El precio de la corrupción institucional que rodea al Sename es la desolación a nivel transgeneracional de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Una sociedad cruel con la niñez no logrará pasar impunemente en los tiempos que corren.
La Crisis del SENAME: Desprotección y Abusos Sistemáticos
El Estado no ha tenido la altura para proteger a los niños ni para investigar los delitos que se han cometido respecto de ellos. El "holocausto" verificado en el Sename no tiene amigos, porque las niñas, niños y adolescentes no votan. Esta situación no se va a solucionar motu proprio, ni por arte de magia.
Impacto en el Desarrollo Infantil
Expertos y estándares internacionales advierten que por cada mes de institucionalización, un niño tendrá 3 o 4 años de retroceso en su desarrollo cognitivo, social y emocional. La prueba de la moral de una sociedad es lo que se hace por los niños, y en este ámbito, Chile ha fallado.
Investigaciones y Denuncias de Corrupción Monetaria
Mientras funcionó, se destinaron 3.600 millones de pesos para la ejecución del programa del Sename "Aseguramiento de la Calidad de las Residencias y de Mejoramiento Continuo (ASCAR)". El ministro de Justicia, Hernán Larraín, entregó una carpeta al Consejo de Defensa del Estado con antecedentes sobre presuntos desvíos de más de tres mil millones de pesos vinculados al caso ASCAR.
La presidenta de Fundación Infancia comentó que una de las razones de su desacuerdo con el aumento de la subvención es que "la fiscalía denunció que están investigando posibles pagos de subvenciones por niños muertos, indicando que podría existir un eventual fraude al Fisco, y es una arista que estamos investigando".
La Fundación Ciudad del Niño denunció que el Sename arrastraba importantes deudas con varios centros, alcanzando en su caso los $1.162 millones. Estas deudas se han incrementado exponencialmente, afectando la calidad de la atención a los niños. En 2015 la deuda bordeaba los $50 millones, mientras que desde junio de 2016 el Sename debía más de $1.200 millones a dicha fundación.
Cerca de $240 mil millones anuales ha destinado el Sename a organismos colaboradores externos (OCAS), que administran residencias o programas de atención a menores. Cada año, una parte de esos recursos no son gastados o el Sename rechaza el gasto, y de esos saldos sin ejecutar o por cobrar no hay rastro en la contabilidad del Sename. La directora del servicio presentó una denuncia ante la Fiscalía por fraude al Fisco, y la jefa de Finanzas del Sename hizo lo mismo, asegurando haber informado los hechos sin ser escuchada.
Fraude con Informes Periciales Falsos
Un reportaje televisivo de 2018 denunció presuntas irregularidades en informes de distintos organismos colaboradores del Sename y un posible fraude de prestaciones del Estado. Se trata de pruebas determinantes que usan los jueces de familia para dictar el ingreso de menores a programas, y que entre 2014 y 2017 fueron duplicados para su uso en múltiples casos. Cinco instituciones colaboradoras están involucradas.
El caso de Juan Manuel Navarro Rodríguez, separado de su hijo por informes falsos elaborados por el PRM Acogida (dependiente de la Corporación León Bloy en Pichilemu), desnudó esta problemática. El padre descubrió que los peritajes eran copias de otros expedientes, incluso con nombres cambiados. Estos informes "maqueta" se usaban para justificar intervenciones y prolongar ingresos fiscales de $216.700 mensuales por niño, lo que significa más de $21 millones al mes por 100 niños.
Hallazgos del Informe de la PDI y su Retraso
El 13 de noviembre de 2018, la Policía de Investigaciones recibió el Oficio Reservado N° 1.391 del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, solicitando un informe encargado seis meses antes. Emilfork investiga 1.313 muertes ocurridas en el Sename entre 2005 y 2016.
El informe final, que prometía ser una bomba, debía contener una sistematización de hallazgos en 240 de las 241 residencias para menores del país. Aunque el equipo policial lo tuvo listo a mediados de diciembre de 2018, el documento crucial para detener los abusos contra menores no vio la luz hasta siete meses después, siendo revelado por CIPER el 2 de julio. Este retraso se entrampó en las oficinas del director de la PDI, Héctor Espinoza, y del Fiscal Nacional, Jorge Abbott.
La principal conclusión del informe de la PDI es brutal: "A partir de la información levantada y reportada por los mismos encargados de las residencias, es posible afirmar que en el 100% de los centros que administra el Estado, a través del Servicio Nacional de Menores, se han cometido -de manera permanente y sistemática- acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes".
