El envejecimiento de la población es una realidad creciente que demanda marcos jurídicos y servicios adaptados. En Chile, el índice de envejecimiento actual es significativo, con 98,4 personas mayores de 60 años por cada 100 niños y niñas menores de 15. Las estimaciones del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE, 2019) indican que la expectativa de vida al nacer supera los 80 años, alcanzando casi los 83 en el caso de las mujeres. Ante este panorama, es fundamental asegurar el pleno goce y ejercicio de los derechos de las personas mayores.
Si bien aún existen barreras para que las personas mayores puedan acceder de manera efectiva a la justicia en Chile, las diversas instituciones del Estado involucradas en la materia han puesto a disposición de la comunidad programas e iniciativas con el objeto de mejorar sus condiciones.
El Acceso a la Justicia como Derecho Fundamental
Desde una perspectiva de derechos humanos, el Acceso a la Justicia es concebido como esencial e instrumental. Se trata de un derecho multidimensional que contempla tres atributos diferentes pero complementarios:
- Acceso
- Pronunciamiento y ejecución
- Buen trato
Marco Jurídico Internacional y Nacional
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (CIPDHPM)
En el ámbito interamericano, Chile ha adoptado como marco la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (CIPDHPM). Esta convención fue presentada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2015 y ratificada por el país en 2017. Durante un encuentro en el que participaron 29 delegaciones de países de la región, se suscribió la Declaración de Santiago (DS), comprometiéndose a avanzar en las temáticas vinculadas a la vejez y el envejecimiento.
Es importante destacar que, si bien en la actualidad no existe un instrumento internacional específico vinculado a los derechos de las personas adultas mayores a nivel global, en las últimas décadas se ha avanzado en su estandarización como reacción al acelerado envejecimiento poblacional, siendo la CIPDHPM un referente clave para América.
El Protocolo de Acceso a la Justicia de Personas Mayores de la Corte Suprema
En cumplimiento de las obligaciones derivadas de la CIPDHPM, la Corte Suprema de Justicia de Chile elaboró en el año 2021 el Protocolo de Acceso a la Justicia de Personas Mayores. Este protocolo está dirigido a los jueces y juezas con el objetivo de ser utilizado para abordar los casos que afectan a las personas mayores, en tanto pertenecientes a un grupo de especial vulnerabilidad. Proporciona reglas de actuación y mecanismos de tutela efectiva que aseguren una mayor protección en el acceso a la justicia.
El Proyecto de Ley Integral de las Personas Mayores
En mayo de 2022, se presentó ante el Congreso Nacional el “Proyecto de Ley Integral de las personas mayores y de envejecimiento digno, activo y saludable”. Este proyecto fue elaborado con el objetivo de cumplir con los estándares establecidos por la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y generar un marco jurídico acorde.
Las indicaciones expresadas buscan generar un marco jurídico para las personas mayores, reconociendo su calidad de titulares de derechos, con el objetivo de “promover el envejecimiento digno, activo y saludable de todas las personas y proteger el pleno goce y ejercicio de los derechos y libertades de las personas mayores, en condiciones de igualdad con las demás, con el fin de contribuir a su plena inclusión y participación en la sociedad”.
Además, el proyecto añade el fortalecimiento de la institucionalidad, a través de la creación de las Direcciones Regionales de SENAMA en las 16 regiones del país, lo que representa un verdadero hito de crecimiento y descentralización en la aplicación de la oferta programática hacia las personas mayores.
La Directora Nacional de SENAMA, Claudia Asmad, precisó que “el proyecto de Ley Integral de las personas mayores y promoción del envejecimiento digno, activo y saludable es fundamental para avanzar en la protección de los derechos de las personas mayores, toda vez que considera un enfoque acorde a la CIPDHPM para otorgar un marco integral de protección, así como un catálogo de derechos específicos para las personas mayores y obligaciones y líneas de acción del Estado para su garantía.”
