SANTIAGO.- Tras meses de críticas y cuestionamientos a la principal entidad estatal de protección de menores, el Servicio Nacional de Menores (Sename), la Presidenta Michelle Bachelet firmó y envió al Congreso dos proyectos de ley que buscaban reemplazarlo. Estas iniciativas, que se han concretado en la práctica, han puesto fin a 46 años de funcionamiento del Sename, dividiendo sus funciones en dos nuevos organismos especializados. La decisión busca mejorar la protección de los derechos de los menores y separar las responsabilidades de justicia juvenil, enmarcado en un proceso de reestructuración tras diversos problemas y críticas, como el alto número de fallecimientos de menores bajo custodia estatal.
La Reestructuración: Dos Nuevos Servicios
La Mandataria presentó la iniciativa que eliminaría el Sename y, en su reemplazo, crearía dos instituciones que se dividirían las tareas: una que se encargaría de los niños cuyos derechos han sido vulnerados y otra que tratará con los menores infractores de la ley. Las modificaciones irán de la mano del avance de estas dos iniciativas que reemplazan las tareas que hoy realiza el Sename, entidad que dejará de existir.
Servicio de Protección Especializada de Derechos de la Niñez (Mejor Niñez)
Para el primer caso, se creó el Servicio de Protección Especial de Derechos de la Niñez, conocido como Mejor Niñez. Este servicio dependerá del Ministerio de Desarrollo Social y comenzó a operar formalmente el 1 de octubre de 2021, reemplazando las facultades de protección infantil del Sename.
Esta entidad se encarga de entregar prestaciones especializadas de protección y restitución de derechos a niños, niñas y adolescentes que han sufrido violencia en cualquiera de sus formas o se encuentran en situación de vulnerabilidad. Mejor Niñez pretende dejar atrás el historial de vulneraciones que se han visto en el actual servicio. Para esto, se establecerá un sistema de acreditación de programas que permitirá recoger la experiencia y las mejores prácticas en materia de intervención social, tanto en las que ejecute el servicio como las realizadas por terceros. Además, se busca mejorar la calidad de los prestadores, la supervisión de los programas y la gestión del servicio.
Mejor Niñez, tras promulgarse como ley en diciembre de 2020, partió sus funciones con un presupuesto de $340 mil millones anuales en promedio, un aumento de 40% en el presupuesto que hoy tiene Sename en materia de protección. Las nuevas atribuciones buscan mejorar la fiscalización sobre los centros de acogida. Sin embargo, los antiguos centros del Sename -particulares o públicos- solo deben renovar su acreditación en el plazo de un año y ajustarse a los nuevos estándares para pasar a Mejor Niñez, lo que significa que probablemente serán los mismos centros de acogida que antes, pero con un nivel de exigencia supuestamente mayor.
Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (ex Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente)
El segundo proyecto de ley crea lo que será el Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente, ahora denominado Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Este dependerá del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y se encargará de los niños, niñas y adolescentes que se han visto involucrados en conflictos con la ley. Esta iniciativa está a la espera de ratificarse en el Senado para ser ley, con esto, lo que es hoy el Sename estará separado en dos instituciones distintas.
La institución tendrá como objeto la ejecución de medidas y sanciones fijadas en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, mejorando la calidad de los procesos de intervención. Esto se realizará a través de dos definiciones estratégicas. La primera es la adscripción al sistema de Alta Dirección Pública, en el que se fijarán estándares de calidad por cada programa de ejecución de medidas y sanciones, las cuales serán ratificadas por una Comisión de Estándares y Acreditación.
El ministro de Justicia precisa que el Servicio de Reinserción Social Juvenil crea un modo de intervención distinto para los jóvenes que son condenados por la justicia, “buscando recuperarlos y rehabilitarlos mediante un proceso profesional, integral y totalmente personalizado, apoyado de actores judiciales (jueces, fiscales y defensores) especialistas en infancia”. Se espera partir atendiendo a unos nueve mil jóvenes y, como aplicará un nuevo modelo de rehabilitación integral con educación y capacitación que de verdad les abra nuevas oportunidades, es muy probable que si eso resulta bien genere mucha mayor demanda.
Contexto Histórico y Legislativo
El Servicio Nacional de Menores (Sename) lleva años en la mira de la opinión pública y siempre está presente en las campañas y programas políticos. En 1980, bajo la dictadura de Pinochet, comenzó a operar esta institución. En Chile se violan sistemáticamente los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes que, supuestamente, deberían estar protegidos por el Estado. Así fue constatado años atrás y así sigue ocurriendo en algunos centros del Sename.
