SANTIAGO.- Las problemáticas en el Servicio Nacional de Menores (Sename) en Chile, especialmente en lo que respecta al retraso en los sumarios administrativos y la protección de los derechos de niños, niñas y jóvenes (NNA), han sido objeto de denuncias recurrentes por parte de exdirectivos y organismos colaboradores.
Retraso en Sumarios por Maltrato y sus Causas
Esteban Elórtegui, ex director regional del Sename en Valparaíso, describió la complejidad de instruir sumarios, especialmente en casos de denuncias por maltrato a NNA. Según Elórtegui, muchas veces se acusaba persecución, un sesgo contra el personal de trato directo o que las denuncias eran inventos de las víctimas. "El panorama se tornaba ya en conflicto, se producían movilizaciones (desde manifestaciones con lienzos hasta paros y tomas) cuando se aplicaba la medida preventiva de suspensiones de funcionarios por parte de los fiscales, atendidos los antecedentes que tenían a la vista", señaló.
Un informe de "El Mercurio" del 12 de noviembre pasado reveló que de 180 sumarios por maltrato en los últimos 10 años, solo 8 habían concluido en sanciones, 78 estaban sobreseídos y 54 aún se encontraban en etapa indagatoria, evidenciando un grave retraso.
Razones del Retraso y Obstaculización
Elórtegui atribuye el retraso en el cierre de estos procesos a nivel nacional a dos razones principales:
- Falta de preparación de los fiscales: "Por un lado, los fiscales son funcionarios del servicio. Por regla general, no son abogados, por lo que deben cumplir el cometido funcional junto con sus labores habituales. Entonces el funcionario no les da prioridad en su quehacer, al ser una tarea accesoria y vista como una pesada carga", explicó. La falta de conocimientos y destrezas jurídicas, sumado a la interrupción de sus labores habituales y las presiones de las asociaciones, dificulta su trabajo.
- Presión de dirigentes sindicales: "La otra razón fundamental para la demora radica en la presión que ejercen los dirigentes del Frente de Trabajadores”, quienes “entorpecen los procedimientos y presionan a todo nivel a las duplas psicosociales, supervisores, directivos de los centros, dirección regional y dirección nacional", aseguró Elórtegui. También denunció que los dirigentes "intentan -con bastante éxito- que los denunciantes, que son muchas veces los mismos niños, niñas y jóvenes víctimas, se retracten".
Otro punto que dificulta llegar a un resultado es que "los sumarios deben reabrirse muchas veces, ya que faltan diligencias por desarrollar o contienen errores".
Propuestas para Mejorar los Procesos
El ex director regional plantea como medida urgente contar "con fiscales que sean abogados, competentes, autónomos, plenamente dedicados a los sumarios". Además, enfatiza en que el servicio debe ser "profundamente intervenido" cuanto antes, para "velar oportuna y eficazmente por los derechos de los niños, niñas y jóvenes bajo el cuidado del Estado".
El Sename, bajo la dirección de la ex fiscal Solange Huerta, ha señalado estar en un proceso con metas a corto, mediano y largo plazo para cerrar los sumarios administrativos pendientes.
El Sistema de Protección de la Infancia en Chile: Deficiencias Estructurales
La protección de la infancia en Chile ha utilizado históricamente la internación en residencias, un mecanismo que, aunque busca resguardar a los NNA del maltrato y la negligencia familiar, puede generar nuevas formas de vulneración y violencia institucional. Cada año, cerca de quince mil niños son atendidos en estos centros, enfrentando no solo la ruptura de vínculos familiares, sino también prácticas que pueden ser percibidas como un castigo.
La separación de un niño de su familia de origen es una medida excepcional y transitoria, debido a sus graves efectos psicológicos. Sin embargo, en Chile, la internación ha sido un recurso frecuente desde 1758, extendiéndose en muchos casos a períodos prolongados, superando el promedio de 2,7 años de permanencia observado en estudios anteriores. Las condiciones de visita, a menudo con horarios restringidos y espacios inadecuados, dificultan la promoción de relaciones familiares saludables, exacerbando la sensación de castigo en los niños y sus familias.
Esta adversidad generalizada crea un entorno de desconfianza y dificulta el desarrollo de lazos de apoyo y solidaridad necesarios para la restitución de derechos vulnerados. La internación residencial, en su afán por proteger, puede replicar y actualizar la violencia sobre NNA, familias y profesionales.
Conferencia: “Desafíos de la legislación chilena para la protección de la niñez y adolescencia”.
La Desconfianza y el Silenciamiento
La frecuente aparición de situaciones de vulneración en residencias, seguida de negación y silenciamiento, evidencia un sistema de protección segregado, donde la desconfianza impera entre organismos colaboradores, el Sename y el Poder Judicial. Un proyecto que considere a los NNA como sujetos plenos de derechos debe evitar la infantilización, reconociendo su dimensión política y abordando el problema más allá de la eficiencia o el voluntarismo.
