Para lograr sociedades más justas, es fundamental garantizar un envejecimiento digno mediante políticas, instituciones y marcos jurídicos sólidos. Estos deben asegurar la realización de los derechos y el máximo nivel de calidad de vida posible para las personas mayores, sus familias y comunidades, fortaleciendo a la vez las relaciones intergeneracionales. Así lo plantea un nuevo informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El informe presenta los avances y logros de la región en la implementación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento durante los últimos cinco años (2017-2022), al tiempo que destaca los desafíos y retos pendientes en el cumplimiento de los acuerdos regionales sobre el tema.
La implementación del Plan de Acción Internacional de Madrid ha tenido lugar en un contexto mundial y regional de profundos cambios sociales, económicos, políticos, climáticos y tecnológicos. En América Latina y el Caribe, este proceso se ha dado, además, en un escenario de profunda desigualdad en diversas dimensiones, altos niveles de pobreza y debilidad de los sistemas de protección social y de salud. A esto se suman los devastadores efectos de la pandemia de COVID-19, que han puesto en evidencia las desigualdades socioeconómicas y de acceso a servicios que afectan a los grupos más vulnerables, como las personas mayores.
Panorama Demográfico del Envejecimiento en América Latina y el Caribe
Tendencias y Proyecciones Poblacionales
El reporte de la CEPAL ofrece un panorama detallado sobre el envejecimiento y las tendencias demográficas en la región, confirmando que el envejecimiento poblacional es uno de los principales fenómenos demográficos. En 2022, la región alberga a 88,6 millones de personas mayores de 60 años, lo que representa el 13,4% de la población total, proporción que se proyecta alcanzará el 16,5% en 2030.
La esperanza de vida para ambos sexos ha mostrado un incremento notable, pasando de 48,6 años en 1950 a 75,1 años en 2019. A pesar de un retroceso de 2,9 años en 2021 debido al impacto de la pandemia de COVID-19, se espera que esta tendencia al alza continúe, llegando a 77,2 años en 2030.
América Latina y el Caribe ha transitado de una sociedad joven a una sociedad adulta joven en 2021, y se prevé que para 2053 se convertirá en una sociedad envejecida, donde el grupo de personas de 60 años y más superará en volumen a todos los demás grupos etarios.
Esta transformación demográfica ha sido impulsada por una rápida transición demográfica en los últimos 70 años (CEPAL, 2007)[1]. La disminución sostenida de la mortalidad y la fecundidad ha modificado profundamente la estructura por edad de los países, con un aumento significativo de la proporción de personas mayores (Naciones Unidas, 2022). En 1950, las personas de 60 años y más representaban el 5,2% de la población regional, cifra similar a la de África en ese entonces.
Se proyecta que para 2060, la proporción de personas de 60 años y más en América Latina y el Caribe superará la de Asia y Oceanía, acercándose a los valores de América del Norte y Europa. El número absoluto de personas mayores también ha crecido significativamente, de 8,7 millones en 1950 a 88,6 millones en 2022. Para 2060, se estima que la población de 60 años y más alcanzará los 220 millones en la región, una cifra muy similar a la proyectada para Europa (248 millones).
La pirámide etaria de la población de América Latina y el Caribe ha perdido su forma clásica para asemejarse a una campana. La disminución de la mortalidad infantil inicialmente ensanchó la base de la pirámide, pero la subsiguiente caída de la fecundidad a partir de los años sesenta ha reducido el tamaño de las cohortes más jóvenes, mientras que el peso relativo de las personas mayores ha aumentado gradualmente, ensanchando la parte superior de la pirámide.
El análisis por cohortes muestra que América Latina y el Caribe pasará de ser una sociedad joven a una adulta joven entre 2020 y 2025, y luego a una sociedad adulta para 2045, con la mayoría de la población entre 40 y 59 años. En menos de diez años, el grupo de 60 años y más superará en volumen a todos los demás grupos etarios. Dentro del grupo de personas mayores, los de 80 años y más muestran una tendencia creciente, proyectándose como el subgrupo más numeroso para 2050.
Clasificación y Velocidad del Envejecimiento por Países
El proceso de envejecimiento no es homogéneo en la región; existen diferencias en la velocidad y la intensidad entre países, influenciadas por la dinámica de la mortalidad, la fecundidad y la migración. Esto explica por qué algunos países están en etapas muy avanzadas, mientras otros apenas inician este proceso. También se observan diferencias entre zonas urbanas y rurales, y entre grupos con distintas características sociales, económicas y culturales, como las poblaciones indígenas y afrodescendientes.
Para clasificar a los países según sus etapas de envejecimiento poblacional, se utilizan dos indicadores: i) el porcentaje de personas mayores (60 años y más) en la población total y ii) la tasa global de fecundidad (TGF). En 2022, la proporción de personas mayores en algunos países y territorios del Caribe (como Guadalupe, Martinica, Puerto Rico y Cuba) superaba el 20%, proyectándose a más del 30% en la próxima década [2]2. Estos países, además de baja fecundidad, han experimentado intensos procesos de emigración.