A pesar de que Chile ratificó la Convención de los Derechos del Niño en 1990, y asumió como Estado adoptar las medidas administrativas y legislativas necesarias para que estos derechos sean efectivos, tuvieron que pasar 25 años para que la Ley que entrega “Garantías de Derechos de la Niñez” comenzara su discusión en el Congreso. Todo un desafío considerando que en Chile todavía no se cuenta con una ley que garantice plenamente los derechos de la infancia.
Para Camilo Morales, coordinador del Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en Infancias de la Universidad de Chile, lo que se está haciendo es “modificar el servicio de protección a la niñez y de reinserción juvenil, pero no se crea un sistema de garantía de derechos que sea como la base para sostener estas instituciones”. Además, el informe del Comité de Derechos del Niños de la ONU critica la excesiva privatización de la atención a niñez, la judicialización y no atender a la pobreza como causa basal de muchas vulneraciones. “Más del 80% niños que están en las residencias pertenecen a familias pobres, que quedan atrapadas en la precariedad por falta de apoyo económico."
Desafíos y Críticas a la Implementación de los Nuevos Servicios
Diversas organizaciones y funcionarios han criticado a Mejor Niñez, señalando que los cambios no son estructurales y que será "lo mismo con otro nombre". Sin embargo, existen cambios concretos, como la separación de las funciones de protección y reinserción. Al académico de FACSO, Dimas Santibáñez, este tipo de cambios le generan confianza. “El Sename ya estaba en una situación límite y se está buscando una solución fuera del marco tradicional. Esto, por cierto, no asegura resolver los problemas, pero abre una posibilidad más amplia para que algunas de las cuestiones más sustantivas, efectivamente se modifiquen.” Por su parte, Viviana Soto, académica de FACSO y vicedirectora de la Red Chilena de Pedagogía en contextos de encierro, recalcó que los niños, niñas y adolescentes que llegan al Sename están en la línea de la pobreza y han sufrido vulneraciones, “pero también un abandono del Estado porque provienen de familias que han sido abandonadas.
En las últimas semanas, el Sename nuevamente ha sido noticia por situaciones negativas. Las autoridades y la sociedad civil esperan que, con la operación del servicio Mejor Niñez, la situación para de niños, niñas y adolescentes mejore. La interrogante es si los cambios anunciados son suficientes o si será "más de lo mismo".
Críticas al Financiamiento y Rol de Organismos Colaboradores
Camilo Morales objeta que Mejor Niñez mantenga la misma base de financiamiento del Sename, que es la subvención por tipo de vulneración de derecho por niño atendido. “Esto ha generado condiciones de mucha precarización en las intervenciones, bajo la lógica del principio de subsidiariedad. Es decir, hay un financiamiento que funciona estableciendo un pago por niño atendido.” Actualmente, el 98 por ciento de las residencias son administradas por organizaciones privadas con el nombre de “Organismos Colaboradores”, los que ahora serán los mismos encargados de implementar las nuevas normativas de Mejor Niñez.
Cuestionamientos a los Nombramientos de la Alta Dirección Pública (ADP)
Para poner en marcha Mejor Niñez se necesitó la contratación de una plantilla de implementadores regionales más uno nacional. La directora nacional de Mejor Niñez, María José Castro, quien dejó su cargo en el gobierno como subsecretaria de Educación Parvularia, quedó a la cabeza de esta tarea de implementación asumiendo como directora nacional del servicio. Para llegar a la dirección nacional o las direcciones regionales de Mejor Niñez se debe ganar el concurso de Alta Dirección Pública (ADP) correspondiente, con un comité de selección conformado por un representante del ministerio, uno del servicio y uno del Consejo de ADP. El seleccionado como director nacional de Mejor Niñez firma un contrato por cinco años con una renta líquida mensual de $6,1 millones. Los directores regionales, en tanto, disponen de un contrato de tres años y una renta mensual de $4 millones.
