La colusión del papel higiénico, un escándalo que sacudió a Chile, involucró a las empresas CMPC y SCA, las cuales acordaron cobrar precios superiores a los competitivos en los productos denominados papel tissue durante al menos diez años. Este caso, que inició con una denuncia de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), derivó en un acuerdo compensatorio para los consumidores.
El 28 de octubre de 2015, la FNE acusó a CMPC y PISA (hoy SCA) de repartirse el mercado y mantener altos los precios del papel de uso doméstico. CMPC reconoció las prácticas anticompetitivas y se autodenunció, acogiéndose a la figura de la delación compensada.
UCV TV NOTICIAS CENTRAL (29-10-2015) - Escándalo por colusión en el mercado de papel tissue
El Acuerdo Compensatorio y su Monto
Inicialmente, el daño a los consumidores fue tasado en US$510 millones por la ex economista de la FNE, Andrea Alvarado, considerando un sobreprecio promedio del 20%. Sin embargo, la cifra final acordada para la compensación se redujo a US$150 millones (unos $97.647 millones), depositados por CMPC en BancoEstado en marzo de 2017. Esta reducción se debió a que los análisis posteriores se centraron solo en los productos directamente afectados por la colusión, que no abarcaban todo el portafolio de las compañías.
El acuerdo consideraba una devolución de los dineros que se estimaba que la CMPC cobró de más durante la década de colusión. Además, se estableció que, una vez ejecutoriada la sentencia y efectuado el pago de las compensaciones, las organizaciones de consumidores recibirían el reembolso de los gastos incurridos en el juicio, incluyendo estudios económicos y honorarios de abogados.
Retrasos en la Distribución de la Compensación
A pesar del acuerdo anunciado el 27 de enero de 2017 por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), las organizaciones de consumidores Conadecus y Odecu, y CMPC, la distribución de los $7.000 por persona ha sufrido retrasos significativos. Las argucias judiciales han paralizado la entrega, y lo que debió ser un proceso ágil se ha extendido más allá de lo previsto, incluso posponiendo el epílogo a una futura administración gubernamental.
Causas de la Judicialización
La paralización de la entrega de los fondos se debe principalmente a una "litigación excesiva e injustificada de ciertos actores que no fueron parte de la mesa del acuerdo ni de la conciliación". Estos actores, identificados como el abogado Jaime Moraga Carrasco, representante de tres comunidades mapuches de la Araucanía, y la Asociación de Consumidores de Chile (Asocochi), han presentado múltiples recursos judiciales.
- El abogado Moraga interpuso recursos de apelación y casación, argumentando que el Sernac no respetó los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT, referentes al deber de consulta y el derecho de participación de los pueblos indígenas.
- La Asocochi también presentó recursos, buscando un espacio en la negociación.
Estas acciones legales, aunque en su mayoría rechazadas, han impedido que se cumpla la condición clave para el pago: el cierre de todas las causas pendientes. La preocupación de algunos protagonistas es que la judicialización busca reabrir la negociación para obtener una "tajada del monto" o que CMPC "abra un poco más la billetera" para blindarse ante futuras demandas.
Proceso y Requisitos para Cobrar los 7.000 Pesos
El pago de los 7.000 pesos comenzará el 1 de agosto próximo, y para ello, se ha habilitado la página web www.micompensacion.cl.
Beneficiarios Prioritarios (sin necesidad de inscripción):
- Personas que reciben pagos mensuales y permanentes del Instituto de Previsión Social (IPS, ex INP).
Público General Restante:
- Deberán inscribirse en www.micompensacion.cl.
- Podrán cobrar su compensación en una CajaVecina, en el plazo que se informará al momento de su inscripción.
- Es crucial inscribirse, ya que, aunque se cumplan los requisitos, sin inscripción no se recibirá la compensación.
El acuerdo compensatorio establece que los intereses generados por el depósito de los $97.647 millones se utilizarán para pagar los costos de la operación. Transferir el dinero a cada chileno mayor de 18 años presenta desafíos logísticos y económicos, como la falta de bancarización de parte de la población y los costos asociados a las transferencias masivas y extracciones en cajeros.