Antes de que el eco de las denuncias sobre graves vulneraciones de derechos en los centros del Servicio Nacional de Menores (SENAME) y sus colaboradores se apague, es fundamental abordar un aspecto central del problema de los niños que viven institucionalizados: la supresión de su historia y el riesgo permanente al olvido.
La supresión de la historia y la negación de la existencia
Cuando un niño vive en una institución o en un hogar, la posibilidad de registrar y escribir su propia historia se ve francamente amenazada. Al pasar de un hogar a otro y ser sometido a cambios reiterados de cuidadores, los acontecimientos más importantes en la vida de los niños, aquellos de la vida cotidiana, desaparecen. De este modo, la historia de los vínculos del niño es olvidada.
El olvido como abandono
El olvido también se manifiesta en otras situaciones propias de la institucionalización. Los niños habitualmente carecen de objetos propios que den cuenta de su historia. La ropa que usan a diario es intercambiada con otros, y los regalos de Navidad son "de todos y de nadie". Mantener las pertenencias del niño es una actividad que requiere de una preocupación especial, que las instituciones no suelen realizar.
Existe una recomendación del SENAME de realizar “libros de vida” para los niños institucionalizados, pero en contados casos esto se lleva a cabo de forma sistemática y seria. Además, casi nadie está dispuesto a mantener un registro fotográfico de la familia de origen del niño. La mayor parte de las instituciones niega explícitamente conservar en el “libro de vida” del niño (si es que lo tiene) la imagen de sus padres y hermanos.
No obstante, los nuevos dispositivos tecnológicos han permitido a los progenitores fotografiar a los niños cuando los visitan en los hogares y publicar las fotos en las redes sociales, un contrapunto a esta tendencia al olvido.
Un problema aún más grave que ocultar la historia es, justamente, el olvido. Si bien toda historia requiere de ciertos olvidos, cuando este predomina, lo que está implicado es el abandono y la negación del otro; en este caso, significa sepultar la infancia de los niños, negar su existencia. El olvido imposibilita la pregunta por el origen y, lo que es aún más relevante, anula o aniquila la propia infancia. Implica la destrucción del otro a partir de la pérdida de la memoria de sus lazos significativos.
Consecuencias del olvido en el desarrollo infantil
El abandono del trabajo de memoria por parte de quienes tienen al niño bajo su cuidado implica la creación de un contexto en el que el adulto renuncia al establecimiento de un vínculo responsable. De este modo, comienzan a primar los lazos de dependencia (por interés o por necesidad) por sobre los lazos éticos o amorosos. El niño ya no puede pensarse a sí mismo como constituido históricamente con un pasado y un futuro que le pertenecen, sino que simplemente queda sometido a la presión del presente.
El niño institucionalizado sigue desarrollándose, es alimentado y abrigado, pero carece del trabajo de memoria del otro; de este modo, crece desnudo y solo. Queda expuesto y despojado cuando nadie lo ayuda a construir, con recuerdos y anécdotas, fotografías y miradas, una idea de sí mismo. Queda desprovisto del sentido del pasado, presente y futuro, y por ello los vínculos que desarrollan los niños institucionalizados son generalmente de interés más que propiamente afectivos.
La memoria del niño separado de su familia de origen es, quizás, el aspecto más relevante y decisivo que debe ser conservado y reparado desde el momento en que es institucionalizado. La urgencia y la necesidad de este trabajo son inversamente proporcionales a la capacidad representativa y de memoria del niño: mientras menor sea su capacidad de elaboración propia, mayor es la urgencia de desarrollarla por parte de los adultos a cargo. Este trabajo debe ser iniciado inmediatamente después de la separación de sus padres al ingresar a la institución.
Es dramático observar cómo los niños, al ingresar a una residencia, entran “con lo puesto”, y existen casi nulos esfuerzos por parte de las instituciones para recolectar y mantener consigo objetos, juguetes o vestuario significativos para ellos.
Cómo proteger la memoria y el papel de las instituciones
La memoria de la infancia puede protegerse a través de libros de vida, fotografías, videos y grabaciones, pero por sobre todo mediante la escritura de la infancia.