Abordar el maltrato infantil y las vulneraciones institucionales requiere una reflexión profunda sobre el lugar de los NNA en la sociedad y el contexto en el que se reproduce la violencia. La reparación de los derechos vulnerados no se limita a suplir carencias afectivas o materiales, ni a sustituir adultos o familias. Implica la participación de la familia, educadores, profesionales, directivos y la comunidad, permitiendo que el niño sea reconocido como un sujeto, más allá de su historial y estigma.
El Derecho a la Educación en Centros del Sename
El derecho a la educación, herramienta fundamental contra la injusticia, es sistemáticamente negado a NNA en centros del Sename. A pesar de los avances en cobertura educativa, este derecho sigue siendo esquivo para miles de jóvenes que sufren vulneraciones y transitan por centros del Sename, residencias o incluso cárceles.
Profesores e investigadores señalan que la educación, vista como un mecanismo de reinserción y ejercicio de ciudadanía, no ha sido adecuadamente considerada en estos casos. El proceso educativo para menores de 18 años en situación de vulnerabilidad o infractores de ley, que deberían incorporarse a procesos educativos regulares y programas de protección especializada, enfrenta serias dificultades.
Retraso Escolar y Falta de Apoyo
Un informe de la ONU revela que un 19,8% de los NNA en estos centros presentan retraso escolar, y de ellos, el 21,7% no recibe apoyo en tareas. Un 7% no sabe leer o escribir, y un porcentaje similar no asiste a la escuela.
La mayoría de estos NNA asisten a escuelas públicas donde el personal no está capacitado ni sensibilizado para su situación particular. En algunos casos, las propias residencias cuentan con aulas escolares, lo que genera aislamiento social y no contribuye a compensar los efectos de las vulneraciones, afectando gravemente su desarrollo educativo.
Desafíos en Financiamiento e Infraestructura
No existen políticas estatales sistemáticas para garantizar el acceso a la educación en estos contextos. Informes del INDH señalan que la subvención para centros cerrados del Sename es inferior a la educación regular, y la entrega de recursos depende de la asistencia, un factor variable. Además, los establecimientos de educación para adultos no pueden postular a la Subvención Escolar Preferencial.
Muchos centros del Sename solo acceden a Proyectos de Reinserción Educativa que deben concursar anualmente. La infraestructura suele ser deficiente y los docentes carecen de preparación para atender a población privada de libertad o en contextos de vulnerabilidad. Los centros de formación docente no preparan para estas realidades, recayendo la especialización en el propio trabajo diario de los educadores, en condiciones laborales precarias.
La Violencia Hacia Profesores: Un Fenómeno Persistente
La violencia hacia los profesores se ha consolidado como un fenómeno permanente, que en dos décadas no ha contado con un desarrollo político, normativo o investigativo suficiente. La falta de estadísticas nacionales precisas, debido a que las denuncias se mezclan con otros agentes educativos, dificulta la dimensión exacta del problema, a pesar de sus graves consecuencias en el bienestar de los profesionales y en el sistema educativo.
La violencia escolar, entendida como agresiones que transgreden los propósitos educativos, se desarrolla principalmente entre miembros de la comunidad educativa. El éxito de un sistema educativo depende en gran medida del profesorado, quienes requieren redes interpersonales de apoyo para enfrentar un trabajo que, como postula Tenti (2009), es "un trabajo con y sobre los otros".
Estadísticas y Tipos de Agresión
Estudios nacionales han revelado la magnitud de la violencia en el ámbito escolar:
- La Encuesta Nacional de Violencia (2006) indicó que un 31,5% de los docentes declararon haber sido agredidos en el último año, siendo la agresión psicológica la más frecuente (45%), proveniente en un 24% de estudiantes. Los docentes de establecimientos municipales son los más afectados.
- La Encuesta Nacional de Violencia en el ámbito escolar (2010) señaló que el 11,8% de los profesores fueron víctimas de agresión en el establecimiento, incluyendo violencia mediante el uso de celulares e internet.
- La Encuesta Nacional de Violencia Escolar (2014) observó un aumento sostenido de agresiones a profesores, distinguiendo entre verbales, físicas y sociales.
Marco Legal y Políticas de Prevención
Diversas leyes buscan abordar la violencia escolar, como la Ley N° 20.084 sobre Responsabilidad Penal Adolescente, la Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar y la Ley N° 21.128 de Aula Segura, que vela por la integridad física y psíquica de la comunidad educativa. Sin embargo, la categorización de las denuncias en la Superintendencia de Educación, que incluye "acoso o violencia hacia profesores y/o asistentes de la educación", limita una aproximación precisa al fenómeno específico de la violencia docente.
La investigación sobre violencia hacia profesores es fundamental para generar conocimiento, visibilizar el problema y desarrollar estrategias de intervención. Es necesario impulsar políticas y medidas que reconozcan la singularidad de estas violencias y su impacto en el sistema educativo.
