La crisis en el Servicio Nacional de Menores (SENAME) de Chile es un reflejo de una falla sistémica y social en la protección de la infancia y adolescencia. Este organismo, creado en 1979 durante la dictadura militar, nació con una concepción de la infancia como un estado irregular, y su enfoque tutelar, dependiente del Ministerio de Justicia, ha sido cuestionado por su capacidad para garantizar los derechos de los menores.
Orígenes y Evolución de un Sistema Cuestionado
Desde 1758, con la fundación de la primera casa de expósitos de Santiago, la internación de niños ha sido un medio frecuente de protección en Chile para la infancia gravemente vulnerada. Sin embargo, esta práctica, que debía ser excepcional y transitoria debido a los graves efectos psicológicos que implica la separación familiar, se ha vuelto prolongada e incluso permanente. Un estudio de 2010 encargado por UNICEF y SENAME, "Focalización del sujeto de atención y propuestas metodológicas para la intervención con niños, niñas y adolescentes en protección residencial", reveló que el tiempo promedio de permanencia en las residencias es de 2,7 años.
Viviana Soto, académica del Departamento de Educación, señala que el Estado ha actuado de manera lenta y tardía en la implementación de políticas públicas, lo que hace perentorio un nuevo trato con la infancia, con un paradigma totalmente distinto al actual. A pesar de los avances vividos por la sociedad chilena en relación con la infancia desde los años 90, como la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, persisten muchas formas de maltrato infantil que aún no se han reconocido plenamente. La psicóloga jurídica y académica critica la persistencia de la visión de los niños como personas inacabadas e insuficientes.
La Visión del Niño en el Sistema
La creación y desarrollo del SENAME ha replicado esta visión del niño-objeto que recibe ayuda y asistencia del Estado, al cual hay que controlar y "reparar" como si fueran "utensilios", siendo que a los sujetos no se les repara. Esta perspectiva infantiliza la infancia, negando su dimensión política y reduciendo el problema a una cuestión de eficiencia o voluntarismo, que se resolvería simplemente entregando mejores prestaciones y servicios a los usuarios. Sin embargo, abordar el maltrato infantil o los abusos en manos de instituciones protectoras no puede desligarse de una discusión profunda sobre el lugar de los niños en la sociedad y el contexto en que se desarrolla la violencia.
Informe 24: “No hay cupo”, protección de la infancia en crisis | 24 Horas TVN Chile
Una Crisis Humanitaria: Cifras Alarmantes y Testimonios
La magnitud de la crisis del SENAME se hizo innegable en 2012, cuando un informe, inicialmente silenciado y luego sacado a la luz por un reportaje de CIPER, detalló a nivel nacional las horribles deficiencias del sistema de protección de menores. Las cifras son escalofriantes: entre 2005 y 2016, 865 niños, niñas y adolescentes fallecieron bajo la tutela del SENAME. Además, se registraron 448 fallecimientos de mayores de 18 años, sumando un total de 1.313 muertes bajo la “protección” del Estado.
Estos hechos, que se consideran sistemáticos y prolongados en el tiempo, han obligado a la sociedad a mirar una realidad que usualmente es invisible. Un testimonio personal de una estudiante de enseñanza media que hizo ayudantía en un antiguo centro de niñas del SENAME describe la "mediocridad" en la que vivían: falta de atención médica, cero apoyo e interés en sus inquietudes, camas sucias y rotas, e infraestructura deficiente que facilitaba los escapes.
Responsabilidad Colectiva
La jueza de familia, quien ha trabajado con el sistema, argumenta que si esta situación ha proseguido es porque como sociedad se ha fallado. Todos son culpables. En primer lugar, el Estado, por instaurar "medidas parches" y alimentar un sistema que debía dar seguridad y terminó por vulnerar y matar a niños y niñas. La culpa también recae en los ciudadanos y la sociedad civil, ya que gran parte de la violencia contra los niños es aceptada socialmente. Según UNICEF, el 71% de los niños y niñas ha sufrido algún tipo de violencia, y 1 de cada 4 ha experimentado violencia física grave.
Deficiencias y Vulneraciones del Sistema
El estudio realizado por UNICEF y el Poder Judicial, que ha vuelto a develar los abusos en residencias de protección, nos recuerda que cerca de quince mil niños son atendidos anualmente en estos centros. Paradójicamente, la solución legal frente al maltrato grave y la negligencia trae aparejada otras formas de vulneraciones: la ruptura parcial o total de los vínculos con la familia de origen y la violencia institucional representada por las prácticas de las residencias. La separación, si bien protege a los niños del maltrato de los padres, no cambia a los padres y a menudo es experimentada como un castigo.
En este contexto de adversidad, se presenta una tremenda dificultad para los niños, las familias y los equipos de las residencias: la imposibilidad de desarrollar lazos de confianza, apoyo o solidaridad en función de la restitución de los derechos vulnerados. El desencuentro, prácticamente cotidiano, es el síntoma más evidente de un sistema de protección que, en sus cimientos, hace inviable la posibilidad de reconstruir los vínculos que se han fragmentado a través de la historia.
Problemas Estructurales y Operacionales
La internación residencial como mecanismo de protección no elude el problema del maltrato infantil o de la negligencia parental, sino que muestra la complejidad y la desarticulación con la que opera un sistema que, en su afán por proteger, repite y actualiza la violencia sobre los niños, las familias y los profesionales. Esto explica la frecuencia con que en Chile se destapan situaciones de vulneración en residencias de protección, seguidas de la negación y el silenciamiento de las historias de los niños y niñas internados.
