Este lunes se cerró definitivamente el Servicio Nacional de Menores (SENAME) en Chile, una institución que operó durante 46 años. La institución estuvo marcada por múltiples denuncias de vulneraciones a los derechos humanos de la infancia, lo que llevó a exigencias transversales para su disolución.
Este hito representa la culminación de un profundo proceso de reestructuración estatal iniciado en 2021. El objetivo principal de esta reforma fue desvincular la protección de niños vulnerados de la administración de justicia para adolescentes infractores, creando dos nuevas entidades especializadas.
El Nuevo Marco Institucional
Con la clausura del SENAME, todas las funciones restantes fueron asumidas oficialmente por dos nuevas instituciones, cada una con un rol específico en la protección de la niñez y la adolescencia en Chile.
Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil
Esta nueva institución se encargará de los adolescentes en conflicto con la ley. Contará con un sistema especializado de administración de justicia con profesionales del Poder Judicial formados específicamente para tratar a este grupo.
Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia
Paralelamente, desde 2021, opera el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Este servicio es el encargado exclusivo de resguardar a los menores gravemente vulnerados.
Cronología del Cierre y Traspaso
La clausura operativa del SENAME se intensificó a partir de enero de 2024. El proceso de traspaso de competencias se llevó a cabo de manera escalonada, comenzando por la zona norte, extendiéndose a la zona sur a principios de 2025 y concluyendo este lunes con la zona central.
Reconocimiento a los Trabajadores
María Eugenia Fernández, directora del SENAME durante el periodo 2024-2025, fue la encargada de dar el cierre formal a la institución. A pesar de la carga histórica negativa asociada a la marca SENAME, Fernández quiso destacar el factor humano detrás de su operación.
"Más allá de las distintas etapas que marcaron su historia, el cierre del Sename representa también un reconocimiento al trabajo de miles de funcionarias y funcionarios", señaló Fernández, subrayando la labor de quienes sirvieron en la institución a pesar de sus falencias.
Contexto Histórico y Críticas a la Institucionalidad
El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, enfatizó la necesidad de crear dos nuevas instituciones para tratar de forma separada a los niños infractores de ley de los menores vulnerados en sus derechos. Esta visión fue fundamental para el proceso de reestructuración.
La ley que crea el futuro Servicio Nacional de Reinserción Juvenil inició su segundo trámite legislativo en el parlamento. Este proyecto, junto con el Servicio Nacional de Protección Especializada, conforman el nuevo mapa institucional que reemplaza al SENAME.
La creación de estas nuevas entidades responde a una demanda histórica de diversos sectores de la sociedad civil, el mundo académico, el gremio de jueces y organismos de defensa de derechos humanos, incluyendo el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. La senadora Ximena Rincón fue destacada por presidir la Comisión Especial de Infancia y impulsar la tramitación conjunta de estos proyectos.
Debate Legislativo y Desafíos
La tramitación de las leyes que crean los nuevos servicios ha enfrentado debates y demoras. Se ha criticado la técnica legislativa en el orden de aprobación de los proyectos, señalando que la ley de garantías debería haberse votado antes que la que establece los derechos y la protección administrativa.
Autores de una columna especializada advierten que, a menudo, al legislar para proteger a niños y adolescentes, se lanzan "principios de tenor casi poético, pero de escasa efectividad". La preocupación principal reside en las atribuciones y los derechos que protegen las nuevas instituciones, más allá de sus nombres.
Un punto de conflicto en la tramitación de la ley de garantías ha sido la llamada "cláusula del miedo", que limita principios como la autonomía progresiva o el interés superior del niño, al dar primacía al derecho de los padres. Se ha cuestionado la postura de algunos sectores políticos que buscan aprobar rápidamente el proyecto del nuevo servicio, desestimando la prelación necesaria de la ley de garantías. Se argumenta que la ley de garantías tiene "temas ideológicos" que generan división, especialmente en discusiones sobre homoparentalidad o identidad de género.