Programas y Servicios de Asistencia Jurídica Especializada en Chile
Diversas instituciones han implementado programas específicos para garantizar la representación legal y el acceso a la justicia de las personas mayores.
Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA)
El programa Buen Trato al Adulto Mayor de SENAMA está conformado por un/a profesional abogado/a y un/a profesional del área social por cada región. Estos equipos realizan la gestión de redes institucionales mediante un trabajo conjunto e interdisciplinario, abordando de manera integral diversas situaciones de maltrato.
Uno de los grandes servicios que ofrece este programa es la asesoría y orientación jurídica a personas mayores en cualquier materia jurídica del ámbito penal, civil, laboral, administrativo y de familia, entre otros. Al respecto, la Directora Nacional de SENAMA, Claudia Asmad, precisó que “estamos trabajando para promover y resguardar los derechos de las personas mayores, así como el respeto de su autonomía e independencia. Desde este programa se atienden aquellos problemas que afectan a personas mayores en el ámbito civil, laboral y de familia, dando orientación e interponiendo las acciones que correspondan ante los tribunales competentes.”
Corporación de Asistencia Judicial (CAJ)
La línea especializada de asistencia jurídica para personas mayores de la Corporación de Asistencia Judicial está compuesta por duplas socio-jurídicas, integradas por un abogado/a y un trabajador/a social. Su objetivo es ofrecer atención prioritaria y representación jurídica especializada, facilitando así el acceso a la justicia y adaptando sus servicios a las necesidades particulares de este grupo, lo que contribuye a la promoción de sus derechos.
Para el patrocinio de un abogado o abogada, la CAJ proporciona apoyo de forma gratuita a personas de escasos recursos que no cuenten con los medios suficientes para costearlos. Para ello, realiza una evaluación socioeconómica por intermedio de un o una asistente social, quien determinará si la persona puede ser representada judicialmente por un o una profesional de la CAJ. Cabe destacar que la focalización socioeconómica de las personas mayores (de 60 años en adelante) se realiza de manera automática.
Entre los procedimientos que abordan, se incluye la asesoría para la interdicción, un trámite que tiene por objetivo quitar el derecho de la administración de sus bienes a una persona cuando no cuenta con las facultades mentales mínimas, designando a un curador para ejercer dicha acción.
Los servicios de orientación e información de la CAJ están disponibles durante todo el año en su sitio web y oficinas. Por ejemplo, la CAJ Metropolitana tiene competencia sobre las regiones Metropolitana, O'Higgins, Maule y Magallanes.
SERVICIO ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LA CORPORACIÓN ASISTENCIA JUDICIAL
Impacto y Avances en la Atención Jurídica
Los esfuerzos del Estado han generado un impacto tangible en la atención a las personas mayores. Tras el anuncio del fortalecimiento de estos programas, la Primera Dama sostuvo que “este es un gran día para nuestras personas mayores. Hoy lanzamos en todo Chile la incorporación de una completa atención jurídica especializada y gratuita para nuestra tercera edad”. En tanto, el ministro Hernán Larraín agregó que “mejorar el acceso a la justicia para todas las personas es un eje de nuestro ministerio”.
Las estadísticas reflejan la necesidad y el alcance de estas iniciativas: de enero a septiembre de 2020, los “Defensores Mayores” han recibido un total de 4.086 situaciones de maltrato hacia Personas Mayores, dividiéndose en 3.601 casos y 485 consultas. En tanto, las duplas socio-jurídicas de las CAJ, que comenzaron a operar en agosto, han atendido a 419 casos a la fecha, con 84 causas ingresadas a los Tribunales de Justicia.
Al respecto, la Primera Dama agregó que “el buen trato a nuestros adultos mayores es algo esencial y básico en toda sociedad. Es por ello que hemos venido tomando medidas efectivas para estar con ellos y generar un cambio en la manera en que nos enfrentamos a la vejez y también a la forma en la que tratamos a las personas mayores.” Estos avances subrayan el compromiso de mejorar las condiciones de acceso a la justicia y promover un envejecimiento digno en Chile.