La Pensión de Alimentos en Chile: Aspectos Legales, Procedimentales y Desafíos Actuales

La pensión de alimentos en Chile constituye una obligación legal fundamental destinada a garantizar la subsistencia integral de una persona que carece de los medios suficientes, resguardando el interés superior, la autonomía progresiva y el desarrollo integral del niño, niña y adolescente.

Esta obligación legal se encuentra regulada principalmente en los artículos 321 a 337 del Código Civil y en la Ley N° 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias. Es crucial destacar las importantes reformas introducidas por las Leyes N° 21.389 (2021) y N° 21.484 (2022), que han modernizado y fortalecido el sistema de cobro.

¿Qué comprende la pensión de alimentos?

Según el artículo 322 del Código Civil y la doctrina legal, la pensión de alimentos no es solo una suma de dinero, sino que abarca una serie de prestaciones necesarias para la existencia y el desarrollo integral del alimentario. Comprende a lo menos:

• Alimentación: Sustento diario.
• Habitación: Vivienda adecuada.
• Vestuario: Ropa necesaria.
• Salud: Atención médica (preventiva y curativa, incluyendo salud mental).
• Movilización: Transporte.
• Enseñanza básica y media: Educación escolar.
• Aprendizaje de alguna profesión u oficio: Formación para el futuro laboral.
• Recreación: Actividades de esparcimiento.
• Cuidados especiales: Si el menor los requiere.

El autor René Ramos Pazos señala que el derecho de alimentos es "aquél que la ley otorga a una persona para demandar de otra, que cuenta con los medios para proporcionárselos, lo que necesite para subsistir de un modo correspondiente a su posición social". La pensión de alimentos debe habilitar al alimentado para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social, tal como lo recogen los artículos 323 y 330 del Código Civil. No se trata solo de cubrir las necesidades básicas de supervivencia, sino de permitir al alimentario un desarrollo integral acorde a su realidad familiar y mantener el estatus social que ha tenido, incluyendo actividades extraprogramáticas, de entretención y comunicación con sus pares, adecuándose a las normas de la Convención sobre Derechos del Niño.

¿Quiénes están obligados a pagar alimentos y quiénes pueden demandarlos?

El artículo 321 del Código Civil establece un orden de prelación de las personas que se deben alimentos, que se ha interpretado como una norma de reciprocidad, donde quien hoy es alimentario, podría ser alimentante en el futuro. El orden es el siguiente:

1. Cónyuge.
2. Descendientes (hijos, nietos, bisnietos).
3. Ascendientes (padres, abuelos, bisabuelos).
4. Hermanos o hermanas.
5. Ambos progenitores en proporción a sus capacidades económicas.

También los abuelos y abuelas (materna y paterna) conjuntamente, se encuentran obligados a pagar alimentos, a falta o insuficiencia de ambos progenitores. Sin embargo, la Ley N° 21.389 estableció que no se podrá perseguir el pago en los abuelos cuando estos tengan como única fuente de ingresos una pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia. La obligación de alimentos de los abuelos es subsidiaria, es decir, procede cuando el padre o la madre no tienen los medios para cumplirla.

Legitimación para demandar

• Aquel de los progenitores u otra persona que detente el cuidado personal del niño, niña o adolescente, será quien lo represente para poder demandar su pensión de alimentos.
• Las adolescentes embarazadas también tienen derecho a demandar pensión de alimentos por el hijo o hija que está por nacer, sin necesidad de contar con un representante legal.
• En cuanto a la duración de la obligación, el inciso primero del artículo 332 del Código Civil indica que los alimentos se entienden concedidos para toda la vida del alimentario, siempre que continúen las circunstancias que legitimaron la demanda. Específicamente para los descendientes, la obligación cesa a los 21 años, salvo que estén cursando estudios de una profesión u oficio (extendiéndose hasta los 28 años), o que les afecte una incapacidad física o mental que les impida subsistir por sí mismos, o si el juez los considera indispensables para su subsistencia.

Procedimientos para obtener la pensión de alimentos

Existen dos vías principales para obtener una pensión de alimentos:

Vía Extrajudicial

La persona que lo requiera puede intentar un acuerdo con la persona obligada a pagar alimentos para fijar una pensión mensual. Este acuerdo debe quedar por escrito, firmado por ambos y autorizado por un notario, ministro de fe o la jefatura del Centro de Atención Jurídico Social de la Corporación de Asistencia Judicial. Este documento se conoce como "Transacción".

Actualmente, la ley exige a las partes contratantes que el acuerdo contemple lo siguiente:

1. Pensión mensual y anticipada en Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Son válidos también los acuerdos de constitución de derechos de usufructo y de uso o habitación y aquellos aportes económicos como la cotización para salud o el pago de la prima del seguro de salud.
2. Que el acuerdo especifique la capacidad económica del alimentante y las necesidades del alimentario, y la proporción en la que los padres deberán contribuir con los gastos extraordinarios del hijo en común.
3. Que el monto de la pensión expresado en Unidades Tributarias Mensuales (UTM) no sea inferior al monto mínimo de la pensión alimenticia (40% del Ingreso Mínimo Remuneracional a favor de un menor alimentario o 30% del Ingreso Mínimo Remuneracional por cada uno de ellos, tratándose de dos o más niños, niñas o adolescentes).