El caso de María José Castro es emblemático para lo que ha sido el resto de los nombramientos de ADP del nuevo servicio de protección de menores: directivos que vienen de los partidos de Chile Vamos o que han trabajado para los gobiernos de Sebastián Piñera. María José Castro cursó su educación básica y media en el Colegio Huelén de Vitacura, ligado al Opus Dei, y estudió pedagogía general básica en la Pontificia Universidad Católica. En 2007 se incorporó a la Red de Colegios SIP, perteneciente al grupo Matte, donde ejerció como coordinadora general de la entidad entre 2011 y 2018. Con el segundo mandato de Piñera, y en paralelo a su función como subsecretaria, Castro fue contratada como coordinadora nacional de Mejor Niñez en enero del 2021 y, en abril, fue nombrada directora subrogante. Para optar a la dirección nacional de Mejor Niñez, Castro se presentó en junio al concurso de ADP, mientras ejercía como directora subrogante del mismo servicio y como subsecretaria de Educación Parvularia. Fue seleccionada en septiembre, asumiendo en octubre. Recién dejó la subsecretaría en enero de este año, pasando el cargo a María José Honorato. Ahora, Castro, que llegó con Piñera en 2018, ejercerá un empleo público de cinco años con una renta líquida mensual de $6.1 millones de pesos.
La elección de directores regionales ha sido similar. De los 16 concursos ADP publicados, ocho seleccionados son militantes o ex empleados del oficialismo, a falta de que se anuncie la otra mitad. Los directores de Ñuble, Tarapacá y Valparaíso serían dados a conocer en febrero, mientras que los de Biobío y Aysén estarían publicados entre febrero y marzo. Además, se esperaba que se abrieran nuevos concursos para Los Lagos y Antofagasta, declarados desiertos en diciembre.
Ejemplos de Nombramientos Regionales
- Dirección Metropolitana: El primer director elegido fue el de la región Metropolitana: Bárbara Soto Silva (UDI), periodista y ex seremi de Educación de Piñera II. En marzo de 2018, Soto asumió la seremia de Educación de la región Metropolitana, pero solo duró un año, dejando el puesto en agosto de 2019 luego de que Contraloría detectara que había pagado más de $122 millones en honorarios irregularmente. Este traspié no le impidió seguir en cargos públicos, tomando la dirección de educación de la Municipalidad de Santiago ese mismo mes. En 2021, postuló al cargo de directora metropolitana de Mejor Niñez, plaza que obtuvo en septiembre, asegurando un contrato por tres años y una renta promedio mensual de $4.2 millones.
- Región del Maule: Ángela Muñoz, licenciada en Trabajo Social y militante RN, fue directora ejecutiva de la provincia Curicó a la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu) durante el primer gobierno de Piñera. En julio del año pasado, Muñoz fue contratada como coordinadora general de implementación de Mejor Niñez en la región del Maule y ese mismo mes se abrió el concurso para el cargo de director regional del servicio, el que obtuvo en octubre.
- La Araucanía: Valeria Arias Bascur, otra militante RN, ingresó a cargos públicos durante Piñera II. En agosto de 2021 postuló al concurso ADP para ser seleccionada, en diciembre, como directora regional de Mejor Niñez en La Araucanía.
- Atacama: Cinthia Rojas Bown, abogada y segunda vicepresidenta de la directiva del distrito 5, se sumó a Mejor Niñez como directora regional en enero de este año. Durante el primer mandato de Piñera, Rojas fue seremi de Bienes Nacionales en Atacama. En agosto del 2021 fue contratada como coordinadora regional de Atacama para la implementación del servicio Mejor Niñez. Un mes después se abrió el concurso para postular a directora regional, cargo que obtuvo en enero del 2022.
- Magallanes: Rodrigo Sepúlveda Tagle, seremi de Educación de Magallanes y ex militante RN, fue electo como director regional en enero de este año. A pesar de figurar como seremi hasta enero del 2022, Sepúlveda postuló al cargo de director regional de Mejor Niñez en octubre, siendo seleccionado en enero de este año.
- Arica: Elizabeth Salinas, psicóloga, seleccionada como directora. Ha ocupado otros cargos públicos en paralelo a su trabajo en la Subsecretaría de Prevención del Delito desde 2014, incluyendo jefa de gabinete en la seremi Junji y en la seremi de Trabajo de Arica. En 2020 Salinas fue lobbista en la Cámara de Diputados representando a Conectados por la Infancia, organización de derecha que buscaba vetar la ley de garantías de niñez y adolescencia. En junio del 2021, mientras aún era jefa de gabinete en la Seremi Junji, Salinas postuló y fue seleccionada para tomar la dirección regional de Arica en el servicio Mejor Niñez. Comenzó a ejercer como directora en octubre y dejó de reportar ganancias como jefa de gabinete recién en noviembre.
