La historia de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en Chile ha estado marcada por la controversia, especialmente en torno a la transparencia y la rentabilidad de un sistema que, si bien es cautivo, genera cuantiosas ganancias para sus dueños. En este contexto, la victoria judicial del ciudadano Esteban Rodríguez González contra la Superintendencia de Pensiones (SP) representa un paso crucial hacia la apertura de la "caja negra" que guarda los detalles del manejo de los fondos previsionales chilenos.
El Sistema de AFP en Chile: Un Negocio Cautivo y Rentable
La normativa actual en Chile configura lo que el economista Andrés Solimano denomina un "corralito legal". Los fondos previsionales quedan confinados en el sistema, impidiendo a los trabajadores moverlos hacia administradores sin fines de lucro. Por esta administración, las AFP cobran una comisión, deducida del salario imponible del trabajador, definida como un "costo de administración". No es la única comisión; también se cobra un porcentaje por el pago de la pensión (en casos como Retiro Programado o Renta Temporal) y por la administración del Ahorro Previsional Voluntario (APV).
Las comisiones pagadas por los cotizantes pueden alcanzar un volumen relevante en relación con los ingresos ordinarios de las AFP. Este negocio cautivo se ha mostrado altamente rentable. Sus ingresos cubren las operaciones y dejan un saldo de ganancia significativo para la industria. Por ejemplo, en los primeros 90 días de un año, las seis AFP del sistema han llegado a generar ganancias diarias por $1.290 millones. A pesar de años de bajo crecimiento económico y el debate sobre las bajas pensiones, la prosperidad de las AFP no se ha detenido; entre marzo de 2016 y marzo de 2017, las ganancias de sus dueños se incrementaron en un 42%. Actualmente, 5.281.494 trabajadores cotizan en las AFP, de los cuales el 97,4% son dependientes.
Rentabilidad y Concentración del Mercado
Un aspecto central que explica la riqueza acumulada en este negocio es la baja cantidad de competidores que se disputan el 10% del sueldo de los trabajadores. Entre 1981 y 2017, la cantidad de AFP experimentó un crecimiento inicial para luego reducirse drásticamente. En 1990 existían 14 AFP, alcanzando un máximo de 21 administradoras entre 1993 y 1994. La fuerte apertura internacional y el creciente volumen de capital de los fondos de pensiones despertaron el interés de compañías extranjeras en el mercado previsional chileno.
Para evaluar el volumen de ganancias, es útil observar la rentabilidad sobre patrimonio, que mide la utilidad de la empresa en relación con su tamaño. Todas las AFP aumentaron sus ganancias entre 2016 y 2017. A marzo de 2017, tres compañías de seguro estadounidenses (Metlife, Prudential y Principal Financial) controlaban el 73,2% de los activos, equivalente a US$136.328 millones, lo que representa aproximadamente el 54% del PIB nacional.
¿Quiénes están Detrás de las AFP?
Las estructuras accionarias de las AFP son complejas y revelan la concentración de la propiedad:
- AFP PlanVital: En marzo de 2016, reportó exiguas ganancias ($57.917.000). Su memoria institucional de 2016 indica que Asesoría e Inversiones Los Olmos S.A. acumula un 86% de sus acciones.
- AFP Modelo: Aumentó sus ganancias en un 46% entre 2016 y 2017. El 86,53% de sus acciones se reparte entre Inversiones Atlántico Limitada (55,57%), Inversiones Atlantico-A Limitada (17,47%) e Inversiones Atlantico-B Limitada (13,49%). Esta AFP administra la menor cantidad de activos de fondos de pensiones (3,8%, equivalente a US$7.077.158.000 en marzo de 2017). Es controlada por Inversiones Atlántico Limitada (IAL), que a su vez es controlada por Andrés, Pablo y María Cecilia Navarro Haeussler.
- AFP Hábitat: Acumula la mayor cantidad de activos entre las administradoras: un 27,2% del total, cerca de US$50.657 millones.
- AFP Capital: Concentra el 19,6% de los activos de los fondos de pensiones. Su controlador es SURA Asset Management Chile S.A, con un 99,7% de la propiedad accionaria. SURA Asset Management, filial del Grupo SURA, es líder en pensiones en Latinoamérica y tiene participación en países con diversos esquemas de pensiones como Colombia, El Salvador, Perú, México y Uruguay. Entre sus inversionistas minoritarios se encuentra la Corporación Internacional Financiera (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial.
Detrás de Metlife y Principal, existe una difusa red de inversores donde la propiedad se atomiza y diluye. Adicionalmente, existen suculentas recompensas por encabezar los directorios de las AFP.
