Un preocupante informe emitido por el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez ha revelado cifras alarmantes sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes (NNA) bajo protección del Estado en Chile.
El reporte surge en un contexto donde el Presidente Gabriel Boric firmó el decreto de creación de una comisión asesora presidencial, con el objetivo de esclarecer las vulneraciones que afectan a NNA bajo la custodia del Servicio Nacional de Menores (Sename), ahora conocido como Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (SPE).
Estadísticas Clave de Vulneraciones en 2023
Durante el año 2023, 17.118 NNA bajo protección estatal fueron víctimas de algún tipo de vulneración física, psicológica o sexual. Esta cifra corresponde a una tasa de 78 víctimas por cada mil atendidos. La estadística fue dada a conocer por la Defensoría de la Niñez tras los resultados de su quinto informe de política pública, basado en denuncias informadas por el SPE relacionadas con hechos presumiblemente constitutivos de delitos contra menores de edad.
Origen de las Víctimas y Tasas de Victimización
- La mayoría de los NNA afectados (78%) provienen de programas ambulatorios.
- Un 15% de las víctimas son de centros residenciales.
A pesar de que los centros residenciales atienden a un menor porcentaje del total de NNA, evidencian una tasa de victimización considerablemente mayor, registrando 360 víctimas por cada mil atendidos, en comparación con la tasa general.
Tipos de Vulneraciones
Las categorías de vulneraciones que registraron la mayor cantidad de víctimas durante 2023 fueron:
- “Contra la integridad física o psicológica” con 11.712 víctimas, lo que representa el 68% del total.
- “Contra la indemnidad sexual” con 5.458 víctimas, representando un 32% del total.
Identificación de Agresores
El análisis de los casos de 2023 indica que:
- Las familias de las víctimas representan el principal tipo de agresor, agrupando el 43% del total de casos.
- El 41% de las vulneraciones proviene de agresores o agentes de la comunidad.
En el caso específico de los centros residenciales, el 43% de los registros constatan violencia entre pares. Respecto a las familias de acogida, estas mismas son el principal agente agresor, con un 63% de los casos. En los programas ambulatorios, si bien las familias son el principal tipo de agresor, los actores de la comunidad también cobran relevancia, concentrando el 43% del total.
Distribución Regional de las Vulneraciones
En cifras generales, las regiones con las tasas más altas de víctimas son El Maule, Ñuble y Biobío. En el caso de las residencias, los territorios con mayores tasas de vulneración son Aysén, Antofagasta, Magallanes y Biobío.
Sesgo de Género y Explotación Sexual
El informe también evidencia un sesgo de género en las vulneraciones registradas en 2023, ya que el 62% de las víctimas identificadas son mujeres y el 44% del total tiene entre 14 y 17 años.
Al respecto, el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, advirtió que “lamentablemente el informe da cuenta de una importante cantidad de niños, niñas y adolescentes que, aunque ya están bajo protección del Estado por una amenaza o vulneración de derechos, vuelven a ser víctimas una vez dentro del sistema que debería protegerles, reparar las consecuencias y evitar la ocurrencia de nuevas vulneraciones”.
El organismo examinó la situación por cada región, tipo de vulneración, tipo de agresor y línea programática (ambulatorio, familias de acogida y en residencias), y realizó un análisis especial de las denuncias que identifican una eventual situación de explotación sexual contra niñas, niños y adolescentes (ESNNA).
Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (ESNNA)
Durante el año 2023, se identificó un total de 619 víctimas de explotación sexual menores de 17 años. La Región de Magallanes presenta una tasa significativamente alta, con 13 víctimas por cada mil atendidas, frente a una tasa nacional de 3 por cada mil. Se detalló que en el 85% de las denuncias, el principal agente agresor proviene de la comunidad.
Asimismo, se constató un alto nivel de denuncias de otras causales relacionadas con estas víctimas, estableciendo que, por cada una de ellas, hay un total promedio de 4,7 denuncias en un solo año, en un rango que alcanza hasta las 54. Del total, 1.452 de las denuncias son “contra la indemnidad sexual” y 1.089 “contra la integridad física o psicológica”.
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Tendencias Históricas: 2021-2023
Aumento General de Casos
El informe revela que entre los años 2021 y 2023 se identificó un total de 127.254 casos de vulneración de derechos, registrando un incremento del 122% en dos años. Las categorías de vulneraciones con mayor cantidad de casos analizados fueron:
- “Contra la integridad física o psicológica” con un 59,3% del total de casos.
- “Contra la indemnidad sexual” con un 27,7%.
Situación en Centros Residenciales, Familias de Acogida y Programas Ambulatorios
- Los episodios ocurridos en los centros residenciales muestran un aumento del 89% entre 2021 y 2023. Las transgresiones con mayor proporción son “contra integridad física o psicológica” (57,4%) y “contra la indemnidad sexual” (23,8%).
