La profunda crisis que atraviesa el sistema de protección de la infancia en Chile, ejemplificada por la situación del Servicio Nacional de Menores (Sename), ha puesto de manifiesto la urgencia de replantear el enfoque y las estrategias para garantizar el bienestar de niños, niñas y adolescentes. Si bien la falta de voluntad política y la insuficiencia de recursos han sido señaladas como causas fundamentales, es crucial reconocer que la protección de la infancia es una responsabilidad compartida por toda la comunidad, sin diluir la ineludible obligación del Estado.
La Crisis del Sename: Un Contexto Problemático
El Servicio Nacional de Menores (Sename), creado en 1979 durante la dictadura militar, ha funcionado históricamente bajo un paradigma tutelar, enfocado en "reinsertar, rehabilitar y reparar los derechos" de los menores. Sin embargo, la realidad de los centros de administración directa y de sus organismos colaboradores ha estado marcada por graves falencias. La precariedad de la infraestructura, la falta de personal adecuado y un mecanismo de financiamiento "perverso" que incentiva la permanencia de los niños en el sistema (pago por niño/día atendido) son solo algunos de los problemas estructurales.
La crisis se ha visto agravada por casos emblemáticos, como el fallecimiento de Lissette Villa, que expusieron irregularidades y abusos. Las cifras de decesos en centros dependientes del Sename, que ascienden a cientos en poco más de una década, son un sombrío reflejo de la vulneración de derechos y la afectación emocional, social y económica que sufren los menores.
En Chile, la práctica generalizada de proteger a través de la separación familiar y la internación, conocida como "institucionalización", contraviene los convenios internacionales ratificados por el país. A pesar del consenso entre especialistas sobre la necesidad de que el tránsito por estas instituciones sea breve (no más de dos años), la realidad dista mucho de ello, dejando huellas imborrables en los niños.
La Institutionalización por Pobreza y la Discriminación Social
Una de las críticas más profundas al sistema actual es la tendencia a la "institucionalización por pobreza". Se observa una marcada diferencia en cómo se interpretan ciertas situaciones: un hecho que en familias de nivel social acomodado se tolera, en sectores de menores recursos se cataloga como "negligencia parental". Esta aparente discriminación sugiere que los criterios de intervención no consideran adecuadamente el contexto de exclusión social y económica que enfrentan muchas familias.
Numerosos estudios y experiencias de juezas de familia indican que una gran parte de los niños en el sistema de protección no fueron maltratados ni abusados, sino que sus familias requieren apoyo adecuado para superar dificultades económicas y sociales. La internación, en estos casos, opera veladamente como una sanción que culmina en la privación del medio familiar, sin abordar las causas subyacentes.
"Un mismo hecho que en personas de nivel social acomodado se interpreta con cierta tolerancia, para personas de otros sectores se cataloga como 'negligencia parental'."
Hacia un Nuevo Paradigma: Familias, Comunidad y Estado
La protección de la infancia no puede limitarse a la internación o la adopción como únicas soluciones. Se requiere un cambio de paradigma que ponga el foco en el fortalecimiento de las familias y la comunidad, con un Estado que cumpla su rol de garante y proveedor de apoyo.
El Rol Fundamental de la Familia y la Comunidad
La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, y los esfuerzos estatales deben priorizar que el niño permanezca o regrese al cuidado de sus padres o familiares cercanos. Las instituciones no pueden suplir la necesidad básica de un vínculo familiar. Por ello, es esencial abandonar la mirada fiscalizadora y sancionadora hacia las familias, comprendiendo el contexto en el que se desenvuelven y las causas de sus conflictos.
Se necesita una comunidad solidaria que acoja a niños y niñas, no necesariamente para adoptarlos, sino para brindar apoyo a familias que atraviesan dificultades. El concepto de "acogimiento familiar" emerge como una alternativa crucial, permitiendo que una comunidad solidaria se involucre en el cuidado temporal de menores, liberando a las residencias para aquellos casos que requieren atenciones especializadas.
La Adopción como Último Recurso
La adopción, consagrada en la ley como una medida excepcional, solo debe considerarse cuando la familia de origen es incapaz de satisfacer las necesidades del niño. La ley exige verificar la inhabilidad de los padres y agotar todos los esfuerzos para habilitar a la familia de origen y extensa antes de recurrir a esta medida. Los procesos de adopción, a menudo percibidos como lentos, pueden verse complejizados por la falta de trabajo con la familia de origen y la intervención de partes interesadas.
El Nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada
La reestructuración del sistema ha llevado a la creación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, un servicio público descentralizado con personalidad jurídica propia. Sus principios rectores incluyen el interés superior del niño, la igualdad, la no discriminación, la autonomía progresiva, la perspectiva de género, la inclusión, la protección social y la participación efectiva.
Funciones y Modalidades de Atención
- Garantizar la protección especializada de niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos.
- Asegurar la provisión y ejecución de programas especializados para casos de mediana y alta complejidad.
- Actuar con un enfoque de derechos, acorde a la dignidad humana.
- Proveer prestaciones asegurando la oferta pública en todas las regiones, por sí o a través de terceros.
- Establecer un registro de colaboradores acreditados y supervisar su accionar.
Las líneas de acción del nuevo Servicio incluyen el diagnóstico clínico especializado, intervenciones ambulatorias de reparación, fortalecimiento y vinculación, cuidado alternativo y adopción. Los programas se diseñarán en base a evidencia técnica y territorial, y se contemplará una unidad de fiscalización para aplicar sanciones a los colaboradores acreditados.
Desafíos Pendientes y la Necesidad de una Política Integral
A pesar de los avances, persisten desafíos significativos. La falta de una política integrada para la infancia, la lenta tramitación de leyes como la Ley de Garantías de la Infancia, y la necesidad de elevar los estándares de atención en los recintos residenciales (reducir la cantidad de niños por residencia, mejorar la infraestructura, asegurar profesionales idóneos) son temas urgentes a abordar.
Se requiere una profunda reflexión sobre la pedagogía a ejercer con niños y niñas vulnerados, una pedagogía que mire al sujeto, sea consciente de él y lo invite a construir desde sus necesidades. Asimismo, es fundamental evitar la "lógica de patrón de fundo" de un Estado tutelar y reconocer que tanto la infancia infractora de ley como aquella que ha sufrido maltrato son responsabilidad de toda la sociedad.
La crisis del Sename no es solo una crisis institucional, sino una crisis de la política social de la infancia, un reflejo de décadas de abandono negligente. Para lograr una efectiva intervención, es imprescindible desarrollar un buen diagnóstico y una intervención personalizada, con información integrada en todos los niveles: salud, educación, comunidad y redes.
