La Precariedad de las Pensiones y el Rol de las AFP
Muchas personas adultas mayores expresan un profundo temor ante la posibilidad de recortes en la Pensión Garantizada Universal (PGU). Argumentan que la PGU no es el resultado de sus años de trabajo, sino que esa responsabilidad debería recaer en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Las AFP, históricamente y de manera sistemática, han gozado de numerosos privilegios. Esto incluye el cuestionable método de considerar una edad de cálculo de vida de 110 años, a pesar de que solo un 0.02% de la población alcanza dicha edad. Este sistema, según las críticas, no ha logrado financiar la vejez prometida hace muchos años.
Las pensiones resultantes son a menudo miserables y se confunden con las precarias pensiones de las AFP, las cuales, según algunos, han aprovechado las deficiencias del sistema, llevando a que el Estado tenga que asumir la Pensión Garantizada Universal para mitigar la situación.
La cuantía de las pensiones precarias es, en la actualidad, muy poco para vivir. Los jubilados encuentran increíble que se les recorten o supriman beneficios tras haber trabajado 30 años, y al llegar a los 65 años, sin poder trabajar y con enfermedades propias de la edad, se jubilen con una pensión miserable que puede rondar los $250,000. Esto contrasta fuertemente con los sueldos de 9 millones al mes que perciben diputados, senadores, asesores, ministros, alcaldes y el presidente, quienes se quejan de vivir con esa cantidad.
El Bono de Reconocimiento es considerado una parte fundamental de la pensión, siendo un reconocimiento a lo cotizado antes de la existencia de las AFP. El gobierno de la época se comprometió a aportar ese dinero, legítimamente contribuido por los trabajadores en las diferentes Cajas, y todos los gobiernos post-dictadura respetaron este compromiso. Cualquier rebaja en este bono perjudicaría directamente a los jubilados, especialmente a aquellos con dependientes, como una hija discapacitada.
Consecuencias Económicas de los Retiros de Fondos de Pensiones
La pandemia de COVID-19 desafió a la economía global a un escenario extremo e inédito, llevando a una fuerte desaceleración mundial. Las medidas de confinamiento y restricciones de movilidad interrumpieron las cadenas de suministro, redujeron la demanda de bienes y servicios, y causaron el cierre de muchas empresas. Esto generó un aumento del desempleo y una disminución del ingreso familiar.
En este contexto, se aprobaron tres retiros previsionales en Chile, totalizando más de US$48,000 millones y dejando a 3.8 millones de personas con saldo cero en sus cuentas individuales. Estos retiros tuvieron un impacto negativo significativo en la economía y el mercado de capitales local. Uno de los principales efectos fue la presión inflacionaria, ya que la inyección de liquidez representó cerca del 17% del PIB.
Los efectos negativos también se manifestaron en presiones al alza en las tasas de interés y en la interrupción del financiamiento a largo plazo, debido a que los gestores de las AFP buscaron instrumentos más líquidos a corto plazo, liquidando así inversiones a largo plazo. Los retiros previsionales también causaron un fuerte daño en la confianza, al abrir la posibilidad de otorgar liquidez a recursos destinados a financiar la vejez, generando futuras presiones para nuevos retiros en escenarios adversos.
Chile fue el único país que presionó a las compañías de seguros de vida (CSV) para que dieran liquidez a sus pensionados, alterando los contratos de rentas vitalicias que garantizan una pensión de por vida. Aproximadamente 10.5 millones de personas realizaron al menos un retiro, generando cerca de 29 millones de transacciones de pago.
Una de las consecuencias más negativas de esta política es que los casi cuatro millones de personas sin saldos en sus cuentas serán futuros beneficiarios de la PGU, lo que implicará una mayor presión sobre las arcas fiscales. Esto, a su vez, podría generar una mayor desigualdad, haciendo que los más pobres lo sean aún más en el futuro, y la clase media enfrentará tasas de reemplazo más bajas, lo que amenaza la legitimidad y estabilidad del sistema de pensiones.
El Banco Central, a través de sus Informes de Política Monetaria (IPoM), advirtió sobre los impactos negativos de estas políticas de retiro de fondos previsionales, señalando que los fondos de pensiones disminuyeron del 78% al 60% del PIB de Chile. Adicionalmente, los retiros han afectado el acceso a la vivienda al encarecer los créditos hipotecarios (con tasas de interés más altas y plazos más cortos), y al exigir mayores ingresos y pagos iniciales más elevados.
El Envejecimiento Poblacional como Desafío Estructural
El envejecimiento de la población representa un desafío estructural que incide en todas las esferas de la sociedad y la economía, afectando la capacidad de consumo, la generación de ingresos, los patrones de ahorro y el financiamiento de los periodos de dependencia. Este fenómeno se ve agravado por las desigualdades socioeconómicas, reflejando desventajas acumuladas a lo largo de la vida en ámbitos como la educación, la salud y las oportunidades laborales decentes.
