En este sentido, si bien es cierto que el Sename no responde directamente por las negligencias cometidas por trabajadores de sus organismos colaboradores, el reproche en este caso es distinto, puesto que, conforme se ha razonado, una oportuna y completa fiscalización de lo obrado por ambos programas, hubiera permitido intervenir a fin de propender a la elaboración de nuevas pericias que se conformaran a sus normas técnicas y que resultaran de una calidad suficiente para ilustrar al Tribunal de Familia sobre la real situación familiar.
“Esto es muy relevante, porque estamos marcando un antes y un después respecto de lo que es la representación jurídica a nuestros niños, niñas y adolescentes en nuestro país. De esta forma, según el subsecretario, se da cumplimiento al compromiso al programa de la Presidenta Michelle Bachelet, que puso a la Infancia en el centro de las políticas públicas de su Gobierno.
En un comienzo, se estima una cobertura de 1.050 niños y niñas del sistema de protección de administración directa y organismos colaboradores distribuidos en estas 4 regiones, mediante una inyección de recursos de unos 1.200 millones de pesos.
“En las regiones del norte del país el tema de la vulneración de derechos es muy compleja, y por lo mismo la firma de este convenio es una tremenda oportunidad y un cambio de paradigma. Nuestros equipos deben salir a terreno a trabajar en la mejor intervención posible pata los niños vulnerados.
Fue el Sindicato de Trabajadores Subcontratados del Sename (Sintrasub) el que encendió las alarmas este martes. El pasado 21 de febrero, al cierre del verano 2020 y a pocos días que se concretara lo que se había anunciado como el resurgimiento del estallido social en marzo, el Servicio Nacional de Menores (Sename) y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) suscribieron un acuerdo de colaboración y coordinación que generó escozor en la Defensoría de la Niñez, especialistas en la protección de datos sensibles y en los propios colaboradores de la institución.
Asimismo, desarrollar “una alianza estratégica de cooperación institucional con el objeto de establecer vínculos para la ejecución de acciones afines al cumplimiento de los respectivos objetivos institucionales, incluyendo la capacitación en materias de competencia, propias de cada institución”. “La ANI y el Sename han acordado suscribir el presente convenio destinado al intercambio de información y a aunar esfuerzos para realizar un trabajo conjunto, a fin de contribuir al logro de una mejor y más eficiente gestión en el cumplimiento de las funciones privativas que la ley les encomienda a ambas instituciones”, señala el polémico texto, al que tuvo acceso BioBioChile.
El documento, divulgado durante la mañana de este martes por Sintrasub, fue firmado en ese entonces por la directora del Sename, Susana Tonda, y el director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Gustavo Jordán. La ambigüedad y amplitud de los términos utilizados generó reacciones en diversos sectores. “La situación conocida hoy por la Defensoría de la Niñez, gracias a la información que fue remitida por funcionarios del Sename, reviste la máxima gravedad, porque da cuenta de un convenio de colaboración con el Servicio Nacional de Menores, cuyo fin estricto y directo tiene que ver con la protección específica de los derechos humanos de aquellos niños que tiene bajo su cuidado y tutela y no la exposición de antecedentes y de aquellos datos que son privados y exclusivos de conocimiento de aquellos tribunales que han tenido información sobre la situación que los aqueja”, detalló ante las consultas de BBCL.
En ese contexto, llamó a los organismos involucrados a revertir la mencionada alianza o, de lo contrario, amenazó con acudir por la vía judicial. “Como Defensoría calificamos esto como gravísimo, ya que da cuenta de una falta de conexión clara de lo que es la convicción de que el Sename debe hacer como protección de niños, niñas y adolescente y resulta preocupante ya que se produce en febrero tras estallido social y lo que hace es agudizar una evidente situación de estigmatización y criminalización que se pretende hacer de niños, niñas y adolescentes vinculados al Sename en los ámbitos en que se relacionan en cuanto a investigaciones criminales y eso nos parece insostenible, intolerable, máximo si esa información proviene del servicio que debería prestarles protección.
Pero más allá de eso, Francisco Gorziglia, dirigente nacional de Sintrasub que envió los antecedentes a Muñoz, advirtió que la mayor preocupación de su agrupación, en concreto, es que obtengan información confidencial y privada de los perfiles psicológicos de los menores de edad en situación de vulnerabilidad e incluso respecto de sus padres, familias y/o tutores legales. “Esa información es frágil. Nosotros subimos todo lo que se hace en la intervención diaria, semana a semana, las atenciones, las entrevistas individuales, familiares, seguimiento, coordinaciones”.