- Coquimbo: Julia Sandes, educadora de párvulos, fue seleccionada como directora regional. Ingresó en marzo de 2018 como profesional del Área de Gestión Curricular de Políticas Educativas de la Subsecretaría de Educación Parvularia, a cargo de María José Castro. En julio del 2021 fue contratada como directora general de implementación de Mejor Niñez en Coquimbo. Al igual que Castro, Sandes pasó desde la subsecretaría de Educación Parvularia a la dirección regional de Coquimbo gracias al concurso de ADP que se abrió mientras era implementadora del servicio en la región.
- O’Higgins: Cristián Flores, administrador público, repite la fórmula de Sandes, Muñoz y Castro al ingresar desde la coordinación para la implementación regional. En junio del 2021 se convirtió en coordinador general para la implementación de Mejor Niñez en la región de O’Higgins. Un mes más tarde concursó para el cargo de director regional, siendo seleccionado entre 118 postulantes.
En los nueve cargos ya adjudicados, cinco son militantes del oficialismo (RN y UDI) y cuatro son ex trabajadores de alguno de los dos gobiernos de Sebastián Piñera. Ninguno viene de ejercer cargos docentes o directivos en la educación pública o privada, pero cuatro de los elegidos llegan desde un puesto en la cartera de Educación del actual gobierno. El resto de las directivas aún no han sido adjudicadas.
Programas de Apoyo y Colaboración Existentes
Más allá de los nuevos servicios, existen diversas iniciativas y programas que buscan fortalecer la protección y el desarrollo de niños, niñas y adolescentes en Chile:
- Oficinas Locales de Niñez (OLN): Son propuestas de oficinas con enfoque local que partieron con 12 pilotos en 2019. Estas oficinas se conforman mediante convenio entre los municipios y la Subsecretaría de la Niñez, y están a cargo de administrar un sistema de alerta temprana que buscará detectar posibles riesgos de vulneración de derechos. Además, tienen la misión de coordinar la oferta de niñez en el territorio y de promover los derechos de niños, niñas y adolescentes. Algunos municipios cuentan con oficinas o programas de niñez, los cuales son financiados en gran parte por ellos.
- Subsistema de Protección a la Infancia Chile Crece Contigo: Se preocupa por el desarrollo de niños y niñas entre los 0 y los 9 años, cuida a las mamás durante el embarazo y acompaña a los padres/cuidadores, entregándoles información y materiales que apoyan el crecimiento de niños y niñas según sus necesidades. Es el órgano de colaboración directa del Ministerio de Desarrollo Social en materias de los derechos de los niños.
- Línea telefónica de Fundación Integra: Desde hace un par de años forma parte del Subsistema de Protección Integral Chile Crece Contigo. En esta línea, los padres y/o cuidadores pueden llamar por consultas sobre crianza de niños.
- Programas de Representación Jurídica: En el ámbito de representación jurídica existen programas que trabajan en esta línea.
- Programa de Representación Jurídica (PRM, PPF): Perteneciente al Servicio Nacional de Menores (SENAME) cuyo objetivo es representar legalmente a niños, niñas y adolescentes que asisten a algún programa de la red SENAME y que fueron vulnerados en sus Derechos, sea constitutivo de delito o no, en distintos tribunales de Justicia. En la actualidad, existen 16 programas a nivel nacional.
- Oficina de Defensa Penal Adolescente: Esta unidad de defensa penal especializada presta servicios a los adolescentes que se encuentran imputados bajo la Ley 20.084 que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la Ley Penal.
- Programa Mi Abogado: Es un programa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que se inició en 2017 como piloto en cuatro regiones y que en 2019 llegó a nueve. Su principal objetivo es representar jurídicamente a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en alguna residencia de SENAME. Este programa lo ejecutan las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ). Cualquier persona puede acceder a los servicios de orientación e información de la Corporación de Asistencia Judicial.
- Programas de Justicia Juvenil: En esta área, en la actualidad es el Servicio Nacional de Menores quien tiene a cargo supervisar estos programas los cuales son ejecutados por organismos colaboradores. Existen diversos tipos de programas según el tipo de sanción al que fueron objeto los adolescentes infractores de Ley, en ese sentido pueden ser privativas o no privativas de libertad. Dentro de la primera línea, los centros privativos de libertad pueden ser provisorios, cerrados o semicerrados.
tags: #cuales #seran #las #instituciones #que #reemplazaran