Existe la exigencia de un debate real y técnico, alejado de lo ideológico, para superar la visión "decimonónica" de la niñez en el sistema legal chileno.
Cuestionamientos a la Cámara de Diputados y el Rol del Ejecutivo
El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, prefirió distanciarse ante un pronunciamiento de la Corte Suprema que cuestiona un informe de la Cámara de Diputados sobre presuntas vulneraciones y abusos en residencias colaboradoras del SENAME. Gómez calificó la situación como un asunto entre dos poderes del Estado.
Diputados oficialistas que votaron en contra o se abstuvieron del informe lo calificaron como "parcial", argumentando que no reflejaba los avances promovidos por el Ejecutivo. Otros parlamentarios criticaron al Gobierno por intervenir para alinear a sus parlamentarios y desechar los contenidos de la comisión. Se expresó preocupación por la actitud del Gobierno de "protección a quienes objetivamente violaron los Derechos Humanos de cientos de niños", y se rechazó la idea de amparar la impunidad en casos de abusos.
Por otra parte, se argumentó que el informe de la Cámara de Diputados se centró más en atribuir responsabilidades políticas a la ex ministra Javiera Blanco que en buscar soluciones concretas para mejorar la atención a los niños del SENAME. Ex directores regionales del SENAME calificaron de "impresentable" e "impresionante" el lobby del Gobierno para rechazar el informe, y criticaron la abstención de parlamentarios que formaron parte de la comisión, considerándola una contradicción con su propio trabajo.
Se lamentó que las conclusiones de la comisión se convirtieran en "letra muerta", sin generar obligaciones para el Estado chileno, y sin responsabilizar a quienes tuvieron la oportunidad de mejorar el destino de la infancia.
Reportajes 24: Sename, el infierno infantil | 24 Horas TVN Chile
La Tragedia de Lissette y la Crisis Estructural
La denominada "crisis del SENAME" viene de hace años. Con el asesinato de la niña Lissette en un CREAD Galvarino el año 2016, que comenzó a ser investigado por Fiscalía al año siguiente, se abrieron y visibilizaron innumerables denuncias por cientos de casos de violencia, abuso sexual, violaciones, maltrato físico y/o psicológico y muertes de niños, niñas y adolescentes al interior de centros del organismo, ya sean residenciales o ambulatorios, en todo el país. Las últimas cifras oficiales del año 2017 datan de 1.313 NNA muertos en el período 2005-2016.
Ante esto, el psicoanalista Matías Marchant en una columna de opinión en CIPER en 2017 sostuvo que no es la crisis del SENAME la que estamos afrontando, sino que, en términos generales, es una crisis de carácter social y cultural sobre la representación de la niñez, que incide en la institucionalidad -sistema de protección social de niñez- en lo que respecta a sus prácticas y lógicas de abordaje, ya sea en el trato humano e interpersonal, como en las intervenciones profesionales (psicológicas, médicas, sociales) con los NNA. Derechos que en nuestro país no son garantizados por un Estado subsidiario.
Análisis Profundo de la Crisis: Más Allá del SENAME
La Perspectiva Histórica de la Infancia Vulnerable
La académica del Instituto de Historia UC, Ximena Illanes y el psicólogo y estudiante de doctorado, Miguel Morales, publicaron una columna conjunta en El Mercurio sobre el abandono de la infancia en diferentes épocas y contextos, tras los hechos que han marcado el debate sobre la crisis actual. Ese hecho, aseguran, "volvió a instalar la pregunta por el estado actual de las políticas de protección hacia la infancia vulnerada en nuestro país, en particular, por las condiciones de vida a las que se ven enfrentados miles de niños y niñas que viven en instituciones públicas y privadas dedicadas a acogerlos y resguardar sus derechos fundamentales". Los casos de menores fallecidos en este contexto, que llegan a 1.313 desde 2005, continúan, "parece tratarse de hechos sistemáticos y prolongados en el tiempo".