La transacción debe ser presentada ante el Juzgado de Familia para su aprobación y así adquirir la misma fuerza que una sentencia judicial ejecutoriada.

Mediación Familiar Obligatoria

La mediación familiar es un requisito previo obligatorio antes de presentar una demanda de alimentos ante los tribunales. En este proceso, un tercero imparcial (mediador acreditado) ayuda a las partes a alcanzar un acuerdo sobre el monto y la forma de pago de la pensión. Si se logra un acuerdo, se emite un "Acta de Mediación" que, al ser presentada y aprobada por el Juzgado de Familia, adquiere la misma fuerza ejecutiva que una sentencia judicial. Si el proceso fracasa, el o la mediadora debe emitir un "Certificado de Mediación Frustrada", documento necesario para poder demandar en tribunales.

Vía Judicial

Si la mediación fracasa, o en ciertos casos donde el acuerdo extrajudicial no es viable, se puede interponer una demanda de alimentos ante el Juzgado de Familia competente (domicilio del alimentante o del alimentario, a elección de este último). En la primera actuación judicial, el tribunal tiene la obligación de fijar alimentos provisorios, un monto que la parte demandada deberá pagar mientras se tramita el juicio y hasta que se dicte sentencia definitiva. Estos alimentos provisorios son de pago inmediato.

Determinación del monto de la pensión

La pensión alimenticia debe expresarse en Unidades Tributarias Mensuales (UTM), lo que permite su reajuste automático mensual conforme a la inflación. En la tasación de los alimentos se deben tomar siempre en consideración las facultades del deudor y las necesidades del alimentario. La ley establece pisos mínimos y un techo máximo, calculados en base al ingreso mínimo mensual vigente:

• Monto mínimo para un hijo: 40% de un ingreso mínimo remuneracional.
• Monto mínimo para dos o más hijos: 30% del ingreso mínimo remuneracional por cada uno.
• Cuando los alimentos se soliciten en favor de personas distintas de los hijos o hijas, el tribunal no tendrá monto mínimo de pensión alimenticia a establecer.
• El tope máximo del 50% de los ingresos del alimentante puede superarse excepcionalmente bajo la nueva legislación (artículo 7 inciso segundo de la Ley 14.908, modificado por la Ley 21.389), cuando existan razones fundadas y se resguarde el interés superior del niño y el reparto equitativo entre los hijos.

Es fundamental acreditar las necesidades del alimentario con documentación (boletas, certificados médicos, comprobantes de colegiatura, etc.) y las capacidades económicas del alimentante (liquidaciones de sueldo, declaraciones de impuestos, etc.). El tribunal también considerará los gastos extraordinarios del menor.

Incumplimiento y medidas de apremio

El no pago de pensiones de alimentos es uno de los principales problemas, y la ley chilena ha establecido diversas medidas para asegurar su cumplimiento.

Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos

Es un registro electrónico creado por la Ley N° 21.389 con el objetivo de promover y garantizar el cumplimiento del pago. Será de acceso remoto, gratuito e inmediato para cualquier persona con interés legítimo. Se inscribe a quien adeude tres o más mensualidades consecutivas o cinco discontinuas.

La Ley N° 21.389 estableció las siguientes sanciones para el deudor inscrito en el registro:

• Retención de fondos de créditos bancarios superiores a 50 UF, devoluciones de impuestos, dineros por venta de inmuebles o vehículos.
• Prohibición de renovar licencias de conducir y pasaportes.
• Imposibilidad de recibir beneficios económicos del Estado (se destinarán al pago de las deudas).
• Si es funcionario público o de elección popular, la institución retendrá un porcentaje de su sueldo y deberá declarar su deuda en las "Declaraciones de Interés y Patrimonio".
• Se establece como una forma de violencia intrafamiliar el no pago reiterado de la pensión de alimentos.
• Pago de la deuda con la indemnización por años de servicio del deudor despedido.
• Se considera en la evaluación de idoneidad para adoptar menores de edad.
• Se puede impedir la inscripción del traspaso de un vehículo o propiedad si no se pagan los alimentos adeudados.
• Retención de remuneraciones de gerentes generales o directores de sociedades anónimas abiertas con transacción bursátil.

La inscripción se cancela al acreditar el pago completo de la deuda o al adoptar un acuerdo de pago serio y suficiente aprobado por el tribunal.