La Lucha por la Transparencia: Esteban Rodríguez vs. la Superintendencia de Pensiones
Esteban Rodríguez, tecnólogo en mantenimiento industrial y autodefinido como matemático, se interesó en la situación previsional de sus padres y comenzó a analizar la información pública de las AFP y la Superintendencia de Pensiones (SP). En un contexto donde las pensiones son insuficientes, Rodríguez buscó abrir la "caja negra" del sistema.
La Solicitud de Información y la Negativa Inicial
El 22 de marzo de 2017, Rodríguez solicitó, amparado en la Ley de Transparencia, que la Superintendencia de Pensiones, dirigida por Osvaldo Macías, le entregara las "notas explicativas" de los informes diarios de las AFP para el período 2002-2016. Estas notas contienen el detalle de las inversiones y el uso de los más de 200 mil millones de dólares de ahorro previsional de los chilenos.
La SP, bajo la dirección de Macías, se negó rotundamente. Un año antes, el Consejo para la Transparencia ya había ordenado a Macías entregar esta información. Macías argumentó que la divulgación afectaría los derechos comerciales de las AFP, pues revelaría sus estrategias de inversión y permitiría a terceros acceder a ellas, afectando a los afiliados. Además, la SP presentó un argumento de "distracción indebida", indicando que extraer, sistematizar y entregar la información requeriría más de 1.500 horas/hombre, es decir, varios meses de dedicación exclusiva de sus funcionarios.
Las "Comisiones Fantasmas" y la Opacidad del Sistema
Además de la cotización obligatoria del 10% y la comisión de administración (alrededor del 1,4% del sueldo), los trabajadores pagan otra comisión directamente de sus ahorros previsionales para remunerar a traders o gestores de fondos. Estos invierten el dinero en diversos instrumentos, principalmente en el extranjero. Aunque esta "comisión oculta" es inferior al 0,5% del fondo, el volumen total del fondo previsional (equivalente al 70% del PIB nacional) la convierte en una cantidad sideral, estimada en unos 600 millones de dólares al año.
En agosto de 2016, la entonces Presidenta Michelle Bachelet se comprometió a modificar esta práctica de cobro de "comisiones fantasmas" para aumentar la transparencia y que al menos parte de ellas fuera asumida por las AFP, ya que estas ya percibían una comisión de administración. Aunque la SP publica trimestralmente un informe sobre estas comisiones, el detalle de cómo se realizan los desembolsos, a quiénes benefician y cuál es el retorno en rentabilidad de las inversiones de los traders no es público. Tampoco se conocen en detalle las inversiones, los llamados "rebates extranjeros" ni las negociaciones privadas entre las AFP y los intermediarios financieros, especialmente en el extranjero, que determinan las ganancias de cada fondo de pensión.
Conoce más sobre las comisiones de las AFP
Inconsistencias y Revelaciones
El 7 de septiembre de 2017, la SP notificó a Rodríguez que evaluaba presentar un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones. Al día siguiente, 8 de septiembre de 2017, la SP reclamó ante la Corte, añadiendo el argumento de la "distracción indebida" que no había presentado previamente ante el Consejo para la Transparencia.
Sin embargo, durante los alegatos del 22 de agosto, el abogado del Consejo para la Transparencia, Rodrigo Reyes, hizo notar inconsistencias. Rodríguez descubrió que el 19 de julio de 2017, la División Financiera de la SP había respondido a una nota interna de la Fiscalía, señalando que las notas explicativas de los informes diarios D-1 estaban disponibles desde 2005 hasta 2016 en formato electrónico. Para el período 2002-2004, la información podía extraerse del Sistema de Carteras y guardarse en Excel. Max Montecino, entonces jefe de la División Financiera, estimó que esta extracción requeriría solo de "una persona que trabaje medio día (4 horas)", resultando en un total de 72 horas/hombre, más dos días para ordenar la información.
Contrario a esto, la División de Administración Interna (DAI), liderada por Francisco Yáñez y responsable del Sistema de Carteras, respondió el 5 de septiembre de 2017 con argumentos que Macías usaría en la Corte: la necesidad de 1.512 horas/hombre y posibles fallas en la lectura de "cintas antiguas". Esta contradicción evidenció que la SP conocía la facilidad de acceso a la información.
Rodríguez también reveló que la SP había utilizado un argumento similar de "cintas magnéticas" en un caso anterior (recurso de legalidad rol 6392-2016), donde la información solicitada abarcaba el período 1995-2002, en el que efectivamente se encontraba en cintas. Sin embargo, en el caso actual de Rodríguez, la solicitud era para 2002-2016, período ya registrado en archivos computacionales, como sabía Macías al momento de presentar el reclamo.