En ese sentido, además, aseguró que dichos antecedentes no aportan en nada al control de la “seguridad nacional de niños, niñas y adolescentes que fundamentalmente son estigmatizados, criminalizados, castigados y que viven fundamentalmente en la pobreza”.
Asimismo, Pablo Viollier, docente UDP y especialista en el manejo de datos personales, hizo hincapié en que la situación es particularmente grave, pues no sólo se trata de la información de menores de edad y que, al mismo tiempo, se vinculan a una situación de vulnerabilidad. “Son doblemente sensibles”, remarcó. Bajo este escenario, explicó que “la descripción de qué tipos de datos se comparten, cómo se comparten y para qué finalidad debería ser particularmente estricta. El documento habla en términos excepcionalmente amplios para cualquier función relativa a las competencias de cualquiera de los dos organismos”.
Y, jurídicamente, apuntó a que la libertad de un organismo de compartir datos sin consentimiento sólo está permitido para datos personales (como lo hace el Registro Civil, Servel o el Ministerio de Bienes Nacionales), pero no para los datos personales sensibles, que tienen una categoría especial, según detalla el artículo 10 de la Ley 19.628, en donde se precisa una lista de causales específica, en la que no cabe este tipo de información. “El documento se aproxima al tema de forma errónea. Habla de cualquier tipo de información, habla de cualquier tipo de uso. Y opera bajo un presupuesto jurídico errado”, acusó.
En concreto, se trata de una situación inusual incluso respecto al tratamiento de información de adultos, pues, para acceder a información sensible de una persona, es fundamental que un determinado organismo acceda a ella previa autorización de un tribunal. Por ejemplo, la propia ANI -para que las policías ejecuten medidas intrusivas- requieren ese permiso; o bien, la Fiscalía necesita dicha aprobación antes de pedir a un hospital la ficha médica de una persona víctima de una agresión. No obstante, el Sename, mediante un comunicado de prensa, se defendió invocando una normativa diferente durante la tarde de este martes. “La ley faculta a la ANI a requerir información de todos los servicios públicos, sin distinciones, tal como lo establece el artículo N°8 letra e) de la Ley N° 19.974. Como se señala en la ley, dichos servicios están obligados a suministrar los antecedentes e informes que le sean requeridos”, aseguró.
Polémica generó el convenio firmado el pasado 21 de febrero entre el Servicio Nacional de Menores (Sename) y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). Acuerdo que tenía como fin “facilitar a la ANI el acceso a información que posee el Sename que es relevante y pertinente para producir inteligencia y efectuar apreciaciones globales y sectoriales según las facultades que la ley ha otorgado a la ANI".
Convenio que fue duramente criticado por parlamentarios e incluso figuras ligadas a la protección de los menores, como la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz. Hoy, a poco más de dos meses que se firmara dicho convenio, el Ministerio de Justicia informó que solicitó al Sename dejarlo sin efecto. Así lo aseguró el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y Diputadas. "Si bien, como se ha señalado, es en virtud de facultades expresas y especificadas en el convenio, que no son generales para otras atribuciones que tiene el sistema general de Inteligencia, estimamos que obviamente esta situación ha causado una preocupación y una legítima preocupación en el resguardo que tiene el Estado respecto de la información, parte de ella de naturaleza sensible, y tal como ha señalado el subsecretario (Juan Francisco) Galli, queremos transmitir la mayor de las seguridades para que el Estado pueda de buena manera combinar la situación que por un lado tiene la ANI y que por otro lado tiene la información del Sename”, comenzó diciendo Valenzuela.
Para agregar que “luego de analizar el convenio, los fundamentos, pero además de haber conversado con el Sename respecto de esta situación que está en permanente tensión, el manejo de esta información que, por cierto, en muchos casos constituye datos sensibles y los permanentes requerimientos que hay de distintas instituciones, aquí se requiere de la mayor de las claridades. Desde la Comisión Especial de Infancia advirtieron la necesidad de investigar los alcances de dicho acuerdo de cooperación, todo pensando en proteger el derecho a la vida privada de los niños, niñas y adolescentes que viven en los centros que dependen del Servicio.
