma de violencia intrafamiliar el no pago reiterado de la pensión de alimentos.
- Pago de la deuda con la indemnización por años de servicio del o de la deudora despedido o despedida del trabajo.
- Se establece como parte de la evaluación de idoneidad para adoptar menores de edad.
- Si vende un vehículo o una propiedad se puede impedir la inscripción del traspaso si no se pagan los alimentos adeudados.
- Retención de remuneraciones de gerentes generales o directores de sociedades anónimas abiertas con transacción bursátil.
La inscripción se cancela cuando se acredite el pago completo de la pensión adeudada o se adopte un acuerdo de pago, serio y suficiente, que sea aprobado por el tribunal por resolución firme o ejecutoriada.
Representación Legal y Asesoría
Tanto quien solicita el aumento como quien se defiende requieren una estrategia probatoria rigurosa ante el Tribunal de Familia. Actuar con asesoría legal oportuna es determinante para el resultado. Si la pensión que se recibe ya no cubre las necesidades de los hijos, es importante actuar, ya que el aumento no opera retroactivamente: cada mes que pasa sin demandar es un mes que devenga al monto original, sin posibilidad de recuperar la diferencia.
Si le han demandado un aumento que considera desproporcionado, no comparecer al juicio permite que el tribunal fije el nuevo monto basándose únicamente en la prueba del demandante, sin contrapeso. La representación legal especializada marca una diferencia significativa en ambos casos.