La alarmante cifra de 30 fallecimientos en centros de acogida del Servicio Nacional de Menores (Sename) durante el primer trimestre, de los cuales 14 eran menores de edad, ha generado una profunda preocupación y críticas contundentes. El diputado independiente René Saffirio ha señalado que la entidad estatal no ha implementado medidas innovadoras para mejorar la situación, a pesar de que las muertes ocurrieron antes de la actual administración gubernamental.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, reconoció la gravedad del panorama, describiendo la situación de los niños vinculados al Sename como "muy complicada" y a la institución como en "completo deterioro". Aseguró que el gobierno busca "empezar de nuevo" y que la transparencia en estas cifras es un paso para conocer la verdad.
Causas y Circunstancias de las Muertes
El diputado Saffirio ha criticado lo que denomina "pirotecnia informativa y la poca consistencia en las medidas tomadas". Si bien se ha aumentado en un 25% la subvención a los centros, el parlamentario enfatiza que no se han mejorado los mecanismos de control ni la fiscalización en la ejecución de programas.
Un dato relevante es que los decesos recientes ocurrieron en centros privados, a diferencia del año anterior, cuando 1.313 personas fallecieron en centros administrados directamente por el Sename. Las causas de muerte informadas por el Ministerio de Justicia a las comisiones de Constitución y Familia de la Cámara y el Senado son variadas y desgarradoras:
- Un menor de 17 años falleció en Independencia a causa de un traumatismo craneoencefálico por herida de bala.
- Un niño de dos años murió por electrocución en la misma comuna.
- Otro niño de la misma edad, en San Antonio, se ahogó.
- Al menos cuatro menores fallecieron por ahorcamiento.
Entre los adultos fallecidos bajo la tutela del Estado, algunos pertenecían a instituciones como el Pequeño Cottolengo o el Sanatorio Marítimo, y sus muertes se debieron a condiciones propias de su enfermedad.
Denuncias de Abuso y Violación de Derechos
Las cifras de muertes no son el único indicio de la crisis. Un lapidario informe de la PDI de 2017, que investigó 240 hogares de menores, reveló que en el 100% de los centros administrados por el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual.
Este informe, entregado a la Fiscalía y al gobierno en diciembre de 2018, no se hizo público, lo que ha generado críticas por parte de Saffirio, quien solicitó la renuncia del ministro de Justicia, Hernán Larraín, ante la gravedad de los hechos.
El informe de la PDI constata una violencia sistemática, coincidiendo con reportes previos de la ONU. La investigación policial es considerada más completa al haber examinado 240 de las 241 residencias existentes en el país, abarcando a cerca de 6.500 niños.
Desglose de las Vulneraciones Constatadas por la PDI:
- Maltrato por parte de adultos: 432 casos.
- Maltrato entre pares: 1.265 casos.
- Maltrato por parte de familiares en recintos: 53 casos.
- Abusos sexuales cometidos por adultos: 123 casos.
- Abusos sexuales cometidos entre menores: 187 casos.
El documento policial es categórico al afirmar que "estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros".
Fallos en los Protocolos y Fiscalización
El informe de la PDI también pone de manifiesto graves deficiencias en el cumplimiento de protocolos básicos de seguridad y cuidado. Un preocupante 44,5% de los centros no cumple con los protocolos mínimos exigidos por el Sename.
Entre las falencias más críticas se encuentran:
- Protocolo ante conductas suicidas: No cuenta con él el 72,9% de los centros.
- Protocolo para sujeción y contención física: No lo tiene el 76,7% de los hogares, a pesar de que la muerte de Lissette Villa se debió a errores en la contención de una crisis.
- Protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor: La gran mayoría de los hogares carecía de este protocolo.
La fiscalización por parte del Sename, dependiente del Ministerio de Justicia, también ha sido cuestionada. Aunque el 98,3% de los centros recibe fiscalizaciones periódicas, estas son, en su mayoría, coordinadas de manera previa, lo que limita su efectividad. Los tribunales de familia, que deben visitar los centros al menos cada seis meses, también han mostrado falencias, con casos de hogares que solo recibieron visitas anuales.
Salud Mental y Condiciones Estructurales Deficientes
La PDI ha constatado una alta prevalencia de enfermedades psiquiátricas entre los residentes del Sename, afectando al 37,3% de ellos. Además, un 14,2% presenta patologías médicas, un 13,9% sufre enfermedades crónicas, y un 0,4% se encuentra en estado terminal o en riesgo vital. Un 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
La situación se agrava por la falta de personal cualificado y la ausencia de condiciones estructurales adecuadas:
- 42 centros carecen de un encargado de salud.
- En 198 centros con encargado, la función es ejercida por personal sin la formación adecuada.
- En 159 centros, la administración de fármacos recae en educadores de trato directo sin formación en salud, una figura que solo requiere cuarto medio.
Un 93,8% de los centros del Sename "no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos".
Redes de Partidos y Falta de Transparencia
René Saffirio ha señalado la existencia de una "red de partidos, de coaliciones e instituciones colaboradoras" como el núcleo central de la tragedia en el Sename. Ha criticado la falta de transparencia, mencionando que el ministro de Justicia faltó a la verdad al informar al Congreso sobre cifras de fallecimientos.
La renuncia de Saffirio a la Democracia Cristiana se debió, en parte, a reportajes que evidenciaron las redes políticas de la DC al interior del Sename y de las instituciones vinculadas a él. La falta de materialización de 200 recomendaciones emitidas por una comisión investigadora en 2013 también ha sido un punto de crítica.
La investigación de la Fiscalía sobre las 1.313 muertes ocurridas entre 2005 y 2016, iniciada tras el deceso de Lissette Villa, ha puesto en evidencia la magnitud del problema y la necesidad de reformas profundas y urgentes en el sistema de protección de la infancia en Chile.