El convenio de colaboración firmado por el Servicio Nacional de Menores (Sename) y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) en febrero pasado, generó preocupación y rechazo entre los integrantes de la Comisión Especial encargada de analizar proyectos relacionados con los niños, niñas y adolescentes. A juicio de la presidenta de dicha instancia, la senadora Ximena Rincón, el documento vulneraría diversos derechos constitucionales de niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, el derecho a la vida privada. “El objetivo del Sename es proteger a los niños vulnerados y lograr la reinserción de los jóvenes infractores de ley. Siempre debe primar el interés superior del niño, por eso no podemos anteponer los intereses de seguridad pública al cuidado del menor”, planteó.
De acuerdo a lo expresado por la legisladora, se puso en contacto con la directora del Sename, Susana Tonda para conocer detalles de este convenio suscrito en febrero pasado pero que se masificó en los medios hace pocos días. "Hay que estudiar este tema con cuidado para ver si ese documento se reformula o derechamente se deja nulo porque se pide información de cada uno de los niños que acoge el Servicio, y eso derechamente vulnera los derechos de éstos", complementó.
"Nos gustaría conocer el objetivo que está detrás de este convenio, porque si se quiere apoyar a los menores, puede hacerse de otra forma. O si se busca investigar un caso puntual que afecta a un niño de uno de los centros, basta con desclasificar aquello, pero acá se habla de intercambio de información en forma genérica y eso dice mucho y nada a la vez", mencionó el senador Manuel José Ossandón. El congresista planteó que "la seguridad es importante pero lo es más, el cuidado de los niños. Creemos que toda esta polémica amerita revisar el texto y las leyes que se mencionen."
La situación expuesta evidencia tensiones entre seguridad pública, protección de derechos y manejo de información sensible de menores de edad en contextos de tutela estatal. La discusión se centra en la necesidad de salvaguardar el interés superior del niño, la protección de su vida privada y el uso responsable de datos personales, especialmente cuando se trata de perfiles psicológicos, antecedentes y datos familiares.
Entornos protectores de la infancia
En este marco, distintos actores señalan la necesidad de clarificar facultades, límites y salvaguardas legales para que la cooperación entre Sename y ANI no afecte derechos fundamentales ni exponga a los menores a un uso inapropiado de su información. La revisión del convenio y la posible nulidad o reformulación son opciones en análisis por parte de la Comisión Especial de Infancia y las autoridades competentes.
La conversación pública también aborda la cuestión de cómo se puede integrar la protección de menores con tecnologías y sistemas de inteligencia, sin comprometer garantías jurídicas ni la confidencialidad de información sensible. Las implicancias para la práctica administrativa y judicial, así como para la confianza de familias y comunidades, quedan en evidencia en la discusión sobre este caso y sus posibles desenlaces.
Aspectos centrales del caso
- Convocatoria y firma del convenio Sename-ANI para intercambio de información
- Preocupaciones por confidencialidad, derechos a la vida privada y datos sensibles de menores
- Reacciones de Defensoría de la Niñez, parlamentarios y especialistas en protección de datos
- Iniciativas de revisión, nulidad o reformulación del convenio por parte de autoridades públicas
- Importancia del interés superior del niño frente a consideraciones de seguridad pública
La discusión en torno a este convenio resalta la necesidad de marcos legales estrictos y de mecanismos de supervisión que garanticen que las acciones de cooperación no vulneren derechos fundamentales. El objetivo central debe ser la protección integral de la infancia y la transparencia de las operaciones interinstitucionales que afecten directamente a niños, niñas y adolescentes.
Implicaciones prácticas para la defensa de derechos
- Establecer límites claros sobre qué datos pueden compartirse y con qué finalidad.
- Asegurar permisos judiciales para el acceso a información sensible cuando sea necesario.
- Garantizar supervisión independiente y mecanismos de rendición de cuentas.
- Promover la participación de la Defensoría de la Niñez y otros actores sociales en la revisión de convenios.
El debate continúa mientras las autoridades evalúan si reformulan o dejan sin efecto el convenio, y cómo balancear la seguridad institucional con la protección de derechos de la infancia. La clave está en que cualquier acción de coordinación entre Sename y ANI se alinee con estándares legales y éticos, priorizando siempre el bienestar y la dignidad de los niños y adolescentes bajo protección.
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