Se establecen cinco etapas de envejecimiento:
- Proceso incipiente: TGF igual o superior a 2,5 hijos por mujer y proporción de personas mayores inferior al 10%. (Ej: Bolivia (Estado Plurinacional de), Guayana Francesa y Haití en 2022).
- Proceso moderado: TGF inferior a 2,5 hijos por mujer y proporción de personas mayores inferior al 10%. (Ej: Belice, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua y Paraguay en 2022).
- Proceso moderadamente avanzado: TGF inferior a 2,5 hijos por mujer y proporción de personas mayores entre el 10% y el 14%. (Ej: 16 países, incluyendo la mayoría del Caribe y Centroamérica, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela).
- Proceso avanzado: TGF inferior a 2,5 hijos por mujer y proporción de personas mayores entre el 14% y el 21%. (Ej: Antigua y Barbuda, Argentina, Chile, Costa Rica, Guadalupe, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tabago y Uruguay).
- Proceso muy avanzado: TGF inferior a 2,5 hijos por mujer y proporción de personas mayores superior al 21%. (Ej: Muchos países insulares del Caribe, incluida Cuba).
La velocidad del envejecimiento en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe es notablemente rápida en comparación global (Alves, 2018)[2]. Países como Argentina y Uruguay experimentan una transición demográfica más larga, mientras que Brasil, Chile y Colombia muestran una aceleración del envejecimiento, alcanzando porcentajes significativos de población mayor en menos de una generación.
El Índice de Envejecimiento y la Inversión Demográfica
Otra métrica clave es el índice de envejecimiento, que compara la proporción de personas mayores (60 años y más) con la de jóvenes (menores de 15 años). Este indicador refleja la capacidad de los países para renovar sus generaciones. Históricamente, las subregiones de América Latina y el Caribe tenían menos de 50 personas mayores por cada 100 jóvenes, pero a partir de la década de 2010, el envejecimiento poblacional se intensifica.
Un hito significativo es la fecha en que el índice de envejecimiento supera el valor 100, indicando que hay más personas mayores que jóvenes. Cuba fue el primer país de América Latina y el Caribe en alcanzar esta marca histórica en 2011, con ambas proporciones alrededor del 18% de la población total. Se estima que, para 2075, todos los países de la región tendrán más personas mayores que niños en su población.
Implicaciones y Desafíos de los Cambios Demográficos
Impacto en Políticas Públicas y Objetivos de Desarrollo Sostenible
El acelerado proceso de envejecimiento en la región plantea desafíos y oportunidades para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030. El ODS 1, "Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo", es un requisito indispensable para el desarrollo sostenible y un desafío transversal para la región.
Los países en etapas tempranas de envejecimiento aún tienen una ventana de oportunidad demográfica para mejorar sus políticas en educación, salud, pensiones y empleo. En contraste, aquellos en procesos de envejecimiento acelerado enfrentan mayores exigencias para financiar los sistemas de pensiones, adecuar los sistemas de salud a una epidemiología mixta y operar sistemas de cuidado apropiados. Las políticas públicas deben incluir acciones dirigidas a jóvenes para ampliar sus oportunidades de educación y empleo, así como a fortalecer la seguridad social y pensiones, y crear sistemas públicos de cuidado para lograr un equilibrio intergeneracional (Banco Mundial, 2016).
Sistemas de Salud y Protección Social
Un reto fundamental es preparar los sistemas de salud para sociedades envejecidas, lo que se alinea con el ODS 3: "Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades", en particular la meta 3.8 de lograr la cobertura sanitaria universal. El envejecimiento y el crecimiento económico conllevan un incremento rápido y sostenido del gasto en salud, gran parte del cual es financiado por el gobierno, lo que representa un desafío fiscal significativo. Algunos estudios sugieren que en diez países de la región, el financiamiento de los costos de salud podría ser un reto mayor que el de las pensiones públicas.
En cuanto a la protección social, 25 países de la región cuentan con pensiones no contributivas para la vejez. En 2020, en 13 países de América Latina, las pensiones mitigaron un aumento de 34,9 puntos porcentuales en la pobreza y de 22,9 puntos porcentuales en la pobreza extrema. Sin embargo, en siete países del Caribe, menos del 50% de la población en edad legal de retiro cuenta con pensión contributiva o no contributiva.
En general, el sistema de protección social en América Latina es insuficiente para cubrir a toda la población mayor y garantizar una calidad de vida acorde con la vejez, lo que obliga a muchos a seguir trabajando o depender de sus familias. Existe consenso en que el Estado debe tener un rol más activo para mejorar las condiciones de vida de las personas mayores y facilitar que los adultos jóvenes de hoy lleguen a la vejez con independencia económica y buena salud.
Además de la acción estatal, es crucial contar con una estructura social que permita y potencie las redes informales de apoyo y de intercambio, materializadas en apoyos familiares y comunitarios. Estas redes son la base de la ayuda que las personas necesitan, dan sentido a los roles sociales y promueven la integración social, evitando el aislamiento en la vejez.