Mecanismos de Denuncia y Apoyo
En caso de presenciar o ser víctima de una vulneración de derechos, es fundamental realizar la denuncia ante el órgano competente. Para el área de Educación, la Superintendencia de Educación es la entidad encargada. Para el área de Salud, la Superintendencia de Salud protege y promueve los derechos relacionados con el sistema de salud. La Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) ofrece orientación e información, y para personas de escasos recursos, proporciona apoyo gratuito para la tramitación de juicios, previa evaluación socioeconómica.
Retraso en Pagos a Organismos Colaboradores
El artículo 80 bis de la Ley 19.968 que crea los Tribunales de Familia, faculta a los juzgados a enviar a niños vulnerados a los programas de protección a cargo de organismos colaboradores (Ocas) de la sociedad civil e instituciones sin fines de lucro. Esta medida obliga a los Ocas a abrir vacantes para dar atención a estos menores.
Sin embargo, el retraso en el pago por ello desde el Servicio Nacional de Menores (Sename) ha sido un constante problema para el normal funcionamiento de estas instituciones privadas, debido al retraso permanente en los pagos desde el Estado. Los montos impagos, según información a la que accedió La Tercera vía Ley de Transparencia, alcanzan a la fecha los $ 5.361.750.219. Del total, casi $ 1.300 millones se arrastran por atenciones prestadas entre 2013 y 2017, mientras que $ 4 mil millones corresponden a 2018. El organismo colaborador al cual más se debe es la ONG Proyecta, lo siguen Corporación Opción, con una deuda de $ 566 millones y Fundación Ciudad del Niño, con $ 411 millones.
| Organismo Colaborador | Deuda (Pesos Chilenos) |
|---|---|
| ONG Proyecta | Mayor deuda |
| Corporación Opción | $ 566.000.000 |
| Fundación Ciudad del Niño | $ 411.000.000 |
| Otros Ocas | Resto del total |
Pese al número actual, la directora del Sename, Susana Tonda, destacó que la deuda histórica es casi inexistente en la actualidad, en comparación a lo que ocurría en años anteriores. Tonda enfatizó que los montos que quedan por pagar corresponden en su mayoría a servicios prestados en 2018, con un retraso de dos meses, propio de la revisión que se da al cumplimiento de los privados. Además, explicó que estos dineros son principalmente de programas ambulatorios y de familias de acogida y no así en el caso de las residencias.
Sin embargo, aseguró que los recursos actuales del servicio no alcanzarán para toda la demanda que habrá en 2018. "El 80 bis crece y vamos a requerir dineros adicionales para cumplir este año", indicó. Para evitar que esta situación no se repita, Tonda anunció que a partir del próximo año esta realidad debería cambiar con el rediseño de los programas ambulatorios que preparan junto a la Universidad Católica, supervisados por la Unicef.
Rol Subsidiario y Críticas al Financiamiento
El rol de los organismos colaboradores y los recursos que el Estado traspasa a estas instituciones es otro de los aspectos que se evalúan en el informe elaborado por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que se conoció el lunes recién pasado y que estableció de manera categórica que Chile ha violado grave y sistemáticamente los derechos del niño durante 40 años.
El organismo cuestiona la "visión caritativa de la acción del Estado (...), muy lejos de la obligación jurídica de poner los recursos necesarios para garantizar los derechos". En este sentido, el documento critica que la transferencia a los Ocas tenga un tope máximo del 65% del costo por niño, lo cual obliga a estas organizaciones a "financiar el resto organizando actividades filantrópicas".
En este cuestionamiento coinciden actores de la sociedad civil y autoridades. Para Teresa Izquierdo, coordinadora de la Mesa Técnica de Residencias, "la subvención que nos dan no alcanza para atender con calidad lo que necesitan los niños. Se necesita entender que la atención a la infancia vulnerable es una UCI y no un consultorio". De acuerdo a Candy Fabio, vocera de Unicef, "está instalado que la subvención que establece el Estado no es suficiente para la atención digna que requieren los niños vulnerados en sus derechos".
La especialista apuntó que el problema surge en la alta cantidad de niños que son separados por su familia. "Esto debiese ocurrir cuando hay graves vulneraciones de derechos. Si se hiciera un trabajo con las familias, habría menos niños internados", señaló Fabio.
La directora del Sename coincide con el diagnóstico de Naciones Unidas e indicó que "como servicio no estamos entregando los recursos que se necesitan". Tonda destacó que la Mesa de Acuerdo Nacional por la Infancia acordó un cambio en el modelo de financiamiento del sistema de protección, lo cual será trabajado próximamente. "Tenemos que redefinir los estándares y cuál es la estructura de financiamiento más adecuada, con los incentivos apropiados. A ello debemos sumar cambios en el modelo de intervención y de supervisión".
En la actualidad, el Congreso discute el proyecto del gobierno que contempla un aumento del 25% en el tope de la subvención para los organismos colaboradores. Pese a valorar el cambio, desde el sector privado reconocen que aún ello es insuficiente. "Un trabajador por trato directo gana 16% más que el sueldo mínimo, con toda la responsabilidad de cuidar a un niño.
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