El Servicio Nacional de Menores (Sename), un organismo estatal chileno dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, creado en 1979, ha sido objeto de severas críticas y escrutinio público durante años debido a una alarmante cantidad de negligencias. Estas problemáticas han impulsado la creación e implementación del nuevo Servicio Mejor Niñez, que busca reemplazar al Sename y terminar con estas deficiencias.
Historia de las Críticas y Problemáticas
El sistema de protección a la infancia en Chile ha sido duramente criticado desde principios de la década de los 90. Las denuncias, provenientes de distintos frentes, siempre encontraron respuestas insuficientes, lo que se tradujo en que los niños y niñas bajo la tutela del Estado continuaran viviendo en malas condiciones, con un riesgo inminente para su salud física y psicológica, expuestos incluso a la posibilidad de muerte.
Desde su creación en 1979, el Sename se transformó, según expertos, en una "verdadera máquina productora de exclusión social". La política de protección a la niñez por parte del Estado tiene una larga historia en el país, remontándose a finales de los años veinte, cuando se instaló un sistema "moderno" de atención a la infancia con el objetivo de disputar la protección de la infancia abandonada a la filantropía y la caridad tradicional. Este antiguo sistema ha experimentado escasas transformaciones hasta la actualidad.
La Ley de Menores de 1968 y la Privatización
Las acciones destinadas a la protección y rehabilitación de niños y niñas se consolidaron con una nueva Ley de Menores en 1968, aunque sin grandes variaciones respecto a la normativa previa. Funcionó a través de una red administrada por la institucionalidad pública, ejecutada principalmente por privados subvencionados como prestadores de servicios, y a cargo, principalmente, de instituciones religiosas y fundaciones privadas. En la práctica, a pesar del discurso público, el sistema estableció una estructura que unió la inercia de las prácticas carcelarias y del asistencialismo tradicional, en manos de las mismas instituciones privadas que históricamente habían atendido a la infancia vulnerable. La fragilidad de esta política se debió a la exigua respuesta estatal para la implementación de la legislación.
Durante décadas, se denunció incesantemente la carencia y desprotección del sistema, la escasez de instituciones de rehabilitación, la permanencia de niños en las cárceles, la insuficiente cobertura de los programas de protección, la falta de infraestructura y los continuos motines y abusos. Los pocos establecimientos públicos mantuvieron un número insuficiente de plazas de atención y solo en tres ciudades del país (Santiago, Valparaíso y Concepción). Las iniciativas privadas subvencionadas estuvieron destinadas, principalmente, a una población infantil de corta edad y baja peligrosidad.
La privatización del sistema bajo la dictadura solo profundizó estas características. El Sename encabezó el proceso de ampliación de los sistemas de atención de carácter privado y la aplicación de un modelo de intervención que privilegió la institucionalización. El aumento de la cobertura a través del fomento a la atención privada propició un fuerte desarrollo de los centros de internación y el aumento de la permanencia de los niños en los recintos cerrados debido al fortalecimiento del sistema de subvenciones.
Los cambios normativos, institucionales y administrativos del sistema de protección, observados a partir de la firma de la Convención de los Derechos del Niño por Chile en 1990, no han alterado la estructura de protección a la niñez. Dado que esta se basa en subvenciones a las instituciones privadas por cada niño atendido, se mantiene un fuerte componente privado en la administración y ejecución de los programas, conservando el Estado un rol subsidiario con tareas de supervisión y control financiero.
Irregularidades y Muertes Bajo la Tutela del Estado
Uno de los aspectos más preocupantes ha sido el caos estadístico y la falta de claridad respecto al número de menores fallecidos bajo la tutela del Estado. Según un informe del Ministerio de Justicia de 2016, 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016. Sin embargo, un reporte de Unicef reveló que el número de fallecimientos en 2010 fue cinco veces mayor al reportado. El gobierno chileno aclaró que la cifra solo incluía a menores del área de "protección", la cual, junto al área para "niños infractores de la ley", conforma el sistema chileno de atención a niños vulnerables.
Un análisis de BBC Mundo de los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014, sumado a los datos de Justicia, arrojó un total de 395 fallecimientos. No obstante, figuras como Francisco Estrada, exdirector del Sename, han expresado su desconfianza en estas cifras, señalando que la información podría estar replicada, por ejemplo, si un niño ingresó a distintos programas y murió.