En el pasado, hubo propuestas controvertidas en el SENAME, como la indicación de que los libros “Mi Historia” de los niños fueran confeccionados por el terapeuta, con una participación marginal del niño mayor de 7 años y solo para tener una “noción general”. Esta propuesta fue calificada como un hecho grave, y diversas asociaciones de psicoterapia y personas vinculadas al trabajo con niños emplazaron al SENAME a eliminar estas indicaciones, que privaban al niño de la participación activa en su historia.
Aunque SENAME finalmente modificó estas bases, resulta preocupante que un organismo encargado de proteger a los niños haya formulado indicaciones tan inapropiadas y poco respetuosas de sus derechos. La historia de estos niños no puede seguir negándose u ocultándose, pues está inscrita en su cuerpo. Allí están las experiencias de separación, violencia o abandono, dispuestas a ser leídas por la sociedad y, con ello, comprendidas por el propio niño. La responsabilidad de los adultos y la sociedad es interpretar ese cuerpo como construido históricamente, ya que relata la historia del vínculo con otro y prefigura los futuros lazos.
La actividad que debe exigirse a las instituciones que tienen a su cargo a niños vulnerados en sus derechos es la de registro, memoria y narración de lo vivido por el niño, bajo los principios de la veracidad y honestidad. Si la historia de los niños sucumbe al olvido, la violencia y los abusos podrían volver a producirse. La invitación es a responsabilizarse por la historia de los niños de nuestra sociedad, particularmente de aquellos que han sido vulnerados en sus derechos, siendo transmisores de la memoria para luchar contra la tragedia del olvido.
Deficiencias sistémicas y falta de rendición de cuentas en SENAME
Historia de una promesa incumplida
En 1990, el SENAME puso en marcha un proyecto cuyo principal objetivo era erradicar a los niños de las cárceles, donde convivían con menores que esperaban su declaración de discernimiento por haber infringido la ley penal. Los Centros de Tránsito y Distribución serían el lugar para los niños de menor edad, vulnerados en sus derechos o infractores de ley. Sin embargo, la situación no se resolvió, y especialmente en regiones, los niños siguieron siendo derivados a secciones habilitadas para ellos en cárceles de adultos. La pregunta de esa época sobre por qué se suponía que un niño estaba más seguro en la cárcel que en la calle, sigue vigente 23 años después.
El problema no se solucionó con la Reforma Penal Adolescente, y el Estado aún debe terminar con el estigma que significa haber “pasado por el SENAME”, tal como se señaló insistentemente a comienzos de los 90.
El caos estadístico y la falta de transparencia
La opacidad en las cifras es una de las mayores deficiencias del sistema. Tras solicitar el Ministerio Público el detalle de la información, la Defensoría de la Niñez logró determinar que de las 878 muertes de niños, niñas y adolescentes registradas al interior de la red SENAME entre enero de 2005 y julio de 2016, solo 347 casos fueron conocidos por la Fiscalía y únicamente 200 de ellos fueron investigados. En un caso que tiene más de 10 años y ya sobreseído una vez, la justicia aún no ha sancionado a nadie.
El Comité de los Derechos del Niño de la ONU afirmó, en 2018, que el Estado de Chile es responsable de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes bajo cuidado estatal. Este organismo recomendó establecer mecanismos de reparación para las víctimas, priorizando su derecho a ser oídas, expresar su dolor y desarrollar un plan de acción de reparación.
En 2020, la Defensoría de la Niñez recomendó al gobierno la creación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación, liderada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para establecer con claridad los graves hechos de violación a los derechos humanos en las residencias de protección del SENAME o sus organismos colaboradores, petición que no obtuvo respuesta del Poder Ejecutivo de la época.
Respecto al número de menores vulnerables fallecidos bajo la tutela del Estado, la realidad es que no se sabe con certeza. Un informe del Ministerio de Justicia indicó 185 muertes entre 2005 y mayo de 2016, pero un reporte de UNICEF reveló que la cifra de fallecimientos durante 2010 era cinco veces mayor a la reportada. El gobierno chileno aclaró que la cifra solo incluía a menores del área de “protección”. El sistema chileno se divide en dos grandes áreas: “protección”, para menores vulnerados cuyas familias no pueden hacerse cargo, y una segunda parte que se encarga de recibir a niños infractores de la ley.