Illanes y Morales enumeran una serie de hechos históricos donde se vislumbra la temática de la infancia vulnerable, remontándose a la Edad Media. Los registros históricos en Chile y otros lugares han mencionado historias de maltratos y abusos, lo que permite reflexionar sobre la realidad actual del SENAME y el lugar que estas instituciones han tenido en las sociedades que las han construido. Recalcan además, que el uso del concepto de abandono puede promover "la invisibilización de la precariedad y desigualdad social de los niños, niñas y sus familias, que son usuarios de este sistema".
Los autores sugieren que al menos parte de las estrategias futuras se deberían relacionar con "la conservación de los vínculos existentes", ya sea haciendo partícipes a sus familias cuando sea posible, o a través del diverso personal que convive diariamente con los niños y niñas. Finalmente, los investigadores remiten a los dos objetivos de los hospitales bajomedievales que acogieron a menores abandonados: el primero, que sobrevivieran a los primeros años de vida, debido a la alta mortandad infantil. Se preguntan sobre las estrategias del siglo XXI y en qué ha cambiado la relación de la sociedad con la infancia, respondiendo que los estudios históricos permiten poner en perspectiva que las instituciones deberían desempeñar un papel que fuese más allá de la protección de los derechos, ofreciendo una mirada sobre la infancia como parte integrante y partícipe de la construcción de una sociedad.
La Crisis del Estado Adultocéntrico
Desde una perspectiva crítica, se ha argumentado que la crisis del SENAME es un reflejo de la crisis del Estado adultocéntrico. El adultocentrismo, en tanto sistema sociocultural hegemónico, establece una figura idealizada de la adultez, impone una visión de la vida desde el mundo adulto a las personas "menores" (niños, niñas y adolescentes) y "mayores" (adultos/as mayores).
Construye socialmente una división de las edades, en la que se distribuyen ciertas tareas, deberes, derechos, en función de las mismas, configurando así clases de edad. De esta manera, se legitima una jerarquización entre grupos etarios, habilitando relaciones intergeneracionales desiguales y subordinadas.
El Estado chileno, en esto, ha cumplido un rol fundamental en lo que respecta a reproducir esos estereotipos, criminalizando y estigmatizando a la población infanto-juvenil de los sectores populares. Éstos/as son el foco de los discursos políticos de las autoridades gubernamentales y municipales que tienden a discriminarlos despectivamente, utilizando adjetivos como "delincuentes", "inmaduros" e incluso "terroristas", sobre todo en situaciones que alteran la normalidad cotidiana, como las protestas estudiantiles.
A partir de prejuicios y estereotipos del mundo adulto, se va configurando un imaginario social del "adolescente problema" o "adolescente revoltoso", proclive a "meterse en problemas", como si fuera una condición biológica inherente a esa edad. Desde esa lógica, no extraña que haya habido un acuerdo de cooperación inter-institucional -por más aberrante que sea- entre ANI y SENAME. Porque el razonamiento gubernamental que asocia delincuencia con la población infanto-juvenil de un determinado estrato socioeconómico, es parte de la lógica adultocéntrica que sustenta, promueve y reproduce el Estado.
Clases de edad y clases sociales son dos aspectos que se articulan y profundizan las prácticas de domesticación y control social adulta. Desde esta perspectiva, el Estado se representa como aquel padre autoritario y violento que busca constantemente vigilar, castigar y controlar cada acto, cada paso, cada palabra de sus hijos/as, imponiendo su forma de ver la vida y habitarla, sin dar lugar alguno al diálogo y la diferencia. Así como el padre autoritario que utiliza distintos métodos de coerción con sus hijos/as, cuando éstos/as realizan alguna acción que no va acorde a la racionalidad adulta, el Estado chileno utiliza los distintos mecanismos jurídicos e institucionales a su alcance para perseguir a los y las jóvenes que han protestado constantemente durante el estallido social, criminalizándolos y estigmatizándolos.