Más allá de los números exactos, las investigaciones han puesto en evidencia un sistema donde los niños vulnerables son cuidados por personal sin capacitación, incluso en primeros auxilios, y se han recibido quejas por maltratos, sobremedicación y negligencia. La secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, María Estela Ortiz, afirmó que el Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales.
El Caso de Guillermina (2012)
El caso de Guillermina, de 16 años, ilustra la crudeza del sistema. En agosto de 2012, Guillermina llegó al Centro de Protección Alborada del Sename a las 04:19 de la mañana, traída por la policía y a "medio vestir". Según la querella por cuasidelito de homicidio presentada por su familia, se resistió violentamente al reingreso. Menos de media hora después de ser acostada, fue encontrada colgada con sus propios cordones. A pesar de su historial de intentos de suicidio, consumo de alcohol, drogas y depresión, y un embarazo adolescente, no fue llevada a un hospital para evaluar su estado ni se le realizó un chequeo completo, lo que contraviene los protocolos internacionales de manejo de menores vulnerables. La querella no prosperó y su muerte fue registrada como un "egreso" más del sistema.
El Factor Lissette (2016) y la Crisis de las Muertes
La muerte de Lissette, de 11 años, en abril de 2016, detonó una crisis de gran conmoción pública. Lissette había pasado más de la mitad de su vida entrando y saliendo de centros del Sename, separada de sus padres desde los 5 años debido a maltrato físico y psicológico, abuso sexual y abandono. Era conocida por sus episodios de rabia, pero la noche de su muerte, en el Centro Galvarino, una de las cuidadoras relató que, en medio de una crisis, la niña se golpeó la cabeza y comenzó a sangrar, desvaneciéndose. Ni ella ni su compañera tenían conocimientos en primeros auxilios, ni estudios superiores o técnicos. Para cuando se percataron de la gravedad, ya era tarde. Nuevamente, no se aplicó ningún protocolo internacional adecuado.
Las autopsias de menores fallecidos en la red Sename han revelado causas de muerte sorprendentes por su grado de violencia, incluyendo lactantes o preescolares ahogados con sus propios fluidos, menores muertos por golpes en la cabeza, homicidios y suicidios por ahorcamiento.
La entonces directora del Sename, Mariela Labraña, atribuyó inicialmente el fallecimiento de Lissette a una "crisis emocional" causada por la ausencia de un familiar, una explicación que le costó el puesto por ser considerada poco satisfactoria y antiética.
La Sobremedicación
El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, sugirió que la niña estaba "sobremedicada". Se le suministraba benzodiazepina en dosis que actuaban como antipsicótico, y estuvo "expuesta a antidepresivos por años", a pesar de que no se ha demostrado su efecto en niños, e incluso, como la sertralina, pueden tener efectos adversos como aumentar la agresividad. Francisco Estrada, exdirector del Sename, asegura que la "poca prolijidad" en el manejo de medicamentos en los centros es generalizada, con problemas graves en la dosificación y la posibilidad de que los adolescentes no tomen sus dosis correctamente debido a la falta de personal especializado. Esta situación es grave, considerando que el senador Alejandro Navarro reveló que el 63% de los niños bajo el sistema están con tratamiento farmacológico y más de 3.000 no reciben la debida atención médica especializada.
Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región, pero carece de camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil. Además, hay escasez de psiquiatras infantojuveniles, quienes en su mayoría prefieren trabajar en el sector privado, dejando regiones sin este tipo de especialistas.
Deficiencias Estructurales y Judiciales
Las críticas se han extendido a la estructura del sistema y al rol del Poder Judicial. La violación de los derechos humanos de los niños bajo el cuidado del Sename ha sido confirmada como sistemática y grave por el comité de la ONU en un informe de 2017. Se constataron graves deficiencias en infraestructura, supervisión y recursos humanos, estableciendo que el Estado es responsable de las vulneraciones que sufren los NNA, quienes están expuestos a violencia y enfrentan problemas de acceso a educación y salud oportuna.
Críticas al Poder Judicial
El informe de la ONU criticó a los jueces por privilegiar la adopción de medidas que separan al niño de su familia, cuando esta opción debería ser la última. La separación, además, debe ser "excepcional y transitoria". El sistema judicial también falla porque "la frecuente ausencia de motivación suficiente de las sentencias impide conocer los elementos considerados (para decretar la internación del menor)". El documento establece que el Poder Judicial es responsable de la supervisión de la situación del NNA y su avance en el programa de integración, pero esto no se cumple debido a la falta de formación específica de los jueces para evaluar dichos avances y a que las decisiones judiciales a menudo no determinan qué derechos han sido vulnerados, lo que impide identificar para qué se interna al NNA y de qué debe recuperarse.