Protección de los Derechos Humanos y Bienestar en la Vejez
Avances Institucionales y Marco Normativo
El informe de la CEPAL evalúa el panorama de la protección de los derechos humanos de las personas mayores en la región, destacando avances institucionales y examinado la interrelación entre personas mayores y desarrollo, con énfasis en la protección social, la participación en el mercado laboral y el fomento de la salud y el bienestar en la vejez. También se analizan los progresos en la creación de entornos físicos, sociales y culturales favorables, la promoción de un cambio cultural y la prevención de la discriminación y la violencia.
A modo de ejemplo de buenas prácticas, en Chile, el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) ha impulsado diversas iniciativas. En 2018, se creó la Unidad de Derechos Humanos y Buen Trato dentro del SENAMA, con el objetivo de promover los derechos humanos de las personas mayores y prevenir el maltrato. Esta unidad ejecuta el Programa Buen Trato al Adulto Mayor, que busca "contribuir al reconocimiento, promoción y ejercicio de los derechos de las personas mayores, a través de la prevención del maltrato que los afecta, la promoción del buen trato y la asesoría y coordinación, con las redes regionales y locales" (SENAMA, s/f)[1].
Desde 2019, el programa ha incorporado la figura del Defensor Mayor, abogados que brindan asesoría legal especializada a personas mayores ante situaciones de abuso o vulneración de derechos. Un avance significativo fue la creación del Protocolo de Acceso a la Justicia de Personas Mayores del Poder Judicial, impulsado por SENAMA junto con la Corte Suprema, que por primera vez contempla un enfoque diferenciado para este grupo etario. Adicionalmente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ofrece atención preferente y representación judicial gratuita a través de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ), con duplas sociojurídicas conformadas por abogados y trabajadores sociales. Hasta mayo de 2021, se realizaron casi 7.000 asesorías sociojurídicas, con 1.636 acciones judiciales ingresadas, el 97% de ellas por violencia intrafamiliar.
Para abordar las brechas de información, SENAMA elaboró una "Guía con los principales beneficios del Estado para las personas mayores". El Fono Mayor, un canal de atención ciudadana, garantiza el acceso oportuno a la información y vincula a las personas mayores con otras reparticiones públicas. En 2021, el Fono Mayor Covid-19 atendió 15.609 llamadas, ofreciendo no solo información sino también acompañamiento psicológico y prevención del suicidio.
Chile también ha desarrollado protocolos para la votación preferente de personas mayores, asegurando días y horarios protegidos para garantizar su plena participación política y social. Se han establecido orientaciones estratégicas para el Plan de Envejecimiento Chile 2021-2030, con conversatorios para incluir la opinión de organizaciones, académicos y ministerios. Asimismo, se ha diseñado un mecanismo de seguimiento de los compromisos de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, con un componente participativo para asegurar la activa involucración de este grupo.
Finalmente, se han implementado campañas para generar un impacto positivo en la imagen social de las personas mayores y prevenir el edadismo, como "La soledad no es un juego, haz tú el primer movimiento", en el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.
El Impacto de COVID-19 en las Personas Mayores y las Respuestas Institucionales
La población de personas mayores es muy diversa y cambiante. Por ejemplo, en Chile, la escolaridad promedio de las personas de 60 años y más aumentó de 6,5 años en 2006 a 9 años en 2020. El porcentaje con educación superior completa pasó del 6,2% al 13,8%, y el uso de internet del 7,3% en 2006 al 31,5% en 2017. Aproximadamente el 82% no presenta dependencia funcional, el 27,7% sigue trabajando y el 35,5% participa en organizaciones civiles (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2018).
En este contexto de envejecimiento acelerado, la pandemia de COVID-19 tuvo un impacto desproporcionado en las personas mayores. Aunque representaban el 14,4% de los contagiados al 7 de noviembre de 2021 (Ministerio de Salud, 2021), constituían cerca del 50% de las hospitalizaciones y alrededor del 90% del total de defunciones.
Ante este escenario, el SENAMA, en coordinación con el Ministerio de Salud y otras organizaciones en Chile, conformó un grupo de trabajo para implementar medidas de prevención y control. Se establecieron estrategias dirigidas a quienes residen en establecimientos de larga estadía para adultos mayores (ELEAM) y a aquellos en sus hogares, con un enfoque en la heterogeneidad y vulnerabilidad de estos entornos. Se fortaleció el componente sanitario de las residencias, se articularon alianzas colaborativas y se conformaron nuevos equipos profesionales. También se implementó una estrategia de acompañamiento domiciliario para evitar que las personas mayores asistieran a centros de salud, reduciendo contagios y descongestionando los servicios.
La pandemia puso en evidencia desafíos cruciales, como la brecha digital en las personas mayores, la importancia de la inclusión tecnológica y la necesidad de abordar la salud mental, un ámbito donde las restricciones de movilidad tuvieron importantes afectaciones. Las adaptaciones en los programas y el abordaje intersectorial han abierto la oportunidad de repensar el papel del Estado en las problemáticas de las personas mayores, no solo mejorando la oferta existente, sino también comprendiendo nuevas necesidades y sumando actores a este desafío transversal.