Se ha terminado por crear y legitimar un sistema de protección de la infancia segregado, donde la desconfianza circula entre los organismos colaboradores, el SENAME y el Poder Judicial. Los legisladores han destacado el diagnóstico de los funcionarios en una sesión, donde se reveló que los centros están sobrepoblados y que un 25% de los cuatro mil trabajadores presenta licencia médica por estrés cada mes. Se necesitan más recursos para solucionar la actual precariedad, pero también definiciones políticas respecto a una política integral de la infancia.
La presidenta de la Asociación de Funcionarios, Alicia del Basto, ha confesado que los cambios realizados en los últimos años para mejorar la infraestructura de los centros no son adecuados, asemejándose más a prisiones que a escuelas de formación. Además, todos los centros tienen déficit de personal administrativo, profesional y médico, lo que genera hacinamiento. Se necesita la creación de más centros de administración directa y lugares de acogida en cada región para evitar traslados complejos.
Informe 24: “No hay cupo”, protección de la infancia en crisis | 24 Horas TVN Chile
Atención a Trastornos Psiquiátricos y Derivaciones Inadecuadas
El líder de Anfur, Rubén Munizaga, explicó que no existe capacidad para atender a niños con trastornos psiquiátricos, a pesar de que la mayoría de los menores en el sistema tienen alguna patología asociada, y el Ministerio de Salud no se hace cargo de esto. El hacinamiento hace que muchos niños sin trastornos psiquiátricos terminen desarrollando alguno al relacionarse con aquellos que sí están enfermos. Un 70% de los niños requiere psicofármacos y un 10% internación.
Walter Arancibia, presidente de Antrase, aclaró que los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) fueron creados para atender a niños altamente complejos. Sin embargo, muchos menores sin ese perfil son recibidos porque los Juzgados de Familia los envían, convirtiendo los Cread en la puerta de entrada al sistema. En 2014, 190 mil niños ingresaron al sistema de protección, de los cuales poco más de 3 mil fueron derivados a los Cread, cuando ni siquiera la mitad debería haber ingresado a ellos. La realidad es dura: dos educadores por casa, en promedio 30 niños, y un solo profesional para esa proporción, haciendo imposible una intervención adecuada.
Propuestas de Solución y Desafíos Futuros
La presidenta Michelle Bachelet anunció en octubre de 2017 una serie de medidas a corto, mediano y largo plazo para reformular el organismo, incluyendo un aumento del presupuesto y su división en dos entidades. Dimas Santibáñez, del Departamento de Antropología, piensa que, si la iniciativa se concreta, traería un cambio importante en términos institucionales, dejando atrás el concepto de la subvención que genera "prácticas perversas" al asignar recursos de manera diferencial según el problema del niño. Sin embargo, enfatiza la necesidad de repensar el conjunto de recursos estructurales y de considerar una estructura con políticas implementadas a nivel local.
La Tercerización y su Fracaso
Más allá de la separación propuesta, las reformas no apuntan a enfrentar lo que se conoce como la tercerización de servicios, que también ha generado crisis en el SENAME. Según el diputado René Saffirio, existe una red de partidos e instituciones que se alimenta de recursos del Estado para fines políticos subalternos y no es debidamente fiscalizada, incapaz de responder al propósito fundamental de entregar protección integral a los menores vulnerables. La tercerización, que busca achicar el Estado para dar mayor espacio al sector privado, ha sido una constante en la política fiscal chilena desde la década de 1970 y ha fracasado en diversos ámbitos, incluyendo la protección de la infancia.
La Necesidad de una Mirada Holística
El comité para la convención de los derechos de los niños de la ONU sugirió a Chile seguir promoviendo la existencia de hogares de acogida como forma de tutela alternativa, pero cuyo ingreso sea última medida. Se necesita tomar conciencia sobre las denuncias y las violaciones de derechos humanos, no solo de la salud de los niños, sino también sobre abusos sexuales. Es urgente fortalecer el sistema, mejorar la fiscalización, la rehabilitación y la reinserción.
Ximena Illanes, académica del Instituto de Historia UC, y Miguel Morales, doctorante, señalan la necesidad de una perspectiva histórica para la crisis del SENAME. Argumentan que los menores vulnerados e institucionalizados son "verdaderos espejos de una sociedad y su historia", y que el uso del concepto de abandono puede invisibilizar la precariedad y desigualdad social de los niños y sus familias. Sugieren que las estrategias futuras deberían relacionarse con la conservación de los vínculos existentes, ya sea involucrando a las familias cuando sea posible o a través del personal que convive diariamente con los niños.
Para lograr una efectiva intervención, se vuelve necesario desarrollar un buen diagnóstico e intervención personalizada, con antecedentes e información de acceso integrado en todos los niveles: salud, educación, comunidad y redes. La jueza Jeldres recalca que los jueces tienen la facultad de obligar a las autoridades a que se les dé la atención que requieren, y que el deber del Estado de proveer recursos se deriva de los compromisos adquiridos al ratificar instrumentos de protección internacional.
Finalmente, la reparación de los derechos vulnerados no se reduce a conformar un ambiente que supla o compense las carencias afectivas y materiales del niño, ni se resuelve por la sustitución de un adulto deficiente por otro mejor. La restitución de los derechos requiere de la familia si es posible, de las educadoras de trato directo, de los profesionales, directores y directorios de las fundaciones, y de la comunidad. La posibilidad de que un niño recupere la confianza en otro se sostiene en que pueda ser reconocido como un sujeto más allá de sus antecedentes, historial de vulneraciones y estigma de su historia previa.