Los expertos de la ONU constataron que el Poder Judicial ha enviado a más de 400 menores a "organismos coadyuvantes" debido a la falta de plazas en los hogares del Sename. Los jueces de Familia, "por regla general", deciden internar al menor "con escasa o sin participación del NNA y de la familia", lo que no permite evaluar sus condiciones particulares. Solo el 32.1% de los menores dice tener oportunidad de hablar con el magistrado y el 30.8% con un abogado que lo represente.
Programas Ambulatorios y Falta de Especialización
El servicio de protección no solo se compone del sistema residencial, sino que antes existen los programas ambulatorios, generalmente administrados por organismos colaboradores del servicio. Esto externaliza la relación de trabajo con los empleados y la responsabilidad del Estado. Muchas veces, estos programas son el paso previo a la residencia, aun cuando existe una clara orden de no enviar niños a centros residenciales sin fundamentos técnicos. Se ha observado que NNA permanecen con sus familias de origen o externas incluso cuando se informa de graves vulneraciones. Esto se suma a la poca experiencia de algunos profesionales contratados por los organismos colaboradores, quienes no siempre están debidamente capacitados.
Los tribunales de familia, en ocasiones, "hacen la vista gorda" ante situaciones de vulneración reiterada y muestran resistencia a revisar medidas de protección en plazos acotados. Los tiempos de espera para una audiencia de medida de protección pueden superar los tres meses, lo que puede significar la estabilidad emocional y física de un NNA. El Estado de Chile sigue fallando a la niñez y adolescencia, concentrándose más en los números que en una debida actuación.
Propuestas de Solución y la Transición a Mejor Niñez
Una condición necesaria para transformar esta realidad es que el Estado tome una acción determinada en vías de proteger y garantizar derechos a los niños y niñas. Si bien es urgente detener la violencia ejercida en los centros del Sename, también es imperioso abrir el debate sobre un proyecto de ley de garantía de derechos para niños y niñas, ya presentado, que no ha tenido la publicidad ni el debate necesario. Solo una transformación profunda puede salvar las vidas de otros niños y niñas. Esto requiere responsabilizarse por los cambios venideros, construyendo un nuevo escenario, desechando las reformas aisladas que no han resuelto el problema de fondo. No se trata solo de tecnicismos o discursos, sino de asegurar los recursos necesarios para construir un sistema de garantías y protección de derechos en todas sus dimensiones.
La frase "No+ Sename" ha sido utilizada por organizaciones y personas para manifestar su deseo de no más desprotección, precariedad, discriminación, ausencia de salud mental y malos tratos para los niños, niñas y adolescentes. Detrás de esta consigna, existe un profundo deseo de mejorar los modelos de atención, la calidad de los programas, el diseño, la presencia territorial y la oferta del intersector, especialmente en salud y educación, la institucionalidad, la legislación, la coordinación con los tribunales de justicia y contar con profesionales más especializados.
El Nuevo Sistema "Mejor Niñez"
La modificación del sistema se enmarca en una serie de irregularidades detectadas por la justicia al interior de los centros de menores, calificándose como necesaria la reforma. Con este cambio, todos los temas de protección de la niñez en situación de vulnerabilidad pasan al Ministerio de Desarrollo Social y Familia. La "parte positiva del Servicio Mejor Niñez es que se introducen más recursos a todo el ámbito de la protección de la niñez y la adolescencia".
El 5 de enero de 2021 se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.302, que crea el "Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas legales que indica", que viene a reemplazar el actual Sename. Sin embargo, persisten preocupaciones sobre su implementación. Según el académico Isaac Ravetllat, la pronta implementación del nuevo sistema se ve comprometida por una falencia en el marco legal. El abogado señaló que la definición del tema se encuentra actualmente en el Tribunal Constitucional, lo que podría generar dificultades en la implementación.
A pesar de los beneficios del proyecto, se ha señalado que existen problemas en el modelo que podrían perjudicar su correcto funcionamiento, como el hecho de que "no modifica el sistema de privatización del sistema de protección". La creación del Servicio Mejor Niñez es una declaración del Estado de que se harán las cosas bien, "pero no asegura que cambie nada", según Branislav Marelic.