Un análisis de los anuarios oficiales del SENAME de 2010 a 2014 arrojó 318 fallecimientos, los que, sumados a 77 de la lista de Justicia para ese período, darían un total de 395. Sin embargo, el número oficial no parece confiable ni siquiera para quienes lo publicaron. Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del SENAME, señala que las cifras pueden estar replicadas, ya que si un niño ingresa a distintos programas y muere, su muerte podría ser contabilizada como egreso en todos ellos.
Condiciones inadecuadas y personal sin capacitación
Más allá de los números exactos, lo que ha quedado en evidencia tras una serie de investigaciones es un sistema en el que los niños vulnerables son cuidados por personal sin ninguna capacitación, ni siquiera en primeros auxilios, y que ha recibido quejas por maltratos, sobremedicación y negligencia en el cuidado de los menores.
María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, asegura que el sistema está "en estado terminal". El diputado René Saffirio, quien presidió la primera comisión investigadora del Congreso chileno sobre las irregularidades del SENAME y presentó 200 medidas urgentes que “ninguna se han cumplido”, enfatiza que el Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, no sabe cuántos niños hay en sus establecimientos, ni cuántos han fallecido o cuáles son sus causas.
Ortiz señala que "este no es un tema solo del servicio, sino del conjunto de la sociedad, porque durante 25 años el gobierno, el Legislativo, el Poder Judicial, la sociedad en su conjunto no se ha hecho cargo de los niños. Y en el caso especial de estos niños, menos todavía porque son los más pobres de los pobres. No marchan, no votan, no exigen."
Casos emblemáticos de tragedia y negligencia
El caso de Guillermina
Guillermina, de 16 años, llegó a un Centro de Protección Alborada a las 04:19 de la mañana, traída por un policía, “medio vestida” y con dinero. Según la querella por cuasidelito de homicidio presentada por su familia, se resistió al reingreso violentamente, forcejeando y arrojando objetos al personal. Cuando lograron calmarla, la acostaron en la parte baja de un camarote. Menos de media hora después, Guillermina fue encontrada colgada con sus propios cordones. No era la primera vez que intentaba suicidarse.
Contrario a todo protocolo internacional de manejo de menores vulnerables, Guillermina no fue llevada a un hospital para determinar qué sustancia la tenía en ese estado y estabilizarla, ni para un chequeo completo. La única lesión constatada fue una herida en su rodilla, según el abogado querellante Oliver Pérez.
La querella no prosperó, y la muerte de Guillermina en agosto de 2012 quedó registrada como un número más en la lista de lo que el SENAME llama "egresos" de su sistema, equiparando el término de la vida de un niño con su escape o reinserción familiar.
El factor Lissette y las causas de muerte
Actualmente, más de 8.000 niños han sido separados de sus familias y están internados en centros del SENAME, considerados los casos más "críticos". Las causas de muerte determinadas por algunas autopsias son variadas y sorprenden por su grado de violencia. Entre los resultados, se encuentran lactantes o preescolares ahogados con sus propios fluidos (gástricos o respiratorios), un menor fallecido por un golpe en la cabeza tras caer de altura, homicidios y suicidios por ahorcamiento.
En esta lista, una causa "indeterminada" de muerte fue la que detonó la crisis por los fallecimientos: la de Lissette. De sus 11 años, Lissette pasó más de la mitad entrando y saliendo de centros dependientes del SENAME. Desde los 5 años, la justicia decidió que sus padres no estaban capacitados para hacerse cargo, y la evaluación del SENAME incluyó maltrato físico y psicológico, además de abuso sexual y abandono. Aun así, la menor le escribía cartas a su madre pidiéndole volver a casa.
En el centro donde estaba internada, Lissette era conocida por sus episodios de rabia y "pataletas". El lunes 11 de abril, pasadas las 20 horas, las cuidadoras pensaron que la crisis que vivía Lissette era otra de sus "pataletas". Según el testimonio de una de ellas, en medio de una crisis, la niña se golpeó la cabeza y comenzó a sangrar; al intentar levantarla, se dio cuenta de que se había desvanecido. Ni ella ni su compañera a cargo de las 20 niñas de esa casa tenían conocimientos en primeros auxilios, ni estudios superiores o técnicos. Para cuando se dieron cuenta de la gravedad, intentaron reanimarla y buscaron ayuda, pero Lissette ya estaba muerta.