Estas acciones hiper-vigilantes del Estado solo profundizan aún más la violencia institucional y social hacia el grupo más vulnerable de la sociedad, incumpliendo gravemente su rol de garante de derechos, y de reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, y también como sujetos sociales y políticos. Cabe destacar que estos dispositivos de intervención estatal en el campo social no son nuevos ni nacen en el estallido social, tienen una influencia histórica de los tiempos de la dictadura que se han mantenido y aplicado hasta la actualidad, con sus transformaciones y perfecciones.
Que el sistema de protección social de la niñez esté en una crisis profunda y sistémica hace años, es el reflejo de este Estado adultocéntrico que no solo criminaliza, sino que también es ciego, sordo y mudo frente a los padecimientos de los niños, niñas y adolescentes que están bajo su (en teoría) protección.
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Desafíos y Propuestas para el Futuro
Desilusión y Falta de Expectativas
El secretario nacional de la Asociación de Funcionarios del SENAME (AFUSE), Cristián Araya, calificó de "lamentable" y "decepcionante" el hecho de que una investigación de más de un año no haya llegado a una conclusión. Araya señaló que presidentes anteriores prometieron modificaciones que nunca se materializaron, lo que genera falta de expectativas de cambio debido a la ausencia de voluntad política para resolver los problemas de fondo de la institución.
En una entrevista, Susana Tonda, ex directora del SENAME, afirmó que espera que el fin del servicio se concrete el próximo año y explica que se está avanzando en los proyectos de ley que permitirán el proceso de cambio hacia una nueva institucionalidad. Sin embargo, surge la pregunta de por qué recién en el penúltimo año de mandato presidencial se envían los proyectos de ley para reemplazar el SENAME, y qué asegura que este cambio de nombres no sea meramente de carácter administrativo-burocrático, sino una reforma estructural profunda.
La Necesidad de una Transformación Colectiva
La pregunta que cabría hacerse, es cuál es la salida posible a esa crisis institucional, que durante los gobiernos post-dictadura (Concertación y Derecha) no han podido mejorar, ni menos solucionar. Evidentemente, al ser una crisis compleja que lleva años, no se pueden sostener soluciones ni fórmulas simples.
Lo que sí es posible reflexionar, es que en este contexto de estallido o revuelta social, con un proceso constituyente en curso, se abren puertas para iniciar una reforma estructural de las instituciones. Se plantean dos ideas fundamentales:
- Que en este proceso constituyente de una nueva Constitución, se hace muy necesario que las discusiones y debates en los cabildos, asambleas territoriales, asambleas autoconvocadas, esté presente un nuevo sistema de protección social de la niñez y adolescencia, y que se le dé la misma importancia que a los temas históricos en nuestro país: educación, salud, trabajo, vivienda, pensiones. Ha quedado claro que para la clase política, las políticas de niñez no son su prioridad, por lo que debe serlo para la ciudadanía.
- Que, si bien nuestro rol como adultos y adultas debiese ser de protección con los niños y las niñas, también se considera relevante que se multipliquen y generalicen las instancias de participación infantil en los espacios de cabildos y asambleas (bajo la modalidad de asambleas de niños/as y adolescentes) en el que también tengan voz y voto en el país que quieren construir, y especialmente sobre sus propios derechos. No necesitan de otros/as adultos/as que hablen en representación de ellos/as y de sus derechos.
Siguiendo esa línea, se propone habilitar asambleas de NNA en las residencias y centros ambulatorios del SENAME en las que puedan opinar sobre cómo les gustaría que fueran los centros por donde transitan. Sería una forma de facilitar que sus opiniones sobre un nuevo sistema de protección social de la niñez, del cual ellos y ellas forman parte, estén presentes, desde su mirada. Un mínimo gesto de reconocimiento con aquellos más olvidados y violentados de la sociedad.
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