Al mediano plazo, el Consejo para la Infancia pretende cerrar el Sename y realizar una transición a un nuevo servicio, que se espera "dejar instalado" en este gobierno (antes de 2019). Sin embargo, "los niños no pueden esperar". Se plantea que, al menos, se pueden tomar medidas como "poner un vehículo equipado" para el transporte.
Pilares de una Solución
Según el análisis de Francisco Estrada, una solución definitiva se basa en tres pilares:
- Apoyo y seguimiento psiquiátrico adecuado: Necesidad de unidades polivalentes, con niños adecuadamente medicados y personal dedicado que trabaje con las familias, en lugar de aislarlas.
- Reunificación familiar como objetivo final: Los niños son internados por pobreza, provenientes de padres que también sufrieron maltrato en su infancia. La solución no es quitárselos, sino romper el círculo, entregándoles herramientas y acompañamiento.
- Defensa jurídica adecuada para los niños: Que vele por que todos los actores del proceso hagan su trabajo. Existe una diferencia sustancial entre los menores "infractores de ley", que cuentan con "muy buenos defensores", y aquellos que llegan a los tribunales de familia vulnerados, para ser protegidos por el sistema.
Existe la preocupación de que quienes toman las decisiones tienen "muy baja formación", y en un caso complejo, la decisión más fácil es internar al niño. Estela Ortiz destaca la ausencia de niños del 50% del nivel económico más alto del país en las instituciones del Sename, a pesar de que el abuso sexual y la violencia son transversales, lo que sugiere una estigmatización de la pobreza.
Es fundamental una planificación ordenada, con calma, con gente especializada y sin "apitutamientos políticos" que han enturbiado el desempeño del nuevo servicio. El resultado no será de la noche a la mañana, y se requiere una decisión como país y sociedad. Es preocupante la cantidad de niños menores de 8 años aún en residencias, ya que un niño institucionalizado, por mucha gente preparada que tenga, no puede vivenciar el vínculo necesario que genera apego. Estos niños ya vienen dañados por distintas situaciones y necesitan estabilidad. Las residencias no pueden ser cárceles, pero tampoco hoteles.
Alertas Recientes y Desafíos
Estudios nacionales e internacionales certifican una persistente vulneración de derechos, lo que se describe como parte de una negligente mirada de la política pública y la ley que se extiende desde hace ya un siglo. Organismos como la Defensoría de la Niñez (2024), INDH, el Centro de Derechos Humanos-UDP (2023) y la Corte Interamericana y el Comité de Derechos del Niño (2022) han certificado datos alarmantes sobre infancia vulnerada en Chile. Es preocupante que a poco de iniciada la fase de implementación de una nueva institucionalidad y de sus programas de atención ya se hable de una crisis.
Se ha alertado sobre "deficiencias graves en el sistema de protección de la infancia, tanto en el diseño como en la ejecución de planes y programas destinados a los menores vulnerados", lo cual se evidenció, por ejemplo, en la Región de Atacama con una red de explotación sexual infantil desbaratada en Freirina, donde las víctimas se fugaban de residencias que prestan servicios al Sename.
En 2017, se identificaron vulneraciones de todo tipo, principalmente una falta de atención generalizada, con descuidos tan básicos como controles médicos o educación en ciertas residencias. Esto llevó a que, solo en salud mental, un 69.1% de quienes estaban bajo sistema de protección de derechos presentara al menos un trastorno de salud mental. Además, 1.187 niños en residencias del Servicio no se encuentran inscritos en ningún establecimiento educacional. También se constata un tema de género, con más niñas que niños en el sistema residencial, y casos de abuso sexual dentro de los centros, tanto por parte de NNA como del personal.
El Comité de los Derechos del Niño afirmó en 2018 que el Estado de Chile es responsable de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado, y recomendó establecer mecanismos de reparación para las víctimas. La Defensoría de la Niñez, en 2020, recomendó la creación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación, una petición que no recibió respuesta del Poder Ejecutivo de la época. Entre 2005 y 2016, murieron 1.313 personas mientras se encontraban en algún programa de la red del Sename.
Existe una preocupación sobre la posible existencia de una red de corrupción en los programas de Mejor Niñez, así como la participación de jueces y la ocurrencia de "montajes, cohecho y otras realidades judiciales" que no están siendo investigadas.
tags: #contraargumento #del #sename