Juan José Valenzuela de la SP, en un correo al Consejo para la Transparencia en julio de 2017, confirmó que el tiempo estimado para la extracción era de 72 horas de trabajo, 18 medias jornadas, más otras 4 horas, equivalentes a 10 días de trabajo. Esto contrastaba directamente con las cifras presentadas por Macías ante la Corte.
El Fallo Histórico de la Corte de Apelaciones
Finalmente, la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, compuesta por los ministros Miguel Vásquez Plaza, Javier Moya Cuadra y el suplente Pedro Advis Moncada, rechazó el recurso de reclamación presentado por la Superintendencia de Pensiones contra el Consejo para la Transparencia. Este fallo obliga a la SP a liberar los informes diarios de inversiones de los fondos de pensiones desde 2002 hasta 2016.
La Corte reprendió duramente al superintendente Osvaldo Macías por negarse a entregar la información. Se comprobó que los supuestos "sujetos afectados" por la divulgación (los propios fondos de pensiones) no habían reclamado ante el tribunal. Además, la SP entregó información incorrecta, señalando la necesidad de 1.500 horas/hombre cuando la realidad era de poco más de 70 horas.
El tribunal argumentó que el supuesto secreto y carácter estratégico de las "notas explicativas", invocado por Macías y las AFP, no era tal. Estas notas son información accesoria del "balance diario, flujo de caja, estado de variación del patrimonio", que es público y permite, entre otras cosas, determinar el valor cuota de cada fondo. La Corte también enfatizó que la SP no debía reclamar en nombre de terceros privados ni destinar "recursos fiscales" para interponer dicha acción judicial.
Conoce más sobre las comisiones de las AFP
Reacciones y Consecuencias Inmediatas
Tras el fallo, la Superintendencia de Pensiones anunció que no presentará un recurso de queja ante la Corte Suprema y que cumplirá con la entrega de la información solicitada por Esteban Rodríguez "en tiempo y forma".
Marcelo Drago, presidente del Consejo para la Transparencia, criticó la estrategia de la SP, señalando que "no procedía que fuera la superintendencia la que planteara la afectación de las AFP" y que el argumento sobre las horas/hombre no tenía fundamento. Drago calificó la estrategia de la SP como una "dura reprimenda" por parte de la Corte y advirtió que los funcionarios públicos involucrados arriesgan medidas disciplinarias si no se entrega la información en un plazo de 10 días.
El ex diputado y presidente de la DC, Fuad Chahín, quien representó a Esteban Rodríguez, calificó la situación como una "gran irregularidad" y una "mentira descarada" por parte de la SP para proteger intereses de las AFP. Chahín pidió la renuncia inmediata del superintendente y la apertura de sumarios por parte de la Contraloría.
Gino Lorenzini, fundador de Felices y Forrados, celebró el fallo. Lorenzini, quien en 2014 perdió una solicitud de información similar, indicó que los datos liberados permitirán determinar si la pérdida del 20% de las carteras de afiliados tras la crisis subprime de 2008 fue real o una acción coordinada para proteger a una administradora en riesgo de quiebra por malas decisiones de inversión.
Este fallo puede marcar un antes y un después en la industria de las AFP, al liberar información que "por primera vez destapa la olla" y permitirá evaluar si las AFP operan como un cartel o si los valores cuota están bien configurados, investigando la posibilidad de desvío de dinero de los afiliados hacia las utilidades de las AFP.
Debate sobre el Futuro del Sistema de Pensiones
En el contexto actual, el debate sobre el sistema de pensiones sigue vigente. Gonzalo de la Carrera, por ejemplo, ha expresado su oposición a terminar con las AFP y la capitalización individual, argumentando que no existe la posibilidad de retirar el 100% de los fondos de un "sopetón" sin afectar el sistema. Otros, como Julio César Rodríguez, han cuestionado la falta de libertad de los trabajadores chilenos para elegir dónde depositar sus ahorros durante 40 años, criticando la imposición de un sistema que ahora pertenece a "algunos grupos".
La medida propuesta por el gobierno para aumentar las pensiones se basa en incrementar la tasa de cotización con cargo al empleador en hasta 5 puntos porcentuales sobre la tasa actual, manteniendo el esquema de capitalización individual como eje central del financiamiento. Esta propuesta se contrapone a la idea de un fondo solidario planteada en proyectos anteriores, y podría implicar que las AFP reciban un 4% adicional de cotización de los chilenos en los próximos años.