Otras medidas de apremio

El tribunal puede decretar una o más de las siguientes medidas ante el incumplimiento:

• Arresto nocturno: Desde las 22:00 PM hasta las 06:00 AM, hasta por quince días. Si hay reincidencia, se puede repetir.
• Arresto completo: Hasta por 15 días si no cumple el arresto nocturno o después de dos períodos de arresto nocturno. Hasta por 30 días en caso de nuevos incumplimientos.
• Arraigo: Prohibición de salir del país hasta que se efectúe el pago. También se puede solicitar si hay motivos fundados para estimar que el deudor se ausentará sin dejar garantía.
• Oficio al empleador: Para que retenga de la remuneración la suma correspondiente a la pensión.
• Suspender licencia de conducir: Hasta por seis meses.
• Retener devolución de impuesto a la Renta.
• Embargar y rematar bienes: Hasta el pago total de la deuda.

Las leyes N° 21.389 y N° 21.484 también introdujeron un procedimiento especial de cobro en dos etapas: con una sola mensualidad impaga, el tribunal puede ordenar la retención de fondos en cuentas bancarias e instrumentos financieros. Si estos no son suficientes, con tres mensualidades impagas se activa el procedimiento extraordinario, que permite acceder a los fondos de la cuenta de capitalización individual obligatoria (AFP), con porcentajes máximos que dependen de la cercanía a la edad de jubilación.

Modificación o cese de la pensión de alimentos

La pensión de alimentos no es inamovible y puede ser modificada (aumentada o rebajada) o cesada cuando se producen cambios sustanciales en las circunstancias que la originaron, lo cual deberá acreditarse en juicio.

• Aumento: Procede cuando han aumentado las necesidades del hijo o han mejorado sustancialmente los ingresos del alimentante.
• Rebaja: Procede cuando el alimentante ha sufrido una disminución significativa de sus ingresos (despido, enfermedad, nuevas cargas familiares legítimas) o las necesidades del alimentario han disminuido objetivamente. La nueva legislación establece que el tribunal declarará inadmisible la demanda de rebaja si el alimentante está inscrito en el Registro de Deudores, salvo que presente antecedentes calificados.
• Cese: Opera cuando desaparecen las circunstancias que legitimaron la pensión. Para los descendientes y hermanos, el cese es a los 21 años, salvo excepciones como la continuidad de estudios (hasta los 28 años) o incapacidad.

Es fundamental recordar que la obligación de pagar pensiones alimenticias establecidas o aprobadas judicialmente no cesa de forma automática, por lo que, concurriendo causales legales para su extinción, deberá pedirse al tribunal que decrete su cese.

El problema del no pago y el rol del Estado

El no pago de pensiones de alimentos es un problema persistente en Chile, con un alto porcentaje de demandas por incumplimiento ingresadas por mujeres. Históricamente, las deudas por alimentos han sido consideradas un asunto entre privados, donde el rol del Estado se ha centrado en medidas coercitivas. Sin embargo, hoy existe un reconocimiento creciente de que se trata de un problema sistémico que atañe también al Estado.

El presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, afirmó: "Ha llegado la hora de asumir el problema de los alimentos, particularmente aquellos destinados a la mantención de niños, niñas y adolescentes, como un asunto de Estado, con visión sistémica y de largo aliento. No es posible seguir considerando el pago de las pensiones de alimentos como un asunto privado, cuya responsabilidad recae exclusivamente en las mujeres que cuidan hijos e hijas. En este sentido, urge avanzar en nuevas fórmulas que garanticen el pago de los alimentos, en las que el Estado asuma un rol protagónico en la recuperación de los montos adeudados."

Experiencias internacionales, como la Agencia de Cobro de Deudas de Pensiones Alimentarias (ARIPA) en Francia o el anticipo del mantenimiento (Unterhaltsvorschuss) en Alemania, muestran modelos donde el Estado asume un rol más activo en la recuperación de las pensiones impagas.

Los métodos de apremio tradicionales, como el arresto o la retención de licencias, a menudo resultan insuficientes. La implementación del retiro del 10% de los fondos de las AFP puso de manifiesto la magnitud del problema y las dificultades que enfrentan las mujeres para obtener el pago, incluso exponiéndolas a amenazas.

Consejos prácticos

Si necesita solicitar, defender, aumentar, rebajar, cesar o cobrar una pensión de alimentos, es fundamental actuar a tiempo y con el respaldo legal adecuado. La Corporación de Asistencia Judicial puede otorgar patrocinio a personas que cumplan con los requisitos de focalización socioeconómica.

• Si es alimentario (quien recibe o solicita la pensión): Reúna toda la documentación de gastos del menor mes a mes y antecedentes sobre los ingresos del alimentante.
• Si es alimentante (quien debe pagar la pensión): No ignore notificaciones judiciales ni citaciones a mediación. Reúna documentos que acrediten sus ingresos reales y cargas familiares. Si las circunstancias económicas han cambiado, solicite una rebaja judicial en lugar de simplemente dejar de pagar.

No documentar adecuadamente las necesidades del hijo o condicionar el régimen de visitas al pago de alimentos son errores comunes que pueden debilitar el caso.

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