- Los casos en familias de acogida muestran un aumento del 185% entre 2021 y 2023, siendo la causa más reiterada las vulneraciones “contra la integridad física o psicológica”, con un 69% del total.
- Los programas ambulatorios (que representan el 63% del total) tuvieron un incremento del 132%. La mayoría de los casos en esta línea programática se concentran en transgresiones “contra la integridad física o psicológica”, con un 58%.
La Problemática de la Revictimización
El reporte devela que los centros residenciales tienen una mayor tasa de victimización que otros tipos de cuidado y programas, lo cual corrobora la complejidad de esta atención. Esto evidencia una “paradoja”: la institucionalización se produce justamente por la transgresión de derechos de alta gravedad, y es en este contexto donde se produce la revictimización.
Anuar Quesille enfatizó que “impedir una nueva ocurrencia de una vulneración es tarea de todo el sistema. Tenemos que tener cuidado en poner el foco solo en el servicio, porque, por ejemplo, este informe da cuenta de un alto número de denuncias por explotación sexual que son cometidas por agentes de la comunidad. Frente a esto el servicio requiere el apoyo de otros actores tales como las policías, los gobiernos locales, servicios públicos y actores judiciales. El servicio no puede asumir en solitario la tarea de la protección especializada, la que debe ser prioridad de todos los actores del Sistema de Garantías”.
Desafíos Legislativos y Administrativos
Debate en la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia
La Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia del Senado analiza un proyecto que busca armonizar tres leyes de protección y resguardo a menores, recopilando antecedentes para abordar el tema de manera integral y en el marco del Presupuesto 2025.
Esta iniciativa, calificada de “suma” urgencia, armoniza la ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez, la que regula el Régimen de Aportes Financieros del Estado a los Colaboradores Acreditados y la ley sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. En este contexto, la comisión recibió a importantes figuras como Claudio Castillo, director del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia; Marcelo Sánchez Ahumada, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo; y Verónica Silva Villalobos, Subsecretaria de la Niñez.
Preocupación por la Explotación Sexual Comercial
La presidenta de la Comisión, senadora Carmen Gloria Aravena, puso el foco en la lucha contra la explotación sexual comercial de NNA, declarando que “se estima que 6.000 niños están involucrados en el comercio sexual en Chile. Una cifra horrorosa y que de alguna manera nos indica que no hemos hecho las cosas bien”.
Marcelo Sánchez Ahumada complementó este dato, mencionando que “aumentó en un 100% las estadísticas de explotación sexual comercial de NNA en 3 regiones del país”. Durante las sesiones, se indicó la falta de cifras actualizadas sobre NNA que sufren explotación sexual comercial y un aumento de niños que ingresan al sistema, generando inquietud entre los integrantes de la comisión.
La senadora Aravena sostuvo que, aunque avanzan en la armonización, “siempre tengo la sensación de que no llegamos a tiempo”. El director del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Claudio Castillo, destacó un cambio drástico: “en el 2007 uno de cada diez niños estaba en residencias. Hoy son cuatro de cada diez”.
Problemas en el Consejo de Acreditación y Listas de Espera
El proyecto legislativo busca modificar las leyes del sistema de protección para resolver los problemas detectados en su primer año de funcionamiento y buscar la protección real de los derechos de los niños vulnerados, por ejemplo, a través de la revinculación familiar. Actualmente, hay 4 mil niños en residencias y unos 9 mil en familias de acogida.
Claudio Castillo destacó la meta de reducir la cantidad de niños en residencias, lo cual está ligado a la nueva ley de adopción y al Presupuesto 2025, ya que en muchas regiones la labor se realiza con organismos colaboradores que requieren certificaciones y apoyo estatal.
Un problema adicional son las largas listas de espera: alrededor de 30 mil niños y adolescentes esperaban ser atendidos a principios de 2023 en alguna de las distintas líneas de acción del Servicio Mejor Niñez, según informó la Contraloría General de la República.
Verónica Silva Villalobos, Subsecretaria de la Niñez, dio a conocer que el Consejo de Acreditación de Organismos Colaboradores no ha podido operar desde junio debido a tres renuncias en su comité de expertos. “Se hicieron dos procesos de concurso para el cargo de psiquiatra o especialista infantojuvenil, (…) no hubo postulantes que pudieran estar, lo que se constituye en un desastre”, afirmó. Como acción remedial, la Subsecretaría de la Niñez solicitó a la Alta Dirección Pública concursar nuevamente los tres cargos restantes.
La senadora Loreto Carvajal enfatizó la importancia de la decisión política ante los desafíos presupuestarios y la urgencia de la situación: “yo sé que el presupuesto siempre es un tema, pero ahí está la decisión política. (…) hoy día la carrera contra el tiempo es de tal magnitud que nos impone tomar decisiones políticas también más rápido”.