A mediano plazo, la reducción de la proporción de la población activa y el aumento de la relación de dependencia demográfica pueden tener un impacto negativo en el crecimiento del PIB per cápita, lo que amenaza el desarrollo regional. Sin embargo, el envejecimiento también puede generar nuevas oportunidades de crecimiento económico y creación de empleo.
Existe un diagnóstico común en Chile sobre la baja calidad proyectada en el pago de pensiones para su población en general. Desde la Encuesta de Protección Social de 2002, se ha evidenciado una distribución bimodal en la densidad de cotizaciones. Mientras que los asalariados con mejor capacitación tienen una densidad media de cotizaciones del 75%, lo que implicaría aproximadamente 30 años de contribuciones, la realidad es heterogénea.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define "pensión" como un beneficio para personas que han contribuido durante al menos 30 años, mientras que para quienes tienen menos de 30 años de historial de contribuciones, lo considera una devolución. Chile, pese a estar asociado a la OIT, no siempre cumple con esta condición, lo que podría subestimar los montos de pensión al incluir pagos a personas con muy pocas contribuciones.
En un sistema de Capitalización Individual, donde la pensión depende de lo ahorrado durante la vida laboral, una economía más lenta hoy, con un aumento de la informalidad laboral (alcanzando el 26.5% según datos del INE) y un mayor número de personas que no buscan empleo, significa menos oportunidades y un impacto fundamental en el futuro de las pensiones.
34. El envejecimiento demográfico y sus retos
Demandas y Propuestas para un Sistema Previsional Sostenible
Numerosas voces expresan preocupación y decepción ante la posibilidad de recortes a la PGU, mencionando un ajuste presupuestario del 15% "recomendado" por Quiroz. Se ha observado una cifra negativa de -2,147,483,648 en la columna del presupuesto ejecutado 2025 (miles $ 2026), lo que genera interrogantes sobre la magnitud real de los ajustes.
Los pensionados, muchos de ellos mayores de 65 o incluso 79 años, ven cualquier reducción en su sustento como una traición a las promesas, especialmente considerando su incapacidad para trabajar debido a la edad y enfermedades. Una rebaja de la PGU se percibe como una amenaza directa a la vida de miles de adultos mayores enfermos en Chile, comprometiendo su acceso a medicamentos, exámenes y necesidades básicas.
Es prioritario reformar y fortalecer los sistemas de pensiones, salud y cuidados de largo plazo, así como los mercados laborales, complementándolos con programas de educación continua y alfabetización digital.
Entre las propuestas para generar recursos y aliviar la carga sobre los jubilados, se sugieren medidas de ahorro fiscal, como: rebajar el número de diputados y senadores y sus sueldos; eliminar las asignaciones especiales a las dietas de los parlamentarios; eliminar los gastos reservados de todos los Ministerios; eliminar los subsidios al Transantiago; y trasladar las fuerzas armadas a las AFP, dejando de subsidiar sus pensiones tras 20 años de servicio, lo que podría representar un ahorro de varios millones de dólares.
Además, se critica la percepción de que estos posibles recortes a los beneficios de los jubilados se dan en un contexto donde se busca rebajar impuestos, contribuciones y derechos de herencia para los más ricos, y se perdonan capitales repatriados sin pagar impuestos, lo que acentúa la desigualdad.
Un estudio reciente de Clapes UC, titulado "Estimación del impacto de los fondos de pensiones en la economía chilena" (Agosto de 2024), concluye que los fondos previsionales han tenido un efecto positivo y significativo en variables económicas clave como el PIB, el empleo y la inversión, abarcando 43 años de existencia del sistema. La investigación, que utilizó nuevas estimaciones y fuentes de información desde 1981 hasta 2023, encontró que los activos de los fondos de pensiones, que pasaron de representar un 35% del PIB en los 90 a un 82% en 2019, recuperaron su valor tras crisis económicas, aunque cayeron a 57% del PIB en 2020 debido a la pandemia y los retiros previsionales.
Los resultados del estudio indican que: la inversión doméstica como porcentaje del PIB creció 3.6 puntos porcentuales en las últimas cuatro décadas, de los cuales 1.2 puntos (un tercio) son explicados por el ahorro previsional; los activos de los fondos de pensiones explican un 2.6% del crecimiento total del empleo; y el crecimiento anual promedio de los fondos de pensiones explica un 7% del crecimiento anual promedio del PIB. Por ello, se recomienda que cualquier cambio al sistema de pensiones considere estos antecedentes para fortalecer el desarrollo de los fondos previsionales y su apoyo a las principales variables económicas del país.
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