Nuevamente, no se aplicó ningún protocolo acorde con los parámetros internacionales. La entonces directora del SENAME, Mariela Labraña, atribuyó el fallecimiento a una "crisis emocional" causada por la ausencia de un familiar cercano, una explicación que le costó el puesto por ser insatisfactoria y poco ética.
El problema de la sobremedicación
El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, sostiene que la menor estaba sobremedicada. Se le administraba una benzodiazepina en una cantidad que actuaba como antipsicótico, en lugar de un estabilizador del ánimo. Además, estuvo expuesta a antidepresivos por años, a pesar de que, a excepción de la fluoxetina, no está demostrado que hagan efecto en niños. Por el contrario, la sertralina, otro de los fármacos que tomaba Lissette, puede tener un efecto adverso en menores, volviéndolos "más agresivos, impulsivos e irritables".
Francisco Estrada asegura que la "poca prolijidad" en la manipulación de estos medicamentos en los centros es "generalizada", con problemas graves de dosificación y riesgo de que los adolescentes no tomen las dosis correctamente. El senador Alejandro Navarro afirmó que "el 63% de los niños están con tratamiento farmacológico y más de 3.000 niños están sin la debida atención médica de personal especializado."
Esta situación se extiende más allá de las puertas del SENAME. Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región, pero carece de camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil. Guillermina, por ejemplo, tenía un historial de consumo de alcohol, drogas y depresión, además de un embarazo adolescente, pero nunca fue diagnosticada con una patología psiquiátrica grave. La escasez de psiquiatras infantojuveniles, que en su mayoría prefieren el sector privado, deja regiones enteras sin atención especializada.
Hacia una solución: propuestas y desafíos futuros
Según el análisis de Estrada, una solución definitiva para el problema se basa en tres pilares:
- Apoyo y seguimiento psiquiátrico adecuado: Necesidad de unidades polivalentes con niños adecuadamente medicados, personal dedicado y trabajo con las familias, en lugar de aislarlas.
- Reunificación familiar como objetivo final: Los niños son internados por pobreza, con padres que a menudo también fueron maltratados. La solución no es separarlos, sino romper el círculo vicioso, entregando herramientas y acompañamiento a las familias. Muchas veces, quienes toman las decisiones tienen baja formación y optan por la internación como la opción más fácil. Estela Ortiz cuestiona por qué no hay niños de niveles socioeconómicos altos en instituciones del SENAME, sugiriendo una estigmatización de la pobreza.
- Defensa jurídica adecuada: Los niños deben contar con una defensa que vele por el cumplimiento de los actores del proceso. Existe una diferencia sustancial entre los menores infractores de ley, que suelen tener "muy buenos defensores", y aquellos que llegan a los tribunales de familia por vulneración de derechos, quienes a menudo son atendidos por abogados jóvenes para quienes el niño es más un trámite burocrático que un sujeto de derecho.
A mediano plazo, el Consejo para la Infancia proyecta cerrar el SENAME y realizar una transición hacia un nuevo servicio, con la esperanza de que quede establecido en el gobierno actual. No obstante, "el problema es que los niños no pueden esperar". No existen cifras claras del total de menores bajo la tutela del SENAME, ya que el 90% de las instituciones que los acogen son administradas por privados, y las de administración directa no están protocolizadas. Se necesitan medidas urgentes, como la implementación de vehículos equipados para el transporte de los menores.
Iniciativas de intervención: El Programa 24 Horas
El Programa 24 Horas, diseñado en 2009 e implementado en 2010, es una iniciativa intersectorial entre la Subsecretaría de Carabineros, el Servicio Nacional de Menores (dependiente del Ministerio de Justicia) y la Subsecretaría de Prevención del Delito (dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública). Los Centros 24 Horas actúan como la puerta de entrada al programa en diversas ciudades chilenas (Arica, Iquique, Alto Hospicio, Antofagasta, Calama, Copiapó, Coquimbo, Valparaíso, Viña del Mar, Rancagua, Talca, Los Ángeles, Temuco y Puerto Montt).
Su focalización es barrial o comunal y se inserta en el territorio, planteándose como un modelo de gestión territorial intersectorial. Se espera que los proyectos trabajen en complementariedad en los casos donde participe más de una modalidad y que las intervenciones generen sinergia con otros programas. La gestión territorial es un elemento central del programa, sirviendo de enlace entre el diseño y la implementación.