En solo un año (2017), los policías constataron 2.071 casos de vulneraciones graves contra los niños. Además, verificaron que en la gran mayoría de las residencias no existían protocolos para actuar ante intentos de suicidio, contener a menores en crisis o proceder en caso de fallecimientos.
Sename y PDI se unen en nueva campaña contra Abuso Infantil (2505 - MR)
Responsabilidades en la Dilación
El fiscal Emilfork siguió solicitando formalmente el informe a la PDI, incluso tres semanas después del 1 de abril. La PDI confirmó a CIPER que en marzo la dirección general de la policía civil había enviado informalmente una copia a Jorge Abbott. Sin embargo, la Fiscalía Nacional declaró a CIPER que la PDI remitió el informe el 25 de abril de 2019. Estas inconsistencias generan incógnitas clave sobre las responsabilidades en el retraso de antecedentes cruciales para detener el abuso infantil.
Desde que se terminó el informe, en diciembre de 2018, han seguido falleciendo residentes en los hogares del Sename. Un reporte de la directora Susana Tonda al Congreso el 17 de abril pasado, indicó que solo en marzo se registró el deceso de diez personas bajo la tutela del Sename, cinco de ellas en centros residenciales.
La Transición a Mejor Niñez y las Nuevas Críticas
A tres años de la desaparición del Sename y el nacimiento del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Mejor Niñez enfrenta un huracán de críticas y escándalos. El último informe de la Contraloría General de la República (CGR) revela desórdenes financieros por más de $187.600 millones, transferencias sin respaldo a 377 fundaciones y listas de espera con casos arrastrados desde 2015.
Se suman denuncias periodísticas que destapan la corrupción al interior del sistema: bases técnicas filtradas a fundaciones favorecidas, desvíos de más de $200 millones a empresas vinculadas a dirigentes, y peritajes falsos utilizados para separar a padres de sus hijos.
Fundaciones como Ciudad del Niño y Corporación Acogida están bajo la mira por recibir recursos masivos y mostrar fallas reiteradas en rendiciones, trazabilidad y transparencia. Los cuestionamientos sobre el cruce de intereses políticos con el trabajo con niños vulnerados son inevitables.
El reconocido abogado Hernán Fernández, especialista en protección jurídica de la niñez, señaló que "en los últimos dos gobiernos no hemos avanzado en nada en materia de protección a los NNA". Destaca la importancia de la formación, supervisión y control de quienes velan por el bienestar de los niños, siendo un deber del Estado resguardar la debida competencia de los organismos prestadores de servicios.
Reformas y Propuestas Constitucionales
Los candidatos a la Convención Constitucional tienen un deber básico con los sobrevivientes del Sename: reconocer el carácter “supraconstitucional” de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en la nueva Carta Magna. También deben reconocer la Nulidad de Orden Público Internacional de las normas y fallos nacionales que hayan desahuciado de facto las sentencias de la Corte IDH, y establecer el derecho social a la verdad como una garantía expresamente protegida.
La buena noticia es que, si la Convención Constitucional no lo hace, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la OEA (vía Activación de la Carta Democrática respecto de Chile) sí lo harán.
Necesidad de un Sistema Público
Ningún servicio de protección funcionará mientras siga en manos de privados bajo una lógica de mercado. Se necesita un sistema 100% público, con financiamiento directo y gestión participativa. Los recursos existen, basta redirigir rentas del litio y otras industrias estratégicas.
El experto en políticas públicas, Jorge Araya, señala que la crisis del Sename se conoce desde hace al menos quince años, y una de las principales soluciones radica en dividir el servicio, instaurando una institución para quienes son vulnerados y otra para quienes cometen delitos.
Según Araya, los recursos necesarios para dividir el servicio pueden alcanzar un costo superior a la creación del Ministerio Público y la implementación de toda la Reforma al Sistema Procesal Penal. Sin embargo, los intereses gremiales de los funcionarios y la presión de movimientos sociales que priorizan otros temas electorales han entrampado el avance.
Chile se vende como un país serio, garante de derechos humanos. Pero en la práctica, ser niño puede equivaler a ser convertido en mercancía. Urge la necesidad de revisar y gestionar con principios éticos, con una mirada integral y, fundamentalmente, de respeto hacia los NNA, sus familias y la sociedad completa para responder a las necesidades claras y restringir el lucro desalmado.
tags: #corrupcion #monetaria #en #el #sename